Patrimonio Nacional

Chile cambió. No es 1541, no es 1950 ni 1990. Hoy, la ciudadanía tiene conciencia de sus derechos y los exige con más vehemencia.

Hoy gozamos de derechos básicos y surgen entonces las demandas por derechos de segunda generación. El derecho al entorno es consecuencia de la adquisición previa del derecho a la vivienda, conservación de las aguas, derecho a la seguridad social, en fin, nacen nuevos derechos sólo cuando se suponen adquiridos los primarios.

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho de propiedad, el derecho a desplazarse libremente, son algunos de los que componen los llamados derechos territoriales, que son aquellos que los individuos exigen para mejorar su vida en sociedad, comunidad, vecindad o barrio.

Europa, cuna del reconocimiento de estos derechos y de la conservación patrimonial, creó un sistema de protección patrimonial, con institucionalidad, normas de protección, recursos para mantención y conservación, programas de fomento al reconocimiento y respeto ciudadano y medidas de difusión orgullosa de su patrimonio.

Chile, ad portas del centenario de la república y siguiendo la tradición europea, construyó monumentales edificaciones, el museo de bellas artes y la biblioteca nacional, el parque forestal, entre otras, a fin de instalar hitos urbanos que permitieran a los nacionales identificarse con su entorno.

Con el correr del tiempo, nuestro país crea normas e instituciones vinculadas a la protección del patrimonio, mas no un “sistema de protección” integral y permanente.

Y a eso debemos avanzar.

Las normas sobre protección patrimonial datan de la década del 70, bien intencionadas, pero carentes de la institucionalidad y recursos necesarios.

Monumento nacional (premio o gravamen?) experiencia e imposibilidades de mantención o conservación particular.

Santiago cambió. Pasamos de una zona residencial y poder cívico a una zona de concentración de servicios, instalación de industrias y entidades educacionales y construcción desmesurada de oferta inmobiliaria.

Santiago no es Las condes ni Puente Alto. Es la capital de la República, la cuna de la fundación de la patria y el centro cívico de la nación.

Autoridades deben comprender esta particularidad y deben estar a la altura de los desafíos.

Por ello es que al observar la evolución del ordenamiento territorial de la comuna surge una primera afirmación. Las autoridades locales, en mejor o menor medida, han observado de manera miope la comuna, intentando revitalizar sectores o cambiar destinos de uso de suelo, respondiendo a necesidades inmediatas, pero sin una visión integral del territorio con proyecciones de décadas de desarrollo, y no por meros períodos alcaldicios.

Una mirada integradora que sea capaz de ordenar el territorio, recuperando el concepto de barrio, con servicios de salud, educación, comercio, seguridad, proporcionales a la demanda vecinal. Construcciones a escala humana que eviten incrementar inorgánicamente la densidad poblacional que mal manejada aumenta los niveles de conflictividad vecinal y deteriora las relaciones sociales. Debe existir un desarrollo de proyectos con prevención de impactos viales, ambientales, lumínicos, de servicios básicos en los vecinos existentes.

De igual forma, los gobiernos se centran en la satisfacción de necesidades básicas (construcción de viviendas) más que en la conservación de las existentes.

Desarrollo es avance, pero tomando en cuenta el respeto por la historia. El avance sin lo otro es incultura, no desarrollo.

or lo anterior es que una primera propuesta es la creación de un sistema nacional de protección del patrimonio. Dónde se cuente con:

* Normas modernas y ágiles que faciliten el objetivo y no se transformen en verdaderas trabas administrativas para proteger el patrimonio.

* Proceso de participación ciudadana consignado como requisito de las solicitudes.

* Recursos necesarios para la conservación y mantención de edificios, viviendas y sitios históricos (subsidio especial)

* Programas de formación de capacidades laborales para el desarrollo de la industria de la protección patrimonial.

* Inserción en mallas curriculares escolares de hitos urbanos, historia y evolución patrimonial.

* Distinción de zonas históricas, con inversiones obligatorias de presupuestos municipales, regionales y sectoriales para su mantención y conservación.

Por lo anterior es que me encuentro trabajando en la elaboración de un proyecto de ley destinado a modernizar las leyes de protección al patrimonio que consigne un sistema de protección patrimonial estable y permanente en el tiempo, independiente de los gobiernos de turno y que aborde como política de estado, la conservación de zonas históricas.

Se debe invitar a aportar ideas.

