Estrategia de Seguridad 2010-2013

Es una buena noticia para Chile recibir el Plan Nacional Antidelincuencia que, luego de 6 meses al mando del país, anunció el Presidente de la República. Celebro la audacia que ha tenido el actual gobierno para seguir el modelo implementado por la Presidenta Michelle Bachelet, en orden a anunciar, y de manera pública, una meta medible y cuantificable. Un compromiso de resultado en el quehacer antidelictual.

La elaboración de instrumentos de gestión con metas colectivas para diversas instituciones, constituye un elemento ordenador del sector público, más aún si se asume que la disminución del flagelo delictual requiere una política integral, cuya implementación exige trabajo intersectorial y una fina coordinación interinstitucional con otros órganos del Estado.

Las actuales autoridades se han fijado como meta una reducción de la victimización desde 33,6% a 29%; es decir una disminución real de 4.6 puntos porcentuales para su período de gobierno. En términos cuantitativos, el compromiso es muy similar al resultado obtenido por el gobierno anterior (2006-2009), donde se logró una reducción de 4.7 puntos porcentuales, bajando de 38,4% a 33,6% el número de hogares victimizados.

Al observar con mayor detención el texto del plan de seguridad, es dable destacar la implementación del plan de “escuelas abiertas” como mecanismo de apoyo a familias de padres y madres trabajadoras, y así contar con infraestructura segura para que los jóvenes se desarrollen. Esto se ha implementado en comunas como Peñalolén con buenos resultados, no obstante, los que aún no sabemos es si son por el compromiso y capacidad de gestión de sus autoridades locales o porque el modelo en sí mismo es exitoso. En consecuencia, se trata de un plan piloto, cuya masificación debería depender de un estudio de resultados.

La inclusión parcial de los municipios en los desafíos de seguridad, me parece un tema complejo y preocupante. Esto, porque conforme a la ley vigente, carecen de facultades -tanto de personal como de recursos- para ello. Así, la mutación de los Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal a fondos concursables, no parece acertada, toda vez que volverá a la lógica de financiar iniciativas sociales muy necesarias y bien inspiradas, pero muchas de ellas carentes de impacto directo en la disminución de la victimización local.

La mencionada estrategia de seguridad enumera un conjunto de programas, algunos de continuidad -como “24 horas” y “Plan Cuadrante”- y otros con nombres nuevos, como “Barrio en Paz”. Todos deberían ser implementados en comunas seleccionadas de acuerdo a indicadores objetivos y conocidos, para evitar suspicacias en las localidades beneficiadas por dichos programas, en desmedro de otras con iguales necesidades y legítimas aspiraciones. Por de pronto, estos sólo podrán ser evaluados al final de su implementación, por su impacto local en la reducción de la victimización, para lo cual se requerirá la elaboración de un sistema de medición que desagregue a nivel comunal la incidencia delictual.

En materia de control se hace mucho énfasis en “trancar la puerta giratoria” de los delincuentes y se plantean modificaciones legislativas para limitar aún más el derecho constitucional de la libertad provisional. ¿Cómo se puede entender ese desafío, si la autoridad de justicia señala que en Chile existe un número desproporcionado de personas privadas de libertad? Al observar el incremento de la población penal, se puede advertir un crecimiento brutal a partir de 2003, con un hacinamiento indigno que ha sido criticado por la actual autoridad. Es contradictorio que el plan nada comprometa en construcción de cárceles; salvo que alguien considere dicha medida como ajena, la política de seguridad parece una omisión digna de corregir para poder concretar estos anuncios y ser consecuentes con la necesidad de dignificar la privación de libertad.

El instrumento de gestión utilizado para enfrentar la delincuencia es similar a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada en 2006, los ejes del plan son equivalentes, la agenda legislativa recoge mucho de lo planteado con anterioridad por parlamentarios de la Concertación, y las metas propuestas son porcentualmente similares. Entonces, ¿por qué insistir en señalar que se “cambiará la mano” con los delincuentes? Si se trata de resultados concretos, entonces veamos: entre el 2003 y el 2009 la victimización cayó en 9,4 puntos porcentuales y la población penal aumentó a una tasa promedio de 6,9% anual. ¿Para qué hacer cambios tan profundos si lo que se propone es reducir en igual porcentaje los delitos?

