ACUERDO ANTIDELINCUENCIA

Desde hace algunos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ubicar a la seguridad pública dentro de los denominados “temas país”. A fin de lograr grandes acuerdos que posibiliten implementar normativas, planes y programas que conduzcan al logro de un objetivo transversal como lo es la seguridad de las personas y sus bienes.

Para ello, resulta fundamental poner determinadas condiciones básicas al debate sobre el tema. La seguridad pública no es sólo cuestión de sanciones, control y procedimientos judiciales. Por cierto estos aspectos son constitutivos de cualquier política pública de seguridad, pero no constituyen por sí solos la solución a un flagelo multicausal.

La experiencia internacional de países que han logrado disminuir considerablemente los niveles de victimización, nos señala que han desarrollado políticas integrales, donde la línea entre política social y de seguridad se torna cada vez más tenue e incluso se desdibuja. En efecto, aquellos países que han sido capaces de articular las políticas sociales en función de los social o situacionalmente segregados, excluidos o marginados; y de aquellos que conviven a diario con condiciones objetivas de riesgo social han visto disminuidas en un porcentaje considerable las causas de la violencia urbana y, muchas veces de la delincuencia asociada.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), constituye un avance a este respecto. En efecto, la capacidad de articular y coordinar a la institucionalidad pública para invertir territorialmente con objetivos intersectoriales -si bien es un proceso largo y complejo que rompe con la tradición histórica de la sectorialización de las políticas públicas- apunta justamente a hacer cada día más eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos. Entonces, al hablar de los presupuestos asignados a seguridad, no es dable reducirlos a los recursos asignados a las policías y al Ministerio del interior; sino que se debe considerar los incrementos presupuestarios en el programa de reescolarización para jóvenes desertores o los programas de mediación escolar del Mineduc. El aumento de recursos para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de jóvenes consumidores de drogas que otorga el plan AUGE del Minsal. La recuperación situacional de los barrios a través del programa Quiero mi barrio del Minvu. Los programas de reinserción socio ocupacional de ex reos que aplican los Ministerios de Justicia y Trabajo y fundaciones privadas. Los importantes y crecientes programas de atención a las víctimas que han realizado las Unidades de Víctimas del Ministerio de Justicia y recientemente los centros de víctimas del Ministerio del Interior; etc.

Podríamos seguir sumando programas que hoy forman parte de la ENSP y, lo más importante, que comienzan a conversar entre sí en función del logro del objetivo planteado, prevenir socialmente, situacionalmente, controlar, rehabilitar, reinsertar o atender a las víctimas según corresponda.

En su diseño, participaron instituciones públicas de gobierno, pero de igual forma instituciones autónomas como el Ministerio Pública y el Poder Judicial. Entidades operativas como carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Instituciones con gran raigambre social como las iglesias católica y evangélica. Representantes de la soberanía popular como parlamentarios y alcaldes. Agupaciones de empresarios y por cierto el principal capital social, los vecinos, a través de la Federación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. Es decir un amplio secrtor de la sociedad se puso de acuerdo en un instrumento que permita coordinar el avance de la política social y su influencia en las condiciones objetivas de seguridad. Los resultados serán de corto, mediano y largo plazo, ya que se trata de una política pública seria, responsable que intenta abordar el fenómeno en sus mas amplias dimensiones, ya que de lo contrario estaremos reduciendo el debate a un tema estrictamente procesalm, judicial o policial que ciertamente no permitirá superar los actuales indicadores de victimización.

Por lo anterior, es que nuevamente hacemos un llamado a todos los sectores para unirnos en torno a un tema de tanta relevancia como lo constituye la seguridad de las chilenas y chilenos, porque al igual que las relaciones exteriores del país, la defensa nacional, debemos ser capaces de integrar a la seguridad pública en la categoría de política de estado, ya que sólo así evitaremos recriminaciones recíprocas entre las derechas y las izquierdas y seremos capaces de enfrentar con altura de miras uno de los principales temas de preocupación ciudadana.

PLANES REGIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Uno de los principales desafíos que, como gobierno, asumimos al momento de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era desarrollar un sistema que diera cuenta de la nueva realidad de violencia, delitos y temor que vive Chile y, a la vez, optimizara la repuesta pública al fenómeno en su integralidad.

