jueves, 8 de abril de 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA

DIPUTADO FELIPE HARBOE RESPONDE
DECLARACIONES DE SENADOR QUINTANA

Frente a las declaraciones vertidas por el Senador Jaime Quintana creo necesario hacer presente algunas consideraciones:

1- Parece poco serio que un Senador de la República realice juicios apresurados basados en información de prensa y sin siquiera leer las declaraciones a las cuales se refiere.

2- El compromiso con los DD.HH. ha sido, es y será parte fundamental no sólo del PPD sino de muchas personas que creemos en la promoción y respeto de los mismos. Sobretodo de aquellos que hemos trabajado y apoyado con hechos y no sólo con palabras el programa de Derechos Humanos que ha representado judicialmente a los familiares de víctimas de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

3- Respecto del nombramiento del Director de Gendarmería reitero lo señalado precedentemente en el sentido que jamás he apoyado su nombramiento como Director de dicha institución, siendo dicha una facultad exclusiva del Presidente de la República y, mi declaración se refiere exclusivamente al proceso de ascensos del año 2004 donde he señalado un hecho objetivo de público conocimiento en el sentido que el General® Iván Andrusco a esa fecha no tenía procesamiento ni condena judicial alguna.

4- Finalmente creo necesario hacer un llamado a incrementar los niveles de rigurosidad en la actividad política a fin de disminuir el creciente desprestigio de esta actividad tan necesaria para el país, sobretodo en momentos donde las ansias de protagonismos personales deben dar paso a la unidad por la reconstrucción del país.

FELIPE HARBOE
Diputado de la República

lunes, 22 de marzo de 2010

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, BASES DE DATOS, REGULACIÓN E INDULTO BICENTENARIO A DEUDORES DICOM

En todas las economías desarrolladas existe un sistema de registro de datos personales, donde se consignan diversos documentos, desde antecedentes penales, de identificación, domicilio, en fin, cada día un mayor cúmulo de datos de los individuos. De igual forma las economías requieren conocer el comportamiento comercial o mercantil de sus ciudadanos económicamente activos, lo que se logra a través de los registros de los datos comerciales de las personas. Esta información es relevante para los bancos e instituciones financieras y, de igual manera lo constituye para las empresas, cualquiera sea su tamaño de facturación. En efecto, gracias a este tipo de información, es posible advertir eventuales riesgos de contratación mercantil ante personas de mal comportamiento de pagos, lo que da certeza a las relaciones comerciales y contribuye a disminuir los fraudes en las relaciones mercantiles.

La transparencia y la protección de los datos personales constituyen las dos caras de una misma moneda. Así, mientras se incrementan las normas sobre transparencia en algunos sectores, como contraparte se requiere que los datos recabados sean administrados, guardando la debida confidencialidad de dicha información para no perjudicar, o al menos exponer innecesariamente a sus titulares.

Un principio rector de la protección de antecedentes personales, es el denominado “principio de la finalidad del dato”. Este principio reconoce primariamente, el derecho de propiedad que todos los individuos poseen sobre todos sus datos personales, salvo aquellos que la ley expresamente consigne como públicos. En tal sentido, la legislación asociada, mantiene un sistema de protección de los datos personales destinado a evitar el uso y abuso de los mismos, de parte de terceras personas; permitiendo su acceso excepcional a quienes justifiquen un interés objetivo en dicho dato, lo que debe ser probado y previamente conocido por el titular de los datos. Con este, se evita que empresas privadas constituyan bases de datos destinadas a comercializar los antecedentes o datos personales de terceras personas, lucrando con datos ajenos y exponiendo a riesgos innecesarios a los titulares de los mismos.

En Chile el desarrollo del mercado de datos de carácter personal, se ha desarrollado de manera inorgánica. En efecto, hoy existe un prolífico mercado destinado a la constitución, administración y comercialización de bases con datos personales de personas naturales y también personas jurídicas. El desarrollo de este segmento de negocios ha ido mucho más rápido que su regulación, tanto así que hoy en día, existen múltiples proyectos de ley de diverso origen, que buscan regular este mercado, conteniendo los impactos negativos que la práctica desregulada ha generado en el país.

