COBARDÍA PUERTAS ADENTRO

El delito comunmente denominado “femicidio” es una de las agresiones de mayor complejidad para su erradicación. En efecto, al ser la máxima expresión de la violencia intrafamiliar, este tipo de ilícitos se producen –por regla general- al interior de los hogares o “puertas adentro” razón por la cual, por mayor que sea la presencia policial en la comunidad, ésta aisladamente carecerá de efectividad toda vez que resultaría imposible para cualquier sistema, tener presencia policial activa por cada una de las casas donde potencialmente pueda darse esta deleznable situación de violencia.

Este cobarde ilícito genera profundas heridas en aquellos que la sufren, sea directa o indirectamente. De hecho, al consultar a los agresores, un porcentaje mayoritario de ellos declara haber sido sujeto de agresión en su infancia o adolescencia.

En efecto, el ser agredido al interior del hogar genera la destrucción de parámetros básicos del desarrollo emocional. Así, para un menor, el sujeto al cual debe aferrarse como modelo conductual se encuentra en la figura de sus progenitores. Al observar actitudes de agresividad proveniente de ellos, el menor sufre un quiebre en su percepción natural de seguridad humana. Su instinto de sobrevivencia le ordena ir en contra de lo que su naturaleza originaria le indicaba, aferrarse a la figura paterna o materna como elemento de protección. 

De igual forma, para cualquier persona, el hogar constituye un refugio frente a las adversidades, sean de origen natural o provocadas. En efecto, frente a una catástrofe natural, muchas veces se intenta –de manera casi irracional- llegar al hogar. Frente a la victimización delictual en el espacio público, de igual forma se busca llegar al hogar. Pero ¿qué ocurre cuando el lugar donde naturalmente debiéramos sentirnos protegidos, resulta ser la cuna de la inseguridad? ¿Dónde recurre el agredido? Quién lo acoge, adonde regresa después de una denuncia? Es decir, los pilares fundamentales de seguridad (Padres y hogar) se han quebrantado; y en muchos casos para siempre, con el consiguiente trastorno emocional y sus casi predecibles consecuencias futuras.

Así entonces, este tipo de ilícitos sólo tenderá a disminuir con medidas de fondo que apunten al mismo tiempo a: disminuir las condiciones de riesgo para agredir o amenazar; la prevención educativa; , la socialización de la necesidad que asiste a los vecinos para denunciar este tipo de hechos; la oportuna asistencia a quienes denuncian agresiones o amenazas al interior del hogar; una eficiente labor de protección de la víctima; la efectiva persecución criminal respecto de sus hechores; el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares o sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales correspondientes; y la necesaria rehabilitación de los agresores condenados a fin de disminuir o quizás evitar la reincidencia. 

Es por ello entonces, que los anuncios realizados por el Ministro(s) de justicia en orden a crear un programa destinado a rehabilitar a los agresores serán un verdadero aporte a la política pública impulsada por el Sernam en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que busca incrementar los niveles de seguridad de nuestra comunidad y particularmente de nuestras familias y niños.

Finalmente, creo necesario hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad para sumarse a una gran cruzada para disminuir la agresividad intrafamiliar, a fin de dar a nuestros niños niveles de educación acordes con la sociedad que queremos basada en el respeto y la solución pacífica de nuestras controversias, en definitiva a tener un Chile más seguro para nuestros hijos.

EL VALOR DE LA PAZ SOCIAL

Con el advenimiento de la democracia a comienzos de la década del 90, el país comenzó a enfrentar quizás el desafío más complejo de su historia. Ser capaces de reconstruir las confianzas básicas entre los diversos actores sociales para dar conducción pacífica y productiva a nuestra nación.
La traumática experiencia previa que dividió a los chilenos, hacía prácticamente inviable las posibilidades de crear instancias de conversaciones sobre aspectos tan relevantes como la pacificación del país, la reconstrucción de la democracia como forma de gobierno y el respeto por la institucionalidad y al estado de derecho.
Pero los esfuerzos de un sinnúmero de dirigentes políticos, sociales, empresariales y eclesiásticos permitieron darle rumbo al proceso democratizador.

