CIERRE DE PASAJES Y CALLES

El Congreso nacional ha tratado de manera exhaustiva las diversas iniciativas destinadas a permitir que las municipalidades puedan determinar el cierre de pasajes y calles con el objeto de beneficiar las condiciones situacionales de seguridad barrial.

Ciertamente se trata de un proyecto complejo y controvertido. La controversia y complejidad radican en la colusión de un conjunto de derechos. El derecho a la libertad ambulatoria, el acceso universal a los bienes nacionales de uso público. Las facultades restrictivas sobre ellos de la autoridad edilicia. La seguridad ciudadana de los vecinos e incluso la libertad para ejercer actividades económicas de locatarios ubicados en lugares potencialmente limitados de acceso.

Mas allá de la colusión jurídica –que por lo demás a estas alturas del desarrollo del derecho es imposible no tenerlas al crear nuevas normas- en lo personal tengo profundas contradicciones que aún no logro resolver. Por una parte soy un convencido de la necesidad de concebir las ciudades y espacios públicos como punto de encuentro. Punto de encuentro de ciudadanos con otros ciudadanos y con el patrimonio cultural y arquitectónico de nuestras ciudades. En tal sentido, la limitación de accesos, los cercos, las restricciones urbanas atentan contra este fin y, ciertamente el proyecto en comento atenta contra esta concepción.

Cerrar pasajes y calles ciertamente no garantiza inmunidad delictual, pero es un hecho demostrable la disminución de la victimización en hogares cuyos accesos poseen mayores restricciones respecto de aquellos que no la tienen. De igual forma, el elemento subjetivo de la inseguridad, el temor, disminuye considerablemente en las familias que han logrado mayores resguardos de sus espacios inmediatos.

Mas allá de las disquisiciones teóricas que he planteado de manera superflua, creo que el debate –y por cierto las normas e instituciones- ha sido superado por la práctica. En efecto, hoy, en nuestras ciudades ha proliferado el cierre de calles y pasajes. Lamentablemente esta proliferación ha sido inorgánica, sin la regulación adecuada, sin la transparencia de los procesos de aprobación o rechazo y carente de objetividad. En muchos casos los cierros responden a presiones vecinales a la autoridad local o a la autotutela vecinal en desmedro de vecinos que promueven la vida en los espacios públicos. Así, el avance “privatizador” del espacio público va en aumento y, con él la ciudad pierde espacios de encuentro y reunión. Por ello es que se requiere una regulación adecuada para hacerse cargo de una situación real y actual que hoy afecta a los ciudadanos y a las ciudades y barrios. Terminar con esta proliferación desregulada de cierros de calles y pasajes que está restringiendo de manera desmesurada el acceso de ciudadanos a los espacios públicos.

El proyecto en comento avanza en tal sentido, estableciendo como responsable de estas autorizaciones a los Alcaldes. Esto no es menor, ya que termina con la posibilidad de autotutela o decisión vecinal autónoma e impone a una autoridad elegida y responsable política, jurídica y administrativamente a cargo del tema. Por de pronto sus resoluciones son susceptibles de ser recurridas ante el organismo contralor o ante el órgano jurisdiccional competente, lo que le da al ciudadano herramientas prácticas para reclamar su eventual disconformidad. Además al Alcalde se le exige el concurso del concejo municipal, (órgano colegiado elegido en votación popular por los vecinos); el apoyo de al menos 90% de los vecinos afectados; la autorización del cierro es por 5 años renovables; dicha resolución es revocable con al menos el 50% de los vecinos; y la autorización siempre debe adoptar medidas para garantizar el ejercicio de actividades económicas en caso que existan locales comerciales al interior de la calle o pasaje a cerrar.

Esta regulación avanza en el sentido correcto, toda vez que evita la proliferación inorgánica, la privatización del suelo y pone a una autoridad a cargo quien, en casos fundados, podrá autorizar los cierros bajo ciertas condiciones y previo informe de carabineros del sector y del cuerpo de bomberos local.

