domingo, 30 de mayo de 2010

FELIZ DÍA DEL PATRIMONIO NACIONAL

Al conmemorarse el "Día del Patrimonio Nacional" quisiera enviar mis saludos a las organizaciones ciudadanas y vecinos de las 104 zonas típicas de nuestro país. En el año del bicentenario, debemos ser capaces de proyectar nuestro salto definitivo al desarrollo con pleno respeto a nuestra historia y tradición arquitectónica. No hay sociedad que avance sin reconocer su historia y su arquitectura. En tal sentido, recientemente la H. Cámara de Diputados, por primera vez en la historia republicana, ha creado por unanimidad de sus miembros la "Comisión Especial de protección del patrimonio histórico y zonas típicas," a fin de legislar en pos de la conservación y restauración de la arquitectura fundacional de nuestra república. Como coordinador de la "Bancada Patrimonial", reitero mis saludos e insto a las autoridades locales, regionales y nacionales a considerar la reparación y restauración como elementos del proceso de reconstrucción nacional, a fin de no derribar todo lo dañado ya que con ello se borran las historias de nuestros pueblos, ciudades y nuestra patria.

Finalmente, creo oportuno proponer a la autoridad la creación de incentivos y subsidios para la conservación y restauración de edificios o residencias patrimoniales, a fin de evitar que la declaración como inmueble patrimonial constituya un gravamen imposible de costear para sus propietarios, y así conservar las casas que habitaron los fundadores de la patria.

Felipe Harboe Bascuñán
Diputado de
la República
Coordinador Bancada Patrimonial
Cámara de Diputados

viernes, 30 de abril de 2010

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS: UNA MIRADA DE FUTURO

No cabe duda que las escuchas telefónicas constituyen una importante herramienta intrusiva en la persecución penal. De hecho, ya son cientos las causas que han logrado resolverse con sanciones punitivas, al comprobarse el hecho punible, la participación o el encubrimiento de un crimen, a través de esta medida.

No obstante reconocer su utilidad y necesidad, creo necesario advertir que las interceptaciones telefónicas constituyen una medida intrusiva, que afecta garantías constitucionales, como el respeto y la protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, consignadas en los numerales 4 y 5 respectivamente, del artículo 19 de la Carta Fundamental. Es justamente esta última disposición, la que deja a la ley y no a otra fórmula, el mecanismo para la interceptación de las comunicaciones privadas, a fin de asegurar el rango normativo de su regulación. Su aplicación debe ser excepcional y previa autorización de una institución diversa de aquella encargada de la persecución criminal. En efecto, el persecutor como encargado de dirigir las investigaciones puede realizar un conjunto de actuaciones procesales e investigativas destinadas a comprobar la responsabilidad de sus investigados. Pero, su límite natural aparece cuando dentro de sus acciones requiere vulnerar o afectar alguna garantía constitucional. Este es un caso típico. Es allí entonces donde aparece un tercero, ajeno a la institución (Juez de garantía), quién se encarga de evaluar y ponderar en atención a antecedentes objetivos presentados por el fiscal, si excepcionalmente, se puede autorizar la afectación y limitación de dicha garantía constitucional, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

El anuncio del señor Fiscal Nacional, en orden a implementar un sistema propio de interceptaciones telefónicas, ciertamente responde a la intención de mejorar las técnicas intrusivas en beneficio de la investigación. Pero genera dudas, en cuanto a la conveniencia que sea justamente la entidad prosecutora -encargada de solicitar estas medidas intrusivas- quien posea dicha tecnología.

El actual debate requiere observar la experiencia internacional, la cuál, lejos de ser uniforme, mayoritariamente se orienta a la creación de un sistema interinstitucional de interceptaciones telefónicas, donde coexisten representantes de la entidad persecutora, del poder judicial, de la agencia de inteligencia (según proceda), de las compañías de telecomunicaciones y de las policías. Esta integración, junto con asignar al Juez de garantía (o su similar) la facultad de autorizarlas, permite la creación de protocolos y procesos predeterminados, expeditos y seguros donde coexisten representantes de las diversas instituciones involucradas en un espacio común, creando un control interinstitucional, destinado a evitar eventuales abusos o errores que puedan cometerse en el uso de dicha medida intrusiva.