Es dable pensar que exista una entidad que sea capaz de almacenar y administrar los antecedentes comerciales de personas naturales y jurídicas, a fin de orientar a quien pretenda contratar, respecto de su historia y comportamiento mercantil. Uno de los problemas actuales, radica en que la información comercial disponible se reduce sólo a los incumplimientos y no a la historia positiva y negativa del ciudadano en cuanto sujeto de pago. Hoy por hoy, a través de Dicom o el Boletín Comercial, sólo es posible conocer los incumplimientos o morosidades mercantiles de un ciudadano, pero no se dispone del historial completo, es decir incorporando también su comportamiento positivo. La relevancia de ello es que al no consignar la información positiva, una persona que tradicionalmente ha pagado sus deudas, puede sufrir un inconveniente coyuntural e inesperado que afecte su capacidad de pago, sea el accidente de un familiar, la muerte del proveedor del hogar o la enfermedad catastrófica de algún miembro de la familia. Esta situación mermará su capacidad de pago y, al no consignar su positivo historial de pagos, sólo aparecerá al mundo de las bases de datos con la información negativa, generando un prejuicio de eventuales contratantes, haciéndole perder oportunidades o lisa y llanamente, marginándolo del mundo del crédito y hasta del laboral.

Otro problema actual es el acceso indiscriminado que se hace de dichas bases de datos. En efecto, hoy, se puede acceder a los datos personales de cualquier ciudadano, con el sólo pago de una determinada cantidad de dinero. Es decir, no hay mayor filtro que la capacidad económica del solicitante. ¿Por qué se puede cobrar por acceder a datos de terceras personas sin su consentimiento? La respuesta la ha dado el mercado, al señalar que lo que se cobra es la administración y ordenamiento de la información y no el acceso a la información misma. El resultado, sigue siendo la desprotección absoluta, vulneración del principio de la finalidad del dato y exposición imprudente de la vida personal y comercial de los ciudadanos, a manos de empresas que lucran con ello. Lo que es peor aún, es que la praxis ha llevado a instituciones públicas y privadas a utilizar estas bases de datos como elemento de selección, ya no sólo en los accesos a créditos, sino en el acceso a fuentes laborales. Así, a pesar de la expresa prohibición legal, muchas empresas, en particular de outsorcing, utilizan este elemento para discriminar a la hora de seleccionar personal para empresas o el estado. ¿Tener documentos impagos debe inhabilitar a un ciudadano para realizar actividades profesionales o laborales? Una mirada social señala que ciertamente no es sostenible ni justificable, toda vez que de no ser así, el dato mercantil se transforma en una condena que persigue al moroso, a fin de evitar que pueda trabajar y con ello saldar su deuda, generando un círculo vicioso entre la deuda y la incapacidad de encontrar fuente de trabajo. Pero lamentablemente la práctica está indicando otra respuesta. Cada día son más las empresas y servicios públicos, que discriminan en razón de los antecedentes comerciales (parciales como ya se dijo) y, lo que es peor es que se ha sumado a este proceso las entidades de educación privada. Así, hoy el 45% de los estudiantes de educación básica y media, asisten a colegios particulares subvencionados. El particular subvencionado es a la educación lo que para la vivienda es la casa propia. Es decir, el sueño de muchos en nuestro país. Lamentablemente, muchos establecimientos con este tipo de educación, exigen documentar mediante letras o pagaré, la colegiatura de los niños y, al observar los antecedentes comerciales de sus padres, muchas veces se produce el rechazo de dicha forma de documentación, impidiendo el ingreso de los menores a este tipo de educación, situación condenable en todas sus formas.
Por otra parte, la misma imposibilidad de documentar, afecta a quienes deben ingresar de urgencia a un establecimiento de salud privado, ya que al derogar la exigencia del cheque en garantía, muchas clínicas están exigiendo la suscripción de pagaré o letras de cambio con similares consecuencias que las descritas anteriormente.