Los años 90 estuvieron marcados por los esfuerzos colectivos por retomar el diálogo como forma de resolución de las divergencias y controversias en la sociedad nacional, proceso que a poco andar ganó adeptos que querían un Chile -aunque con legítimas divergencias- con unidad en temas básicos de gobernabilidad.

Pero no todos los sectores apoyaban este proceso. Hoy, a casi 20 años de entonces, corresponde recordar que en aquella época, existían en nuestro país grupos, células y movimientos que reivindicaban la violencia como forma de manifestación. Siglas que identificaban a diversos grupos u organizaciones aparecían por doquier tras cada asalto a entidades bancarias o atentados a autoridades o unidades policiales. Como no recordar la muerte de un Senador de la república; o de funcionarios policiales que cumplían funciones de seguridad del intendente metropolitano o de ciudadanos anónimos en poblaciones del país. Todas igualmente condenables. Se trataba entonces de grupos subversivos descolgados de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Mientras los primeros habían gestado la lucha contra la dictadura; los segundos habían quedado al margen de los servicios de seguridad del régimen militar. Unos y otros atentaban contra chilenos y chilenas, causando temor en la población. Esta minoría intentaba poner en jaque el sistema a fin de lograr sus particulares objetivos; y, respecto de los cuales, se requería un acuerdo nacional que permitiera un accionar rápido y eficaz en pos de la paz social.
Los acuerdos dieron sus frutos. Una vez más Chile estuvo a la altura de las demandas de la sociedad por vivir en paz y tranquilidad. Los actores de la época fueron capaces de ir disminuyendo progresivamente la violencia política, al punto de aislar como sociedad a aquella minoría violenta, terminando con la desarticulación de quienes causaban el temor ciudadano.
Poco a poco, la democracia logró ir consolidando las condiciones de tranquilidad social, donde comenzó a coexistir el derecho de manifestarse con el derecho a la tranquilidad y el respeto al orden público. La ciudadanía, comenzó progresivamente a descubrir que le asistía el derecho de manifestarse en los espacios públicos con pleno respeto a la integridad física y a la propiedad pública y privada ajena. Así, hacia comienzos de la segunda mitad de la década de los 90, Chile recibe el reconocimiento de la comunidad internacional, por su apertura al mundo y las envidiables condiciones de paz social. Inversiones extranjeras, convenciones internacionales, cumbres de jefes de Estado y Gobierno, disminución de las condiciones de riesgo internacional; solicitud de intercambio de experiencias en seguridad; son algunos de los indicadores que comienzan a incrementarse en virtud de un conjunto de factores, dentro de los cuales la paz y la tranquilidad jugaron un papel fundamental.

