Para aquellos que enarbolamos banderas de centro izquierda, la igualdad constituye un imperativo ético y, por consiguiente la disminución de las desigualdades se encuentra en nuestra carta de navegación. Como otros elementos, la educación constituye una efectiva herramienta para disminuir las desigualdades y, por tanto, es nuestro deber incrementar su cobertura y calidad.
Si a estas alturas del desarrollo del país. Como estado no podemos garantizar educación pública de calidad para la mayoría de las familias, entonces en vez de seguir incrementando el subsidio a la educación particular a través de subvenciones, debemos ser capaces de incrementar las arcas fiscales para que desde el sector público aumentemos la calidad y mejoremos la infraestructura de la educación pública. Manteniendo el legítimo derecho de aquellos que puedan optar por el modelo de educación privado.
En tal sentido, la forma de incrementar los recursos públicos para grandes reformas lo constituye ciertamente el crecimiento, pero también una correcta y equitativa distribución de la carga tributaria.
En Chile la estructura tributaria es esencialmente desigual. Las personas pagan proporcionalmente más que las empresas. Quienes poseen personas jurídicas tienen infinitas posibilidades de eludir los pagos de impuestos y el FUT constituye una herramienta de descuento impositivo que aumenta las arcas privadas y empobrece las fiscales. De hecho en Chile no se paga por utilidades devengadas sino por utilidades retiradas lo que claramente nos diferencia de otras economías con mayor justicia tributaria.
Es ésta una reforma tributaria para financiar una gran reforma a la educación? NO, no lo es y explicaré por qué:
Una verdadera reforma tributaria debe ser evaluada por 3 aspectos centrales:
1 Cuánto recauda
2 Quienes pagan más
3 Qué se busca con la reforma?
Veamos algo al respecto:
1- Cuánto recauda?
Este proyecto No es una reforma tributaria. Es un ajuste tributario menor ya que junto con incrementar algunos impuestos, elimina otros lo que termina por recaudar una cifra cercana a los U$800 millones muy baja en comparación a nuestra propuesta (desde el PC a la DC) donde se consignaban medidas para evitar la elusión (evitar mecanismos para no pagar impuestos) se recaudaba cerca de U$4500 millones, es decir, casi 6 veces que la propuesta del gobierno.
2- Quienes pagan más?
El proyecto del gobierno si bien aumenta impuestos, también disminuye otros, es decir, reduce por otras vías los recursos que llegarán al estado y lamentablemente las reducciones no se concentran en los que tienen menos. Así, la reducción de 0,6 a 0,4 del impuesto de timbres y estampillas, aparece atractivo para las Pymes, pero al auscultar con mayor precisión la propuesta aparece que el 65% de los beneficiarios de dicha medida serán las grandes empresas.
3- Qué se busca con la reforma?
Luego, si la intención es recaudar recursos para la educación pública, cómo entonces se consigna un incentivo tributario (devolución de recursos) a quienes dentro de un rango de ingresos ($500.000 – $1.100.000) acrediten matriculas en establecimientos educacionales particulares o subvencionados? Es decir, este proyecto corre el cerco y realiza un acto destinado a incentivar la migración desde la educación pública a la educación particular. Lo anterior debido a que con la aprobación de esta medida, mientras los padres que tengan hijos en la educación pública no tendrán beneficio alguno, los que los tengan en la particular subvencionada o pagada, tendrán derecho a una devolución de lo pagado. Devolución que proviene de las arcas fiscales, es decir, de los mismos impuestos que se recaudan por otra vía.
El proyecto contiene elementos regresivos que permitirán a los que ganan más descontar impuestos. Si realmente se buscaba financiamiento a una reforma educacional ¿por qué el gobierno no estuvo dispuesto a aceptar la propuesta de la oposición que sólo por vía de terminar con la elusión podríamos haber recaudado más de 4.000 millones?
Este proyecto más parece un ajuste que una reforma. No aborda la injusticia tributaria ni aporta a la redistribución necesaria para hacer más equitativa la carga impositiva.
Por todo lo anterior no concurriré con mi voto para aprobar la idea de legislar, pero como somos minoría en la Cámara, de seguro se aprueba y deberemos abocarnos al estudio particular de cada medida propuesta, donde desde ya anuncio mi voto favorable a las alzas y mi rechazo a las rebajas propuestas.
miércoles, 8 de agosto de 2012
jueves, 2 de agosto de 2012
DEFRAUDACIONES BANCARIAS
Las
recientes (y crecientes) estafas electrónicas en portales bancarios y
clonaciones de tarjetas de débito y de crédito han reeditado un debate que me
permití plantear hace ya algún tiempo. La responsabilidad por dichas
defraudaciones.
Hoy por hoy es la propia víctima de una defraudación la
obligada a realizar una denuncia ante la institución bancaria, para luego proseguir
ante el ministerio público con la persecución penal. Probablemente deberá
contratar un abogado para hacerse representar en el proceso y aumentar la
probabilidad de descubrir a los defraudadores. Si adicionalmente desea obtener
la restitución del monto defraudado, deberá iniciar una demanda civil. Es
decir, estamos en presencia de una doble victimización: Primeramente por la
ocurrencia del delito y luego por el propio sistema que le endosa toda la responsabilidad de la defraudación y
además le obliga a incurrir en gastos de tiempo y recursos para perseguir a
quienes lo defraudaron.
Si consideramos que entre cliente defraudado y defraudador
no existe relación directa, entonces ¿por qué ha de ser el cliente quien
persiga su responsabilidad? En efecto, cuando un ciudadano se acerca a un banco
para confiar sus dineros presentes y futuros, lo hace en primer término en
razón de la confianza en que dicha institución cuenta con las medidas
suficientes para resguardar los dineros que le ha confiado. Para ello se
suscribe un contrato de cuenta corriente donde se consignan las obligaciones
recíprocas, siendo una de la esencia el deber de resguardo que tiene el banco
de los dineros del cliente. A pesar de qué es el cliente quien confía los dineros
a un banco; es justamente él quien debe pagar por dicho servicio. Cobros que
generalmente son anuales (costos de apertura y mantención de cuenta corriente).
Dentro de los servicios que otorga el banco en sus contratos de adhesión existe
el servicio de portales web por medio de los cuales se pueden realizar
consultas y transferencias de fondos para lo cual se entrega al cliente una
tarjeta con un conjunto de claves o guarismos destinados a evitar
defraudaciones. La experiencia acumulada de los últimos años ha demostrado que
los bancos no han invertido lo suficiente en medidas destinadas a garantizar la
invulnerabilidad de sus portales. De hecho, las estadísticas policiales arrojan
un creciente número de defraudaciones a través de los portales web, sea por medio de la creación de portales
espejo, copia o clonación de claves de
acceso o suplantación de identidad. En todos esos casos, en estricto
rigor el defraudador vulnera los sistemas de seguridad del banco o la empresa
externa que brinda el servicio y, dicha vulneración permite afectar el
patrimonio del cliente. Siendo así las cosas, la responsabilidad por este tipo
de defraudaciones recae directamente en la institución bancaria quien por
negligencia no ha adoptado las medidas de seguridad suficientes para evitar el
acceso de defraudadores que afecten el patrimonio de sus clientes, incumpliendo
la obligación esencial del contrato de cuenta corriente de “resguardar y
disponer de los recursos del depositante, ahorrante o cuenta corrientista”. Si
el ciudadano está pagando por un servicio de depósito y custodia de valores y
dicho servicio es vulnerable y afecta la integridad de los bienes encomendados
en custodia, lo lógico es que la responsabilidad de la restitución de lo
defraudado sea del banco, sin perjuicio de su derecho a repetir contra los
defraudadores si logra ubicarlos y detenerlos. Pero no parece lógico dejar al
cliente defraudado navegando en un mar de pobreza, indefensión y adicionalmente
encargado de defenderse solo.