Sobre la base de este enfoque es que se definió como uno de los seis ejes orientadores de la estrategia el de la “Institucionalidad”, donde se comprometió la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública, un Servicio para la Prevención del Consumo de Drogas y una estructura territorial a través de la cual la estrategia pudiera concretarse a lo largo del país. Esto último se ha concretado en lo que denominamos “Planes Regionales de Seguridad Pública”, instrumentos de gestión que expresan la voluntad del Estado por responder a la realidad delictual de cada región de manera más eficiente y con una coordinación adecuada de todas las instituciones involucradas.

No es posible aplicar las mismas soluciones en el norte de Chile, donde se concentra un tipo particular de delitos, diversos de los ocurridos en la zona centro, en las grandes ciudades, pequeñas localidades rurales o en el sur de nuestra nación. Asumir esta realidad diversa nos permite contar con una Estrategia Nacional de Seguridad Pública realista, que se haga cargo de las particularidades de cada región, provincia o comuna.

Pensando en ello y en un principio básico de la gestión pública moderna, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, constituye un instrumento de gestión, ordenador, eficiente y eficaz que de cara al país compromete la reducción del número de hogares victimizados por algún delito al menos en un 10%, lo que equivale a 150 mil hogares menos; y el número estimado de delitos de mayor connotación social, al menos en un 9%, equivalente a 250 mil delitos.

Desde noviembre del año pasado, cuando dimos a conocer públicamente la estrategia, las trece intendencias del país se abocaron a crear los Consejos Regionales de Seguridad Pública, órganos responsables de coordinar los planes, que contienen un diagnóstico delictivo de la zona, metas concretas y acciones que permitan alcanzarlas. Estas últimas, además, en línea con los ámbitos de trabajo prioritarios definidos por la Estrategia Nacional, Institucionalidad, Información, Prevención Social y Situacional, Rehabilitación, Control y Sanción y Asistencia a Víctimas. Todos aspectos centrales de una visión sistémica del fenómeno delictual, capaz de enfrentar de manera integral un fenómeno que atemoriza a la ciudadanía.

Respecto del diagnóstico, los Planes Regionales se sustentaron en la información entregada por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), lo que permitirá dirigir los esfuerzos a reducir la victimización real, superándose así, la tendencia de medir la criminalidad exclusivamente a partir de las estadísticas de denuncias, y por tanto, supeditar los avances en seguridad sólo al aumento o baja de éstas.

En cuanto a las metas en victimización, éstas por primera vez han comprometido a toda la región y no sólo a microespacios al interior de ellas como comunas o barrios. Si bien esto constituye un trabajo más difícil y ambicioso, permitirá verificar efectivamente el resultado de cada estrategia. Relacionado con lo anterior, los planes incorporaron, de manera inédita, compromisos concretos de Carabineros, que se traducen en objetivos y responsabilidades precisas.

Como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enfrenta con igual énfasis el control y la prevención, los Planes Regionales de Seguridad Pública también incluyeron acciones relacionadas con los factores sociales y situacionales que potencian la delincuencia.

La puesta en marcha de los Planes Regionales de Seguridad Pública viene a demostrar el compromiso real que tenemos como gobierno de enfrentar el fenómeno de la delincuencia con soluciones efectivas, permanentes en el tiempo, y no efectistas, que respondan sólo a intereses coyunturales. Así entendemos que debe ser una Política de Estado con visión de País.

El llamado final es a redoblar esfuerzos para materializar este inédito instrumento de gestión en una aplicación práctica que permita a cada ciudadano gozar de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Esta tarea no es sólo de los funcionarios de gobierno, aquí hay un compromiso de instituciones policiales, empresariales, legislativas, vecinales, eclesiásticas, en fin, de la sociedad en su conjunto, ya que somos muchos más los que queremos vivir con crecientes grados de tranquilidad y no podemos sesgar en el esfuerzo de aportar a un chile más seguro.

CENTROS DE VÍCTIMAS

La reciente inauguración del primer Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos, marca el inicio del proceso de concreción de una política de estado en el trato a las víctimas de la delincuencia. En efecto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lanzada en Noviembre del año pasado por S.E. la Presidenta de la República, contempla dentro de sus ejes estratégicos la adopción de políticas eficaces para dar debida orientación y protección a aquellas personas o familias que han sido víctimas de delitos violentos.