Hoy, gracias a muchos actores públicos y privados, conocidos y anónimos, nuestra democracia es más robusta. Nadie se cuestiona el régimen político, aunque exista alguno que añore un “desalojo”, las alternativas son dentro del régimen democrático (aunque pareciera una reflexión obvia, a comienzos de los 90 no resultaba tan evidente). De igual forma, la ciudadanía se ha visto en un creciente proceso de empoderamiento social y político. Hoy, el ciudadano exige lo que antes sólo se atrevía a pedir. Reclama del sistema condiciones que antes no imaginaba. Vivienda, ya no sólo en su cobertura, sino con calidad, ubicación y condiciones de financiamiento. Salud, con cobertura, gratuidad, calidad y oportunidad. Educación, con calidad, infraestructura, tecnología, materiales y alimentación. Los trabajadores, exigen el mejoramiento de las condiciones laborales; un trato igualitario (O al menos similar) entre quienes cumplen funciones análogas en una misma empresa y pertenecen a entidades externas. Protección del medio ambiente por sobre las necesidades energéticas del país. Demandas de pueblos originarios, por contar con una política de reconocimiento e inclusión social de fondo y ya no meramente de asistencialidad. En fin, la sociedad actual ha cambiado. El ciudadano es más exigente y muchas veces las demandas de los grupos organizados suponen ingresos fiscales similares al de los países del primer mundo. Pero mas allá de la pertinencia de las demandas, lo importante es cuidar las formas en que hoy estos grupos las están planteando. Así, al observar los últimos hechos de violencia surge la necesaria reflexión en orden a que el sistema político y social en su conjunto debe plantearse. Cómo somos capaces de hacernos cargo como sociedad de estos cambios y cómo diseñamos un sistema que sea capaz de dar oportuna respuesta a las demandas sociales y aislar a aquellos que hoy, en otra época y bajo otras motivaciones, vuelven a reivindicar la violencia como forma de expresión. Es entonces cuando debemos plantearnos un desafío país. Lograr la coexistencia de los derechos de manifestación con los de preservación de la paz y la tranquilidad social. Este no será un desafío menor. Implicará orientar a los actuales dirigentes sociales en el sentido de exigir sus derechos con respeto al resto de los ciudadanos; a pedirle –como la ha señalado S.E. la Presidenta de la república- a la autoridad sectorial, sea local o nacional un contacto directo con la ciudadanía para palpar el sentir de la comunidad de manera oportuna; y, quizás lo de mayor relevancia sea educar a las futuras generaciones bajo los conceptos del respeto por la democracia y por sus habitantes. Los valores de la vida y la integridad de las personas, su rol como actores de la sociedad y el principio de la responsabilidad de los actos propios.

Chile ha caminado por la senda del diálogo y la razón durante casi 20 años. Hoy, que la sociedad ha cambiado, y se torna cada día más exigente y demandante, se requiere renovar el compromiso nacional con el camino de la paz y la tranquilidad en virtud del cual podremos seguir profundizando el proceso democratizador y modernizador que tantos frutos le ha dado a Chile y sus habitantes.

Sr. Director

Señor Director:

En su edición de ayer, bajo el título “Un reglamento que duerme en La moneda”, un conocido empresario y asesor comunicacional se refiere a la existencia en la moneda de un reglamento para la aplicación de la ley de violencia en los estadios que según su parecer, de encontrarse vigente habría solucionado los problemas derivados del clásico entre colo-colo y universidad de Chile.

Mas allá de las legítimas aspiraciones políticas de su autor, creo necesario hacer presente que dicho reglamento si no ha sido aprobado por las autoridades correspondientes, no es precisamente por desidia u olvido; sino que en razón de que con posterioridad a su meritoria elaboración; una comisión de expertos del sector público, privado, deportivo, jurídico y de seguridad consideró que no era un buen instrumento regulatorio, ya que junto con adolecer de vacíos estructurales, su capacidad de disuasión sería considerablemente menor, transformándose en una iniciativa más sin aplicación práctica. Por ello es que sin mediar acción violentista alguna y sin publicidad, iniciamos en conjunto con diputados de la concertación y de la oposición, carabineros y ANFP un proceso de modificación de la actual ley 19.327 sobre violencia en los estadios, la que recoge iniciativas y experiencias internacionales y supera vacíos prácticos planteados por las policías y los expertos. Entre otras modificaciones, dicha iniciativa, -ya aprobada en la Cámara y en actual discusión en el senado- contempla la responsabilidad de los clubes deportivos en la organización del espectáculo, y la sanción con pérdida de puntos del campeonato nacional frente a la negligencia inexcusable de incumplimiento de medidas preventivas. De igual forma considera la inhabilitación de ingresar a recintos deportivos como medida cautelar, a fin de evitar tener que aplicar dicha medida sólo con posterioridad a una condena judicial. Por su parte se faculta a las policías a realizar revisiones preventivas y se elimina el concepto de barra, el que actualmente no hace otra cosa que reconocer la existencia de un grupo de personas, que jurídicamente exigen derechos pero no ofrecen ningún tipo de responsabilidad colectiva. Es decir, las normas en discusión abordan el problema de fondo y no sólo intentan “reglamentar” una actividad que requiere de normas claras, fuertes y precisas.