Las soluciones de la seguridad no pueden descansar exclusivamente en medidas punitivas ni tampoco en medidas situacionales. No es justo encomendar a la ciudad la solución de un problema complejo y multicausal como la delincuencia y la violencia. Estas y otras deben ser consignadas como elementos coadyuvantes y complementarios. No podemos seguir restringiendo los espacios públicos como forma de incrementar los niveles de seguridad. Pero resulta igualmente injusto dejar al vacío y al arbitrio de autoridades o vecinos poderosos la decisión inconsulta de cierros de calles y pasajes. Frente a la actual realidad es mejor contar con una regulación que restrinja, regule y desincentive los cierros que dejar un vacío no inocuo, sino uno discriminador, agresivo y destructor de barrios y ciudades.

Luz amarilla

Mi columna respecto a millonaria licitación de Gobierno

Luz amarilla es la que debemos encender ante las equívocas señales que el gobierno está enviando a las empresas de menor tamaño. Resulta paradójico que en el año del Bicentenario, se implemente el estatuto especial para estas empresas y, en paralelo, la autoridad realice acciones que afectan gravemente la competitividad de las mismas.

Recientemente a través del sistema de compras públicas, el Gobierno de Chile decidió licitar las asesorías comunicacionales y los servicios publicitarios de manera centralizada. Quizás el loable objetivo de incrementar los niveles de coordinación intergubernamental y reducir la discrecionalidad en estas materias, terminó dañando a la industria, la competencia y en especial a la pequeña y mediana empresa.

La industria de los servicios publicitarios se encuentra integrada por diversos actores. Creativos, diseñadores, productores e impresores, por nombrar algunos. Esto actúa como generador de múltiples empleos directos e indirectos, y facilita la competencia entre las diversas ofertas de servicios en cada uno de sus rubros o etapas.

El hecho de licitar la totalidad de los servicios publicitarios de manera centralizada, impidió que cada servicio pudiera ejercer libremente el derecho a licitar sus requerimientos publicitarios, y por tanto, ad hoc a las normas sobre compras públicas, optaran por aquellos que poseían know how o expertise en determinadas áreas de gestión.

Por regla general, las licitaciones centralizadas exitosas se refieren a “productos” y no a servicios, ya que mientras los primeros pueden estandarizarse en las diversas instancias de gestión; tratándose de “servicios”, las particularidades de cada sector de gobierno requieren de servicios o asesorías especializadas o, al menos, diferenciadas. Por su parte, la centralización de los servicios fomenta la concentración de la industria que los presta, facilita la integración vertical de la industria publicitaria, fomenta la subcontratación no susceptible de ser fiscalizada por el organismo contralor, perjudica a las empresas de menor tamaño y reduce el impacto en el empleo.

Desde el punto de vista de los montos, el proceso alcanzó las 5 millones de UF, es decir una cifra superior a los U$250 millones. Cifra que parece excesiva, si se considera el constante discurso oficial de la necesidad de financiar la reconstrucción. Pero más allá de dicha consideración, parece desconcertante que se pretenda distribuir tal cantidad de recursos en un reducido número de empresas.

Al observar las bases de licitación, me surge una preocupación estructural. Y es, si el gobierno exigió en las bases como requisito de postulación, un conjunto de condiciones que sin decirlo explícitamente, excluyó a las medianas y pequeñas empresas. Montos mínimos de facturación anual, galardones internacionales de las empresas y de sus integrantes, en fin, requisitos que según los entendidos del rubro, no cumplen más de media decena de grandes compañías del país.

El resultado de la licitación fue la consecuencia lógica de lo exigido. En un principio sólo 3 grandes empresas publicitarias se adjudicaron la millonaria propuesta. Luego, producto de un triple empate en el tercer lugar, la comisión decidió ampliar la adjudicación a 5 agencias publicitarias. La consecuencia práctica, cientos de pequeñas y medianas empresas quedaron fuera del proceso, y ahora deberán esperar la voluntad de estas agencias para subcontratar sus servicios en alguna de las etapas de desarrollo de las asesorías o servicios comunicacionales al gobierno. Dicho de otro modo, sólo 5 empresas publicitarias se adjudicaron las casi 5 millones de UF. Por decirlo menos, inconveniente.