Reconocer los avances, profundizar las estrategias, mejorar la implementación de políticas y trazar un camino común, son constitutivos de política de Estado, lo que difiere con el permanente intento de refundarlo todo y descalificar lo hecho por otros. Me quedo con el llamado del Presidente a entender la seguridad como tema de Estado y espero que sus autoridades hagan eco en la práctica de dicha frase que tan bien le haría al país, para lograr los avances a los que todos aspiramos: mejorar las condiciones de paz y tranquilidad en nuestra sociedad.

EN RELACIÓN A "INSTRUCTIVO COMUNICACIONAL DE GOBIERNO"

A través de un medio de comunicación, hemos conocido la existencia de un “instructivo comunicacional” elaborado por la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno y distribuido a ministros, subsecretarios e intendentes de la actual administración. Ciertamente, la facultad, o más bien la necesidad de crear instructivos comunicacionales, resulta relevante para la correcta y armónica difusión de los mensajes que el gobierno pretende transmitir a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación. Mas allá de las opiniones respecto de la calidad del mismo, corresponde hacer un alto para evitar que pase desapercibida, una situación de extremo grave consignada en dicho documento. En efecto, en el texto referido señala:

“(…) Esto sin dejar de recordar (mencionar) a nuestros adversarios y nuestros inspiradores:

-Adversarios:

El terremoto y maremoto

Los delincuentes y nacotraficantes

Las irregularidades, los operadores políticos y la mala administración

Los que diseñaron e implementaron el Transantiago

La oposición que le negó US$1.000 millones a los damnificados. (…)”

Qué distinto es el mensaje público enarbolado por el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Qué dicotomía existe entre lo que se instruye en este texto, con lo que el Ministro Larroulet transmite en el Congreso para pedir apoyo a los proyectos de ley. ¿Cuál es la línea de este gobierno? ¿Serán acaso dos almas al interior de este? Lamentablemente creo que no, ya que la distribución de este tipo de instructivos, deben ser previamente visados por la autoridad política. Si la Secom (autora del instructivo) depende de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, es ella quien debe responder por su redacción y distribución. Si se excusa en que lo desconocía, entonces debe responder por su incompetencia y falta de control de sus subordinados. Ahora, si la Secom está reportando directamente al gabinete presidencial, la situación es aún más compleja, ya que implica directamente al Presidente de la República y a su entorno más cercano, lo que revelaría una falta a la verdad entre lo que se cita en las “cadenas nacionales”, apelando a la unidad y la cooperación como nueva forma de gobernar, y la decisión de agredir a sus “adversarios”.

Finalmente cabe reflexionar respecto del concepto utilizado. Somos oposición, incluso adversarios políticos. Podemos pensar distinto y tener diferencias profundas - o no tanto- con la actual administración. Pero nada de lo anterior, da derecho a funcionarios de gobierno, a servidores públicos, a compañeros de vocación, a poner en la misma balanza a la oposición con delincuentes y narcotraficantes.

Tratar a la oposición al mismo nivel, refleja el profundo espíritu antidemocrático que impera en el subconsciente de quien redactó el documento. Refleja la incapacidad de aceptar las reglas del juego democrático y de rebatir con argumentos las posiciones divergentes. Conlleva una concepción autoritaria del ejercicio del poder, donde se instruye a descalificar a los interlocutores y no desvirtuar con el poder de las ideas. Implica la renuncia a la convicción y disuasión de los adversarios y supone su descalificación como forma de imponer sus visiones particulares. De igual forma, su distribución supone una “orden o instrucción” a la totalidad de las autoridades de gobierno. Dicha distribución debe tener respaldo de autoridades de primera línea, con lo cual se validan los conceptos vertidos en él y se transforma en un documento oficial (oficioso) del actual gobierno. Las mismas autoridades no serían operadores políticos sino destacados cuadros técnicos. ¿Qué hará entonces un destacado técnico con tal documento? Si lo lleva adelante, sufrirá su mutación hacia operador político, corriendo el riesgo de pasar a ser parte de los “adversarios” señalados en el instructivo.