Si pretendemos formar una sociedad donde la inclusión sea un principio inspirador, debemos ser capaces de enfrentar de una buena vez el tema de las bases de datos y los antecedentes comerciales de las personas, ya que por mejor voluntad que exista de la autoridad de turno, mientras siga usándose y abusándose de los datos de carácter personal mercantil de las personas, éstas se verán marginadas del desarrollo del país y de la sociedad; cada vez tendremos mayor cantidad de personas (y por ende familias) excluidas del progreso, obligadas a mirar el desarrollo como espectadores sin posibilidad de sumarse a la sociedad, ya que la existencia de una coyuntura o accidente personal o familiar que pudo afectar su capacidad de pago, los perseguirá de por vida, impidiéndoles acceder a créditos como forma de acceso a la vivienda, educación e incluso a una fuente laboral, lo que facilita la informalidad, marginalidad y en algunos casos desesperados la delincuencia como forma de proveerse de los medios de subsistencia personal y familiar.

Recientemente la iglesia católica ha solicitado a S.E. el Presidente de la República, que considere la posibilidad de otorgar un indulto especial del bicentenario a una cantidad considerable de presos por diversos delitos. Por su parte, el gobierno se ha abierto a dicha posibilidad y en la actualidad se encuentra estudiando la solicitud.

En razón de lo anteriormente expuesto y, considerando la importancia que para la reconstrucción nacional significa el emprendimiento y la posibilidad de optar a apoyo crediticio para la auto reparación, es que he solicitado a S.E. el Presidente de la República un indulto bicentenario a las personas que en la actualidad figuran en los registros de Dicom y que NO hayan sido condenadas por delitos económicos. La medida sería excepcional, por una única vez en nuestro país y con ocasión del bicentenario de la República. Serían beneficiados todos quienes figuran en dicho registro y que no hayan sido condenados por delitos económicos. El indulto sólo consistiría en borrar los antecedentes NO significando un perdonazo de sus deudas, ya que dicha situación afectaría el patrimonio de sus acreedores. De igual forma, éste no obsta a la continuidad de las acciones judiciales derivadas de las deudas vencidas. En consecuencia, el sentido del indulto solicitado es dar una segunda oportunidad a nuestros compatriotas que por alguna razón cesaron en el cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, y que quieren volver a empezar, pero mientras persistan sus antecedentes, no podrán hacerlo en perjuicio personal, familiar y de la sociedad toda.

Junto con lo anterior debemos iniciar un profundo debate sobre el sistema de registro y protección de datos personales, donde se consignen a futuro los incumplimientos con la misma fuerza de la información positiva del cumplimiento de obligaciones comerciales. Dicho sistema, deberá consignar el principio de la finalidad del dato y generar protección de tan importante activo personal. Sólo así crearemos un sistema que por una parte de certeza mercantil a las relaciones comerciales y, por la otra no se funde sólo en los incumplimientos, generando un historial completo de comportamientos comerciales, los que permitirán observar con mayor perspectiva la real voluntad y capacidad de pago de chilenas y chilenos.

miércoles, 17 de marzo de 2010

"DÉFICIT FISCAL... SÓLO EXCUSAS"

El gobierno ha planteado que se encuentra en una situación fiscal estrecha para financiar los costos del terremoto. Acusa que por una supuesta falta de recursos, debe barajar múltiples alternativas de financiamiento. Que el escenario que el gobierno enfrenta es complejo es del todo cierto. Que la situación fiscal es estrecha es completamente falso.

El gobierno de la Presidenta Bachelet dejó las arcas fiscales en una situación única en la historia de nuestro país. El Estado chileno no tiene deuda en términos netos. Más aun, es un acreedor neto. Hoy Chile tiene más de US$15.000 millones de dólares en activos en el exterior, ahorrados en fondos soberanos (equivalentes a más del 10% del PIB).

El año 2009 el Fisco tuvo un déficit de 4,5% del PIB. Dicho déficit fue el resultado de la crisis internacional, pero más importante aún, de la acción decidida del Estado para aliviar (exitosamente) el costo de la crisis en nuestras familias. Este déficit ha sido utilizado por las actuales autoridades como argumento para justificar la aparentemente “débil” situación fiscal. ¿Pero cual es la realidad? En los tres años previos, el superávit acumulado por el gobierno de la Presidenta Bachelet fue de 21,8% del PIB. Saque la cuenta: 21,8 menos 4,5 es un número MUY positivo. Eso es lo que heredó el gobierno del Presidente Piñera.