La regulación de procedimientos, atribuciones y sanciones por mal uso, es normada por lo general por preceptos legales, a fin de evitar discrecionalidades de autoridad o del funcionario de turno, que puedan entorpecer dicho procedimiento o abusen del mismo. Junto con ello, se establece por ley la obligación que asiste a las compañías de telecomunicaciones de proceder a aplicar la respectiva medida intrusiva cumplidos los procedimientos de verificación interinstitucional, evitando excusas en su aplicación, por carecer de líneas disponibles, lo que muchas veces frustra algunas investigaciones, donde la oportunidad de la medida marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de su utilización.Ciertamente debemos incrementar los mecanismos de lucha contra el crimen organizado, pero ello debe llevarse a efecto con pleno respeto a las garantías fundamentales y, cuando se requiera su afectación en beneficio de la sociedad toda, su procedimiento de aplicación sea lo suficientemente reglado y protegido, para no amparar errores o abusos que puedan implicar injusticias o afectación de la vida privada de ciudadanos honestos.

miércoles, 14 de abril de 2010

DATOS PERSONALES, INSTITUCIONALIDAD E IMPACTO SOCIAL

Las economías modernas poseen un sistema que registra el comportamiento de pago de los ciudadanos. En general, se trata de una institucionalidad pública con normas regulatorias de rango legal, y sujetas al control de legalidad de actos de administración, de parte de otras instituciones públicas. Su ámbito de aplicación alcanza la formación, administración, procesamiento y protección de los datos personales de los ciudadanos, en particular, los relativos a sus actividades comerciales o crediticias.

En cuanto a la temporalidad de la información crediticia de los ciudadanos, estas agencias mantienen ésta actualizada por rangos de tiempo, que varían entre los 5, 10, 15 y 20 años. Esto permite que los administradores de la agencia y sus analistas, observen el comportamiento de pago de los ciudadanos en un horizonte de largo plazo, pudiendo advertir comportamientos globales y eventuales coyunturas que afectaron su capacidad de pago, pudiendo proyectar con mayor justicia y objetividad una opinión respecto de la disposición de pago que posee un individuo. Dicho de otro modo, estas bases de datos contienen la información histórica, tanto positiva como la negativa, pudiendo el analista sacar conclusiones basadas en el comportamiento general y no sólo basado en incumplimientos momentáneos.

Otra diferencia con nuestro sistema, es que dicha información no es de acceso público. En efecto, en las economías modernas el sistema se basa en el principio de la “finalidad del dato”. Es decir, sólo pueden acceder a los antecedentes comerciales de un ciudadano, quien justifique un fin legítimo sobre ellos (contratos, suscripciones, otorgamiento de créditos, recepción de documentos a futuro, etc.) Justificado el fin, la agencia da traslado al ciudadano cuyos antecedentes han sido solicitados, y éste tiene la facultad de aceptar o rechazar el acceso del solicitante a su propio riesgo. Es decir, si un ciudadano no acepta que un solicitante acceda a sus antecedentes, obviamente está asumiendo que dicha persona, al no conocer sus antecedentes pueda negarse a la aceptación de un documento de garantía u otra contratación que pretendía realizar.

Como se observa, el sistema de administración y manejo de antecedentes comerciales de las economías desarrolladas es completo y desde el punto de vista de su accesibilidad es restrictivo, toda vez que parte del supuesto que los datos personales son parte de la propiedad de cada sujeto y su uso debe ser para efectos de la seguridad mercantil de ciertas instituciones o personas que justifiquen su conocimiento y no de uso o tráfico común.

En Chile, la regulación de la protección de datos personales es precaria, y en general de escasa aplicación práctica. Si bien las normas contienen cierta regulación y se consigna la protección de los datos personales, la cantidad de omisiones es tal, que deja abierta la puerta para la peligrosa situación que vivimos hoy.

No es un secreto que los bancos e instituciones financieras manejan bases de datos que reflejan el comportamiento de pago de sus clientes. Situación de suyo legítima, toda vez que la colocación de recursos debe ampararse en capacidad de pago de sus clientes. No obstante, el manejo reservado que se hace de ellas, difiere sustancialmente de lo que pasa con las bases de datos de acceso público disponibles en el mercado.