Lo que se ha materializado es la consolidación de una red nacional de apoyo, orientación y reparación de las víctimas, con la participación de un número importante de instituciones, dentro de las cuales destacan el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Sernam, entre otros. Cada una de estas instituciones posee reconocidas capacidades profesionales y vasta experiencia en el tratamiento de las víctimas según sus propias especialidades o tiempos de intervención.

Hoy, la concreción de la red, permitirá derivaciones entre las diversas instituciones a fin de incrementar la oferta pública para la orientación, tratamiento y reparación de las víctimas de la delincuencia.

Cada región contará con un centro de atención cuya infraestructura y equipamiento poseen características comunes que hacen de dicho espacio un punto de encuentro y acogida a personas que han sido afectadas en su seguridad personal y que arrastran un drama humano y trauma familiar que requiere ser recibido en un entorno acogedor, con utilización de avanzadas técnicas para tratar los traumas infantiles, colectivos e individuales; donde un selecto grupo de profesionales, siquiatras infantiles y adultos, sicólogos, orientadores, asistentes sociales y abogados estarán prestos a recibir las derivaciones institucionales o atender a aquellas víctimas que voluntariamente accedan a este servicio del estado.

La infraestructura considerada implica que al año 2010 debemos contar con la instalación de al menos 1 de estos centros en cada una de las regiones del país (incluídas las nuevas regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota) y 4 en la región metropolitana a fin de dar adecuada cobertura a la demanda ciudadana.

Cada centro contará con un sistema de registro de atenciones, derivaciones, seguimiento y evaluaciones de calidad de atención de parte de los usuarios, a fin de mejorar día a día en un servicio tan esencial como la atención de víctimas.

 La iniciativa que se instala responde a la concepción integral del fenómeno delictual que enmarca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde la institucionalidad, información, prevención, control, sanción, rehabilitación y tratamiento de víctimas constituyen los ejes de acción en los cuales se están produciendo avances cualitativos y cuantitativos importantes gracias al compromiso de más de 8 ministerios, gobiernos regionales, Carabineros de Chile, Policía de investigaciones, Ministerio Público, municipios, iglesias, organizaciones empresariales y de trabajadores, organizaciones comunitarias, centros de estudio y parlamentarios, quienes con su dedicación y trabajo están aportando de manera decidida en la Política de estado que brindará mejores niveles de paz y tranquilidad a nuestro país.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Durante los últimos días, la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ha puesto en conocimiento de la ciudadanía el resultado de los estudios técnicos relativo a la totalidad de las denuncias registradas por delitos de mayor connotación social en el país durante el año 2006. Dicha publicación se refiere a un registro de las denuncias que los ciudadanos realizan ante las policías o el Ministerio público por los delitos consignados en tal clasificación. En consecuencia, no se trata de encuestas, entrevistas o estudios subjetivos o proyecciones del gobierno como se ha pretendido señalar; sino que de un REGISTRO que las policías realizan de las denuncias que reciben de parte de los ciudadanos por un determinado tipo de delitos.

Respecto de la categorización de los delitos de mayor connotación social, es dable recordar que ésta no responde a criterios antojadizos, sesgados o variables en el tiempo. Sino que a un acuerdo transversal entre los diversos centros de estudio, policías y gobierno hacia el año 1997, donde se estableció una categoría de delitos (DMCS) como forma de medición de la evolución delictual del país.

Con el correr del tiempo, si bien dicha categorización se ha mantenido estable, los sistemas de medición de la realidad delictual en el mundo han ido evolucionando de forma tal que se reconoce a las encuestas de victimización como el instrumento de mayor seriedad para lograr dicho objetivo, relegando a la evolución de denuncias a un segmento útil para focalizar el accionar policial y preventivo. Así, como se señalara en su oportunidad, el incremento en la tasa de denuncias, no necesariamente refleja un incremento de la delincuencia y viceversa, razón por la cual, a la hora de realizar análisis debe conservarse la mesura y consecuencia y utilizar dicho mecanismo como un buen antecedente para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el combate a la delincuencia, tanto desde la perspectiva de la prevención como del control y sanción.

Por su parte, es dable hacer presente que las encuestas de victimización requieren de algunos elementos para dotar de antecedentes dignos de proyecciones y análisis. Así, si la muestra es presencial sin duda posee mayor valor respecto de las consultas telefónicas,; de igual forma el período de muestra de campo resulta relevante, mientras mayor es el espacio muestral, mayor es la información que se permite recabar y, por tanto su representatividad. 