El objetivo es común. Que los estadios vuelvan a recuperarse para las familias y saquen de una vez por todas a aquellos que hacen de la violencia su actividad habitual; para ello se requieren esfuerzos colectivos permanentes independiente de su impacto mediático coyuntural
Entendiendo las pretensiones del redactor de la referida columna, creo que las políticas de estado deben ser profundas y permanentes y no pueden estar sujetas a los vaivenes de las coyunturas mediáticas; ayer fueron los femicidios, hoy la violencia en los estadios, mañana será… lo que el rating mande. Así no se hace política.

Un acuerdo por y para Chile

El acuerdo nacional de seguridad pública suscrito hace algunos días entre el Gobierno, Concertación y oposición, es fruto de un esfuerzo mancomunado de diversos actores, con visiones y matices diversos respecto de un tema de trascendencia social como lo es la seguridad pública.

Muchos son los analistas que hablan desde la academia, desde sus vivencias personales y desde la experiencia. Pero lo concreto es que las diversas visiones han logrado sentarse en la mesa y reivinicando el diálogo como forma de resolución de controversias, avcordar en avances sustantivos para brindar a Chile de mejores niveles de tranquilidad y paz social.

Destacable resulta el hecho de que en tan breve tiempo, se hayan podido compatibilizar las diversas aspiraciones de los integrantes del equipo de trabajo. Cada uno de ellos comprendió que la solución definitiva al problema no pasaba exclusivamente por lo que quedara inmerso dentro del acuerdo, sino que se iniciaba un proceso de intercambio de ideas, iniciativas y se era capaz de valorar inciiartivas independientemente de su origen.

Dentro d elos temas abordados, resulta imperativo hacer mención a algunos de ellos a find e que la ciudadanía conozca de primera fuente algunas de las iniciativas acordadas.
Un país que ´pretende no solo estabilizar el delito, sino disminuirlo de manera considerable, require de una institucionalidad acorde a los nuevos tuiempos,. Por ello es que este acuerdo contempla la cpnsaghración del mando único en materias de seguridad, devolviendo al Ministerio del Interior la tuición sobre Carabineros de Chile y la Policía de investigaciones, lo que se ejercerá con pleno respeto a los procesos propios de cada institución policial. De igual forma se institucionalizará como servicio público un importante programa de prevención del consumo de alcohol y drogas, a fin de dar adecuada cobertura a las nuevas necesidades de prevención y evitar que nuestros niños y jóvenes ingresen en las carreras del consumo de alcohol y drogas.
En materia de víctimas, es dable reconocer, que la Presidenta de la República ha marcado como sello de su gestión de gobierno, la “protección social” de los más desposeídos. Obviamente aquellos que han sido víctimas de delitos graves o violentos requiereen de una institucionalidad que les de adecuada protección social, sicológica y también jur´pidica, para superar el trauma que representa haber enfrentado una situación de victimización. Por ello, con este acuerdo se consagrará en la Constitución como obligación del estado la protección jurídica de las víctimas que no puedan costeárselas por sí mismas; junto con ello, le pediremos a expertos que en un plazo no superior a120 días nos señalen la mejor opción para atender a las víctimas, basados en experiencias nacionales e internacionales y; mientras se desarrolla dicho estudio se fortalecerá a las actuales unidades de víctimas y testigos del Ministerio público.

Por otra parte la aplicación de tecnología al control de medidas alternativas a la prisión preventiva, permitirá controlar de mejor forma a aquellos que –habiendo delinquido- han obtenido algún beneficio o gozan de libertad restringida. Así, abusadores de menores, agresores de violencia intrafamiliar se verán impedidos de deambular sin control y poniendo en riesgo a niños o mujeres, al estar permanentemente conectados a un sistema de control tecnológico a distancia.
En materia legislativa, se acuerda apoyar los proyectos que buscan sancionar el comercio ilegal, el que sanciona a los encapuchados en las manifestaciones públicas, el que sanciona el robo de cables que muchas veces deja a nuestros ciudadanos sin servicios básicos; el que obliga al registro de teléfonos móviles de prepago a fin de evitar su uso impune de parte de microtraficantes o delincuentes; y, respecto del proyecto enviado por la Presidenta Bachelet destinado a sancionar con mayor dureza la tenencia irregular de armas de fuego, hemos acordado avanzar en algunos aspectos tales como la sanción a aquellos que provean de armas de fuego a menores de edad, etc.