Otro tipo de defraudación creciente es la clonación de
tarjetas o apropiación de claves de acceso de tarjetas bancarias en la red de
cajeros automáticos de parte de bandas organizadas.
Adicionalmente al contrato de cuenta corriente bancaria,
las instituciones financieras ofrecen un servicio de dispensadores de dinero
para poder extraer recursos propios o de crédito. Para ello, los bancos han suscrito
contratos de operación con la monopólica red de transbank, propietaria de los
cajeros automáticos. El cliente firma un contrato adicional por medio del cual
acepta la tarjeta de débito (o de crédito) y consiente que por cada giro
realizado en la red de cajeros se le cargue una determinada cantidad de dinero.
Es decir, el cliente suscribe un contrato de servicios, dentro del cual el
cliente se obliga a pagar y la empresa se obliga a prestar el servicio a través
de sus dispensadores.
En tales circunstancias corresponde entonces a la empresa
la mantención de los dispensadores en condiciones de poder cumplir con los
servicios e implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar la
alteración de dichos dispensadores o la clonación e tarjetas de sus clientes.
Al no realizar las inversiones suficientes ni realizar las revisiones
periódicas destinadas a evitar tales defraudaciones, existe un incumplimiento
manifiesto del contrato suscrito de parte de la empresa que permite que
terceros puedan –mediante diversos métodos- copiar, clonar o apoderarse de las
claves de acceso de miles de clientes. En tales circunstancias entonces, la
responsabilidad primaria por mal servicio corresponde a Transbank, sin
perjuicio de que ellos puedan a través de sus abogados ejercer las acciones
contra quienes realicen las defraudaciones.
Cómo he explicado, estamos en presencia de un abuso del
sistema financiero, donde la falta de inversiones en tecnología y de revisiones
periódicas permiten a terceros inescrupulosos llevar a cabo masivas
defraudaciones del patrimonio de ahorrantes o cuenta corrientistas. No es justo
que las instituciones financieras eludan su responsabilidad principal en este tipo de afectaciones patrimoniales
y, por el contrario endosen en el cliente la responsabilidad de perseguir a los
responsables y, peor aún, ahora le endosan la responsabilidad de prevenir a
través de la suscripción de un seguro que debe pagarlo el propio cliente. Es
decir, el mundo al revés, la industria genera un mal servicio por el cual
pagamos y para no ser afectados debemos pagar adicionalmente un seguro.
La autoridad (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
y el Sernac) deben adoptar decisiones inmediatas en orden a terminar con este
endoso de responsabilidad y prohibir la suscripción de seguros por clonaciones
o defraudaciones producto de sus propias negligencias ya que se está generando
un incentivo perverso para que la industria no realice las inversiones
necesarias para evitar fraudes ya que quien finalmente responderá será el
seguro. Seguro pagado por el mismo cliente defraudado.
jueves, 5 de julio de 2012
CONTRADICTORIAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE REDUCCIÓN DEL DELITO
“…El
Gobierno debiera explicitar mejor sus objetivos: ¿Se trata de bajar los
niveles de victimización o de disminuir los hechos delictivos
denunciados?…”
Felipe Harboe Bascuñán
Abogado
Abogado
En
Chile más del 50% de los delitos que se cometen no son denunciados. Así
lo revelan las encuestas de victimización. Esto quiere decir que las
instituciones que componen el circuito de justicia criminal conocen
menos de la mitad de los delitos que realmente ocurren. En este
contexto, uno de los objetivos prioritarios de las políticas públicas de
seguridad debe ser aumentar la propensión a denunciar. Si bien ésta
depende de diversos factores, también influyen las políticas de las
propias instituciones encargadas de recepcionarlas.
Hace
poco se publicó profusamente que Carabineros aplicará un plan para
agilizar la recepción de denuncias. El informe fundante destaca
excesivos tiempos de espera e inadecuadas condiciones en la gestión de
sus procesos. Si se trata de una política institucional, entonces
debieran explicitarse los objetivos que incorporen el ámbito de la
calidad del servicio para monitorear el impacto real de dichas medidas.
Recordemos que uno de los factores clave en la confianza que se tiene en
la justicia depende de aspectos relacionados con la calidad del
servicio que el sistema es capaz de brindar.
Aumentar
las denuncias y la calidad de los datos que se recogen tiene dos
objetivos centrales en el combate al delito. El primero de ellos está
vinculado al rol preventivo de las policías, mejorando su conocimiento y
su capacidad de análisis e incorporando el estudio de factores tales
como los horarios de mayor ocurrencia, las características de los
lugares, de los autores y de las víctimas. Es esa la principal
herramienta de trabajo con que cuentan para desarrollar estrategias
preventivas adecuadas considerando las especificidades de cada
territorio.
El
segundo objetivo está vinculado al ámbito reactivo. Consiste en mejorar
la eficacia de la respuesta penal entregando mejores y mayores
antecedentes en el proceso de recolección de los medios de prueba. Este
es un objetivo prioritario si consideramos los antecedentes entregados
por el académico Jean-Pierre Matus donde sostiene que la probabilidad de
condena en Chile no supera el 10%.
Así
las cosas, sorprenden los resultados entregados por una reciente nota
de este medio sobre la implementación del Sistema Táctil de Análisis
Delictual (STAT). A seis meses de su puesta en marcha, se le atribuye
una baja del 11% en las denuncias de delitos violentos. Más allá de la
experiencia de Nueva York (Compstat), en el contexto chileno, ¿es éste
el objetivo de este tipo de innovaciones? ¿No correspondería, en una
primera etapa, aumentar las denuncias para mejorar la calidad y la
cantidad de información disponible en la toma de decisiones? ¿No es éste
un incentivo perverso para las policías si consideramos que las
denuncias son un indicador limitado de la actividad delictual que ellos
mismos elaboran? Decir que esta iniciativa corresponde a una medida
nueva del Gobierno significa asumir que la policía uniformada no
utilizaba este tipo de herramientas. ¿Es eso realmente así? Como sea, en
Chile no existen todavía estudios rigurosos sobre el impacto del
trabajo policial en materia delictual. La reciente conclusión a la que
llega uno de los expertos más renombrados en la cuna de este sistema,
Estados Unidos, Steven Mastrofski, es que no podemos demostrar su
contribución.
En
esta misma dirección, dos importantes investigadores, Eterno y
Silverman, en reciente publicación muestran la baja fiabilidad de los
datos y los incentivos perversos que producen estas políticas centradas
en reducir las estadísticas de denuncias.
El
Gobierno debiera explicitar mejor sus objetivos: ¿Se trata de bajar los
niveles de victimización o de disminuir los hechos delictivos
denunciados? ¿Se premiará a las unidades policiales con menos denuncias
aun cuando la victimización suba? Es decir, ¿incentivará el sistema la
impunidad? En Chile ya se habían dado importantes pasos para superar
este dilema incorporando la reducción de la victimización y el aumento
de los delitos denunciados como elementos complementarios y esenciales
de la política pública en pos de lograr un objetivo país. Mayor
seguridad y menor impunidad.