No cabe duda, el documento es un documento político, elaborado con una intención política, buscando un efecto político, elaborado por un operador político, destinado a afectar a la oposición, pero creo que su publicación perjudica en primer orden a quien lo elaboró, por quedar de manifiesta su escasa capacidad comunicacional, su nula vocación democrática y su cuestionable respeto por la diversidad. Pero luego, desprestigia a las autoridades que permitieron por acción o por omisión su distribución, transformando en oficial un documento que refleja la inconsecuencia entre el decir y el actuar.

INDULTO Y REPÚBLICA

Por Felipe Harboe Bascuñán

Durante los últimos días, nuestro país ha sufrido una regresión de casi 10 años. El debate sobre la petición de las iglesias Católica y Evangélica, de otorgar un indulto bicentenario a condenados recluidos de libertad, removió una vez más aquellos temas que aparentan estar superados, pero que al menor debate vuelven a recordarnos cuan divididos estamos los chilenos.

Algunos sectores han cuestionado que la Iglesia Católica haya pedido el indulto al gobierno y, con esto, haber incomodado al Presidente de la República. A ellos, cabe recordarle que el derecho a petición aún permanece incólume en nuestra constitución política (no sé por cuánto tiempo más). Además, es menester rememorar que para las iglesias, la clemencia constituye una virtud y un elemento esencial derivado de la misericordia divina. Es decir, más allá de la opinión que se tenga sobre la medida, resulta de pleno derecho y de toda lógica que las iglesias soliciten a la autoridad política el ejercicio de dicha facultad, a fin de otorgar el beneficio del indulto a quienes se encuentran privados de libertad.

En el caso de nuestro país, la complejidad de la solicitud no se funda en la petición de misericordia, ni en el solicitante de ella, sino en sus potenciales beneficiarios. Nuestra historia reciente (o ya no tan reciente), condiciona todo este debate. El sólo hecho de que se discuta la posibilidad de beneficiar con un indulto a personas condenadas por delitos de lesa humanidad contra connacionales, resulta traumático para la sociedad. Reviven las heridas no cerradas y afloran las más profundas divisiones de nuestra clase gobernante. Para decirlo de otra forma, la política no está preparada para discutir este tipo de decisiones en un marco de respeto y tolerancia. No lo está, porque han sido muchas las cortapisas que los familiares de las víctimas han debido sortear para obtener atisbos de justicia, justicia parcial o impunidad total, según los casos. Hay quienes -a casi cuatro décadas de los hechos- aún no consiguen información respecto del destino de sus familiares, es decir, de justicia ni hablar. Entonces, mientras esas heridas no logren cicatrizar con verdad y con justicia, todo intento por aplicar la clemencia respecto de quienes participaron de hechos de esa naturaleza, resultará traumático para la sociedad.

Por otra parte, resulta extremadamente complejo cuando quien debe decidir sobre dicha solicitud de misericordia, es justamente el representante del poder ejecutivo, el mismo poder que utilizó su fuerza para cometer delitos. Si con la fuerza del gobierno se persiguió y se asesinó, no parece justo ni razonable que sea el mismo poder el que perdone y deje en libertad.

NO al indulto! Dijimos muchos. Algunos en atención a los potenciales beneficiarios, otros además cuestionamos la improcedencia de la institución. El indulto no debe sobrevivir esta discusión. Es hora de que la clase política inicie un debate en profundidad respecto de ciertas instituciones extemporáneas, anacrónicas e injustificables en el actual estado de desarrollo democrático republicano, a fin de evitar que estos debates sean cíclicos y la ciudadanía observe cada cierto tiempo debates legítimos, pero sin correcciones institucionales.

Desde el punto de vista de su origen, el indulto carece de justificación en nuestras actuales circunstancias. En efecto, éste reconoce su origen en los regímenes monárquicos, donde el poder del rey no emana de la voluntad soberana, el pueblo, sino de Dios. Como tal, el rey actúa por delegación divina de su misericordia y, por tanto, posee la potestad divina del perdón o la clemencia. Así, la intervención del monarca en la suspensión, interrupción e incluso amnistía de personas, que hubieren sido previamente sancionadas por la institución encargada de la administración de justicia, responde a una delegación divina y al ejercicio del poder terrenal derivado.

1789, el año de la Revolución Francesa, fue el inicio de un cambio en las estructuras de poder público. El nacimiento de la República, cambiaría para siempre la forma de administración y ejercicio del poder. La separación de funciones se transformó en un elemento de la esencia de la nueva forma de estructura social, donde cada poder del estado, ejerce sus funciones sin intromisión del resto de ellas.