Medidas más o medidas menos, la nobleza obliga a reconocer el espíritu de cooperación de todos quienes participaron activamente de esta iniciativa. Agradezco de verdad la oportunidad de ser testigo presencial de que en el Chile del siglo XXI y en medio de una sociedad con amplios márgenes de individualismo, aquellos que creemos en el servicio público hayamos logrado deponer las legítimas diferencias en pos de Chile, su tranquilidad y la de nuestros hijos. Ese es el Chile que queremos, el de los acuerdos, el de los avances, el de los encuentros en beneficio de la sociedad toda, sin importancia de los orígenes, condiciones sociales o diferencias políticas…el de todos los habitantes de esta gran familia llamada Chile.

ACUERDO ANTIDELINCUENCIA

Desde hace algunos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ubicar a la seguridad pública dentro de los denominados “temas país”. A fin de lograr grandes acuerdos que posibiliten implementar normativas, planes y programas que conduzcan al logro de un objetivo transversal como lo es la seguridad de las personas y sus bienes.

Para ello, resulta fundamental poner determinadas condiciones básicas al debate sobre el tema. La seguridad pública no es sólo cuestión de sanciones, control y procedimientos judiciales. Por cierto estos aspectos son constitutivos de cualquier política pública de seguridad, pero no constituyen por sí solos la solución a un flagelo multicausal.

La experiencia internacional de países que han logrado disminuir considerablemente los niveles de victimización, nos señala que han desarrollado políticas integrales, donde la línea entre política social y de seguridad se torna cada vez más tenue e incluso se desdibuja. En efecto, aquellos países que han sido capaces de articular las políticas sociales en función de los social o situacionalmente segregados, excluidos o marginados; y de aquellos que conviven a diario con condiciones objetivas de riesgo social han visto disminuidas en un porcentaje considerable las causas de la violencia urbana y, muchas veces de la delincuencia asociada.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), constituye un avance a este respecto. En efecto, la capacidad de articular y coordinar a la institucionalidad pública para invertir territorialmente con objetivos intersectoriales -si bien es un proceso largo y complejo que rompe con la tradición histórica de la sectorialización de las políticas públicas- apunta justamente a hacer cada día más eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos. Entonces, al hablar de los presupuestos asignados a seguridad, no es dable reducirlos a los recursos asignados a las policías y al Ministerio del interior; sino que se debe considerar los incrementos presupuestarios en el programa de reescolarización para jóvenes desertores o los programas de mediación escolar del Mineduc. El aumento de recursos para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de jóvenes consumidores de drogas que otorga el plan AUGE del Minsal. La recuperación situacional de los barrios a través del programa Quiero mi barrio del Minvu. Los programas de reinserción socio ocupacional de ex reos que aplican los Ministerios de Justicia y Trabajo y fundaciones privadas. Los importantes y crecientes programas de atención a las víctimas que han realizado las Unidades de Víctimas del Ministerio de Justicia y recientemente los centros de víctimas del Ministerio del Interior; etc.

Podríamos seguir sumando programas que hoy forman parte de la ENSP y, lo más importante, que comienzan a conversar entre sí en función del logro del objetivo planteado, prevenir socialmente, situacionalmente, controlar, rehabilitar, reinsertar o atender a las víctimas según corresponda.