________________
Columna escrita en “El Mercurio”
UN APORTE A LA DISCUSIÓN POLÍTICA "DE CARA AL FUTURO"
El
país vive nuevos tiempos. Los chilenos y chilenas manifiestan
disposición y energía para enfrentar los desafíos. Las mentes están
puestas en el futuro que anhelan y la forma de transformarlo en un mejor
presente.
Queremos entrar a ese debate y hacerlo desde lo que somos. De cara al país, como siempre hemos actuado.
Quienes
pensamos, soñamos y escribimos lo que estas páginas expresan, somos
parte de esos muchos que lucharon por restablecer la libertad y por
construir un Chile más próspero, equitativo y solidario, así como
jóvenes de esos tiempos que nos sentimos solidarios con la tarea
realizada. Estamos orgullosos de la obra lograda en más de 20 años de
gobierno de la Concertación: hoy impera la democracia, el país es otro, y
se han ampliado las posibilidades para que todos puedan realizar sus
proyectos de vida.
Sabemos
que se abre un nuevo ciclo para el desarrollo del país. Participar en
el debate serio de las ideas que lo deben inspirar, es el propósito de
este documento.
Nuestro
orgullo por lo hecho no nubla la autocrítica por lo pendiente. Si
fuimos derrotados en las últimas elecciones fue porque nuestros éxitos y
fracasos nos llevaron a ello.
Nuestros
éxitos, debido a que la identidad concertacionista dejó de ser
diferenciadora, porque la hicimos identidad de todo el país:
democrática, transformadora, garantía de gobernabilidad y sobre todo,
comprometida con los problemas, dolores, sueños y protección de nuestro
pueblo. Nuestros fracasos, porque con el correr del tiempo, algunos
dejaron de entender la sociedad que cambiaba, en gran medida gracias a
nuestra propia acción política, y a la vez, porque desalentamos y
enrabiamos a muchos con divisiones y rencillas sin sentido en la
dirigencia de la Concertación.
Sería
absurdo proclamar que la obra hecha fue perfecta, pero sí decimos con
convicción que esos más de 20 años, que van desde el plebiscito de 1988
hasta el término del gobierno de Michelle Bachelet, están entre los más
exitosos de nuestra historia patria: se dibujó y se puso en marcha el
proyecto político de un mejor país para todos. Lo decisivo en la hora
presente es no extraviar la brújula, para poder retomar aquel rumbo.
Precisamente por la maciza obra que construimos, hoy podemos plantearnos
como nación metas más ambiciosas que antes no podíamos ni siquiera
imaginar.
La
historia es una sucesión de peldaños donde todo se construye a partir
de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, y no la obra de
individualistas iluminados que piensan que con ellos el mundo comienza
desde cero. Tener pasado es parte de las certezas que da la experiencia
para enfrentar el futuro, sabiendo que al terminar no llegaremos tampoco
a la perfección y que otros emprenderán obras hoy impensables, gracias a
lo que nos disponemos a hacer. Siempre habrá desafíos e injusticias
nuevas que superar, nunca habrá espacio para el conformismo entre
nosotros.
Ad
portas de importantes eventos electorales, que serán decisivos para
definir el rumbo que adopte el país, invitamos al debate a todos los
chilenos y chilenas que anhelan un Chile más inclusivo y justo.
I.- Un proyecto de país vigente
El
país que dejamos al partir del gobierno no tiene nada que ver con aquel
que recibimos, cualquiera que sea el ámbito que se mire: el avance
democrático, la promoción y el respeto de los derechos fundamentales, la
subordinación militar a la autoridad civil, los avances en
modernización del Estado y la transparencia pública, lo hecho en
protección social, el Auge, la triplicación del ingreso per cápita, la
disminución drástica de la pobreza, la cobertura sanitaria, las
carreteras e infraestructura en todo Chile, ese 70% del millón de
estudiantes universitarios que es primera generación en ella, los
tratados de libre comercio con países que contienen más de 3.000
millones de personas y el 85% del PIB mundial, el prestigio
internacional del país, la libertad para investigar, debatir y crear, y
así podríamos seguir.
Pero
es mucho más que una suma de obras. Es el éxito de un camino político
claro y nuevo que se abrió en Chile cuando concluía la guerra fría y se
aceleraba la globalización. En un mundo donde a la creencia ramplona de
que “crecer” es un verbo de derecha y “distribuir” lo es de izquierda,
opusimos una visión en que crecer y distribuir se condicionan y se
potencian, echando las bases de un equilibrio dinámico entre Estado,
mercado y sociedad civil.
Fue
un diseño audaz y original que tuvo fuerte impacto en América Latina y
fue valorado en todo el mundo. Una política de resultados visibles, que
armonizó los esfuerzos y anhelos de la sociedad civil, con una economía
de mercado dinámica y un Estado actuando para elevar la protección
social, disminuir la pobreza y las desigualdades y asegurar la vigencia
de los derechos de los ciudadanos. Una acción cultural orientada a
terminar con un Chile de represiones, impunidades y censuras,
construyendo una sociedad y una institucionalidad más libres, y más
acogedoras de nuestra creciente diversidad.
La
historia juzgará, finalmente, el éxito de nuestra tarea pasada. Pero
serán los ciudadanos quienes evalúen y escojan nuestra propuesta de
futuro. Seguimos siendo la apuesta de un contingente de ciudadanos de
centro y de izquierda, que recogen la mejor tradición comunitaria y
libertaria de nuestro pueblo. El socialcristianismo, la socialdemocracia
y el liberal-progresismo confluyen en un proyecto republicano que hoy
debemos saber retomar. Ahí radicó el éxito de la Concertación.
Mirado
desde hoy, toda nuestra obra suena como algo que siempre existió. Pero
el esfuerzo duró más de 20 años, enfrentando con frecuencia los bloqueos
de una derecha que resistió muchos cambios atrincherada en un sistema
institucional que, por la vía de los senadores designados, el sistema
electoral binominal y los quórums elevados para aprobar ciertas leyes,
le permitía empatar su minoría con la mayoría.
Por
cierto, aquellos con alma de detractores, siempre encontrarán
“insuficiente” la obra de constructores de realidades nuevas. No nos
dejamos amilanar. Transformamos el país de punta a cabo. Y ese cambio
fue avalado por el mundo popular, a la vez protagonista y beneficiario
de él: así lo confirman los altos índices de apoyo de los gobiernos
concertacionistas, que contrastan con el escuálido respaldo del gobierno
actual.
Debemos
retomar el rumbo de futuro que la sociedad chilena se había planteado.
No se trata de volver a hacer lo mismo. Debemos emprender nuevos
desafíos, más exigentes, más complejos, más profundos, donde el progreso
y la justicia social tal como aquí se señala, guíen la acción de los
gobiernos y los ciudadanos.
2.- Nuevos y viejos problemas
Cuando
las sociedades prosperan, no es sólo necesario hacerse cargo de los
rezagos que quedaron sin respuesta: cada estadio alcanzado trae consigo
nuevos problemas y también nuevas expectativas y sueños. Porque tenemos
claro cuál debe ser el rumbo que el país debe adoptar, queremos
participar en el debate sobre el futuro.