El otro argumento usado por la actual autoridad para justificar sus “problemas fiscales” es la falta de recursos en el Presupuesto de la Nación el año 2010. Ese Presupuesto, fue construido con un precio del cobre de $2,7 dólares la libra para el año 2010, precio que acumula en este año un promedio de US$ 3,3 dólares la libra. Las estimaciones privadas para el año 2010 señalan que dicho precio se mantendrá en torno a ese valor. ¿Qué implica ésto en términos presupuestarios? Que los ingresos del Fisco aumentarán en torno a los $4.000 millones de dólares este año (el equivalente al 2,7% del PIB). Es decir, el gobierno recibirá 4.000 millones de dólares en ingresos adicionales a los contemplados inicialmente.

Las estimaciones de crecimiento del PIB para el año 2010 de acuerdo a estimaciones del sector privado, post terremoto, no cambian mayormente respecto de las consideradas en el presupuesto fiscal del año 2010. Así, el resto de los ingresos fiscales no se verán mayormente afectados. Es decir, si el gobierno sigue la ley de presupuesto tendría un superávit fiscal. ¿Qué pasa con el 2% constitucional (uso adicional, por causa justificada, del 2% del gasto aprobado por el Congreso)? Está completamente financiado con los recursos extra que recibirá el Fisco. Y aún así el Fisco tendría un superávit.

Lo anterior es una descripción de los flujos de ingresos para el año 2010. ¿Qué pasa con la situación patrimonial del Fisco (activos menos deuda)? Inmejorable. Chile es un acreedor neto. Lo anterior implica que Chile puede obtener una cantidad significativa de recursos emitiendo deuda. Si se considera que países con riesgo soberano similar o incluso menor a Chile tienen deudas en torno a 20% del PIB, es claro que el problema de financiamiento que ha planteado el gobierno es mera ficción.

El gobierno ha señalado que está buscando formas alternativas de financiamiento. Que quede claro: no lo está haciendo porque la situación fiscal así lo requiera. Recursos hay. El gobierno puede señalar que traer dólares a la economía podría afectar el tipo de cambio. Este motivo no tiene nada que ver con la (inexistente) falta de recursos.

El problema mayor para la competitividad de nuestra economía no es cómo se financia el gasto público adicional, sino “cuánto” se quiere financiar. La competitividad de nuestra economía requiere que el gobierno sea muy serio en la cuantificación del costo del terremoto. La sólida situación fiscal no puede llamar al gobierno a la irresponsabilidad fiscal. De otra forma estaríamos arriesgando la recuperación de un sector clave en nuestra economía, el sector exportador.

Resumen. La situación fiscal que heredó el actual gobierno es inmejorable. Si no hace un buen trabajo sólo será producto de malas iniciativas (o la falta de iniciativas) para enfrentar el desafío. Esperemos que esto no ocurra, pero si ocurre tengamos claro que la excusa no será la situación fiscal.

martes, 16 de marzo de 2010

BONOS Y TERREMOTO

Estamos en plena discusión sobre el bono de Marzo comprometido por el Presidente Piñera en su campaña presidencial. No les parece algo increíble?. Pensar en pagar un bono con un costo cercano a los U$300 millones de dólares a muchas chilenas y chilenos que ciertamente lo requieren, pero que, dado el cambio fundamental de las circunstancias carece de lógica, seriedad y oportunidad.

Los bonos son una tentación de todo gobierno y toda tendencia política para recuperar el apoyo popular en el corto plazo. A la ciudadanía le gusta recibir un cheque nominativo para poder gastarlo libremente. Pero hay momentos para ellos y otros para evitarlos. Ciertamente, en medio de una situación de crisis económica severa, con alza del desempleo por sobre los dos dígitos, incremento en el costo de la canasta básica y costos de la vida desproporcionados, la aparición de un bono “extraordinario” y “excepcional” parece como un apoyo a la superación de dicha coyuntura. Pero institucionalizar el pago de bonos como forma de ayuda social, parece más un intento por sobrellevar las culpas por las desigualdades e injusticias sociales propias del actual sistema, sin intención de corregirlo en su base. Parece algo mezquino, superficial y populista.

¿Es la asignación de bonos la forma de enfrentar las necesidades sociales? ¿Será que la política sólo se circunscribirá a la obtención de resultados de corto plazo? Esta discusión ciertamente puede ser impopular. Pero quienes ejercemos funciones públicas, somos llamados a trabajar mirando el interés nacional más allá de los aplausos y opiniones para la galería.