Un segundo aspecto, lo compone la necesidad de mantener y conservar aquello que el sistema de protección patrimonial, considere como histórico, monumento o patrimonio, para lo cual propondré la creación de un subsidio especial de mantención, conservación y mejoramiento de fachadas de viviendas históricas, edificios patrimoniales y restauración de monumentos e iglesias.

¿Qué sacamos con declarar zonas típicas si no se cuenta con los recursos necesarios para poder mantenerla o repararla? ¿Seguiremos viviendo de declaraciones, o debemos pasar a las acciones de conservación?.

En Chile hay 100 zonas típicas pero se requieren de inversiones inmediatas para conservarlas, de lo contrario presenciaremos una típica destrucción de zona protegida.

Las zonas típicas debieran ser incorporadas en una ruta histórica, con señalética e iluminación particular. Con diferenciaciones especiales en tránsito y en normas de construcción. Con incentivos tributarios efectivos al traslado de industrias y galpones que generen impactos en el entorno. Es decir, crear un mecanismo que influya de manera directa en el mejoramiento del entorno.

Mientras, en tiempos de crisis y ad portas del bicentenario, tenemos una oportunidad histórica de poder implementar un programa destinado a mejorar y reparar fachadas de viviendas y edificios históricos, proyecto que estamos proponiendo al Ministerio del Trabajo.

Un tercer aspecto es el rol que juega la ciudadanía en estos procesos.

El modelo de participación llegó para quedarse. El desarrollo urbano influye de manera directa en la calidad de vida de los vecinos, por ello es que la organización vecinal debe transformarse en una institución de reconocimiento legal con facultades en los procesos de solicitudes, tramitación, conservación y planificación de zonas de protección.

Ya no basta con agradecer la participación, es hora de dar reconocimiento explícito al derecho de los ciudadanos de decidir sobre estos instrumentos, que les pueden cambiar la forma de vida, incrementar o disminuir su patrimonio por las fluctuaciones en el valor de sus propiedades.

Hoy, el sistema imperante contempla que la soberanía popular a este respecto es indirecta, ya que quienes deciden son las autoridades municipales electas. Esto que en otros ámbitos parece acertado, pero, tratándose de modificaciones estructurales, cuyas consecuencias sociales, económicas, urbanas, excederán con creces el período de las autoridades no parece estar adecuado a la evolución y madurez de nuestra democracia.

Los alcaldes pasan y los problemas quedan y por tanto parece justo que la impresión de aquellos que sufren a diario las consecuencias de decisiones de esta naturaleza sea determinante.

Por este motivo, es que durante las próximas semanas presentaré el proyecto de Reforma Constitucional que modifica el artículo 118 de la Constitución, estableciendo que tratándose de modificaciones a instrumentos de planificación urbana (planos reguladores), el Alcalde deberá someterlo a plebiscito comunal cuyo resultado le será vinculante.

Es decir, terminamos con la facultad alcaldicia y pasamos a la obligatoriedad, que asistirá a la autoridad municipal de someter a consideración ciudadana las eventuales modificaciones a los planos reguladores, devolviendo al sistema de democracia directa estas decisiones en razón de las profundas consecuencias para la calidad de vida de los vecinos.

Chile avanza por la senda del desarrollo y, tal como señalé, no hay desarrollo posible sin respeto por la historia republicana. Así como hoy se comienza la reivindicación de nuestros adultos mayores, a través de la implementación de un sistema de protección social, que garantizará en el futuro pensiones para enfrentar la vejez; debemos ser capaces de crear un sistema que proteja nuestra historia urbana, sus hitos, sus edificios, sus iglesias, sus fachadas y sus calles que dada su antigüedad y carencia de inversiones se encuentran en mal estado y requieren de mantención y mejoramiento, pero no sujeto a la voluntad de los gobernantes, sino como parte de un SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL donde se aborde de manera integral este aspecto de conservación histórica a fin de llegar al tricentenario con el orgullo de haber conservado las principales estructuras que dieron origen a nuestra historia republicana.

Nuevo Vicepresidente de PROYECTAMERICA

Hoy, 29 de mayo del 2009, asumí como el nuevo Vicepresidente de la Corporación Proyectamérica en reemplazo de Mariana Aylwin. Proyectamerica es un centro de diálogo anclado en la sociedad civil; dedicado al debate y difusión de ideas sobre el desarrollo de Chile y América Latina, así como de la calidad de la política, y las modalidades de su inserción en el mundo global.