Nuestra
sociedad cambió y da muestras que no continuará conformándose con el
actual esquema de desigualdades vigente, partiendo por la mala
distribución del ingreso y las nuevas desigualdades que se traducen en
diferentes oportunidades para progresar y vivir. Cuando el PNUD ajusta
el índice de Desarrollo Humano alcanzado por el país según las
desigualdades en educación, salud e ingresos, Chile pierde un 19% de su
potencial. Hay desigualdades carentes de toda justificación en la
configuración de los barrios de las ciudades, en el transporte, en el
uso del tiempo libre, en el acceso y costo del crédito, o el riesgo
frente a la delincuencia y las drogas. A ello se suma un sentimiento
difuso de precariedad y desamparo frente a los abusos de poder.
Tenemos
un sistema económico en que los éxitos alcanzados no nos pueden hacer
olvidar el alto grado de endeudamiento de los más pobres y los sectores
medios, los abusos a los consumidores, los elevados costos de la
energía, la escasa innovación, las altas tasas de desempleo juvenil y
femenino, así como el creciente grado de concentración económica que
amenaza la competencia en el mercado interno y se transforma en una
barrera para la innovación y el emprendimiento que, es sabido,
encuentran una cantera privilegiada en las pequeñas empresas y entre los
jóvenes.
La
economía chilena muestra un buen dinamismo y expectativas de
crecimiento, aun en medio de las consecuencias de la crisis
internacional del 2008. Pero tenemos que mejorar la productividad,
especialmente de los sectores no exportadores, multiplicar las
oportunidades de trabajo sobre todo para jóvenes y mujeres, potenciar
nuestra matriz energética, ser mucho más audaces en destinar recursos a
investigación científica y tecnológica y asegurar una institucionalidad
que no transforme en incertidumbre los riesgos de emprender. El
crecimiento de la economía nunca es un dato asegurado. Siempre es una
conquista.
Nuestro
desafío es evitar el péndulo que se concentra, por un lado, en la
expansión económica sin priorizar el valor de la igualdad, frente a otro
polo extremo en que todo es repartir, sin cuidar nuestra capacidad para
generar riqueza, empleos y mejores oportunidades.
Tenemos
una sociedad más próspera e instruida. Es aquélla de las masivas
manifestaciones callejeras, más consciente de sus derechos ciudadanos,
que presiona por una mayor participación en el reparto de la riqueza y
en la toma de decisiones en los diversos niveles del sistema político.
Ello se expresa en nuevas demandas en educación, salud, medio ambiente,
las etnias, las diversidades y minorías sexuales, las regiones, etc. La
emergencia de una nueva clase media, con sus movilizaciones masivas es
una realidad central del Chile actual.
Necesitamos
una política de mejor calidad. Tenemos un sistema político estrecho,
centralizado y desprestigiado, con partidos e instituciones desgastados
ante la opinión pública. Nos parece nefasto prolongar el empate
institucionalizado del sistema electoral binominal, que favorece una
política elitista e inmovilista, la cual, a su vez, abona el terreno
para el surgimiento de caudillos populistas que erosionan el prestigio y
la validez del sistema democrático. Es el momento de presionar con
fuerza para cambiar este esquema institucional, porque más allá de las
resistencias de la UDI, contamos, según las encuestas, con un pueblo
favorable al cambio. El espectacular aumento del cuerpo electoral
gracias a la inscripción automática, debe abrir paso a un nuevo impulso
de transformaciones políticas y constitucionales que favorezcan la más
amplia y libre deliberación democrática y un desarrollo más equilibrado
de las regiones.
Tenemos
un nuevo escenario global, con crisis que exceden las posibilidades de
respuesta de cada país y provocan incertidumbre, con redes sociales por
Internet que borran fronteras y globalizan demandas, con una
interminable cadena económica donde las oportunidades, la competencia,
las amenazas y las oportunidades pueden venir de cualquier rincón de la
tierra. En tal contexto, debemos redoblar los esfuerzos por el
protagonismo activo y solidario de una América Latina unida, que en los
últimos 15 años ha sabido enfrentar los desafíos económicos con
responsabilidad.
3.- Los desafíos que vienen
Estos
viejos y nuevos problemas nos hablan de los retos que tenemos por
delante, en un escenario mundial en continua transformación:
El
primer desafío es la desigualdad: nos referimos a la desigualdad
económica, pero también a la política y a las nuevas desigualdades
propias de una sociedad más compleja.
Las
cifras muestran una inaceptable desigualdad de ingresos autónomos, la
que paradójicamente se mantiene antes y después del pago de impuestos.
Esa mala distribución se corrige parcialmente gracias a las políticas
sociales diseñadas e implementadas durante los últimos 20 años, que
implican transferencias monetarias o creación de bienes y servicios
públicos, todo ello en beneficio de los sectores más pobres, y en cierta
medida, de las clases medias. La brecha entre el primer y el último
decil de ingresos se reduce a la mitad cuando se considera la acción del
Estado a través de sus distintos beneficios e instrumentos.
Cuando
se alcanzan ingresos per cápita de US$ 15.000, el crecimiento pierde
fuerza como factor de cohesión social frente a la presión por movilidad
social, igualdad de oportunidades, acceso a la educación, la salud y al
empleo, todas cuestiones ligadas más bien a la acción política.
No
podemos competir en el mundo global sobre la base de los bajos costos
de la mano de obra. Nuestro ingreso per cápita es de los más altos de
América Latina y duplica aquéllos de China o India. Necesitamos competir
con más conocimiento, que tiene que ver con la educación de nuestros
jóvenes, con la calidad de los trabajos y con nuevos tipos de
emprendimiento, todo ello gracias a un redoblado impulso en ciencia y
tecnología.
Necesitamos,
entonces, generar más riqueza, pero también distribuirla de mejor
manera. Eso pasa por una reforma tributaria audaz y sensata, que sea
eficaz y allegue mayores recursos, pero a la vez, que sea más justa en
su recaudación. Asimismo, el sistema regulatorio en defensa de los
consumidores y de la competencia debe fortalecerse.
El
país ha alcanzado un grado de solidez y madurez en sus fundamentos
macroeconómicos y fiscales que permite colocarse objetivos más
ambiciosos. Sólo para financiar una reforma educacional de avanzada se
requiere un esfuerzo de enorme magnitud en gasto permanente. A eso se
suma el gasto que debemos afrontar para profundizar el sistema de
protección social que hemos ido creando en los últimos años. Por eso
necesitamos recaudar más. Porque hemos aprendido que todo gasto
permanente del fisco debe tener asociado un ingreso también permanente.
Y
por otro lado, se requiere mayor equidad en el sistema. El sistema
regulatorio en defensa de consumidores y de la competencia requiere
cambios.Son demasiadas las franquicias tributarias que hoy carecen de
sentido económico, y que solo terminan beneficiando a las personas de
más altos ingresos.
Por
todo ello, hoy es la hora de proponer una reforma tributaria verdadera,
que siente las bases para un nuevo pacto fiscal que vaya en beneficio
de la mayoría.
Hay
que prestar atención también a las nuevas desigualdades nacidas del
progreso y a la mayor conciencia que la gente tiene de su carencia de
justificación. Entre ellas destaca la desigualdad de género, tan
presente en nuestra sociedad. Las mujeres siguen teniendo salarios más
bajos, sufren violencia intrafamiliar y otros abusos y discriminaciones
que debemos erradicar. Uno de los temas sensibles es la baja
incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado. No es
exageración afirmar que la pobreza en Chile tiene cara de mujer. En los
próximos años debemos acometer el más grande esfuerzo para acabar con
esta desigualdad. Empleo, educación, capacitación, salas cuna, brecha
salarial, entre otros, deben ser conceptos que orienten muy centralmente
la acción social de un próximo gobierno. Pero sobre todo: respeto,
igualdad de trato, protección frente al abuso y a la violencia. El país
debe enfrentar con sentido de comunidad la interpelación que le hace la
situación de la mujer.