La interpretación que se haga de los datos recogidos debe ser mesurada, objetiva y carente de intencionalidades políticas. Así, por ejemplo, afirmar que el sólo hecho de tener un alza en la victimización durante un período marca una “tendencia” al alza delictual, carece de seriedad tanto como afirmar que el incremento de un sólo indicador inflacionario implicaría caer en recesión económica.

SEGURIDAD PÚBLICA, POLÍTICA DE ESTADO

Sin lugar a dudas, el año 2006 ha sido intenso para nuestro país. Nuevo Gobierno, manifestaciones estudiantiles y la muerte de Pinochet son biotones de muestra de un año vivido con particular intensidad.

En dicho marco, el país ha ido comprendiendo la necesidad de fortalecer el diálogo como forma de entendimiento y solución de las divergencias. Particularmente en aquellos temas donde la ciudadanía exige unidad, seriedad, responsabilidad, acción, eficacia y eficiencia en la implementación de políticas públicas. No cabe duda que dentro de dichas materias donde existe unanimidad en la necesidad de avanzar en conjunto se ubican las relaciones exteriores, toda vez que se trata de la representación de la nación toda ante la comunidad internacional. De igual forma las políticas relativas a la defensa nacional son abordadas como política de estado, donde pudiendo subsistir matices o divergencias legítimas entre los diversos actores, el tratamiento de las mismas exige un comportamiento público prudente acorde con la relevancia de los temas.

Un tema poco a poco ha ido ingresando en dicha categoría lo constituye la seguridad interior, pública o ciudadana. En efecto, según los estudios de opiniónla ciudadanía ubica el problema de la delincuencia dentro de sus principales preocupaciones

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DELINCUENCIA

Probablemente debería partir esta opinión con el título anverso, “delincuencia y medios de comunicación”, ya que como señalan los periodistas “los medios sólo intentan reflejar los problemas sociales”. No lo hice en razón de que durante los últimos días los medios de comunicación han sido el centro de la noticia.

La prensa en un régimen democrático donde impera el estado de derecho tiene asegurada su facultad de informar y, por consiguiente, los ciudadanos tienen derecho a ser oportunamente informados. Nadie ha discutido ni cuestionado tales derechos y quienes intenten desviar la discusión hacia dicho tema estarán aportando a que nuestro país no dé un paso más hacia la madurez socio política que requiere.

El trabajo de los medios de comunicación puede ser muchas veces incomprendido por aquellos que se sienten afectados, pero desde el punto de vista doctrinario deben mantenerse en su rol social de informar de manera veraz a la principal fuerza política difusa: la opinión pública.

Pero la emisión de noticias no puede convertir a los medios de comunicación en meros intermediarios de los hechos y los ciudadanos. Cada medio de comunicación, entonces, intenta darle un valor agregado, diferenciarse de su competencia a fin de captar audiencias y lograr su sustentabilidad económica dentro de un mercado concentrado pero muy competitivo.

En ese proceso, cada medio, de acuerdo con sus líneas editoriales va orientando este deber de informar hacia la captura de un público altamente disputado. Algunos optan por el espectáculo como tema principal, otros por el deporte, otros por la polémica y hay quienes han hecho de su línea editorial la inseguridad.

¿Qué diferencia hay entre estas diversas líneas editoriales?

Formalmente ninguna, todas responden a la libre orientación que sus propietarios quieren otorgarle a sus medios con el fin de aumentar su audiencia. Sin embargo, una mirada más de fondo permite advertir que difieren sustancialmente.

La vida de los artistas y el mundo del espectáculo generan un rédito a quienes las difunden, muchas veces potenciando artificialmente conflictos entre programas diferentes, buscando instalar dentro de las primeras audiencias a sus respectivos medios. Legítimo, ya que finalmente se trata de un negocio que debe lucrar.

Pero cuando en la línea editorial se utiliza un tema tan sensible como la seguridad de las personas y sus familias, las consecuencias pueden ser insospechadas. Basta observar los resultados de la encuesta nacional de victimización donde al ciudadano se le consultó ¿Ud. cree que la delincuencia ha aumentado en: a) su barrio; b) su comuna o c) el país?