Creo que sería mejor, hacernos cargo de las desigualdades sociales a través de la elaboración de instrumentos de corto, mediano y largo plazo, que permitan a quienes tienen necesidades, enfrentarlas con oportunidades y herramientas suficientes para superar la condición de marginalidad y segregación, mejorando la dignidad de las familias chilenas. No creo sea bueno mantener la “desigualdad estructural con bonos esporádicos”. Esto sólo contribuirá a subvencionar un sistema injusto, sin hacerse cargo de las modificaciones de fondo que hemos de enfrentar, y sólo calmará parcialmente las necesidades coyunturales de unos y las conciencias de otros.

La reflexión planteada no tiene que ver con el autor de la iniciativa o, a estas alturas promesa de campaña. Esto vale para todos aquellos que vean en los bonos, la forma de enfrentar la desigualdad, más allá de las diferencias políticas.

El Presidente, en su campaña presidencial comprometió la entrega de un bono de $40.000 pesos a cuatro millones de compatriotas. En aquél entonces, había desempleo alto y navegábamos por la crisis económica. Hoy el escenario cambió. Y cambió radicalmente. Chile sufrió el más devastador terremoto de los últimos tiempos. Muchas chilenas y chilenos que hasta entonces no requerían de apoyo social, hoy, quizás lo requieran con urgencia. Los pobres post 27/2 son más y distintos de los que había previamente a ese día. Puede entonces, darse el absurdo que muchas familias afectadas no reciban el bono comprometido, ya que la institucionalidad social es incapaz de incorporarlos con tanta celeridad en los catastros de los “socialmente vulnerables”.

Hoy, más que nunca, todos los recursos económicos deben estar dispuestos para ayudar a los afectados por el sismo, no hay tiempo para bonos extraordinarios. Se dice que los costos aproximados de la reconstrucción llegarán a los U$30.000 millones. La autoridad señala que carecemos de dicha cantidad y, no se explica entonces el por qué persisten en el pago del bono que costará aproximadamente U$300 millones de dólares, aún en las actuales circunstancias y premura presupuestaria.

Si el Presidente retira el bono y explica las razones, sería comprensible, sería una muestra de seriedad en la conducción económica y un claro golpe de timón a la tentación de pagar promesas de campaña, en razón de la nueva realidad social y económica del país.

Veremos qué camino tomarán las autoridades. El camino largo, serio y difícil, de suspender el pago del bono y reasignarlo para disminuir los déficits para la reconstrucción y ayuda social para las familias afectadas. O el camino corto, del aplauso fácil, para aparecer cumpliendo una promesa de campaña más allá del interés y la premura nacional.

Para descargar el Proyecto del Presidente de la República sobre proyecto que otorga bono Solidario, haz click aquí

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lunes, 22 de febrero de 2010

PRIMER PLAN ANTIDELINCUENCIA DEL GOBIERNO DE PIÑERA

Hace algunos días, el futuro Ministro del Interior hizo pública una serie de medidas destinadas a reducir la delincuencia en nuestro país. Al observar el compromiso personal de Rodrigo Hinzpeter con el tema, sólo cabe valorar el hecho que como autoridad ministerial asuma la conducción de tan relevante desafío para Chile.

Llegó la hora de ponerle contenido a los slogans espectaculares que observamos durante la campaña presidencial: “Vamos a derrotar la delincuencia” “Narcotraficantes, tienen sus días contados”. Hoy es tiempo de mirar con seriedad, prudencia y urgencia este relevante flagelo que afecta a las sociedades modernas.

Tal como se lo he manifestado directamente al futuro Ministro del Interior, creo necesario hacer pública mi disposición a colaborar con el nuevo gobierno en todas aquellas medidas que apunten a controlar la delincuencia, a reducir la impunidad, a incrementar los niveles de paz y tranquilidad; ya que, tal como lo señalé en reiteradas oportunidades, estamos frente a un tema de Estado que debe asumirse sin trincheras políticas ni sacando pequeños dividendos de un flagelo que afecta a miles de compatriotas sin distinciones de ninguna especie.