Pero
también la desigualdad se refleja en la política. El empate entre
minoría y mayoría en el Congreso Nacional ha provocado la indiferencia
de millones de personas, especialmente jóvenes, y ha favorecido la
imagen de los políticos como un grupo encerrado entre cuatro paredes de
espaldas a la voluntad ciudadana, con partidos políticos cuya
legislación no incentiva normas claras de democracia interna y
transparencia. A ello se suma el verdadero cerrojo institucional que
imponen las leyes de quórum supra mayoritario, que impiden algo tan
básico en una democracia, como es la regla de mayoría. Y se agrega el
excesivo centralismo de nuestra estructura administrativa, que provoca
un fuerte desequilibrio regional. Si hay un denominador común en las
variadas manifestaciones sociales que se han visto en los últimos meses,
es que en ninguna de ella existió un mecanismo institucional adecuado
para resolver políticamente el tema.
Tampoco
podemos obviar las desigualdades culturales: de género, de minorías
sexuales, de los pueblos originarios y tantas otras. La diversidad
cultural, valórica y regional de Chile es parte de su riqueza
desperdiciada por causa de la intolerancia y atavismos del pasado.
Tenemos
que continuar cambiando profundamente el país. Hay que introducir mayor
igualdad en todos sus ámbitos. Nos proponemos avanzar en la igualdad de
oportunidades, incentivando conjuntamente la iniciativa de personas,
localidades, comunidades y empresas. Para saltar al futuro, necesitamos
convertir la solidaridad y la inclusión en principios de convivencia y
fundamento de las políticas públicas. Hay que volver a articular la
libertad de elección de cada persona con un “piso” garantizado que
proteja a los más vulnerables y mitigue los riesgos y fracasos a que se
ven expuestos ciertos grupos sociales y personas.
Así
entendida, en toda la amplitud que abarca, la lucha contra las
desigualdades no es una suma de medidas aisladas. Es una lógica, una
actitud, una manera de mirar y actuar a favor del progreso de Chile.
El
desafío productivo. Chile no puede seguir actuando como hasta ahora si
quiere mantener altas tasas de crecimiento que creen más y mejores
empleos así como espacio para mayores recaudaciones fiscales.
A
la luz de todos los antecedentes mundiales, la productividad y la
capacitación laboral son la clave más decisiva y de más rápido impacto
en la superación de las desigualdades. Aparte de las necesidades de toda
la economía, solo el sector minero está demandando 300.000 personas
calificadas para emprender su plan de expansión sin parangón en volumen y
tecnología. Necesitamos una capacidad laboral mucho mayor a la actual.
Asimismo
el mundo se ha hecho más competitivo y los tratados de libre comercio
dejan de aportarnos ventajas similares a aquéllas de sus inicios. La
calidad de nuestras exportaciones, el valor agregado de nuestros bienes y
servicios, se transforman en un desafío ineludible si queremos mantener
en los próximos 20 años el dinamismo económico del país. Nuestras
exportaciones se encuentran concentradas en no más de una decena de
productos, parte sustancial de ellos, commodities (cobre, otros
minerales, papel y celulosa). Debemos “descommoditizar” lo que ahora
producimos y crear nuevos sectores económicos, tomando la delantera en
materia tecnológica y comercial, abriendo nuevas posibilidades al
emprendimiento y fortaleciendo, de paso, las ciencias aplicadas que
están asombrosamente postergadas en su acceso a recursos públicos
respecto a las ciencias básicas.
En otras palabras, nuestro desafío no es solo la cantidad de crecimiento, sino muy centralmente su calidad.
El
desafío ambiental. El país necesita y demanda un mayor rigor ambiental
en nuestras prácticas como individuos, como sector productivo y como
comunidad. Los desafíos ambientales son de tal magnitud, que solo puede
aumentar la sensibilidad de la población sobre los riesgos de la
contaminación, como lo ha señalado recientemente las NU.
El
mundo enfrenta un peligro cierto de calentamiento global. Para el caso
de nuestro país, tenemos una baja emisión de CO2 por habitante en
comparación con los países desarrollados, pero debemos reducirla a menos
de la mitad para el 2050, y eso requiere un gigantesco esfuerzo. Mayor,
cuando nuestra generación termoeléctrica va en aumento. No es solo un
tema de calidad ambiental para quienes vivimos en Chile, sino una
exigencia mundial que abrirá o cerrará puertas a nuestras exportaciones.
Ya la medición de la “huella de carbono” es una exigencia creciente en
el mundo, especialmente para materias primas, alimentos y productos
forestales que representan el grueso de nuestras exportaciones.
En
un país como el nuestro, que es una potencia emergente en la producción
de alimentos de la dieta mediterránea (frutas, paltas, salmones, vinos,
etc.), el calentamiento global anuncia, además, serias amenazas para
nuestra agricultura, sector que da empleo a muchas más personas que la
minería. Todo indica que enfrentamos el riesgo de una mayor
desertificación en el Norte Chico y la Zona Central del país, mientras
aumentan las lluvias en la zona austral. Esto puede provocar
desplazamientos dramáticos de cultivos hacia el sur. Y no estamos
preparados para ello.
La
“huella de agua” (cantidad de agua para que un producto llegue al
consumidor final) es la exigencia que viene tras la huella de carbono.
Seremos 9.000 millones de seres humanos en 2050 en toda la tierra. El
agua no alcanzará si no se hace un considerable esfuerzo de
racionalización. En el caso de Chile, y no solo por la sequía que ahora
nos ha aquejado, hay zonas completas donde el agua escasea. No alcanza
para cubrir la suma del consumo humano, más las necesidades de riego y
los requerimientos del sector productivo. La desalinización es una
realidad en el Norte Grande. Las prácticas, inversiones y políticas en
el uso del agua, tanto públicas como privadas, deben responder a esta
situación crecientemente restrictiva. Las regulaciones en el uso y
propiedad del agua deben ajustarse a ellas, por lo cual es indispensable
una revisión de la actual legislación aumentando las facultades de la
autoridad respectiva.
Las
normas ambientales con que operan nuestras industrias y ciudades han
mejorado, pero están bajo los estándares alcanzados por países de igual o
superior nivel de ingreso. Esas normas deben hacerse más rigurosas, en
especial aquéllas relativas a los medios de transporte, centrales
termoeléctricas, fundiciones, faenas mineras y uso de la leña, que son
grandes generadores de CO2. Por otra parte, el trámite de los nuevos
proyectos de inversión debe ser más ágil: la lentitud y engorro nunca ha
sido sinónimo de rigor. La nueva institucionalidad ambiental y la
entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales ofrecen una buena
oportunidad de avanzar en la línea señalada; sin embargo, la
judialización exacerbada, la indecisión para definir reglas y criterios
claros, por ejemplo en materia energética, conspiran contra la actividad
productiva y una real defensa del medio ambiente.
El
fomento del transporte público, el rechazo a rebajas demagógicas de los
impuestos a los combustibles (lo que termina abaratando la
contaminación), la creación de “impuestos verdes” que castiguen a los
contaminadores, son todas políticas que el futuro del país nos impone.
El
desafío educacional. El tema educacional ha sido puesto con fuerza en
la agenda pública por el movimiento estudiantil y se transformó en una
demanda que atraviesa todos los demás desafíos que vivimos como país. No
partimos de cero, porque en los últimos años, contrariamente a lo que
algunos intentan hacer aparecer, ha habido importantes avances. Pero
afirmamos categóricamente que para acelerar la mejora de la calidad y la
equidad en el sistema, debemos emprender reformas estructurales.