En su diseño, participaron instituciones públicas de gobierno, pero de igual forma instituciones autónomas como el Ministerio Pública y el Poder Judicial. Entidades operativas como carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Instituciones con gran raigambre social como las iglesias católica y evangélica. Representantes de la soberanía popular como parlamentarios y alcaldes. Agupaciones de empresarios y por cierto el principal capital social, los vecinos, a través de la Federación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. Es decir un amplio secrtor de la sociedad se puso de acuerdo en un instrumento que permita coordinar el avance de la política social y su influencia en las condiciones objetivas de seguridad. Los resultados serán de corto, mediano y largo plazo, ya que se trata de una política pública seria, responsable que intenta abordar el fenómeno en sus mas amplias dimensiones, ya que de lo contrario estaremos reduciendo el debate a un tema estrictamente procesalm, judicial o policial que ciertamente no permitirá superar los actuales indicadores de victimización.

Por lo anterior, es que nuevamente hacemos un llamado a todos los sectores para unirnos en torno a un tema de tanta relevancia como lo constituye la seguridad de las chilenas y chilenos, porque al igual que las relaciones exteriores del país, la defensa nacional, debemos ser capaces de integrar a la seguridad pública en la categoría de política de estado, ya que sólo así evitaremos recriminaciones recíprocas entre las derechas y las izquierdas y seremos capaces de enfrentar con altura de miras uno de los principales temas de preocupación ciudadana.

PLANES REGIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Uno de los principales desafíos que, como gobierno, asumimos al momento de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era desarrollar un sistema que diera cuenta de la nueva realidad de violencia, delitos y temor que vive Chile y, a la vez, optimizara la repuesta pública al fenómeno en su integralidad.

Sobre la base de este enfoque es que se definió como uno de los seis ejes orientadores de la estrategia el de la “Institucionalidad”, donde se comprometió la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública, un Servicio para la Prevención del Consumo de Drogas y una estructura territorial a través de la cual la estrategia pudiera concretarse a lo largo del país. Esto último se ha concretado en lo que denominamos “Planes Regionales de Seguridad Pública”, instrumentos de gestión que expresan la voluntad del Estado por responder a la realidad delictual de cada región de manera más eficiente y con una coordinación adecuada de todas las instituciones involucradas.

No es posible aplicar las mismas soluciones en el norte de Chile, donde se concentra un tipo particular de delitos, diversos de los ocurridos en la zona centro, en las grandes ciudades, pequeñas localidades rurales o en el sur de nuestra nación. Asumir esta realidad diversa nos permite contar con una Estrategia Nacional de Seguridad Pública realista, que se haga cargo de las particularidades de cada región, provincia o comuna.

Pensando en ello y en un principio básico de la gestión pública moderna, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, constituye un instrumento de gestión, ordenador, eficiente y eficaz que de cara al país compromete la reducción del número de hogares victimizados por algún delito al menos en un 10%, lo que equivale a 150 mil hogares menos; y el número estimado de delitos de mayor connotación social, al menos en un 9%, equivalente a 250 mil delitos.

Desde noviembre del año pasado, cuando dimos a conocer públicamente la estrategia, las trece intendencias del país se abocaron a crear los Consejos Regionales de Seguridad Pública, órganos responsables de coordinar los planes, que contienen un diagnóstico delictivo de la zona, metas concretas y acciones que permitan alcanzarlas. Estas últimas, además, en línea con los ámbitos de trabajo prioritarios definidos por la Estrategia Nacional, Institucionalidad, Información, Prevención Social y Situacional, Rehabilitación, Control y Sanción y Asistencia a Víctimas. Todos aspectos centrales de una visión sistémica del fenómeno delictual, capaz de enfrentar de manera integral un fenómeno que atemoriza a la ciudadanía.

Respecto del diagnóstico, los Planes Regionales se sustentaron en la información entregada por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), lo que permitirá dirigir los esfuerzos a reducir la victimización real, superándose así, la tendencia de medir la criminalidad exclusivamente a partir de las estadísticas de denuncias, y por tanto, supeditar los avances en seguridad sólo al aumento o baja de éstas.

En cuanto a las metas en victimización, éstas por primera vez han comprometido a toda la región y no sólo a microespacios al interior de ellas como comunas o barrios. Si bien esto constituye un trabajo más difícil y ambicioso, permitirá verificar efectivamente el resultado de cada estrategia. Relacionado con lo anterior, los planes incorporaron, de manera inédita, compromisos concretos de Carabineros, que se traducen en objetivos y responsabilidades precisas.