El surgimiento de Dicom como empresa privada, hoy multinacional, y su lucrativo negocio de la venta de antecedentes de terceros, está generando consecuencias originalmente insospechadas y socialmente nefastas para las personas, familias, emprendedores y para toda la sociedad. En efecto, el uso y abuso de dicha información de parte de terceros, está significando que en Chile sea más grave “estar en Dicom” (poseer antecedentes de incumplimientos comerciales), que poseer antecedentes penales. De partida, dicha empresa maneja información parcial y coyuntural, sólo relativa a incumplimientos y nada exhibe respecto del buen comportamiento comercial o pagos. Esta situación, obviamente condiciona el juicio que se hace al solicitante de la información, ya que lo único que observa, son los incumplimientos comerciales y no la consolidación positiva y negativa de la información. Luego, la información exhibida es de irregular temporalidad, lo que también condiciona los análisis y proyecciones de riesgo de los ciudadanos morosos.

Por otra parte, el acceso universal a la información, es otro aspecto que comenzó a afectar a quienes aparecen con antecedentes de morosidad, ya que al tratarse sólo de información negativa y de acceso universal, cualquier ciudadano puede solicitarla y hacerse un juicio basado en la información negativa y, por ende coartar las posibilidades de actividades comerciales, de garantía e incluso laborales del consultado.

Desde el punto de vista social, el uso y abuso de las bases de datos de antecedentes comerciales, está condicionando el desarrollo y emprendimiento de muchas personas, familias, micro y pequeñas empresas. El comercio público de sus datos (con las deficiencias señaladas) perjudica de manera invariable a un creciente sector de la sociedad. Hoy por hoy, muchos padres o madres no pueden matricular a sus hijos en colegios particulares subvencionados o de educación superior privada, porque no les aceptan documentar con títulos de crédito al “estar en Dicom”. De igual forma se les niega el acceso a un teléfono móvil, o a la atención de urgencia en alguna entidad de salud privada al no poder documentar con letra de cambio o pagaré. Pero lo que sin duda resulta más grave, es que en la actualidad algunas empresas y entidades públicas están exigiendo los antecedentes de Dicom para otorgar oportunidades laborales, lo que se ha transformado en una forma de marginación social a quienes se encuentren en dicho registro. Es decir, la sociedad les está enviando el mensaje de que si no pagan sus deudas, no pueden acceder al trabajo. Siendo imposible que alguien pague sus deudas, si carece de fuente laboral al tener antecedentes de incumplimientos mercantiles. Es un círculo vicioso que condena a la persona, familia y a un segmento social a vivir al margen del sistema crediticio y laboral formal, fomentando la informalidad e incluso en algunos casos desesperados, la ilegalidad parta sobrevivir.

Nuestro derecho civil descansa sobre un principio básico, la buena fe. Más allá del fomento de algunos a la desconfianza generalizada, debemos mantener la institución que Andrés Bello plasmara en nuestro Código Civil. Quien contrae una obligación comercial, por regla general, es porque se encuentra en condiciones de pagarla y está dispuesto a ello. El problema surge cuando imponderables aparecen y afectan la capacidad de pago. El accidente o enfermedad catastrófica de algún miembro de la familia, la muerte del proveedor o la cesantía involuntaria. Se trata entonces, de personas que regularmente han pagado sus obligaciones, quieren pagar pero no pueden: esa gente no merece una condena a la marginalidad comercial, sino un apoyo para empezar de nuevo y reemprender. Eso es lo que estamos proponiendo. No se trata de una condonación de deudas, ya que hay muchos acreedores que requieren de esos pagos para salir adelante. Se trata sólo de borrar los antecedentes de DICOM por única vez,a fin de evitar que su uso indiscriminado incremente los márgenes de segregación social y siga incrementando los niveles de cesantía de personas por el hecho de poseer deudas.

En Chile, actualmente es posible borrar por una única vez en la vida los antecedentes penales (crímenes y simples delitos) que comete una persona. ¿Por qué entonces no podrían borrarse por única vez las morosidades? Ser deudor no puede ser sinónimo de ser delincuente, hay muchos y muchas, que quieren pagar y no pueden porque el sistema los margina por el sólo hecho de tener un documento impago, morosidad o un simple retraso.