En
primer lugar, debemos retomar el importante impulso que se le dio a la
educación pre escolar en el gobierno anterior. Nuestra meta no puede ser
otra que la cobertura universal, porque de otra manera, estaremos
condenando a los niños provenientes de familias más vulnerables a un
comienzo desigual que después no se podrá revertir. Paralelamente se
impone una revisión profunda en todo el sistema escolar. Afortunadamente
contaremos con la institucionalidad recientemente aprobada para
asegurar la calidad en todos los establecimientos, públicos,
particulares subvencionados y privados pagados. Debemos ahora asegurar
que esa institucionalidad funcione con todo el rigor que requiere, de
manera que nadie pueda hacer de la educación un negocio lucrativo a
costa de la calidad de la enseñanza. Debemos reformar, también, el
actual sistema de financiamiento compartido. La evidencia muestra que el
sistema de copago en los liceos y colegios ha generado una segregación
inaceptable en nuestro sistema educacional. Y debemos hacernos cargos de
dos deudas. Por un lado, la de fortalecer la carrera docente y la
gestión de escuelas porque, sabemos, gran parte de esta tarea se juega
al interior de las escuelas y de la sala de clases. Por otro lado,
tenemos como país una deuda con la educación pública. Debemos invertir
fuertemente en aquel sistema, priorizar inversión en ella, llevar a los
mejores maestros a sus aulas, y otorgarle una nueva arquitectura
institucional que logre superar las falencias evidentes de la
municipalización.
Los
estudiantes también colocaron el tema de la educación superior al
frente de las prioridades. Las falencias del sistema universitario
actual se han hecho notorias en estos meses. Se debe recuperar para el
sistema en su conjunto, esa noble tradición de excelencia que tuvieron
nuestras universidades, las que fueron internacionalmente reconocidas y
prestigiadas. Para ello es indispensable que ellas mismas hagan un
esfuerzo en tal sentido y que el país cuente con una institucionalidad
de acreditación ajena a los intereses de los afectados, rigurosa, de
alto estándar y objetiva, capaz de valorar la calidad en la formación de
profesionales y en la investigación científico técnica. Así mismo, el
sistema de financiamiento para estudiantes exige una revisión profunda a
fin de garantizar que no sea el ingreso de sus familias una barrera
para la juventud que anhela y tiene méritos para acceder a la
universidad. Al igual, el país tiene una deuda con la educación superior
técnico profesional que la equidad y el desarrollo nacional nos exigen
superar.
El
desafío energético. Chile tiene costos de energía entre los más altos
de los países de la OCDE y son los que más han aumentado en los últimos
años. Ese incremento también incide en la pérdida de competitividad de
nuestras actividades productivas. Según el Consejo Asesor para el
Desarrollo Eléctrico, la situación será más crítica a partir de 2017 , o
sea, durante el próximo gobierno. Impedir esa crisis anunciada supone
iniciar ahora las obras que puedan estar en operación para esa fecha. El
tema ha adquirido dimensión de problema-país y nadie serio puede
rehuirlo.
La
forma más barata de aumentar capacidad eléctrica en el mundo es
mediante más eficiencia energética, o sea, la capacidad para seguir
haciendo lo mismo pero con menos electricidad, lo que incluye ampolletas
y electrodomésticos más eficientes, mejorar los sistemas de transmisión
y distribución, así como un uso mejor en el sector productivo. Pero ni
aun con el nivel alcanzado por los países más eficientes en esta
materia, será suficiente para enfrentar el problema.
Nos
vemos obligados, entonces, a recurrir a otras formas de generación que
han alcanzado su desarrollo en el último tiempo., como las energías
renovables no convencionales (ERNC), para las cuales el país tiene
inmejorables condiciones geográficas. El impulso de centrales
hidroeléctricas de pasada, de la energía eólica, del seguimiento de los
avances en la generación mareomotriz para un país de miles de kilómetros
de costa, de la geotermia, pero muy especialmente, de la energía solar
que se ha expandido en diversas latitudes, para lo cual la zona norte
presenta condiciones excepcionales. Hoy la energía solar está reduciendo
sus costos. Chile debe ponerse a la punta de ese esfuerzo no solo como
generador sino como centro tecnológico de punta.
Pero
no vendamos ilusiones: por si solas, las ERNC no resuelven el problema
actual, y por ende, no es evitable hacer opciones en otras formas de
generación energética, algunas limpias, como la hidráulica, y otras por
ahora insustituibles, pero contaminantes, como la termoeléctrica, que
sin embargo puede mejorar su estándar de pureza con nuevas tecnologías.
La opción ambiental que se expresa en la movilización contra energías
limpias, es una de las paradojas del país.
El desafío de un nuevo trato con los pueblos originarios.
El país tiene una deuda con los pueblos originarios. Luego de la Ley Indígena en 1993 y de la aprobación del Convenio 169 de la OIT en 2009, es indispensable establecer un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y sus derechos.
Chile
debe asumir la multiculturalidad en todas sus dimensiones y dotarse de
un aparato institucional capaz de diseñar e implementar políticas
indígenas al más alto nivel. Para ello, debe crearse un Consejo Nacional
de los Pueblos Indígenas que los represente y que siendo autónomo, sea
capaz de interactuar con los diversos órganos del Estado y la sociedad.
Debe
diseñarse un plan especial de restitución de tierras para quienes
cuenten con títulos ancestrales reconocidos y favorecer el desarrollo
indígena combinando los avances propios de la economía moderna con sus
tradiciones, tanto en las regiones del sur como en el norte. Hay que
implementar, también, el estatuto especial de la isla Rapa Nui y de la
ley sobre borde costero, llamado lafquenche.
Las
políticas públicas deben implementarse con pertinencia indígena en
aquellas localidades donde haya una presencia significativa de pueblos
originarios. Debe dictarse una ley sobre consulta y participación de los
pueblos originarios para alcanzar una adecuada implementación del
Convenio 169 de la OIT, tanto a nivel de los órganos centrales del
Estado como de los Gobiernos Regionales y los Municipios.
Debe
favorecerse el desarrollo cultural de los pueblos originarios
fomentando el uso de sus lenguas y haciendo un catastro nacional de sus
costumbres para que tengan adecuado valor jurídico.
El
desafío de la revolución en el pensamiento social. El desarrollo
científico tecnológico, la expansión de las redes sociales, la
conciencia de la globalidad y de la insuficiencia de las recetas
clásicas para enfrentar los nuevos desafíos, han generado una revolución
del pensamiento social en el mundo, incluido nuestro país. Entre los
pilares de este cambio está la alta revalorización de lo colectivo. Ello
se expresa en el valor de las redes, de la pertenencia a espacios
compartidos que deben ser más abiertos y equitativos, de la necesidad de
la acción común para lograr anhelos que individualmente son imposibles
de alcanzar, la defensa de intereses colectivos o difusos, especialmente
de los consumidores y en el medio ambiente. Esta no es solo una
referencia a los movimientos sociales de los últimos tiempos. Abarca
toda la sociedad, incluidas las empresas, donde se hace central el rol
que juegan las personas y el trabajo en equipo en la creación de valor y
donde se extiende la conciencia que la empresa es un espacio de
colaboración entre muchos (trabajadores, proveedores, entorno) para
competir exitosamente. Todo esto reafirma el rol de lo colectivo en el
conjunto de la sociedad, cambiando una mirada excesivamente
individualista de tiempos anteriores.