Las respuestas fueron invariables. Un pequeño porcentaje consideró que la delincuencia había aumentado en su entorno inmediato, su barrio. Un porcentaje mayor, en su comuna y un porcentaje aún más alto, en el país. ¿Qué nos dice esta respuesta?, que a medida que el espacio donde se desenvuelve el ciudadano diaria y cotidianamente es más lejano, su sensación de inseguridad aumenta. A contrario sensu, en su entorno inmediato, recurrente y habitual, se siente mucho más seguro que en un espacio lejano y difuso.

¿Qué ocurre entonces? Sucede que la prominente difusión en los medios de comunicación de hechos delictivos está creando una sensación de inseguridad en los entornos lejanos y, lo que es peor, también en los cercanos, potenciando el encierro, rejas, alarmas y hasta la autodefensa, soluciones lucrativas para algunos pero inútiles para la gran mayoría.

A este respecto, me permitiré recoger una vivencia en la comuna de Lago Ranco, X Región, donde en el marco de una reunión con carabineros y la comunidad, una vecina sostuvo que vivía con miedo. Al señalarle el oficial de carabineros que en la comuna los últimos 6 meses se habían registrado sólo 2 delitos (hurto de animales), ésta señaló que la noche anterior un canal de televisión había transmitido durante 2 horas un programa especial que daba cuenta del comercio ilegal en el centro de santiago (“La tía Chela”). Al observar tal temor le manifesté que nos encontrábamos a mas de 500 kilómetro de distancia del centro de Santiago, que la “Tía chela” había sido detenida y que como habitante de Lago Ranco, disfrutara el hecho de ser residente de una de las comunas objetivamente más seguras del país.

Según el censo del año 2002, la gran mayoría de nuestra población posee televisores, los que se encuentran en un lugar de reunión familiar o la habitación. Si dichos medios transmiten un promedio de 25 minutos diarios de delitos, o de un total de 72 notas de prensa en un día, el 50% de ellas están relacionadas con la delincuencia, resulta absolutamente lógico que al igual que la vecina de Lago Ranco, muchos ciudadanos se sientan atemorizados ante el aparente incremento de los hechos ilícitos. ¿Cuál será entonces la responsabilidad social de los medios de comunicación? ¿Está supeditada a la obtención del rating? ¿Es la competencia económica más fuerte que los principios inspiradores de la comunicación o existe un tinte ideológico o electoral?

¿Será acaso necesario no informar de los delitos? La respuesta es categórica: NO. Lo que correspondería es que junto con dar a conocer la ocurrencia delitos, se realizaran notas relativas a la prevención y solución de los mismos, programas de inserción social, participación comunitaria preventiva, detenciones, condenas, testimonios de los cientos de ciudadanos que se han visto beneficiados con el nuevo sistema procesal. En fin, plantear el problema en su más amplia dimensión, poniendo el punto medio entre la prevención, el delito y sus soluciones, ya que sólo así se podrá dar fiel cumplimiento al rol de los medios en cuanto a informar y no deformar o magnificar una realidad objetiva. Estudios realizados por organismos independientes, nacionales e internacionales, dan cuenta de una estabilización en la tasa de denuncias de los delitos de mayor connotación social cuando el fenómeno es abordado como política país, con la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. Esto, sin duda aportará a que los ciudadanos puedan sentirse más tranquilos y conocer lo que, tanto parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales de todos los sectores políticos, las iglesias, el Gobierno y las policías, estamos realizando para aumentar los niveles de seguridad de nuestro país.

LAS MEDIDAS DE LAVÍN

Entre las múltiples medidas propuestas por el candidato de la Udi, Joaquín Lavín, quizás la más sensata ha sido prometer 12 mil Carabineros más. Sin embargo, el resto de sus promesas no dejan de llamar la atención, por lo que a continuación las analizaré por separado.