El Movimiento ACCION agrupa a miles de ciudadanos de diversos pensamientos, credos, posiciones, orígenes y lugares de residencia. Tiene por objetivo poner las manos en acción para modificar algunos aspectos de la sociedad que nos están perjudicando y hacer una sociedad más integradora, no sólo en el discurso, sino con hechos. A través de esta campaña, el movimiento ACCION te convoca a recolectar firmas para pedirle al gobierno que envíe un proyecto de ley, que permita eliminar por única vez los antecedentes del Dicom y que junto a ello se establezca una regulación a futuro que termine con el manejo indiscriminado de tus antecedentes comerciales.

La invitación está hecha, el desafío es enorme pero el objetivo es noble y beneficiaría a millones de compatriotas de cara al Bicentenario. Súmate aACCION y Firma para borrar tu Dicom.

jueves, 8 de abril de 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA

DIPUTADO FELIPE HARBOE RESPONDE
DECLARACIONES DE SENADOR QUINTANA

Frente a las declaraciones vertidas por el Senador Jaime Quintana creo necesario hacer presente algunas consideraciones:

1- Parece poco serio que un Senador de la República realice juicios apresurados basados en información de prensa y sin siquiera leer las declaraciones a las cuales se refiere.

2- El compromiso con los DD.HH. ha sido, es y será parte fundamental no sólo del PPD sino de muchas personas que creemos en la promoción y respeto de los mismos. Sobretodo de aquellos que hemos trabajado y apoyado con hechos y no sólo con palabras el programa de Derechos Humanos que ha representado judicialmente a los familiares de víctimas de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

3- Respecto del nombramiento del Director de Gendarmería reitero lo señalado precedentemente en el sentido que jamás he apoyado su nombramiento como Director de dicha institución, siendo dicha una facultad exclusiva del Presidente de la República y, mi declaración se refiere exclusivamente al proceso de ascensos del año 2004 donde he señalado un hecho objetivo de público conocimiento en el sentido que el General® Iván Andrusco a esa fecha no tenía procesamiento ni condena judicial alguna.

4- Finalmente creo necesario hacer un llamado a incrementar los niveles de rigurosidad en la actividad política a fin de disminuir el creciente desprestigio de esta actividad tan necesaria para el país, sobretodo en momentos donde las ansias de protagonismos personales deben dar paso a la unidad por la reconstrucción del país.

FELIPE HARBOE
Diputado de la República

lunes, 22 de marzo de 2010

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, BASES DE DATOS, REGULACIÓN E INDULTO BICENTENARIO A DEUDORES DICOM

En todas las economías desarrolladas existe un sistema de registro de datos personales, donde se consignan diversos documentos, desde antecedentes penales, de identificación, domicilio, en fin, cada día un mayor cúmulo de datos de los individuos. De igual forma las economías requieren conocer el comportamiento comercial o mercantil de sus ciudadanos económicamente activos, lo que se logra a través de los registros de los datos comerciales de las personas. Esta información es relevante para los bancos e instituciones financieras y, de igual manera lo constituye para las empresas, cualquiera sea su tamaño de facturación. En efecto, gracias a este tipo de información, es posible advertir eventuales riesgos de contratación mercantil ante personas de mal comportamiento de pagos, lo que da certeza a las relaciones comerciales y contribuye a disminuir los fraudes en las relaciones mercantiles.

La transparencia y la protección de los datos personales constituyen las dos caras de una misma moneda. Así, mientras se incrementan las normas sobre transparencia en algunos sectores, como contraparte se requiere que los datos recabados sean administrados, guardando la debida confidencialidad de dicha información para no perjudicar, o al menos exponer innecesariamente a sus titulares.