Dicho lo anterior, creo necesario observar desde mi experiencia práctica algunas de las medidas propuestas para el “Primer Plan antidelincuencia del Gobierno de Sebastián Piñera”.

Respecto del incremento de la dotación de las policías, me parece acertado y necesario continuar con la política de incrementos graduales que se implementó durante los últimos años. Este debería ser considerable en el caso de la PDI ya que posee un alto déficit de recursos humanos.

En materia de implementación del GPS como mecanismo de control de medidas alternativas reitero mi respaldo a dicha iniciativa que hoy discutimos en el Congreso nacional. Es más, hemos planteado con el Diputado Jorge Burgos, la necesidad de establecerla como medida cautelar para ciertos delitos y evitar así su comisión durante el juicio y antes de la condena.

Respecto de otorgar “tuición” a Alcaldes sobre las policías tengo diferencias estructurales. Los Alcaldes son entes políticos de administración local, fundamentales en el desarrollo comunal. Ciertamente se requiere contar con su participación, visión e incluso coordinación previa en materias de seguridad local y su relación con las policías debiera ser más fluida y complementaria. Pero cualquier “tuición” que estos posean sobre las instituciones policiales en la localidad que dirigen traerá como consecuencia la politización de las instituciones o, lo que es peor, de sus integrantes. Por otra parte si lo que hay detrás es la creación de “policías municipales”, mi oposición será total. La tendencia mundial es justamente la contraria, la unificación de policías estaduales o locales y el potenciamiento de fuerzas policiales con doctrina, formación y mando único. Por otra parte, hoy existen profundas desigualdades en el sistema de financiamiento municipal. Esta medida extendería dicha desigualdad a un ámbito relevante como lo constituye la seguridad. Así, los municipios que tengan recursos necesarios podrían costear sus “policías municipales” mientras que quienes no los tengan no podrán hacerlo en perjuicio de los habitantes más pobres y donde el delito es omnipresente.

Frente a la propuesta de crear una red de colaboradores de seguridad, de acuerdo al modelo colombiano, sólo me cabe advertir algunos puntos. La participación ciudadana es fundamental en el diseño, prevención e incluso en la información para el control del delito, pero ella debe fundarse en la confianza que las instituciones públicas logran consolidar con la ciudadanía. La experiencia internacional permite advertir un aumento en los niveles de violencia local cuando los vecinos son “conocidos informantes de la autoridad”. Las denuncias deben motivarse en reserva, con prudencia y chequeo previo de su veracidad, a fin de evitar el uso del sistema como mecanismo de solución de controversias vecinales o método de distracción de la función policial. El sistema debe ser muy expedito para que el denunciante conozca –en alguna etapa posterior- los resultados de su denuncia, ya que de lo contrario, se incrementará la sensación de impunidad, generando frustración e incrementando los niveles de desconfianza en la autoridad o el sistema. Un elemento clave lo constituye el secreto y la reserva en el manejo de la información ya que el “vecino denunciante” puede transformarse en un blanco inmediato de delincuentes habituales o narcotraficantes, incrementando su inseguridad. La existencia de vecinos colaboradores es una práctica muy antigua, eficaz y eficiente en la medida que se aplique un viejo aforisma de quienes hemos trabajado en seguridad, “Hay ciertas medidas de seguridad se implementan y no se anuncian”.

Por último nada se dijo sobre el sistema de evaluación que se utilizará para medir la eficacia de dichas medidas. El futuro gobierno deberá entregar en Abril los resultados de la ENUSC 2009 y dicho guarismo será el punto de partida para evaluar cuantitativamente los resultados de este plan y otras medidas que puedan complementarlo.

Los indicadores del INE son claros y públicos:

Tasa de victimización de hogares en Chile:

2003 43.0

2005 38,3

2006 38,4

2007 34,8

2008 35,3

Es de esperar que junto a otras medidas preventivas de fondo constituyan la consolidación de una política de estado en esta materia, donde la disminución de desigualdades como mecanismo de inserción social y desincentivo del uso de drogas como mecanismo de incorporación al delito sean piedras fundantes de un descenso sostenido de la victimización y, con ello un incremento en la paz social de todos los chilenos. Para ello, siempre contarán con mi trabajo.

viernes, 12 de febrero de 2010

GABINETE DE PIÑERA I

Recientemente el presidente electo ha anunciado a su gabinete ministerial. Hay quienes se han impresionado por los nombres escogidos y han hecho crìticas inmediatas a la incorporación de alguno de sus integrantes. ¿Por què se les podría criticar? Por ser empresarios o estar vinculados a dicho mundo? Es acaso un delito o una simple falta dicha situación? Ciertamente no.