Nuestro país desde 1810 se declaró República independiente, poniendo fin a la dependencia monárquica de la corona española. En dicho momento, los libertadores de la patria optaron por constituirse bajo el modelo republicano, con un régimen democrático, aunque restringido. Con ello abrazaron la separación de funciones, dejando en manos del gobierno la función gubernativa, en el parlamento la función legislativa y en el poder judicial la función de administrar justicia.

Aquí, impera el principio de la democracia representativa, en virtud del cual la ciudadanía o el pueblo en su condición de poder originario, lo delega en una autoridad elegida por éste, poniendo fin al origen divino del poder propio de los regímenes monárquicos. Las funciones legislativas, gubernativas y jurisdiccionales son ejercidas de conformidad a las normas que el constituyente elabora para ello.

Siendo Chile una República, destaca entonces la sobrevivencia de una institución eminentemente monárquica como el indulto. Ya en los albores del bicentenario de nuestra independencia republicana, debiéramos concentrarnos en discutir la pertinencia de su mantención en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Si se ha consolidado la separación de funciones, ¿por qué entonces permitimos que el Presidente de la República de turno intervenga en una decisión propia de otro poder del estado? ¿Resulta lógico que la decisión del órgano al cual el constituyente ha encomendado la función de administrar justicia, sea sobrepasada, torcida o directamente modificada por otro poder del estado? ¿No será mejor respetar el conocimiento cabal, que la administración jurisdiccional tuvo al momento de observar las sanciones que impusieron a un determinado delincuente o criminal?

Chile ha logrado un avance considerable en el respeto a las instituciones, y es hora que inicie reformas destinadas a profundizar el sentido republicano, dentro de las cuales debiera considerarse la eliminación de la intervención del Presidente de la República en la facultad de indultar. Con ello evitaríamos que el soberano se inmiscuya en un tema de suyo complejo, donde más allá de la asesoría propia de su equipo jurídico, carece de la profundidad de análisis y particularidades que los jueces tuvieron en vista al momento de dictar sentencia. Igualmente se mantendría el respeto por la función jurisdiccional y se pondría fin a la intervención política en la administración de justicia.

¿Terminaría con ello la posibilidad de clemencia, misericordia o indulto? No necesariamente, el sentido de mi propuesta no es extremar las sanciones ni poner fin a la posibilidad de indultar a un condenado con particularidades como edad avanzada, enfermedad terminal, sin participación en delitos de sangre, en fin, condiciones posibles de discutir. El tema es la institución que los concede. Podría incluso pensarse en la mantención de la institución del indulto particular, haciéndolo recaer en el máximo tribunal de la República, la Corte Suprema de justicia. Con ello, mantendríamos en la esfera de la propia función jurisdiccional, la potestad de indulto.

De esta manera, estaríamos poniendo fin a la intervención política en la administración de justicia e independientemente del gobierno de turno y de los potenciales beneficiarios, el debate recaería sobre elementos técnicos y las condiciones particulares de cada caso.

El abuso DICOM: protejamos nuestros datos personales

Ya son millones las personas que se han visto afectadas por el uso y abuso de sus datos personales. El lucrativo negocio de la administración y gestión de bases de datos, está generando el empobrecimiento de miles de personas, que ven cómo diversos ámbitos de la sociedad les cierran las puertas por el sólo hecho de poseer –o haber poseído- deudas con el sistema bancario, comercial y hasta municipal.

Ciertamente, la existencia de registros de morosidades comerciales, constituye un elemento necesario para la seguridad mercantil en las relaciones entre clientes y proveedores de servicios o productos. El punto entonces, radica en crear una regulación que, por una parte, permita incrementar los niveles de seguridad en las transacciones mercantiles y, por otra, evite que dichos datos sean utilizados por terceros, ajenos a dichas operaciones, utilizándolos como un certificado de conducta y admisibilidad a determinadas funciones de la vida cotidiana.