En un país que avanza a pasos agigantados por la senda de la transparencia y donde existe una creciente conciencia de la necesidad de fomentar la competencia, en particular, a las empresas de menor tamaño; decisiones como la anterior desconciertan y siembran un manto de dudas sobre el rol del estado en la redistribución de recursos, en la generación de condiciones de competencia, sobre la verdadera intención de beneficiar a un sector, que por su naturaleza requiere de apoyos adicionales, o al menos de igualdad de condiciones para competir con grandes conglomerados nacionales e internacionales.

Por ello es que junto a representantes de “Mercado Transparente” y de algunas empresas de menor tamaño, recurrimos a la Fiscalía Nacional Económica, a fin de que inicie una investigación por conducta atentatoria contra la competencia. Nuestro objetivo es evitar que este proceso siente un precedente de cláusulas discriminatorias hacia las empresas de menor tamaño y se favorezca aún más la concentración económica en nuestro país, y todo ello al amparo del estado.

Todas las medidas que tiendan a optimizar el uso de recursos públicos serán bienvenidas, pero junto a ello debemos resguardar el derecho que asiste a miles de pequeñas y medianas empresas, para participar de manera transparente e igualitaria de los procesos de licitación de los servicios del estado de Chile. Sólo así predicaremos con el ejemplo y fortaleceremos a quienes constituyen la principal fuente de empleo de nuestro país: la Pyme.

CONFUSIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Confusión, es la palabra que mejor refleja lo expresado por el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en columna publicada en este diario. Dicha misiva se funda en diagnósticos errados y por tanto concluye de igual forma. Por ello he creído necesario realizar algunas precisiones para evitar la confusión de los lectores.

La autoridad señala que la última década fue mala en términos de victimización. Como sustento cita encuestas de la Fundación Paz Ciudadana de los años 2000-2004 obviando las encuestas posteriores que son justamente las que demuestran una disminución del delito. Luego, parece extraño que una autoridad de gobierno ignore la información del órgano oficial del estado de Chile y reconocido por la OCDE, el INE, según el cual, la victimización entre el año 2006 y 2009 se redujo en 4,7 puntos porcentuales.

Posteriormente hace mención a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y la ubica como el fruto de un gran acuerdo político de seguridad entre el gobierno y la oposición de entonces. Su lejanía con el tema lo conlleva una nueva “confusión” ya que la ENSP es un instrumento de gestión elaborado por el gobierno de Michelle Bachelet junto a Carabineros de Chile, PDI y Ministerio Público, lanzado en Noviembre de 2006; mientras que el acuerdo de seguridad pública gobierno–oposición es posterior, de Diciembre del año 2007.

Luego critica ciertas metas y programas lo cual es absolutamente legítimo. Todo instrumento de gestión es perfectible. El mérito de la ENSP radicó en ser la primera estrategia integral de trabajo con fijación de metas públicas y medibles, lo que permitió ordenar la oferta pública en seguridad y obtener resultados concretos.

El Plan Chile Seguro, se funda innegablemente en la ENSP. La integralidad del modelo, los ejes utilizados, la fijación de metas cuatrianuales, los sistemas de medición, entre otros aspectos, son similares. Esto refleja que el instrumento original apuntó en la dirección correcta y la actual autoridad transita por el mismo camino, con las debidas correcciones, mejoras y focalizaciones propias de los resultados de la Encuesta de Victimización 2009.

Respecto de la meta planteada por el “Plan Chile Seguro”, destaco el valor que tuvo el ministro de hacerla pública siguiendo lo inaugurado por el gobierno de Michelle Bachelet y sentando las bases para que, cualquiera sea la autoridad de turno, deba plantearse de cara al país el objetivo de su etapa de gestión. La cifra comprometida, 4.6 puntos de reducción en la victimización en 4 años constituye un importante desafío que creo podrá alcanzarse si lo escrito se transforma en realidad, llegando casi a igualar al período 2006-2009 que alcanzó 4.7 puntos porcentuales de disminución del delito.