- LA TERCERA ES LA VENCIDA: Esta idea sacada de la legislación del estado de California, Estados Unidos, tiene su origen en el homicidio de una menor de apellido Klaas a manos de un delincuente de color, cuyo agravante era haber cometido con anterioridad dos delitos graves. La aprobación de “Three strikes and you are out” se produjo inmediatamente después de este dramático caso, y fue ampliando su ámbito de aplicación a los mas diversos delitos, lo que se ha traducido, por ejemplo, en condenas sin derecho a libertad de jóvenes cuyo tercer delito ha sido el hurto de películas en un conocido club de videos. El padre de la menor que motivó dicha iniciativa, y otrora ferviente defensor de la polémica medida, hoy se manifiesta contrario a ella por considerar que no enfrenta las causas originarias del flagelo delictual. Esto, porque su aplicación ha aumentado la desproporción entre delitos cometidos y penas excesivas; porque dicha medida, al impedir la libertad condicional del delincuente, produce un desarraigo familiar y social irreparable; porque no logra el objetivo de toda condena: la rehabilitación y posterior reinserción del delincuente; y porque, según las estadísticas de importantes centros de estudios norteamericanos, no ha implicado un impacto en la disminución de los delitos graves.

Según el estudio Punishment and Democracy: Three strikes and you’re out in California (Zimring, Hawkins, Kamin, 2004), el objetivo de “la tercera es la vencida” es eliminar la criminalidad violenta o grave centrándose en los autores que cometen un número desproporcionado de delitos. Se parte de la base que un porcentaje pequeño de delincuentes comete la mayoría de ellos, por lo que su encarcelación debería, teóricamente, reducir la tasa de criminalidad por los delitos que habrían de otro modo cometido.

Los legisladores californianos en un principio no vieron en la ley una forma de prevención sino que una manera de mantener encarcelados a los autores de una felonía que hubieran sido previamente condenados. Sin embargo, luego cambiaron la argumentación para explicar la baja en las tasas de criminalidad como resultado del efecto disuasivo de la ley, ya que en California éstas cayeron dramáticamente desde su implementación.

Pero la ley no es la causa de la baja en la tasa de criminalidad, ya que esta tendencia comenzó antes de su implementación y no se acentuó luego de ella. La ley tampoco significó un alza considerable de la población penal, la que ha experimentado un aumento paulatino y sostenido. De ser responsable de la baja en la tasa de criminalidad debería haberse producido un incremento importante, no paulatino, de la población penal. Tampoco se ha traducido en la encarcelación de delincuentes particularmente peligrosos o responsables de una cantidad desproporcionada de delitos.

Así se explica que la ciudad de Nueva York sea aquella en que más bajó la tasa de criminalidad sin tener una ley semejante y que las tasas de criminalidad en algunas comunas de California en que se ha aplicado inflexiblemente esta ley no hayan disminuido más que otras. De hecho, la criminalidad se redujo en un 21.3% en seis comunas que han aplicado la ley de manera más blanda, mientras que aquellas en que se aplicó estrictamente sólo bajó un 12.7%.

Finalmente, la tasa de criminalidad ha comenzado a subir nuevamente en California. Aumentó en un 8% en Los Angeles, donde se ha aplicado, pero bajó un 3% en San Francisco, donde no se está ejecutando. Tal como no puede atribuirse la caída de la tasa a su implementación, no puede atribuírsele el aumento de la misma. Obviamente inciden en ambos casos otros factores.

La primera pregunta planteada para evaluar la ley fue cuál era el porcentaje de delitos de los que eran responsables los imputados teóricamente objetivos de dicha ley. Si lo son de un porcentaje considerable, entonces su encarcelamiento debería producir una disminución de las tasas de criminalidad. Aunque los estudios realizados indican que el número de delitos cometidos ha bajado, no es posible determinar quiénes han dejado de cometerlos.

El estudio realizado en tres ciudades (Los Angeles, San Diego, San Francisco) demostró que los imputados a quienes era aplicable la ley por ser su tercer delito, cometían 3.3% del total de felonías, esto es, (1c/30) lo que contradice la afirmación de que ésta apunta a un número pequeño de delincuentes que son responsables de una cantidad desproporcionada de delitos. El estudio también demostró que tampoco son responsables de una parte importante del total de hechos violentos. Cerca de 1 c/23 delincuentes comunes comete delitos violentos, mientras que 1c/33 de los delincuentes objetivo de la ley lo hace. La decisión de incluir el robo residencial como un strike y cualquier felonía como tercer strike, ha significado que es menos probable que los delincuentes objetivos de la ley cometan un tercer delito violento que otros delincuentes.