Ademàs què novedad ha de existir, si las chilenas y chilenos eligieron como Presidente de la Repùblica a un empresario, inversionista, especulador, agente de negocios o como se le quiera llamar; y resulta de toda lògica que escoja a sus colaboradores de entre sus habituales compañeros de funciones, empleados o conocidos del mundo privado.

Por lo anterior es que creo que se debe dejar que el Presidente electo designe soberanamente a sus colaboradores sin cuestionar a priori a su equipo ministerial ni criticar su origen laboral.

Otra cosa muy distinta y que creo fundamental, es poner una voz de alerta preventiva sobre una situación que pudiera ser compleja de no resolverse a tiempo. Los eventuales conflictos de interés que pudieren afectar a algunos de sus miembros al ejercer sus funciones.

Que hará el ministro de salud cuando deba resolver situaciones relacionadas con la salud privada? ¿Què acción adoptarà el nuevo ministro de educación si debe decidir respecto de la acreditación de la universidad de la cual era parte de su directorio? ¿Que posición tomarà la Ministra del Trabajo frente a denuncias de abusos laborales en Lan? ¿Que corresponderìa que hiciera el canciller frente a un eventual conflicto comercial internacional de una de las empresas de la cual era director? ¿Serìa correcto y prudente que el Presidente de la Repùblica firmara una indicación sobre televisión digital mientras no se deshaga de manera definitiva de su canal de televisión? En fin, sin siquiera poner en duda la probidad de dichas personas, ciertamente estas situaciones pueden ponerlos en posiciones muy complejas y sus funciones pueden exigir decisiones que serìan inapropiadas de adoptar considerando sus vinculaciones directas, lo que puede producir situaciones de tensión que ciertamente sería mejor evitar.

Un buen amigo, me hacìa referencia al artículo 12 de la Ley de Bases Generales de la Administraciòn del Estado, en particular al deber de abstención que tienen las autoridades y funcionarios cuando existe un interés en el asunto que debe ser sometido a su decisión. Una mirada màs profunda sería recomendable a fin de no encontrarnos con sorpresas al poco andar.

No obstante lo anterior. Hoy màs que nunca cobra relevancia un proyecto de ley que se encuentra en la comisión de constitución de la Càmara de Diputados y sobre el cual la alianza se ha negado sistemáticamente a apoyar. El Fideicomiso ciego, que tiene por objetivo, justamente buscar una solución jurídica a un problema de hecho como lo son los conflictos de interés entre la actividad pública y los negocios en el sector privado.

Màs allà de la situación coyuntural, Chile debe ponerse pantalones largos en esta materia y crear un sistema de reciprocidad entre la transparencia del sector público y la transparencia que debe imperar en la relaciòn negocios y política o actividad pùblica.

Aunque parezca difícil debemos ser capaces de hacer abstracción de los gobernantes de turno y dar pronta, adecuada y feliz solución a estas situaciones de hecho que sòlo contribuyen a incrementar el manto de dudas que pesa sobre la actividad pública y, en particular respecto de quienes la ejercen.

En los países subdesarrollados o en vìas de desarrollo, la focalización de los recursos públicos que la autoridad haga impacta de manera direta en los màs desposeídos, por ello es que los deseos iniciales es que a este equipo le vaya bien. No obstante, como parlamentario de oposición me debo a los ciudadanos, no sòlo a aquellos de mi distrito sino a todos los que por diversas circunstancias requieren de un apoyo para mejorar su calidad de vida y, en tal condición defenderè aquellos proyectos que beneficien a los que tienen menos y disminuyan la desigualdad. Si en el transcurso de la gestión algunos de estos integrantes se aparta del objetivo de disminuir la desigualdad será debidamente representado de manera directa y respetuosa como corresponde a una democracia que abraza el bicentenario y a una generación que ya no sòlo mira el futuro, sino que trabaja en la construcción de un futuro mejor.