Un principio rector de la protección de antecedentes personales, es el denominado “principio de la finalidad del dato”. Este principio reconoce primariamente, el derecho de propiedad que todos los individuos poseen sobre todos sus datos personales, salvo aquellos que la ley expresamente consigne como públicos. En tal sentido, la legislación asociada, mantiene un sistema de protección de los datos personales destinado a evitar el uso y abuso de los mismos, de parte de terceras personas; permitiendo su acceso excepcional a quienes justifiquen un interés objetivo en dicho dato, lo que debe ser probado y previamente conocido por el titular de los datos. Con este, se evita que empresas privadas constituyan bases de datos destinadas a comercializar los antecedentes o datos personales de terceras personas, lucrando con datos ajenos y exponiendo a riesgos innecesarios a los titulares de los mismos.

En Chile el desarrollo del mercado de datos de carácter personal, se ha desarrollado de manera inorgánica. En efecto, hoy existe un prolífico mercado destinado a la constitución, administración y comercialización de bases con datos personales de personas naturales y también personas jurídicas. El desarrollo de este segmento de negocios ha ido mucho más rápido que su regulación, tanto así que hoy en día, existen múltiples proyectos de ley de diverso origen, que buscan regular este mercado, conteniendo los impactos negativos que la práctica desregulada ha generado en el país.

Es dable pensar que exista una entidad que sea capaz de almacenar y administrar los antecedentes comerciales de personas naturales y jurídicas, a fin de orientar a quien pretenda contratar, respecto de su historia y comportamiento mercantil. Uno de los problemas actuales, radica en que la información comercial disponible se reduce sólo a los incumplimientos y no a la historia positiva y negativa del ciudadano en cuanto sujeto de pago. Hoy por hoy, a través de Dicom o el Boletín Comercial, sólo es posible conocer los incumplimientos o morosidades mercantiles de un ciudadano, pero no se dispone del historial completo, es decir incorporando también su comportamiento positivo. La relevancia de ello es que al no consignar la información positiva, una persona que tradicionalmente ha pagado sus deudas, puede sufrir un inconveniente coyuntural e inesperado que afecte su capacidad de pago, sea el accidente de un familiar, la muerte del proveedor del hogar o la enfermedad catastrófica de algún miembro de la familia. Esta situación mermará su capacidad de pago y, al no consignar su positivo historial de pagos, sólo aparecerá al mundo de las bases de datos con la información negativa, generando un prejuicio de eventuales contratantes, haciéndole perder oportunidades o lisa y llanamente, marginándolo del mundo del crédito y hasta del laboral.

Otro problema actual es el acceso indiscriminado que se hace de dichas bases de datos. En efecto, hoy, se puede acceder a los datos personales de cualquier ciudadano, con el sólo pago de una determinada cantidad de dinero. Es decir, no hay mayor filtro que la capacidad económica del solicitante. ¿Por qué se puede cobrar por acceder a datos de terceras personas sin su consentimiento? La respuesta la ha dado el mercado, al señalar que lo que se cobra es la administración y ordenamiento de la información y no el acceso a la información misma. El resultado, sigue siendo la desprotección absoluta, vulneración del principio de la finalidad del dato y exposición imprudente de la vida personal y comercial de los ciudadanos, a manos de empresas que lucran con ello. Lo que es peor aún, es que la praxis ha llevado a instituciones públicas y privadas a utilizar estas bases de datos como elemento de selección, ya no sólo en los accesos a créditos, sino en el acceso a fuentes laborales. Así, a pesar de la expresa prohibición legal, muchas empresas, en particular de outsorcing, utilizan este elemento para discriminar a la hora de seleccionar personal para empresas o el estado. ¿Tener documentos impagos debe inhabilitar a un ciudadano para realizar actividades profesionales o laborales? Una mirada social señala que ciertamente no es sostenible ni justificable, toda vez que de no ser así, el dato mercantil se transforma en una condena que persigue al moroso, a fin de evitar que pueda trabajar y con ello saldar su deuda, generando un círculo vicioso entre la deuda y la incapacidad de encontrar fuente de trabajo. Pero lamentablemente la práctica está indicando otra respuesta. Cada día son más las empresas y servicios públicos, que discriminan en razón de los antecedentes comerciales (parciales como ya se dijo) y, lo que es peor es que se ha sumado a este proceso las entidades de educación privada. Así, hoy el 45% de los estudiantes de educación básica y media, asisten a colegios particulares subvencionados. El particular subvencionado es a la educación lo que para la vivienda es la casa propia. Es decir, el sueño de muchos en nuestro país. Lamentablemente, muchos establecimientos con este tipo de educación, exigen documentar mediante letras o pagaré, la colegiatura de los niños y, al observar los antecedentes comerciales de sus padres, muchas veces se produce el rechazo de dicha forma de documentación, impidiendo el ingreso de los menores a este tipo de educación, situación condenable en todas sus formas.
Por otra parte, la misma imposibilidad de documentar, afecta a quienes deben ingresar de urgencia a un establecimiento de salud privado, ya que al derogar la exigencia del cheque en garantía, muchas clínicas están exigiendo la suscripción de pagaré o letras de cambio con similares consecuencias que las descritas anteriormente.