Otro estudio elaborado por The Economist (Junio, 2004), señala que la comparación entre los estados de EEUU que han adoptado legislaciones de “la tercera es la vencida” y los que no lo han hecho permite desechar la simple relación entre la severidad del castigo y la prevención general. La criminalidad ha disminuido en todo el país y según algunos investigadores, cayó un 11% más en los 24 estados que no adoptaron dicha legislación. Incluso en aquellos que si lo hicieron, las comunas han aplicado esta legislación con diversos grados de intensidad, disminuyendo la criminalidad en mayor proporción en aquellos en que se aplicó con menor intensidad.

Al proyectar los potenciales efectos de la aplicación de la “tercera es la vencida” en nuestro país, es posible observar que un estudio realizado por el Ministerio del Interior, arrojó que de aplicarse esta legislación, ésta sólo resultaría viable en 88 casos lo que, sin duda, desvirtúa los aparentes efectos disuasivos o sancionatorios que se le pretenden otorgar.

- CÁRCEL ISLA: La idea de construir una cárcel isla en nuestro país lejos de ser novedosa, carece de toda eficacia y eficiencia. Ya en 1793 se instauró la primera cárcel en la isla Juan Fernández, donde se enviaba a disidentes políticos y delincuentes peligrosos. Después de 20 años de aplicación, se decidió dejarla sin efecto, debido a su alto costo de mantención y a las constantes fugas de los internos. Luego fueron las islas Dawson y Quiriquina, en 1973, las que sirvieron de albergue y centros de tortura a disidentes políticos. Todas ellas si bien fueron implementadas por diferentes autoridades, con diversos motivos y en diferentes tiempos de la República, fueron desechadas por algunos factores comunes.

Desde el punto de vista social resulta enteramente cuestionable ya que al aislar geográficamente a la población penal se les estará privando de un derecho inalienable, como es la posibilidad de ser visitados por sus familiares. Dicha situación produce el desarraigo social y el posterior quiebre del núcleo familiar. Con ello sólo se potenciará el abandono de hogar y la malformación familiar. Al producir el desarraigo social se están rompiendo los lazos naturales que cada persona tiene con su entorno inmediato, lo que a la postre impide cumplir el objetivo buscado por toda pena privativa de libertad: el justo castigo para su posterior reinserción dentro de la sociedad. Sin embargo, en una situación carcelaria de este tipo, el interno carecerá de una red de acogida al momento de cumplir su condena, se verá obligado a fortalecer sus relaciones personales con sus compañeros de prisión, constituyéndolos en su entorno inmediato en reemplazo de su original círculo, por lo cual se le estará condenando a perpetuidad a vivir al margen de la ley.

Desde la óptica de las políticas públicas resulta incongruente plantearlo como eje central de un programa de gobierno, ya que está demostrado que el aumento de la población penal y sus condiciones de aislamiento no produce efecto alguno en la disminución de las tasas delictuales. En 1992, Chile tenía una población penal que alcanzaba los 22.000 internos. En 2005, trece años después, la población penal alcanza los 40.000, es decir, ha experimentado un crecimiento porcentual superior al 80% en una década. Las tasas de denuncias han presentado un incremento sostenido desde el año 1997 hasta el 2º trimestre del presente año, observándose una disminución de 4,6%. En consecuencia, no existe necesariamente una relación directamente proporcional entre el incremento de la población penal y la baja en la criminalidad o en la tasa de denuncias.

Más interesante sería observar una propuesta que pusiera como eje central de la política pública de seguridad ciudadana el aspecto de la prevención social como mecanismo de disminución de la “entrada” de los ciudadanos a la actividad delictual, complementado con medidas de control y sanción que permitan abrir los flujos de salida del fenómeno delictivo, con centros de detención con alternativas reales de rehabilitación, sin cercenar los vínculos familiares y sociales del interno a fin de utilizarlos como herramienta de reinserción social.

Desde la perspectiva económica, cabe hacer presente que en la actualidad, cada ciudadano a través de sus erogaciones impositivas, costea la mantención de los internos de los centros de reclusión. A la fecha el costo de un interno en un centro de detención continental asciende a los 202 mil mensuales pesos, mientras que un centro de detención insular implicaría un incremento de los valores a 350 mil pesos mensuales. Lo anterior, sin considerar los montos asociados a la construcción, los que por el hecho de ser en un territorio insular, aumentan en un 22% aproximado respecto de igual construcción en el continente. A modo de ejemplo, la construcción de un recinto penitenciario implicaría una erogación fiscal mínima de 50 millones de dólares, los que se dejarían de invertir en otras materias de igual relevancia, tales como el incremento policial o la prevención social del delito.