El Presidente es Enrique Correa, y al directorio también se integraron el Alcalde Claudio Orrego y Jorge "Pirincho" Navarrete.

21 de Mayo, camino al Estado Social

El último discurso presidencial de la Presidenta Bachelet estuvo marcado por la capacidad de demostrar con hechos y cifras los avances objetivos de su gobierno, la reivindicación del estado como institución fundamental en el desarrollo de los pueblos y la prospección de un reconocimiento futuro de la reciente fundación del Sistema de Protección Social. Es decir, cuantitativamente fue muy sólido y proyectó políticamente la necesidad de respectar la acción pública como contrapartida al mercado desregulado carente de sensibilidad social.

En anuncios creo lo más destacable está en la complementariedad de las medidas anunciadas. El bono extraordinario de $40.000 a 4 millones de familias, es plenamente coherente con el ajuar a los niños nacidos en la red pública de salud, la redistribución presupuestaria que permitirá incrementar el número de subsidios habitacionales para que más personas puedan adquirir su casa y ciertamente la implementación de un seguro de cesantía para deudores hipotecarios viene a ser de gran ayuda para aquellos que no pueden pagar sus dividendos producto del desempleo. Junto con ello el incremento de las becas de postgrado en el extranjero con asignaciones por carga familiar representa un decidido impulso a la formación internacional de nuestros jóvenes. La apertura de garantías Corfo a universidades, públicas y privadas y centros de formación técnica o profesional, para evitar que el desempleo de padres termine con la educación de los hijos representa una apuesta por la educación en tiempos de crisis.

Bachelet definitivamente instaló al Estado como articulador de la equidad. Hoy en tiempos de crisis, pero más temprano que tarde, si su acción resulta oportuna y eficiente, volveremos a reivindicar la necesidad de tener un estado presente en la actividad esencial de una sociedad. Con capacidad reguladora de mercados, cuya libertad exacerbada genera perjuicios a los consumidores y permite colusiones nocivas a los ciudadanos. Un estado donde la supervigilancia de determinados mercados permita disminuir la brecha de poder entre industria y consumidor. En fin, creo fue un discurso contundente que le pone un tremendo desafío al candidato de la derecha, ser capaz de asumir la necesidad de separar la actividad mercantil de la política, reconocer la necesidad del estado en el desarrollo del país, aceptar las regulaciones de mercado como forma de prevenir las crisis económicas y reconocer que la fundación del sistema de protección social, no fue sólo “un plan más” como lo tildó a comienzos del gobierno; sino que finalmente terminó constituyéndose en la piedra angular de un nuevo modelo donde el estado social surge como alternativa intermedia a los tradicionales modelos económicos. Así, mientras el muro de Berlín terminó definitivamente con el trasnochado centralismo económico. Con la caída de Wall Street el año 2008 se terminó de caer el capitalismo desregulado. Así, entonces Obama en EEUU impone un modelo intermedio, donde el estado surge como ente de salvación a la industria de la cuna de las libertades económicas y Bachelet en Chile reubica al estado en un rol más activo en pos de la disminución de las brechas sociales del país.

Tiempos de «cosecha», agitación y desafíos

Durante su último año, este gobierno podrá consolidar y cosechar el resultado de las grandes reformas y políticas públicas que ha impulsado. Así, en 2009 veremos la ampliación de los beneficios de la reforma previsional a cerca de 200.000 personas, además se incrementará el monto de las pensiones básicas solidarias, lo que generará un impacto directo en la superación de las condiciones de pobreza del segmento adulto mayor. O, la implementación de 900 nuevas salas cunas que junto con darle oportunidades de formación y afecto a los más pequeños del país, consolidará su impacto en el incremento de la fuerza laboral femenina en el marcado del trabajo. Ello, por citar sólo algunos ejemplos.

También será un año en que enfrentaremos condiciones económicas internacionales complejas. Gracias al buen manejo macro, ello no nos golpeará en la magnitud que ha significado para otras economías, pero de todos modos tendrá algún impacto en el país, en particular en el aumento del desempleo. Por lo mismo, las prioridades de la inversión pública apuntarán a la infraestructura, y habrá una particular preocupación por apoyar a las pymes. A su vez, el eventual aumento del desempleo puede derivar en otros desafíos para el gobierno, generando impactos en los índices delictuales o, también, aumentando las movilizaciones sociales.