Como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enfrenta con igual énfasis el control y la prevención, los Planes Regionales de Seguridad Pública también incluyeron acciones relacionadas con los factores sociales y situacionales que potencian la delincuencia.

La puesta en marcha de los Planes Regionales de Seguridad Pública viene a demostrar el compromiso real que tenemos como gobierno de enfrentar el fenómeno de la delincuencia con soluciones efectivas, permanentes en el tiempo, y no efectistas, que respondan sólo a intereses coyunturales. Así entendemos que debe ser una Política de Estado con visión de País.

El llamado final es a redoblar esfuerzos para materializar este inédito instrumento de gestión en una aplicación práctica que permita a cada ciudadano gozar de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Esta tarea no es sólo de los funcionarios de gobierno, aquí hay un compromiso de instituciones policiales, empresariales, legislativas, vecinales, eclesiásticas, en fin, de la sociedad en su conjunto, ya que somos muchos más los que queremos vivir con crecientes grados de tranquilidad y no podemos sesgar en el esfuerzo de aportar a un chile más seguro.

CENTROS DE VÍCTIMAS

La reciente inauguración del primer Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos, marca el inicio del proceso de concreción de una política de estado en el trato a las víctimas de la delincuencia. En efecto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lanzada en Noviembre del año pasado por S.E. la Presidenta de la República, contempla dentro de sus ejes estratégicos la adopción de políticas eficaces para dar debida orientación y protección a aquellas personas o familias que han sido víctimas de delitos violentos.

Lo que se ha materializado es la consolidación de una red nacional de apoyo, orientación y reparación de las víctimas, con la participación de un número importante de instituciones, dentro de las cuales destacan el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Sernam, entre otros. Cada una de estas instituciones posee reconocidas capacidades profesionales y vasta experiencia en el tratamiento de las víctimas según sus propias especialidades o tiempos de intervención.

Hoy, la concreción de la red, permitirá derivaciones entre las diversas instituciones a fin de incrementar la oferta pública para la orientación, tratamiento y reparación de las víctimas de la delincuencia.

Cada región contará con un centro de atención cuya infraestructura y equipamiento poseen características comunes que hacen de dicho espacio un punto de encuentro y acogida a personas que han sido afectadas en su seguridad personal y que arrastran un drama humano y trauma familiar que requiere ser recibido en un entorno acogedor, con utilización de avanzadas técnicas para tratar los traumas infantiles, colectivos e individuales; donde un selecto grupo de profesionales, siquiatras infantiles y adultos, sicólogos, orientadores, asistentes sociales y abogados estarán prestos a recibir las derivaciones institucionales o atender a aquellas víctimas que voluntariamente accedan a este servicio del estado.

La infraestructura considerada implica que al año 2010 debemos contar con la instalación de al menos 1 de estos centros en cada una de las regiones del país (incluídas las nuevas regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota) y 4 en la región metropolitana a fin de dar adecuada cobertura a la demanda ciudadana.

Cada centro contará con un sistema de registro de atenciones, derivaciones, seguimiento y evaluaciones de calidad de atención de parte de los usuarios, a fin de mejorar día a día en un servicio tan esencial como la atención de víctimas.

 La iniciativa que se instala responde a la concepción integral del fenómeno delictual que enmarca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde la institucionalidad, información, prevención, control, sanción, rehabilitación y tratamiento de víctimas constituyen los ejes de acción en los cuales se están produciendo avances cualitativos y cuantitativos importantes gracias al compromiso de más de 8 ministerios, gobiernos regionales, Carabineros de Chile, Policía de investigaciones, Ministerio Público, municipios, iglesias, organizaciones empresariales y de trabajadores, organizaciones comunitarias, centros de estudio y parlamentarios, quienes con su dedicación y trabajo están aportando de manera decidida en la Política de estado que brindará mejores niveles de paz y tranquilidad a nuestro país.