El desafío de nuevos cambios políticos.
Es
urgente revalorizar la acción política haciendo primar el bien común
por sobre los intereses de grupo o personales; volver a despertar en los
ciudadanos el interés y la preocupación por el país y su futuro. Ya lo
dijimos: para lograr nuestros desafíos, hay que dar un nuevo impulso al
sistema político. Se requiere un profundo cambio en la Constitución,
para abrir paso a una institucionalidad política más amplia, más libre y
más participativa. Necesitamos la mayor deliberación democrática.
Debemos reemplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional
corregido; terminar con el sistema de leyes de quórum supramayoritario;
impulsar una verdadera regionalización y formas nuevas de participación
directa de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos, como
el plebiscito y la iniciativa popular de ley; promover la participación
de la mujer en la política a través de medidas legales que la
favorezcan; fortalecer a los partidos políticos; regular mejor y aplicar
el máximo grado de transparencia en la relación entre dinero y
política; redefinir las políticas públicas orientadas a integrar y a
apoyar nuevas formas de contribución al desarrollo y la equidad; mejorar
la protección de los derechos fundamentales a través de la creación del
defensor de los ciudadanos y la justicia contencioso administrativa.
4.- Una amplia alianza social y política por los cambios
La
discusión sobre las alianzas políticas en la oposición quizás tenga
ingredientes instrumentales y electorales, pero subyacen en ella
visiones divergentes. La tesis de una Concertación que se abre a un
pacto electoral con otras fuerzas opositoras, como el PC, el MAS u otras
colectividades, no es conciliable con la tesis de un “frente de
izquierda” excluyente que posteriormente buscaría concordar con la DC.
La fuerza matriz del cambio en Chile, como lo ha demostrado la historia,
es la alianza del centro y la izquierda, con un solo programa y un
accionar unido desde el inicio, bajo la impronta de un proyecto político
compartido de transformaciones viables. Que la derrota en la última
elección presidencial no nos haga olvidar lo que tan duramente
aprendimos.
La
Concertación expresó en estos últimos decenios la convicción de que
sólo una alianza sólida entre el centro y la izquierda democrática
constituye un piso para impulsar los cambios que se necesitan. Fue esa
alianza la que derrotó a la dictadura y más tarde hizo prosperar al
país, favoreciendo especialmente a los más vulnerables.
No
compartimos la decisión de terminar con el bloque mayoritario por los
cambios que congrega a la izquierda democrática y el centro, para
ilusionarse con un agrupación solo de izquierda que sería incapaz de
impulsar transformaciones sólidas e irreversibles.
Mantenemos
la convicción, grabada a punta de desgarros por el quiebre de la
democracia en 1973, luego por la victoria sobre la dictadura y más tarde
por la obra de la Concertación, que un bloque mayoritario por los
cambios -–sea cuál sea el nombre que éste finalmente adopte-- unido en
propuestas y accionar, es condición indispensable para promover
transformaciones reales y profundas. Cambios con la solidez que dan la
gradualidad y la paz, a diferencia de esa inmediatez y radicalidad que
“en nombre del pueblo” pero sin parte suficiente de él, lejos de ampliar
nuestra base de apoyo social la reduce, marginando a muchos y
perpetuándonos en una minoría electoral que imposibilita materializar
los cambios que el nuevo Chile requiere.
Nos
sentimos parte de aquellos que en la Concertación han tenido el valor
de hacer oír su reclamo frente al intento de liquidar la alianza del
centro con la izquierda, soñando con inviables entendimientos
posteriores, a partir de propuestas en confrontación precisamente por
entrar a disputar un mismo electorado. Los que callan también son
responsables.
******************
Todo
nos habla de nuevos tiempos. El gobierno de derecha no ha logrado
dibujar una promesa de futuro para el país. Está en nosotros ganar la
próxima elección presidencial. Tal como en las vísperas del año 90 la
Concertación bulló en trabajo intelectual para enfrentar
responsablemente los desafíos que aproximaban, hoy es necesario ponerse a
la tarea, con renovado entusiasmo, con responsabilidad política y
sentido de urgencia.
Todo Chile mira hacia el futuro. Los llamamos a emprender juntos este desafío.
PD:
Consecuentes con este llamado final, nuestro documento esta abierto a
la adhesión de todos los que suscriban los contenidos centrales que lo
atraviesan. Si desea adherir puede hacerlo al correo pjc@invquilimari.cl
ENUSC 2011
Los
resultados de la encuesta de victimización corresponden a a primera
evaluación de la actual gestión en materia de delincuencia.
Con
preocupación recibimos los resultados de la ENUSC 2011 según la cual la
victimización se incrementó en 10, 3% durante el año 2011.
Si
consideramos que la medición de 2010 consideró 7 meses del gobierno de
Michelle Bachelet y 6 meses de la actual administración, entonces la
encuesta 2011 es la primera evaluación de las políticas, planes y
programas de seguridad del gobierno de Sebastián Piñera. Ciertamente se
trata de un retroceso en la lucha contra el delito al quebrarse la
tendencia a la baja que venía desde 2006.
Al
profundizar en los resultados de la nueva medición, resulta preocupante
el explosivo aumento del delito de robo con fuerza a la vivienda (+34%)
y en particular su incremento en el segmento ABC1 (+46%).
Lamentablemente dicho resultado ya había sido advertido por la encuesta
de la Fundación Paz Ciudadana hace algunos meses, oportunidad que junto
al diputado Jorge Burgos pedimos a la autoridad focalizar planes
preventivos en la protección de hogares, sin que nada de ello haya
ocurrido con el consiguiente incremento delictual en los hogares.
Otro
aspecto negativo es el incremento de la revictimización de hogares ya
que se eleva a niveles preocupantes y no resulta tranquilizador para una
familia que ha sido víctima de un delito en su hogar, saber –con cierta
certeza- que lo volverá a ser dentro de los próximos 12 meses de no
adoptar alguna medida de seguridad privada. Peor aún, si carece de los
medios para adoptarla, sólo le quedará una atemorizante espera.
Las
alzas de la victimización en las regiones de Ohiggins, Tarapacá y
Atacama derriban el argumento de cierta autoridad que intentó justificar
el incremento de la victimización en el país con la proliferación de
manifestaciones públicas, ya que en dichas regiones donde las
manifestaciones fueron menores la victimización se elevó hasta en un
40%; mientras que en regiones donde hubo masivas manifestaciones como en
Bio Bio, la victimización cayó considerablemente.
El
incremento observado en la región Metropolitana (+18,9%) debe llevar a
la autoridad a cambiar sus estrategias preventivas que muchas veces
terminan “desvistiendo un santo para vestir otro”.
En
cuanto al miedo, resulta preocupante que en un año aumenten 14,7% las
personas que sienten alto o muy alto temor. De igual forma, suben los
que piensan que la delincuencia es el principal problema del país; y 8
de cada 10 chilenos creen que la delincuencia ha aumentado durante el
último año. La expectativas de futuro no son mejores cuando suben a
40,2% los que creen que serán víctimas de algún delito durante los
próximos 12 meses y se alza a 43% los que creen que la delincuencia ha
aumentado en su barrio; es decir, en su entorno inmediato.
No
es aconsejable que la autoridad busque explicaciones o considere que
los indicadores constituyen un “avance” cuando detrás de cada cifra hay
una persona o una familia que ha sido víctima de un delito y que hoy
vive con más temor que ayer.