Resulta común observar cómo “el Dicom” actúa como cerrojo de oportunidades laborales, dejando fuera a quienes allí figuran. De igual forma, muchos niños y jóvenes no pueden ser matriculados en algunos colegios particulares o centros de educación superior privado por la morosidad de sus apoderados. Ya son cientos los jóvenes, cuyos planteles de educación superior los enviaron a Dicom, y con ello los condenaron a la marginalidad laboral y crediticia. El estado, desde hace algunos años se ha sumado a este proceso de exclusión, exigiendo “Dicom” a postulantes a subsidios e incluso a ciertas funciones públicas.

Cada día hay cientos de chilenas y chilenos que no encuentran trabajo por estar en Dicom. Si queremos que los deudores paguen lo que deben, no parece justo, racional, lógico ni humano, que no se les dé la oportunidad de trabajar para conseguir los recursos necesarios para ello. El actual sistema los lleva al círculo vicioso de deuda por desempleo y desempleo por deuda, lo que constituye una verdadera condena social, que genera empobrecimiento, marginalidad y muchas veces incentiva la informalidad como forma de proveer de recursos a la familia.

Hoy pareciera más grave “tener Dicom” que tener antecedentes penales. De hecho, de conformidad a las normas vigentes, hoy un criminal que ha cumplido condena por un delito deleznable como la violación de un menor, podría borrar por una vez en su vida sus antecedentes criminales, y al momento de sacar su certificado dirá “Sin antecedentes”. Mientras que el deudor, por más que haya pagado su deuda monetaria, seguirá existiendo en el “histórico” que poseen bancos e instituciones financieras, y sus consecuencias lo acompañaran ad eternum. Es decir, nuestra sociedad aparentemente da mayor protección a la propiedad que a la vida y la integridad de las personas, reflejando con ello un desvalor profundo que debe llevarnos a reflexionar.

Chile avanza a paso firme hacia el desarrollo. El punto entonces es cómo somos capaces de que dicho proceso sea para todos nuestros compatriotas; para los que han tenido las oportunidades y también para aquellos que quisieron innovar, emprender o mejorar su condición de vida y se cayeron en el intento, ya sea por errores de administración o lisa y llanamente por imprevistos, como la enfermedad catastrófica de un familiar o la cesantía.

Debemos avanzar rápidamente en una regulación de este mercado, que consigne elementos como la eliminación de su acceso universal, a través de la consagración del principio de la finalidad del dato, normado en las principales legislaciones internacionales. Asimismo, la consolidación de información positiva y negativa de ciudadanos, para distinguir entre el deudor ocasional por imprevistos y el incumplidor consuetudinario. Y Finalmente, establecer la creación de la agencia de protección de datos personales, a fin de supervigilar el necesario equilibrio entre la transparencia de la información pública de los ciudadanos y el respeto por el buen uso de los datos personales de nuestros connacionales. Sólo así evitaremos sumar a más chilenos y chilenas al proceso de exclusión social, laboral y crediticio, que hoy impera en Chile y cuyas consecuencias podrían ser objeto de explosiones sociales en el corto plazo.

PPD 2010-2020

Domingo 27 de Junio de fin de semana largo, nublado y frío, dos días después del paso de Chile a la segunda ronda del mundial y a uno del decisivo partido ante Brasil. Día de los duelos entre Argentina y México y Alemania e Inglaterra. En fin, elegir ese día para realizar un seminario, encuentro o elecciones internas de un partido político, sería impensado para muchos. Bueno no para el PPD, lo que refleja la profunda desconexión que la directiva actual tiene con la ciudadanía y con lo que ocurre en el mundo real.

Así y todo, cerca de 10 mil militantes concurrieron voluntarios o acarreados a sufragar para renovar más de 600 cargos de niveles nacional, regional, provincial y comunal. La menor cantidad de votantes desde su fundación podría justificarse con los elementos señalados anteriormente, pero la realidad refleja otro problema más complejo de enfrentar y muy difícil de superar.

No es sorpresa afirmar que los partidos políticos (todos) se encuentran subsumidos en una crisis de representatividad y gozan de la desconfianza generalizada de la ciudadanía. Pero en lo particular, debemos asumir que el PPD llega al 2010 subsumido en una profunda crisis interna, marcada por una descomposición de las relaciones humanas de sus liderazgos tradicionales, por la implementación generalizada de prácticas alejadas de los principios originarios, con un caudillismo unicolor desmesurado, contradicciones (o incoherencias) entre el pensar y el hacer y con una tendencia a caricaturizar o mediatizar los debates por temor a adoptar definiciones que puedan producir quiebres o fugas de la estructura partidaria.