Finalmente resulta relevante que la autoridad entienda que su misión es gobernar sin necesidad de perder tiempo en la descalificación de sus antecesores ya que ello implica denostar a miles de carabineros, detectives y fiscales que fueron parte activa y operativa de los logros alcanzados por el país y a los cuales debo un profundo agradecimiento y respeto. La convocatoria es a sumar esfuerzos, experiencias y capacidades por un objetivo mayor, la seguridad de nuestros compatriotas.

Estrategia de Seguridad 2010-2013

Es una buena noticia para Chile recibir el Plan Nacional Antidelincuencia que, luego de 6 meses al mando del país, anunció el Presidente de la República. Celebro la audacia que ha tenido el actual gobierno para seguir el modelo implementado por la Presidenta Michelle Bachelet, en orden a anunciar, y de manera pública, una meta medible y cuantificable. Un compromiso de resultado en el quehacer antidelictual.

La elaboración de instrumentos de gestión con metas colectivas para diversas instituciones, constituye un elemento ordenador del sector público, más aún si se asume que la disminución del flagelo delictual requiere una política integral, cuya implementación exige trabajo intersectorial y una fina coordinación interinstitucional con otros órganos del Estado.

Las actuales autoridades se han fijado como meta una reducción de la victimización desde 33,6% a 29%; es decir una disminución real de 4.6 puntos porcentuales para su período de gobierno. En términos cuantitativos, el compromiso es muy similar al resultado obtenido por el gobierno anterior (2006-2009), donde se logró una reducción de 4.7 puntos porcentuales, bajando de 38,4% a 33,6% el número de hogares victimizados.

Al observar con mayor detención el texto del plan de seguridad, es dable destacar la implementación del plan de “escuelas abiertas” como mecanismo de apoyo a familias de padres y madres trabajadoras, y así contar con infraestructura segura para que los jóvenes se desarrollen. Esto se ha implementado en comunas como Peñalolén con buenos resultados, no obstante, los que aún no sabemos es si son por el compromiso y capacidad de gestión de sus autoridades locales o porque el modelo en sí mismo es exitoso. En consecuencia, se trata de un plan piloto, cuya masificación debería depender de un estudio de resultados.

La inclusión parcial de los municipios en los desafíos de seguridad, me parece un tema complejo y preocupante. Esto, porque conforme a la ley vigente, carecen de facultades -tanto de personal como de recursos- para ello. Así, la mutación de los Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal a fondos concursables, no parece acertada, toda vez que volverá a la lógica de financiar iniciativas sociales muy necesarias y bien inspiradas, pero muchas de ellas carentes de impacto directo en la disminución de la victimización local.

La mencionada estrategia de seguridad enumera un conjunto de programas, algunos de continuidad -como “24 horas” y “Plan Cuadrante”- y otros con nombres nuevos, como “Barrio en Paz”. Todos deberían ser implementados en comunas seleccionadas de acuerdo a indicadores objetivos y conocidos, para evitar suspicacias en las localidades beneficiadas por dichos programas, en desmedro de otras con iguales necesidades y legítimas aspiraciones. Por de pronto, estos sólo podrán ser evaluados al final de su implementación, por su impacto local en la reducción de la victimización, para lo cual se requerirá la elaboración de un sistema de medición que desagregue a nivel comunal la incidencia delictual.

En materia de control se hace mucho énfasis en “trancar la puerta giratoria” de los delincuentes y se plantean modificaciones legislativas para limitar aún más el derecho constitucional de la libertad provisional. ¿Cómo se puede entender ese desafío, si la autoridad de justicia señala que en Chile existe un número desproporcionado de personas privadas de libertad? Al observar el incremento de la población penal, se puede advertir un crecimiento brutal a partir de 2003, con un hacinamiento indigno que ha sido criticado por la actual autoridad. Es contradictorio que el plan nada comprometa en construcción de cárceles; salvo que alguien considere dicha medida como ajena, la política de seguridad parece una omisión digna de corregir para poder concretar estos anuncios y ser consecuentes con la necesidad de dignificar la privación de libertad.