REVOLUCIÒN DIGITAL Y DEMOCRACIA

Chile ha cambiado. Las chilenas y chilenos no somos los mismos que hace una década. Un quinquenio o un par de años. Los avances sociales, económicos, en libertades y tecnològicos han ido cambiando nuestra fisonomía social y, con ello nuestras características básicas.

El nacimiento de la imprenta permitió poner por escrito lo que muchos pensaban o declamaban sin mayor impacto. La verdad ya no era lo que dictaba el patrón, había màs opiniones y oportunidades para conocerlas. Con la impresión de la palabra nació la sociedad de la razón y, desde allì avanzamos a la sociedad democràtica. Los ciudadanos pudieron iniciar un proceso de conocimiento de la diversidad y de un conjunto de derechos que anteriormente ignoraban de su existencia. Pudieron comparar procesos e ideas y, con ello, incrementar su capacidad de discernir sobre su realidad y sus gobernantes.

Hoy, nuestra generación y, en particular quienes nos están sucediendo tenemos el privilegio de ser protagonistas de la historia. De una nueva revolución que, al igual que la imprenta, està cambiando de manera definitiva el curso de la historia y de nuestros pueblos. Si la imprenta permitió poner por escrito y difundir entre los ciudadanos de una determinada localidad diversas ideas o discusiones y con ello surgieron cuestionamientos al “sistema”; la revolución digital definitivamente mutarà los destinos del mundo en mucho menor tiempo, dada su instantaneidad, democracia y amplitud de oferta. La revolución digital esta permitiendo que los ciudadanos de hoy conozcan de primera fuente y en tiempo real los hechos que acaecen al otro lado del mundo. Es susceptible comparar estilos de gobierno, procesos sociales, evolución en los derechos, e incluso, buscar solidaridad internacional a fenómenos locales. Es decir, el surgimiento de internet como carretera de la información està transformando la forma de vivir y de relacionarnos en una comunidad. Conceptos como chat, comunidad global, live streaming, mail, twitter y muchos otros están en el léxico habitual de la nueva sociedad digital de nuestro país. Los medios de comunicación han debido evolucionar con rapidez a fin de salvar su existencia y permanecer vigentes ante ciudadanos globales, conectados e informados; que en tiempo real pueden informarse por la red sin esperar la impresión de noticias o acontecimientos. El sector productivo utiliza la red como forma de promoción de negocios y penetración de nuevos mercados. Los proveedores de servicios que hoy no están en la red prácticamente quedan marginados de nuevas oportunidades.

De igual forma, la política no puede, ni debe quedar fuera de este proceso. La revolución digital le ofrece, en momentos de profundo cuestionamiento global, una salida amigable y una reconexiòn con la ciudadanía. Asì, las tecnologías disponibles permiten acercar la actividad política a los ciudadanos/electores a fin de mantener comunicación permanente que permita la interrelación ya no sòlo como oferta de servicio, sino como mecanismo de ida y vuelta de información, ideas, proyectos, planes y programas. Mecanismo de legitimación de la actividad pública, en particular en la relación entre representantes populares y representados. Hoy es posible conocer en tiempo real la asistencia y votación e representantes populares. Es posible crear sistema de consulta de opinión de determinados proyectos ex ante su discusión en el parlamento. Resulta viable crear livestreaming periódicos para intercambiar opiniones o abrir puertas a propuestas ciudadanas. Es decir, hoy la democracia puede ser fortalecida y profundizada gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, debemos ser capaces de hacerlo y, de promoverlo no solo como moda, o para mejorar la imagen de la actividad; sino como mecanismo de accountability de la actividad pública.

Es de esperar que el nuevo gobierno continúe y acelere el proceso de fortalecimiento de la conectividad y avance sustancialmente en la adecuada regulación del mercado de internet a fin de crear estándares básicos de calidad del servicio. Propender a la implementación de nuevas inversiones pùblicas y privadas que mejoren la conectividad para no quedarnos al margen de esta carretera global de comunicaciones. Consagrar la neutralidad de la red y velar por la existencia de verdadera competencia en este mercado que, tal como señalè anteriormente, ya no constituye un servicio tecnològico adicional, sino que se ha transformado en una necesidad para profundizar el desarrollo y nuestra democracia.