La nueva mesa directiva posee particularidades que le otorgarán mayor grado de credibilidad en la base partidaria. De igual forma su estatura para enfrentar los debates de país y los desafíos de la coalición será distinta al no haber sido factor de división en procesos electorales previos. Pero sin duda cargará con la responsabilidad de dar conducción al proceso más difícil que haya enfrentado el PPD desde su fundación.

Por una parte deberá definir el “qué y para qué del PPD” en este nuevo escenario político. ¿Qué le ofrecerá el PPD a Chile? ¿Cuál será su definición ideológica o su oferta programática? ¿Cuál será su rol en la oposición y su política de alianzas? ¿Cuál será la aspiración futura del otrora partido representante de la Tercera Vía? ¿Seguirá permitiendo la autonomía de opinión en temas cruciales para el país? ¿Seguirán sus caudillos internos tomando definiciones al margen de la institucionalidad y notificándonos a través de los medios de comunicación? ¿Habrá algún sistema para exigir coherencia en los planteamientos estructurales? No se trata entonces de coartar la libertad de opinión, sino más bien de poseer una mínima coherencia entre la institucionalidad partidaria y sus directivos o representantes a fin de recobrar la seriedad política que nos caracterizó en nuestros orígenes.

Por otra parte, esta directiva deberá crear partido. Crear institucionalidad y no permitir que la estructura siga dependiendo del caudillo de turno. Si el PPD quiere influir en el profundo cambio político y social que vive nuestro país, debe crear una orgánica de base local, incluir la militancia temática y la militancia virtual, incorporando a las bases ciudadanas organizadas en movimientos sociales o funcionales. Reconectarse con los jóvenes en la organización estudiantil y laboral, promover la creación de emprendimientos políticos en las bases que levanten nuevos liderazgos locales de cara al próximo proceso electoral que se verificará en 27 meses.

Como punto de partida la nueva directiva debiera iniciar un proceso de refichaje de la militancia a fin de depurar de manera transparente el actual padrón electoral, ya que al recorrer a quienes figuran en los registros vigentes, es posible observar muchas personas que carecen de interés en seguir participando, militantes que no saben que lo son y que finalmente son objeto de acarreos en cada acto electoral por el caudillo que logra descubrirlos en el padrón histórico del PPD para fines particulares.

En fin, la actual situación del PPD es de precariedad institucional y de carencia ideológica y programática por lo que el desafío de esta nueva directiva integrada deberá centrarse en la configuración de un partido sólido y coherente que le ofrezca a Chile una alternativa progresista y responsable donde ser oposición constituya un desafío para elaborar propuestas sólidas que nos constituyan en alternativa política y social real para el Chile del post bicentenario.

El desafío es inmenso y extremadamente riesgoso porque se trata de definiciones que ciertamente generarán tensiones internas. Para ello se requiere contar con la voluntad de muchos dirigentes y dirigentas que indistintamente del grupo interno al cual adhieran, comprendan que el desafío es mayor y se trata de verificar la continuidad y coherencia de este partido que tanto le ha dado a Chile y que de renovarse en procesos, formas, estilos y propuestas podrá entregarle mucho al Chile del 2020.

FELIZ DÍA DEL PATRIMONIO NACIONAL

Al conmemorarse el "Día del Patrimonio Nacional" quisiera enviar mis saludos a las organizaciones ciudadanas y vecinos de las 104 zonas típicas de nuestro país. En el año del bicentenario, debemos ser capaces de proyectar nuestro salto definitivo al desarrollo con pleno respeto a nuestra historia y tradición arquitectónica. No hay sociedad que avance sin reconocer su historia y su arquitectura. En tal sentido, recientemente la H. Cámara de Diputados, por primera vez en la historia republicana, ha creado por unanimidad de sus miembros la "Comisión Especial de protección del patrimonio histórico y zonas típicas," a fin de legislar en pos de la conservación y restauración de la arquitectura fundacional de nuestra república. Como coordinador de la "Bancada Patrimonial", reitero mis saludos e insto a las autoridades locales, regionales y nacionales a considerar la reparación y restauración como elementos del proceso de reconstrucción nacional, a fin de no derribar todo lo dañado ya que con ello se borran las historias de nuestros pueblos, ciudades y nuestra patria.