El instrumento de gestión utilizado para enfrentar la delincuencia es similar a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada en 2006, los ejes del plan son equivalentes, la agenda legislativa recoge mucho de lo planteado con anterioridad por parlamentarios de la Concertación, y las metas propuestas son porcentualmente similares. Entonces, ¿por qué insistir en señalar que se “cambiará la mano” con los delincuentes? Si se trata de resultados concretos, entonces veamos: entre el 2003 y el 2009 la victimización cayó en 9,4 puntos porcentuales y la población penal aumentó a una tasa promedio de 6,9% anual. ¿Para qué hacer cambios tan profundos si lo que se propone es reducir en igual porcentaje los delitos?

Reconocer los avances, profundizar las estrategias, mejorar la implementación de políticas y trazar un camino común, son constitutivos de política de Estado, lo que difiere con el permanente intento de refundarlo todo y descalificar lo hecho por otros. Me quedo con el llamado del Presidente a entender la seguridad como tema de Estado y espero que sus autoridades hagan eco en la práctica de dicha frase que tan bien le haría al país, para lograr los avances a los que todos aspiramos: mejorar las condiciones de paz y tranquilidad en nuestra sociedad.

EN RELACIÓN A "INSTRUCTIVO COMUNICACIONAL DE GOBIERNO"

A través de un medio de comunicación, hemos conocido la existencia de un “instructivo comunicacional” elaborado por la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno y distribuido a ministros, subsecretarios e intendentes de la actual administración. Ciertamente, la facultad, o más bien la necesidad de crear instructivos comunicacionales, resulta relevante para la correcta y armónica difusión de los mensajes que el gobierno pretende transmitir a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación. Mas allá de las opiniones respecto de la calidad del mismo, corresponde hacer un alto para evitar que pase desapercibida, una situación de extremo grave consignada en dicho documento. En efecto, en el texto referido señala:

“(…) Esto sin dejar de recordar (mencionar) a nuestros adversarios y nuestros inspiradores:

-Adversarios:

El terremoto y maremoto

Los delincuentes y nacotraficantes

Las irregularidades, los operadores políticos y la mala administración

Los que diseñaron e implementaron el Transantiago

La oposición que le negó US$1.000 millones a los damnificados. (…)”

Qué distinto es el mensaje público enarbolado por el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Qué dicotomía existe entre lo que se instruye en este texto, con lo que el Ministro Larroulet transmite en el Congreso para pedir apoyo a los proyectos de ley. ¿Cuál es la línea de este gobierno? ¿Serán acaso dos almas al interior de este? Lamentablemente creo que no, ya que la distribución de este tipo de instructivos, deben ser previamente visados por la autoridad política. Si la Secom (autora del instructivo) depende de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, es ella quien debe responder por su redacción y distribución. Si se excusa en que lo desconocía, entonces debe responder por su incompetencia y falta de control de sus subordinados. Ahora, si la Secom está reportando directamente al gabinete presidencial, la situación es aún más compleja, ya que implica directamente al Presidente de la República y a su entorno más cercano, lo que revelaría una falta a la verdad entre lo que se cita en las “cadenas nacionales”, apelando a la unidad y la cooperación como nueva forma de gobernar, y la decisión de agredir a sus “adversarios”.

Finalmente cabe reflexionar respecto del concepto utilizado. Somos oposición, incluso adversarios políticos. Podemos pensar distinto y tener diferencias profundas - o no tanto- con la actual administración. Pero nada de lo anterior, da derecho a funcionarios de gobierno, a servidores públicos, a compañeros de vocación, a poner en la misma balanza a la oposición con delincuentes y narcotraficantes.