Si pretendemos formar una sociedad donde la inclusión sea un principio inspirador, debemos ser capaces de enfrentar de una buena vez el tema de las bases de datos y los antecedentes comerciales de las personas, ya que por mejor voluntad que exista de la autoridad de turno, mientras siga usándose y abusándose de los datos de carácter personal mercantil de las personas, éstas se verán marginadas del desarrollo del país y de la sociedad; cada vez tendremos mayor cantidad de personas (y por ende familias) excluidas del progreso, obligadas a mirar el desarrollo como espectadores sin posibilidad de sumarse a la sociedad, ya que la existencia de una coyuntura o accidente personal o familiar que pudo afectar su capacidad de pago, los perseguirá de por vida, impidiéndoles acceder a créditos como forma de acceso a la vivienda, educación e incluso a una fuente laboral, lo que facilita la informalidad, marginalidad y en algunos casos desesperados la delincuencia como forma de proveerse de los medios de subsistencia personal y familiar.

Recientemente la iglesia católica ha solicitado a S.E. el Presidente de la República, que considere la posibilidad de otorgar un indulto especial del bicentenario a una cantidad considerable de presos por diversos delitos. Por su parte, el gobierno se ha abierto a dicha posibilidad y en la actualidad se encuentra estudiando la solicitud.

En razón de lo anteriormente expuesto y, considerando la importancia que para la reconstrucción nacional significa el emprendimiento y la posibilidad de optar a apoyo crediticio para la auto reparación, es que he solicitado a S.E. el Presidente de la República un indulto bicentenario a las personas que en la actualidad figuran en los registros de Dicom y que NO hayan sido condenadas por delitos económicos. La medida sería excepcional, por una única vez en nuestro país y con ocasión del bicentenario de la República. Serían beneficiados todos quienes figuran en dicho registro y que no hayan sido condenados por delitos económicos. El indulto sólo consistiría en borrar los antecedentes NO significando un perdonazo de sus deudas, ya que dicha situación afectaría el patrimonio de sus acreedores. De igual forma, éste no obsta a la continuidad de las acciones judiciales derivadas de las deudas vencidas. En consecuencia, el sentido del indulto solicitado es dar una segunda oportunidad a nuestros compatriotas que por alguna razón cesaron en el cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, y que quieren volver a empezar, pero mientras persistan sus antecedentes, no podrán hacerlo en perjuicio personal, familiar y de la sociedad toda.

Junto con lo anterior debemos iniciar un profundo debate sobre el sistema de registro y protección de datos personales, donde se consignen a futuro los incumplimientos con la misma fuerza de la información positiva del cumplimiento de obligaciones comerciales. Dicho sistema, deberá consignar el principio de la finalidad del dato y generar protección de tan importante activo personal. Sólo así crearemos un sistema que por una parte de certeza mercantil a las relaciones comerciales y, por la otra no se funde sólo en los incumplimientos, generando un historial completo de comportamientos comerciales, los que permitirán observar con mayor perspectiva la real voluntad y capacidad de pago de chilenas y chilenos.

miércoles, 17 de marzo de 2010

"DÉFICIT FISCAL... SÓLO EXCUSAS"

El gobierno ha planteado que se encuentra en una situación fiscal estrecha para financiar los costos del terremoto. Acusa que por una supuesta falta de recursos, debe barajar múltiples alternativas de financiamiento. Que el escenario que el gobierno enfrenta es complejo es del todo cierto. Que la situación fiscal es estrecha es completamente falso.