Finalmente, creo oportuno proponer a la autoridad la creación de incentivos y subsidios para la conservación y restauración de edificios o residencias patrimoniales, a fin de evitar que la declaración como inmueble patrimonial constituya un gravamen imposible de costear para sus propietarios, y así conservar las casas que habitaron los fundadores de la patria.

Felipe Harboe Bascuñán
Diputado de la República
Coordinador Bancada Patrimonial
Cámara de Diputados

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS: UNA MIRADA DE FUTURO

No cabe duda que las escuchas telefónicas constituyen una importante herramienta intrusiva en la persecución penal. De hecho, ya son cientos las causas que han logrado resolverse con sanciones punitivas, al comprobarse el hecho punible, la participación o el encubrimiento de un crimen, a través de esta medida.

No obstante reconocer su utilidad y necesidad, creo necesario advertir que las interceptaciones telefónicas constituyen una medida intrusiva, que afecta garantías constitucionales, como el respeto y la protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, consignadas en los numerales 4 y 5 respectivamente, del artículo 19 de la Carta Fundamental. Es justamente esta última disposición, la que deja a la ley y no a otra fórmula, el mecanismo para la interceptación de las comunicaciones privadas, a fin de asegurar el rango normativo de su regulación. Su aplicación debe ser excepcional y previa autorización de una institución diversa de aquella encargada de la persecución criminal. En efecto, el persecutor como encargado de dirigir las investigaciones puede realizar un conjunto de actuaciones procesales e investigativas destinadas a comprobar la responsabilidad de sus investigados. Pero, su límite natural aparece cuando dentro de sus acciones requiere vulnerar o afectar alguna garantía constitucional. Este es un caso típico. Es allí entonces donde aparece un tercero, ajeno a la institución (Juez de garantía), quién se encarga de evaluar y ponderar en atención a antecedentes objetivos presentados por el fiscal, si excepcionalmente, se puede autorizar la afectación y limitación de dicha garantía constitucional, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

El anuncio del señor Fiscal Nacional, en orden a implementar un sistema propio de interceptaciones telefónicas, ciertamente responde a la intención de mejorar las técnicas intrusivas en beneficio de la investigación. Pero genera dudas, en cuanto a la conveniencia que sea justamente la entidad prosecutora -encargada de solicitar estas medidas intrusivas- quien posea dicha tecnología.

El actual debate requiere observar la experiencia internacional, la cuál, lejos de ser uniforme, mayoritariamente se orienta a la creación de un sistema interinstitucional de interceptaciones telefónicas, donde coexisten representantes de la entidad persecutora, del poder judicial, de la agencia de inteligencia (según proceda), de las compañías de telecomunicaciones y de las policías. Esta integración, junto con asignar al Juez de garantía (o su similar) la facultad de autorizarlas, permite la creación de protocolos y procesos predeterminados, expeditos y seguros donde coexisten representantes de las diversas instituciones involucradas en un espacio común, creando un control interinstitucional, destinado a evitar eventuales abusos o errores que puedan cometerse en el uso de dicha medida intrusiva.

La regulación de procedimientos, atribuciones y sanciones por mal uso, es normada por lo general por preceptos legales, a fin de evitar discrecionalidades de autoridad o del funcionario de turno, que puedan entorpecer dicho procedimiento o abusen del mismo. Junto con ello, se establece por ley la obligación que asiste a las compañías de telecomunicaciones de proceder a aplicar la respectiva medida intrusiva cumplidos los procedimientos de verificación interinstitucional, evitando excusas en su aplicación, por carecer de líneas disponibles, lo que muchas veces frustra algunas investigaciones, donde la oportunidad de la medida marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de su utilización.Ciertamente debemos incrementar los mecanismos de lucha contra el crimen organizado, pero ello debe llevarse a efecto con pleno respeto a las garantías fundamentales y, cuando se requiera su afectación en beneficio de la sociedad toda, su procedimiento de aplicación sea lo suficientemente reglado y protegido, para no amparar errores o abusos que puedan implicar injusticias o afectación de la vida privada de ciudadanos honestos.