Tratar a la oposición al mismo nivel, refleja el profundo espíritu antidemocrático que impera en el subconsciente de quien redactó el documento. Refleja la incapacidad de aceptar las reglas del juego democrático y de rebatir con argumentos las posiciones divergentes. Conlleva una concepción autoritaria del ejercicio del poder, donde se instruye a descalificar a los interlocutores y no desvirtuar con el poder de las ideas. Implica la renuncia a la convicción y disuasión de los adversarios y supone su descalificación como forma de imponer sus visiones particulares. De igual forma, su distribución supone una “orden o instrucción” a la totalidad de las autoridades de gobierno. Dicha distribución debe tener respaldo de autoridades de primera línea, con lo cual se validan los conceptos vertidos en él y se transforma en un documento oficial (oficioso) del actual gobierno. Las mismas autoridades no serían operadores políticos sino destacados cuadros técnicos. ¿Qué hará entonces un destacado técnico con tal documento? Si lo lleva adelante, sufrirá su mutación hacia operador político, corriendo el riesgo de pasar a ser parte de los “adversarios” señalados en el instructivo.

No cabe duda, el documento es un documento político, elaborado con una intención política, buscando un efecto político, elaborado por un operador político, destinado a afectar a la oposición, pero creo que su publicación perjudica en primer orden a quien lo elaboró, por quedar de manifiesta su escasa capacidad comunicacional, su nula vocación democrática y su cuestionable respeto por la diversidad. Pero luego, desprestigia a las autoridades que permitieron por acción o por omisión su distribución, transformando en oficial un documento que refleja la inconsecuencia entre el decir y el actuar.

INDULTO Y REPÚBLICA

Por Felipe Harboe Bascuñán

Durante los últimos días, nuestro país ha sufrido una regresión de casi 10 años. El debate sobre la petición de las iglesias Católica y Evangélica, de otorgar un indulto bicentenario a condenados recluidos de libertad, removió una vez más aquellos temas que aparentan estar superados, pero que al menor debate vuelven a recordarnos cuan divididos estamos los chilenos.

Algunos sectores han cuestionado que la Iglesia Católica haya pedido el indulto al gobierno y, con esto, haber incomodado al Presidente de la República. A ellos, cabe recordarle que el derecho a petición aún permanece incólume en nuestra constitución política (no sé por cuánto tiempo más). Además, es menester rememorar que para las iglesias, la clemencia constituye una virtud y un elemento esencial derivado de la misericordia divina. Es decir, más allá de la opinión que se tenga sobre la medida, resulta de pleno derecho y de toda lógica que las iglesias soliciten a la autoridad política el ejercicio de dicha facultad, a fin de otorgar el beneficio del indulto a quienes se encuentran privados de libertad.

En el caso de nuestro país, la complejidad de la solicitud no se funda en la petición de misericordia, ni en el solicitante de ella, sino en sus potenciales beneficiarios. Nuestra historia reciente (o ya no tan reciente), condiciona todo este debate. El sólo hecho de que se discuta la posibilidad de beneficiar con un indulto a personas condenadas por delitos de lesa humanidad contra connacionales, resulta traumático para la sociedad. Reviven las heridas no cerradas y afloran las más profundas divisiones de nuestra clase gobernante. Para decirlo de otra forma, la política no está preparada para discutir este tipo de decisiones en un marco de respeto y tolerancia. No lo está, porque han sido muchas las cortapisas que los familiares de las víctimas han debido sortear para obtener atisbos de justicia, justicia parcial o impunidad total, según los casos. Hay quienes -a casi cuatro décadas de los hechos- aún no consiguen información respecto del destino de sus familiares, es decir, de justicia ni hablar. Entonces, mientras esas heridas no logren cicatrizar con verdad y con justicia, todo intento por aplicar la clemencia respecto de quienes participaron de hechos de esa naturaleza, resultará traumático para la sociedad.

Por otra parte, resulta extremadamente complejo cuando quien debe decidir sobre dicha solicitud de misericordia, es justamente el representante del poder ejecutivo, el mismo poder que utilizó su fuerza para cometer delitos. Si con la fuerza del gobierno se persiguió y se asesinó, no parece justo ni razonable que sea el mismo poder el que perdone y deje en libertad.

NO al indulto! Dijimos muchos. Algunos en atención a los potenciales beneficiarios, otros además cuestionamos la improcedencia de la institución. El indulto no debe sobrevivir esta discusión. Es hora de que la clase política inicie un debate en profundidad respecto de ciertas instituciones extemporáneas, anacrónicas e injustificables en el actual estado de desarrollo democrático republicano, a fin de evitar que estos debates sean cíclicos y la ciudadanía observe cada cierto tiempo debates legítimos, pero sin correcciones institucionales.