El gobierno de la Presidenta Bachelet dejó las arcas fiscales en una situación única en la historia de nuestro país. El Estado chileno no tiene deuda en términos netos. Más aun, es un acreedor neto. Hoy Chile tiene más de US$15.000 millones de dólares en activos en el exterior, ahorrados en fondos soberanos (equivalentes a más del 10% del PIB).

El año 2009 el Fisco tuvo un déficit de 4,5% del PIB. Dicho déficit fue el resultado de la crisis internacional, pero más importante aún, de la acción decidida del Estado para aliviar (exitosamente) el costo de la crisis en nuestras familias. Este déficit ha sido utilizado por las actuales autoridades como argumento para justificar la aparentemente “débil” situación fiscal. ¿Pero cual es la realidad? En los tres años previos, el superávit acumulado por el gobierno de la Presidenta Bachelet fue de 21,8% del PIB. Saque la cuenta: 21,8 menos 4,5 es un número MUY positivo. Eso es lo que heredó el gobierno del Presidente Piñera.

El otro argumento usado por la actual autoridad para justificar sus “problemas fiscales” es la falta de recursos en el Presupuesto de la Nación el año 2010. Ese Presupuesto, fue construido con un precio del cobre de $2,7 dólares la libra para el año 2010, precio que acumula en este año un promedio de US$ 3,3 dólares la libra. Las estimaciones privadas para el año 2010 señalan que dicho precio se mantendrá en torno a ese valor. ¿Qué implica ésto en términos presupuestarios? Que los ingresos del Fisco aumentarán en torno a los $4.000 millones de dólares este año (el equivalente al 2,7% del PIB). Es decir, el gobierno recibirá 4.000 millones de dólares en ingresos adicionales a los contemplados inicialmente.

Las estimaciones de crecimiento del PIB para el año 2010 de acuerdo a estimaciones del sector privado, post terremoto, no cambian mayormente respecto de las consideradas en el presupuesto fiscal del año 2010. Así, el resto de los ingresos fiscales no se verán mayormente afectados. Es decir, si el gobierno sigue la ley de presupuesto tendría un superávit fiscal. ¿Qué pasa con el 2% constitucional (uso adicional, por causa justificada, del 2% del gasto aprobado por el Congreso)? Está completamente financiado con los recursos extra que recibirá el Fisco. Y aún así el Fisco tendría un superávit.

Lo anterior es una descripción de los flujos de ingresos para el año 2010. ¿Qué pasa con la situación patrimonial del Fisco (activos menos deuda)? Inmejorable. Chile es un acreedor neto. Lo anterior implica que Chile puede obtener una cantidad significativa de recursos emitiendo deuda. Si se considera que países con riesgo soberano similar o incluso menor a Chile tienen deudas en torno a 20% del PIB, es claro que el problema de financiamiento que ha planteado el gobierno es mera ficción.

El gobierno ha señalado que está buscando formas alternativas de financiamiento. Que quede claro: no lo está haciendo porque la situación fiscal así lo requiera. Recursos hay. El gobierno puede señalar que traer dólares a la economía podría afectar el tipo de cambio. Este motivo no tiene nada que ver con la (inexistente) falta de recursos.

El problema mayor para la competitividad de nuestra economía no es cómo se financia el gasto público adicional, sino “cuánto” se quiere financiar. La competitividad de nuestra economía requiere que el gobierno sea muy serio en la cuantificación del costo del terremoto. La sólida situación fiscal no puede llamar al gobierno a la irresponsabilidad fiscal. De otra forma estaríamos arriesgando la recuperación de un sector clave en nuestra economía, el sector exportador.

Resumen. La situación fiscal que heredó el actual gobierno es inmejorable. Si no hace un buen trabajo sólo será producto de malas iniciativas (o la falta de iniciativas) para enfrentar el desafío. Esperemos que esto no ocurra, pero si ocurre tengamos claro que la excusa no será la situación fiscal.

martes, 16 de marzo de 2010

BONOS Y TERREMOTO

Estamos en plena discusión sobre el bono de Marzo comprometido por el Presidente Piñera en su campaña presidencial. No les parece algo increíble?. Pensar en pagar un bono con un costo cercano a los U$300 millones de dólares a muchas chilenas y chilenos que ciertamente lo requieren, pero que, dado el cambio fundamental de las circunstancias carece de lógica, seriedad y oportunidad.