Por ello, cabe señalar que hubiere sido mas acertado plantear el reforzamiento de la política carcelaria impulsada por el Gobierno del Presidente Lagos, en orden a utilizar el sistema de concesiones para su construcción, lo que permitirá que en 6 años se duplique la cantidad de metros cuadrados construidos en centros de reclusión que los que han existido desde el gobierno de Bernardo O’Higgins hasta la actualidad.

- PROYECTO DE LEY QUE EXIME DE RESPONSABILIDAD PENAL A FUNCIONARIOS POLICIALES: Si el fin último de esta iniciativa es potenciar el accionar de Carabineros en su rol de control delictual, claramente el mecanismo utilizado no resulta apropiado. La medida busca eximir de responsabilidad penal a los funcionarios policiales (Carabineros e Investigaciones) cuando en uso de su uniforme utilicen sus armas de fuego en contra de un delincuente que se encuentra cometiendo delito flagrante. Aplicar dicha normativa implicaría atentar contra uno de los principios básicos del estado de derecho, cual es la responsabilidad por los actos propios. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Mas aún deben hacerlo aquellos miembros de las instituciones policiales a quienes el Estado les ha conferido la facultad exclusiva de poder ejercer la fuerza en contra de quienes infrinjan las disposiciones legales. Hoy existen normas en el Código de Justicia Militar que facultan a los miembros de las instituciones policiales a utilizar sus armas de fuego en determinadas circunstancias. Conjuntamente se establecen normas sobre responsabilidad penal y administrativa por su mal uso. Alterar dicha legislación permitiría abrir la puerta a que se utilicen las armas contra supuestos delincuentes, -los que según norma constitucional deben ser reducidos con aplicación proporcional de la fuerza para el sólo efecto de ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional competente, organismo que será el encargado de perseguir la responsabilidad penal que corresponda según las normas establecidas- y ejercer la fuerza de acuerdo a criterios discrecionales del funcionario policial, con el consiguiente riesgo de cometer errores en la calificación del supuesto delincuente y con eventuales consecuencias imposibles de reparar.

Desde un punto de vista de política pública, cabe señalar la inconveniencia de aplicar una norma que tiene por objetivo apagar la violencia delictual a través de violencia policial. Esto sólo aparejará un incremento del número de policías y delincuentes abatidos en enfrentamientos, obligará a los delincuentes a armarse, ya que al conocer que el funcionario se encuentra facultado para dispararle y eximido de responsabilidad penal, no le quedará otra alternativa que aumentar su poder de fuego contra los policías a fin de evitar ser capturado. Por otra parte contradice todos los principios inspiradores de nuestro sistema judicial en cuanto a la presunción de inocencia, ya que dejará en manos de un funcionario policial la calificación jurídica de un “delito grave” para poder utilizar su arma de fuego.

Otro aspecto relevante es que la iniciativa señala sólo como sujetos pasivos de dicha medida a los delincuentes flagrantes de “delitos graves”. Luego señala cuáles considera como tales, sosteniendo, al respecto, que quedan comprendidos los delitos de homicidio y violación en todas su formas; y robos en todas sus formas (con intimidación, violencia, fuerza en las cosas y sorpresa). En consecuencia, el listado de delitos graves es excesivamente extenso, lo que haría ampliamente aplicable dicha norma con el consiguiente riesgo previamente señalado. A modo de ejemplo, cabe señalar que en la Región Metropolitana, desde el 16 de Junio del presente año y hasta el 11 de Octubre, un porcentaje superior al 50% de los ingresos de denuncias de delitos de mayor connotación social corresponden a delitos contra la propiedad, particularmente robo.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa utilizada, parece altamente inconveniente incorporar dicha norma dentro del Código Penal, ya que implicaría sacar del ámbito de la justicia militar los delitos cometidos por funcionarios policiales en actos del servicio. Respecto de la competencia jurisdiccional, el proyecto plantea que el tribunal competente será el que primero conozca la denuncia, en circunstancias que la tendencia nacional e internacional avanza a la especialización de tribunales a fin de evitar contiendas o conflictos de competencia que entraben el desarrollo de los procesos judiciales.