Desde el punto de vista de su origen, el indulto carece de justificación en nuestras actuales circunstancias. En efecto, éste reconoce su origen en los regímenes monárquicos, donde el poder del rey no emana de la voluntad soberana, el pueblo, sino de Dios. Como tal, el rey actúa por delegación divina de su misericordia y, por tanto, posee la potestad divina del perdón o la clemencia. Así, la intervención del monarca en la suspensión, interrupción e incluso amnistía de personas, que hubieren sido previamente sancionadas por la institución encargada de la administración de justicia, responde a una delegación divina y al ejercicio del poder terrenal derivado.

1789, el año de la Revolución Francesa, fue el inicio de un cambio en las estructuras de poder público. El nacimiento de la República, cambiaría para siempre la forma de administración y ejercicio del poder. La separación de funciones se transformó en un elemento de la esencia de la nueva forma de estructura social, donde cada poder del estado, ejerce sus funciones sin intromisión del resto de ellas.

Nuestro país desde 1810 se declaró República independiente, poniendo fin a la dependencia monárquica de la corona española. En dicho momento, los libertadores de la patria optaron por constituirse bajo el modelo republicano, con un régimen democrático, aunque restringido. Con ello abrazaron la separación de funciones, dejando en manos del gobierno la función gubernativa, en el parlamento la función legislativa y en el poder judicial la función de administrar justicia.

Aquí, impera el principio de la democracia representativa, en virtud del cual la ciudadanía o el pueblo en su condición de poder originario, lo delega en una autoridad elegida por éste, poniendo fin al origen divino del poder propio de los regímenes monárquicos. Las funciones legislativas, gubernativas y jurisdiccionales son ejercidas de conformidad a las normas que el constituyente elabora para ello.

Siendo Chile una República, destaca entonces la sobrevivencia de una institución eminentemente monárquica como el indulto. Ya en los albores del bicentenario de nuestra independencia republicana, debiéramos concentrarnos en discutir la pertinencia de su mantención en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Si se ha consolidado la separación de funciones, ¿por qué entonces permitimos que el Presidente de la República de turno intervenga en una decisión propia de otro poder del estado? ¿Resulta lógico que la decisión del órgano al cual el constituyente ha encomendado la función de administrar justicia, sea sobrepasada, torcida o directamente modificada por otro poder del estado? ¿No será mejor respetar el conocimiento cabal, que la administración jurisdiccional tuvo al momento de observar las sanciones que impusieron a un determinado delincuente o criminal?

Chile ha logrado un avance considerable en el respeto a las instituciones, y es hora que inicie reformas destinadas a profundizar el sentido republicano, dentro de las cuales debiera considerarse la eliminación de la intervención del Presidente de la República en la facultad de indultar. Con ello evitaríamos que el soberano se inmiscuya en un tema de suyo complejo, donde más allá de la asesoría propia de su equipo jurídico, carece de la profundidad de análisis y particularidades que los jueces tuvieron en vista al momento de dictar sentencia. Igualmente se mantendría el respeto por la función jurisdiccional y se pondría fin a la intervención política en la administración de justicia.

¿Terminaría con ello la posibilidad de clemencia, misericordia o indulto? No necesariamente, el sentido de mi propuesta no es extremar las sanciones ni poner fin a la posibilidad de indultar a un condenado con particularidades como edad avanzada, enfermedad terminal, sin participación en delitos de sangre, en fin, condiciones posibles de discutir. El tema es la institución que los concede. Podría incluso pensarse en la mantención de la institución del indulto particular, haciéndolo recaer en el máximo tribunal de la República, la Corte Suprema de justicia. Con ello, mantendríamos en la esfera de la propia función jurisdiccional, la potestad de indulto.

De esta manera, estaríamos poniendo fin a la intervención política en la administración de justicia e independientemente del gobierno de turno y de los potenciales beneficiarios, el debate recaería sobre elementos técnicos y las condiciones particulares de cada caso.