Los bonos son una tentación de todo gobierno y toda tendencia política para recuperar el apoyo popular en el corto plazo. A la ciudadanía le gusta recibir un cheque nominativo para poder gastarlo libremente. Pero hay momentos para ellos y otros para evitarlos. Ciertamente, en medio de una situación de crisis económica severa, con alza del desempleo por sobre los dos dígitos, incremento en el costo de la canasta básica y costos de la vida desproporcionados, la aparición de un bono “extraordinario” y “excepcional” parece como un apoyo a la superación de dicha coyuntura. Pero institucionalizar el pago de bonos como forma de ayuda social, parece más un intento por sobrellevar las culpas por las desigualdades e injusticias sociales propias del actual sistema, sin intención de corregirlo en su base. Parece algo mezquino, superficial y populista.

¿Es la asignación de bonos la forma de enfrentar las necesidades sociales? ¿Será que la política sólo se circunscribirá a la obtención de resultados de corto plazo? Esta discusión ciertamente puede ser impopular. Pero quienes ejercemos funciones públicas, somos llamados a trabajar mirando el interés nacional más allá de los aplausos y opiniones para la galería.

Creo que sería mejor, hacernos cargo de las desigualdades sociales a través de la elaboración de instrumentos de corto, mediano y largo plazo, que permitan a quienes tienen necesidades, enfrentarlas con oportunidades y herramientas suficientes para superar la condición de marginalidad y segregación, mejorando la dignidad de las familias chilenas. No creo sea bueno mantener la “desigualdad estructural con bonos esporádicos”. Esto sólo contribuirá a subvencionar un sistema injusto, sin hacerse cargo de las modificaciones de fondo que hemos de enfrentar, y sólo calmará parcialmente las necesidades coyunturales de unos y las conciencias de otros.

La reflexión planteada no tiene que ver con el autor de la iniciativa o, a estas alturas promesa de campaña. Esto vale para todos aquellos que vean en los bonos, la forma de enfrentar la desigualdad, más allá de las diferencias políticas.

El Presidente, en su campaña presidencial comprometió la entrega de un bono de $40.000 pesos a cuatro millones de compatriotas. En aquél entonces, había desempleo alto y navegábamos por la crisis económica. Hoy el escenario cambió. Y cambió radicalmente. Chile sufrió el más devastador terremoto de los últimos tiempos. Muchas chilenas y chilenos que hasta entonces no requerían de apoyo social, hoy, quizás lo requieran con urgencia. Los pobres post 27/2 son más y distintos de los que había previamente a ese día. Puede entonces, darse el absurdo que muchas familias afectadas no reciban el bono comprometido, ya que la institucionalidad social es incapaz de incorporarlos con tanta celeridad en los catastros de los “socialmente vulnerables”.

Hoy, más que nunca, todos los recursos económicos deben estar dispuestos para ayudar a los afectados por el sismo, no hay tiempo para bonos extraordinarios. Se dice que los costos aproximados de la reconstrucción llegarán a los U$30.000 millones. La autoridad señala que carecemos de dicha cantidad y, no se explica entonces el por qué persisten en el pago del bono que costará aproximadamente U$300 millones de dólares, aún en las actuales circunstancias y premura presupuestaria.

Si el Presidente retira el bono y explica las razones, sería comprensible, sería una muestra de seriedad en la conducción económica y un claro golpe de timón a la tentación de pagar promesas de campaña, en razón de la nueva realidad social y económica del país.

Veremos qué camino tomarán las autoridades. El camino largo, serio y difícil, de suspender el pago del bono y reasignarlo para disminuir los déficits para la reconstrucción y ayuda social para las familias afectadas. O el camino corto, del aplauso fácil, para aparecer cumpliendo una promesa de campaña más allá del interés y la premura nacional.

Para descargar el Proyecto del Presidente de la República sobre proyecto que otorga bono Solidario, haz click aquí

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