En lo político, evidentemente 2009 estará marcado por las elecciones presidenciales, y en particular a partir del segundo semestre ese tema tenderá a monopolizar el debate. Por lo mismo, creo que no será tiempo para lanzar nuevas iniciativas, pero sí para culminar aquellas que están en curso. Desde esa perspectiva, por ejemplo, se debería poder concretar y cerrar los proyectos ya acordados en seguridad ciudadana. Igualmente, espero que se pueda sacar adelante algo tan emblemático como la creación del Instituto de Derechos Humanos.

Un punto en que también se debe intentar avanzar de modo sustantivo son las reformas políticas. Creo que debiera ser factible lograr finalmente la aprobación de la inscripción automática y del voto de los chilenos en el exterior para mejorar los marcos regulatorios e incentivar la participacióin de los jóvenes en nuestros procesos electorales. En cualquier caso, todos estos temas servirán como una oportunidad para poner a prueba el liderazgo del candidato de la oposición al interior de su coalición, para ver si es capaz de materializar con todos los votos de su conglomerado las elocuentes promesas que ha vertido sobre este tipo de reformas.

Es indudable que el ambiente tenderá a politizarse y el debate se radicalizará, particularmente desde la oposición donde deberán definir si adhieren a la teoría del desalojo de Allamand, negando la sal y el agua al gobierno o se cumplen las promesas de cooperar por el bien de Chile impulsadas por Longueira. Veremos cual se impone.

Buena parte de la atención se centrará en el tema de las candidaturas. Si en la Concertación tenemos primarias, veremos a sus dos protagonistas recorriendo el país y planteando sus proyectos y propuestas, levantando a las bases concertacionistas y activando a nuestra fuerza electoral. Si en cambio se designa al abanderado por acuerdo político, los tiempos se adelantarán. En lo personal, como militante del PPD, yo esperaría que pudiéramos recuperar la antigua alianza progresista, pero más allá de eso destaco que las dos cartas que hoy aparecen compitiendo son figuras que acumulan una exitosa experiencia de gobierno y una probada capacidad de gobernabilidad.

De todas formas, sea cual sea el procedimiento y la figura elegida, lo claro es que el interés público estará centrado en las discusiones y enfrentamientos entre el o los candidatos de la derecha, y el de nuestra coalición. Así, el debate principal apuntará a las apuestas de futuro, más que a lo que hoy se está haciendo. Esa es una discusión que le compete a los postulantes antes que al gobierno, pero ello no significa que éste quede desplazado o sin accionar. Al contrario, mi experiencia me indica que es perfectamente compatible la «transición» entre una y otra administración, y el despliegue de un gobierno realizador, efectivamente capaz de gobernar hasta el último día.

Para enfrentar todos esos desafíos, la Presidenta está desarrollando una profunda evaluación de su equipo y no tengo dudas de que ella tiene perfectamente claro con quiénes trabaja y a quiénes necesitará para lograr lo que ha señalado en reiteradas oportunidades, las elecciones no pueden paralizar al país, se trabaja, se inaugura y se decide, hasta el último día.

EL VALOR DE LA PAZ SOCIAL

Con el advenimiento de la democracia a comienzos de la década del 90, el país comenzó a enfrentar quizás el desafío más complejo de su historia. Ser capaces de reconstruir las confianzas básicas entre los diversos actores sociales para dar conducción pacífica y productiva a nuestra nación.

La traumática experiencia previa que dividió a los chilenos, hacía prácticamente inviable las posibilidades de crear instancias de conversaciones sobre aspectos tan relevantes como la pacificación del país, la reconstrucción de la democracia como forma de gobierno y el respeto por la institucionalidad y al estado de derecho. Pero los esfuerzos de un sinnúmero de dirigentes políticos, sociales, empresariales y eclesiásticos permitieron darle rumbo al proceso democratizador.

Los años 90 estuvieron marcados por los esfuerzos colectivos por retomar el diálogo como forma de resolución de las divergencias y controversias en la sociedad nacional, proceso que a poco andar ganó adeptos que querían un Chile -aunque con legítimas divergencias- con unidad en temas básicos de gobernabilidad.

Pero no todos los sectores apoyaban este proceso. Hoy, a casi 20 años de entonces, corresponde recordar que en aquella época, existían en nuestro país grupos, células y movimientos que reivindicaban la violencia como forma de manifestación. Siglas que identificaban a diversos grupos u organizaciones aparecían por doquier tras cada asalto a entidades bancarias o atentados a autoridades o unidades policiales.