Los
resultados son objetivamente malos y es preferible que la autoridad lo
asuma y enmiende sus políticas, evalúe los programas en desarrollo y
convoque a todos los expertos –independientemente de su posición
política- para retomar la senda de la disminución de la victimización y
proteger a la gran mayoría de gente honesta que anhela vivir en paz y
tranquilidad.
POST ELECCIONES INTERNAS DEL PPD
Luego
de un corto e intenso periodo de campaña, hoy me encuentro frente al
nuevo desafío de contribuir a fortalecer el sistema democrático desde la
mesa directiva mi partido. Me motiva la idea de reinventar y a la vez
fortalecer lo que el PPD en esencia siempre ha sido: un canal donde
personas diversas y conscientes de que las grandes tareas son
colectivas, convergen con el fin de construir un Chile más justo e
inclusivo.
Cuando
accedí a participar en las elecciones internas -mientras algunos me
animaban y ofrecían apoyo- también hubo quienes me preguntaban para qué
sumarme una responsabilidad más a mi, no corta, lista de tareas. En
medio de tanto descrédito del mundo político partidista, me decían,
¿para qué desgastarse en una campaña interna que significa tiempo,
recursos y mucho trabajo, cuando mis inquietudes y preocupaciones
legislativas están centradas en temas ciudadanos como la seguridad
pública o los abusos del sistema financiero?, ¿para qué "complicarse la
vida" metiéndose en este tipo de dinámicas partidarias si en las
materias que me preocupan y lidero hemos tenido logros importantes, como
la campaña del No más Dicom? Es que he ahí justamente la respuesta...
En
primer lugar, pienso que los partidos políticos no valen aislados en sí
mismos pues, así como los gobiernos y quienes desempeñamos cargos de
representación popular, también se deben a la ciudadanía. Y son
justamente los temas ciudadanos y específicamente la campaña para
terminar con los abusos del Dicom, los que me llevaron una vez más, como
cuando fui parte del gobierno de la Presidenta Bachelet, a recorrer el
país conversando cara a cara con la gente. Soy de la escuela del trabajo
en terreno como responsabilidad básica del quehacer político, entre
otras razones, porque es de ahí donde surgen las motivaciones y
directrices que focalizan mi trabajo en el parlamento, ya sea a la hora
de legislar, como de fiscalizar. Y eso es plenamente coherente con la
esencia del PPD.
En
segundo término, soy parte del Partido por la Democracia desde su
fundación, impulsada justamente a raíz de la necesidad ciudadana, de la
urgencia de articularse para derrotar a la dictadura, manejando
herramientas políticas y de manera pacífica. Hace ya 25 años, el partido
se formó agrupando a personas de diversas trayectorias, que confluimos
en el sueño, en el anhelo de un país libre del autoritarismo y del
miedo, donde el respeto a los DDHH fuera irrestricto, donde las ideas
fueran expresadas y debatidas, en el marco de un sistema democrático en
el que colectivamente se fuese definiendo el rumbo del país. En tiempos
en que los sistemas hegemónicos están siendo cuestionados y nos
pregntamos por alternativas, el PPD tiene un importante rol que jugar,
para lo cual debe, junto con reinventar estrategias y canales de
comunicación, rescatar su esencia en tanto partido formado por
ciudadanas y ciudadanos heterogéneos, unidos en torno al valor que
otorgamos a lo colectivo, a la convicción de la necesidad de abrir
constantemente espacios para el diálogo y sobre todo, para llevar
adelante las acciones articuladas y sistemáticas que construyan una, de
verdad, dulce patria.
sábado, 2 de junio de 2012
RECONSTRUCCIÓN… DE LA FORMA DE DIALOGAR
Durante las últimas semanas, la ciudadanía ha sido testigo de un triste espectáculo: el 27 F se instaló en la agenda mediática pero esta vez desde una arista diversa: la intencionalidad política.
Sin respeto alguno por las víctimas ni el dolor de sus familiares, con manipulación y tergiversación de los datos francamente vergonzosa, diputados de derecha han llevado adelante un verdadero reality (cubierto desmesuradamente por algunos canales de tv) que terminó siendo un fiasco en contenido al no aportar nada nuevo a las investigaciones en curso, una vergüenza pública al aparecer manipulando información y el dolor ajeno, un descrédito personal de estos diputados y un boomerang político para su gobierno y sus partidos. Todo mal.
Las facultades fiscalizadoras de la Cámara de diputados deben ser defendidas y bien ejercidas ya que constituyen una herramienta necesaria en un sistema democrático con un presidencialismo tan exacerbado que permite controlar los actos de gobierno. Pero cuando dichas herramientas son mal utilizadas, se usan con finalidades diversas o su conducción se realiza de forma imprudente, lo primero que se consigue es dañar la institucionalidad fiscalizadora. Cuando además se usa dicha instancia para descalificar, faltar a la verdad y manipular información, se afecta la convivencia y se profundiza la negativa percepción de la política.
Invitar a familiares de víctimas a una comisión investigadora que busca responsabilidades políticas (no civiles ni penales) no tiene justificación alguna. Profundiza la victimización secundaria al reflotar en sus familiares los sentimientos de dolor y expone en sede legislativa dolores y emociones que no contribuyen al cometido de la ley. Las imágenes observadas de parlamentarios exhibiendo imágenes de víctimas es la escena más vergonzosa que hayamos observado en los últimos años en la política nacional, sólo comparable con el episodio de las zapatillas de LZ.
Me resisto a aceptar que en la política todo vale. No puede tratarse de una lucha sin cuartel donde todo se acepta. La faz agonal de la política debe llevarse adelante con principios, valores y límites que jamás se pueden sobrepasar. Eso debería ser una ley permanente de la actividad pública. Lamentablemente la llegada al parlamento de algunas personas que carecen de sentido de estado y probablemente desconocen la importancia de esta función para el desarrollo del país, han desarrollado una forma de relación en la cual su figuración personal justifica la denostación del adversario sin importar incluso la veracidad de sus dichos. El “ser famoso” y salir en los medios de comunicación les justifica cualquier barbaridad, desde denostaciones y descalificaciones e incluso imputaciones de delitos a terceras personas. Esto no da para más.
Quizás a propósito de las consecuencias del 27 F debemos avanzar más rápido en la reconstrucción de las viviendas de los afectados. Pero definitivamente debemos empezar a reconstruir las formas en que nos vamos a relacionar. No es aceptable que los ciudadanos que a diario trabajan, observen que la política se reduce a conflictos y descalificaciones, operaciones comunicacionales para destruir imágenes de unos u otros. La ciudadanía espera de su clase política que exhibamos la capacidad suficiente para dialogar en función de los intereses del país. No se trata de soslayar el debate ni nada que se le parezca. Bienvenido sea en la medida que verse sobre ideas, visiones, proyectos y futuro. Un debate que puede ser apasionado y desnudar las verdaderas posiciones antagónicas que representamos. Pero siempre en torno a ideas y visiones para mejorar el país. No para denostar o afectar electoralmente a unos u otros. Si bien en el pasado reciente conocimos casos de asesinatos de imagen (o intento), me quedo con el chile que fue capaz de acordar la forma de salir de la más oscuro capítulo de nuestra historia republicana en paz y tranquilidad gracias a un grupo de dirigentes que comprendieron que su rol era conducir al país hacia una transición necesaria para asegurar libertad y respeto a los derechos de todos los chilenos.
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