El abuso DICOM: protejamos nuestros datos personales

Ya son millones las personas que se han visto afectadas por el uso y abuso de sus datos personales. El lucrativo negocio de la administración y gestión de bases de datos, está generando el empobrecimiento de miles de personas, que ven cómo diversos ámbitos de la sociedad les cierran las puertas por el sólo hecho de poseer –o haber poseído- deudas con el sistema bancario, comercial y hasta municipal.

Ciertamente, la existencia de registros de morosidades comerciales, constituye un elemento necesario para la seguridad mercantil en las relaciones entre clientes y proveedores de servicios o productos. El punto entonces, radica en crear una regulación que, por una parte, permita incrementar los niveles de seguridad en las transacciones mercantiles y, por otra, evite que dichos datos sean utilizados por terceros, ajenos a dichas operaciones, utilizándolos como un certificado de conducta y admisibilidad a determinadas funciones de la vida cotidiana.

Resulta común observar cómo “el Dicom” actúa como cerrojo de oportunidades laborales, dejando fuera a quienes allí figuran. De igual forma, muchos niños y jóvenes no pueden ser matriculados en algunos colegios particulares o centros de educación superior privado por la morosidad de sus apoderados. Ya son cientos los jóvenes, cuyos planteles de educación superior los enviaron a Dicom, y con ello los condenaron a la marginalidad laboral y crediticia. El estado, desde hace algunos años se ha sumado a este proceso de exclusión, exigiendo “Dicom” a postulantes a subsidios e incluso a ciertas funciones públicas.

Cada día hay cientos de chilenas y chilenos que no encuentran trabajo por estar en Dicom. Si queremos que los deudores paguen lo que deben, no parece justo, racional, lógico ni humano, que no se les dé la oportunidad de trabajar para conseguir los recursos necesarios para ello. El actual sistema los lleva al círculo vicioso de deuda por desempleo y desempleo por deuda, lo que constituye una verdadera condena social, que genera empobrecimiento, marginalidad y muchas veces incentiva la informalidad como forma de proveer de recursos a la familia.

Hoy pareciera más grave “tener Dicom” que tener antecedentes penales. De hecho, de conformidad a las normas vigentes, hoy un criminal que ha cumplido condena por un delito deleznable como la violación de un menor, podría borrar por una vez en su vida sus antecedentes criminales, y al momento de sacar su certificado dirá “Sin antecedentes”. Mientras que el deudor, por más que haya pagado su deuda monetaria, seguirá existiendo en el “histórico” que poseen bancos e instituciones financieras, y sus consecuencias lo acompañaran ad eternum. Es decir, nuestra sociedad aparentemente da mayor protección a la propiedad que a la vida y la integridad de las personas, reflejando con ello un desvalor profundo que debe llevarnos a reflexionar.

Chile avanza a paso firme hacia el desarrollo. El punto entonces es cómo somos capaces de que dicho proceso sea para todos nuestros compatriotas; para los que han tenido las oportunidades y también para aquellos que quisieron innovar, emprender o mejorar su condición de vida y se cayeron en el intento, ya sea por errores de administración o lisa y llanamente por imprevistos, como la enfermedad catastrófica de un familiar o la cesantía.

Debemos avanzar rápidamente en una regulación de este mercado, que consigne elementos como la eliminación de su acceso universal, a través de la consagración del principio de la finalidad del dato, normado en las principales legislaciones internacionales. Asimismo, la consolidación de información positiva y negativa de ciudadanos, para distinguir entre el deudor ocasional por imprevistos y el incumplidor consuetudinario. Y Finalmente, establecer la creación de la agencia de protección de datos personales, a fin de supervigilar el necesario equilibrio entre la transparencia de la información pública de los ciudadanos y el respeto por el buen uso de los datos personales de nuestros connacionales. Sólo así evitaremos sumar a más chilenos y chilenas al proceso de exclusión social, laboral y crediticio, que hoy impera en Chile y cuyas consecuencias podrían ser objeto de explosiones sociales en el corto plazo.