Como no recordar la muerte de un Senador de la república; o de funcionarios policiales que cumplían funciones de seguridad del intendente metropolitano o de ciudadanos anónimos en poblaciones del país. Todas igualmente condenables. Se trataba entonces de grupos subversivos descolgados de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Mientras los primeros habían gestado la lucha contra la dictadura; los segundos habían quedado al margen de los servicios de seguridad del régimen militar. Unos y otros atentaban contra chilenos y chilenas, causando temor en la población. Esta minoría intentaba poner en jaque el sistema a fin de lograr sus particulares objetivos; y, respecto de los cuales, se requería un acuerdo nacional que permitiera un accionar rápido y eficaz en pos de la paz social.

Los acuerdos dieron sus frutos. Una vez más Chile estuvo a la altura de las demandas de la sociedad por vivir en paz y tranquilidad. Los actores de la época fueron capaces de ir disminuyendo progresivamente la violencia política, al punto de aislar como sociedad a aquella minoría violenta, terminando con la desarticulación de quienes causaban el temor ciudadano.

Poco a poco, la democracia logró ir consolidando las condiciones de tranquilidad social, donde comenzó a coexistir el derecho de manifestarse con el derecho a la tranquilidad y el respeto al orden público. La ciudadanía, comenzó progresivamente a descubrir que le asistía el derecho de manifestarse en los espacios públicos con pleno respeto a la integridad física y a la propiedad pública y privada ajena.

Así, hacia comienzos de la segunda mitad de la década de los 90, Chile recibe el reconocimiento de la comunidad internacional, por su apertura al mundo y las envidiables condiciones de paz social. Inversiones extranjeras, convenciones internacionales, cumbres de jefes de Estado y Gobierno, disminución de las condiciones de riesgo internacional; solicitud de intercambio de experiencias en seguridad; son algunos de los indicadores que comienzan a incrementarse en virtud de un conjunto de factores, dentro de los cuales la paz y la tranquilidad jugaron un papel fundamental.

Hoy, gracias a muchos actores públicos y privados, conocidos y anónimos, nuestra democracia es más robusta. Nadie se cuestiona el régimen político, aunque exista alguno que añore un “desalojo”, las alternativas son dentro del régimen democrático (aunque pareciera una reflexión obvia, a comienzos de los 90 no resultaba tan evidente).

De igual forma, la ciudadanía se ha visto en un creciente proceso de empoderamiento social y político. Hoy, el ciudadano exige lo que antes sólo se atrevía a pedir. Reclama del sistema condiciones que antes no imaginaba. Vivienda, ya no sólo en su cobertura, sino con calidad, ubicación y condiciones de financiamiento. Salud, con cobertura, gratuidad, calidad y oportunidad. Educación, con calidad, infraestructura, tecnología, materiales y alimentación. Los trabajadores, exigen el mejoramiento de las condiciones laborales; un trato igualitario(O al menos similar) entre quienes cumplen funciones análogas en una misma empresa y pertenecen a entidades externas. Protección del medio ambiente por sobre las necesidades energéticas del país. Demandas de pueblos originarios, por contar con una política de reconocimiento e inclusión social de fondo y ya no meramente de asistencialidad.

En fin, la sociedad actual ha cambiado. El ciudadano es más exigente y muchas veces las demandas de los grupos organizados suponen ingresos fiscales similares al de los países del primer mundo. Pero mas allá de la pertinencia de las demandas, lo importante es cuidar las formas en que hoy estos grupos las están planteando. Así, al observar los últimos hechos de violencia surge la necesaria reflexión en orden a que el sistema político y social en su conjunto debe plantearse. Cómo somos capaces de hacernos cargo como sociedad de estos cambios y cómo diseñamos un sistema que sea capaz de dar oportuna respuesta a las demandas sociales y aislar a aquellos que hoy, en otra época y bajo otras motivaciones, vuelven a reivindicar la violencia como forma de expresión.

Es entonces cuando debemos plantearnos un desafío país. Lograr la coexistencia de los derechos de manifestación con los de preservación de la paz y la tranquilidad social. Este no será un desafío menor. Implicará orientar a los actuales dirigentes sociales en el sentido de exigir sus derechos con respeto al resto de los ciudadanos; a pedirle –como la ha señalado S.E. la Presidenta de la república- a la autoridad sectorial, sea local o nacional un contacto directo con la ciudadanía para palpar el sentir de la comunidad de manera oportuna; y, quizás lo de mayor relevancia sea educar a las futuras generaciones bajo los conceptos del respeto por la democracia y por sus habitantes. Los valores de la vida y la integridad de las personas, su rol como actores de la sociedad y el principio de la responsabilidad de los actos propios.

Chile ha caminado por la senda del diálogo y la razón durante casi 20 años. Hoy, que la sociedad ha cambiado, y se torna cada día más exigente y demandante, se requiere renovar el compromiso nacional con el camino de la paz y la tranquilidad en virtud del cual podremos seguir profundizando el proceso democratizador y modernizador que tantos frutos le ha dado a Chile y sus habitantes.

INTELIGENCIA Y FARC

En días recientes la ciudadanía ha sido testigo de un acalorado debate público respecto de información originada por la inteligencia colombiana donde se habla de supuestas vinculaciones entre las fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y organizaciones chilenas lo que sin duda ha causado conmoción pública; por lo que resulta conveniente despejar algunos puntos de la discusión:

1- En relación al origen de la información: Resulta extremadamente complejo que autoridades de un gobierno se permitan hacer entrega de información de inteligencia a personas que no sólo no tienen ninguna representación oficial para intervenir en relaciones internacionales de un país o en materias propias de la seguridad nacional; sino que activos miembros de la oposición política y mas aún uno de ellos sólo ostenta la categoría de pre-candidato presidencial.

2- En relación al manejo de la información de parte de los políticos: Ciertamente constituye una actitud responsable de parte de los receptores de la información el entregarla al ente encargado de la persecución criminal a fin de investigar la veracidad de la misma. No obstante, su difusión parcial e interesada a través de diversas entrevistas y su posterior entrega a un medio de comunicación revela la incapacidad absoluta en el manejo prudente y discrecional de información relevante para la seguridad del país.

3- Respecto de las acciones de la ANI: Para escudar la “bendita imprudencia” de filtrar la información, se ha pretendido poner en sinónimo el hecho de no entregar la información al Ministerio Público y la pasividad del ente a cargo de la inteligencia nacional. Nada más alejado de la realidad. La autoridad colombiana al entregar dicha información a la ANI le pide “expresa reserva y manejo exclusivo para los fines de inteligencia”. Es decir, que realicen acciones indagatorias para buscar información que pudiere corroborar, o desmentir la entregada. Eso es justamente lo que se hace. Se indaga la veracidad de la información, se coteja con información histórica y proveniente de fuentes diversas.

4- Respecto al periodista Hugo Guzmán: Quizás es uno de los mayores pecados cometidos por los “filtradores”. Poner el nombre de una persona y vincularla públicamente con las FARC sin mediar pruebas de ello, resulta imperdonable. De manera gratuita se estigmatiza a una persona y se presiona políticamente para desemplearlo.

La derecha debería saber de estas vinculaciones lineales donde por la sola acción se presume un encadenamiento de hechos. Allamand y Piñera se reunieron con Pía Guzmán los días previos a la denuncia que ella hiciera en el caso Spiniak. Ese sólo hecho hizo a algunos presumir que ellos sabían de las denuncias que a posteriori realizaría la diputada. Pero entonces, ellos levantaron la voz diciendo que nada tenía que ver una cosa con la otra e invocaron el principio de inocencia y muchos otros que aparentemente olvidaron con el paso de los años.

En materias de seguridad e inteligencia, muchas veces la reserva de la información marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de operaciones relevantes. Por tanto resulta justo preguntar ¿por qué debiera saber Piñera y Espina si la ANI hizo algo con la información? Será que ellos creen que si no saben significa que nada se hace?
Se imagina usted si el Ministerio del Interior, las policías o el Ministerio Público se dedicara a entregar a los medios de comunicación la cantidad de información y denuncias recibidas (muchas veces infundadas), donde se “vincula” a gente conocida y ciudadanos honestos en actividades dudosas?

Bueno, eso no ocurrirá, porque los que gobernamos desde el año 1990, sabemos hacerlo, con responsabilidad y prudencia y esperamos que aquellos que al menos aspiran a ello tengan el tiempo suficiente para aprender que gobernar exige ciertas virtudes, dentro de las cuales la prudencia (que lamentablemente no se adquiere) cobra un rol fundamental. Dónde temas como la defensa de la seguridad nacional, la seguridad interior o las relaciones exteriores, deben ser abordados con prescindencia de ansiedades electorales, dónde prime la responsabilidad y el sentido de Estado (con mayúscula) y que jamás se intente enlodar a Chile haciendo alianzas espúreas con organismos extranjeros.

ARMAS, VIOENCIA Y DELINCUENCIA

Las sociedades que caminan por senderos de tranquilidad y buscan la paz como parte consustancial de su modelo de desarrollo requieren disminuir los niveles de violencia interna. Para lograr dicho objetivo se deben adoptar un conjunto de medidas englobadas en una estrategia constante y permanente de inclusión social, disminución de condiciones de riesgo, disminución de la segregación urbana, alternativas de educación, emprendimiento y empleabilidad y, por supuesto, incrementar de manera determinante los costos de causar violencia o realizar acciones delictuales.

No cabe duda alguna que uno de los elementos que genera mayor sensación de inseguridad es el verse afectado por un hecho de violencia y, en particular por un hecho delictual. Si en él median además armas de fuego, la sensación de vulnerabilidad se incrementa de manera considerable. Por ello, es que como parte integrante de la Estrategia nacional de Seguridad pública, se ha considerado necesario incrementar los niveles de control e incautación de armas de fuego. En efecto, en lo que va corrido del año, las policías han incautado armas de fuego en un sinnúmero de operativos policiales. Labores de inteligencia, información cerrada y abierta y un apoyo determinante de los fiscales del ministerio público han permitido incrementar porcentualmente la incautación de armas de fuego. ¿De dónde provienen dichas armas? Algunas son legalmente inscritas por personas que no poseyendo antecedentes penales acceden a ellas por la flexibilidad de las normas vigentes y que con posterioridad deciden incursionar en actividad delictual. Otras que son hurtadas o robadas de los domicilios que son víctimas de un atraco; otras, que son extraviadas por sus titulares; otras que provienen de la fabricación artesanal. En todos los casos anteriores, se debe actuar con severidad. El objetivo debe ser unívoco, reducir el poder de fuego en manos de delincuentes o, que potencialmente pueda llegar a ellas. Por ello es que, junto con potenciar las funciones de control de armas en manos de los delincuentes a través de operaciones policiales, se requiere apuntar hacia la fuente u origen de las mismas. Así, el gobierno ha enviado un proyecto de ley destinado a regular con mayor restricción la tenencia de armas de fuego. Este proyecto se basa en una concepción del modelo de sociedad que se quiere construir. Por ello es que adhiere a la tesis de que mientras menor sea la cantidad de armas de fuego que circulan en manos de particulares, estaremos aportando a la disminución de los indicadores de violencia. Hay quienes en medio de los hechos de violencia, rasgan vestiduras contra la tenencia de armas, pero que a la hora de legislar, se vuelven defensores de la tenencia de armas de fuego. Invocan el mercado, la subsidiariedad del estado y un conjunto de frases ideológicamente gastadas que en nada apuntan a lo que el ciudadano quiere. Más seguridad, menos violencia. 

Resulta curioso observar que lo planteado por un centro de estudio en los debates legislativos sea plenamente coherente con lo que plantea la industria que vende armas en nuestro país. Sin duda se trate de una coincidencia desde la óptica del desarrollo de un mercado, pero que en nada se hace cargo del sufrimiento que los familiares enfrentan cuando un menor resulta fallecido por la mala manipulación de las armas de sus padres o el sufrimiento de los familiares de los policías que pierden la vida intentando disminuir hechos delictuales.

Desde el gobierno, defenderemos el derecho a disminuir las armas en manos de particulares, delincuentes y honestos. Respecto de los primeros con la mayor dureza que el ordenamiento jurídico y la persecución penal permite. Pero respecto de los segundos, regulando con mayor restricción la tenencia de armas en manos de particulares, porque cada vez que se roban un arma de fuego en un hogar, el ciudadano deslinda responsabilidad haciendo una mera denuncia; mientras que las policías arriesgan sus vidas persiguiendo dichos objetos bélicos.

La industria de las armas y los centros de estudio que sustentan la teoría de la liberalización del mercado de las armas, podrán seguir planteándole al país que las armas son sinónimo de paz, mientras que por el otro lado, estaremos el Gobierno, las iglesias católica y evangélicas y las policías abogando por un mundo sin armas para que todos podamos vivir en un mundo con menores niveles de violencia.