ENUSC 2011

Los resultados de la encuesta de victimización corresponden a a primera evaluación de la actual gestión en materia de delincuencia.

Con preocupación recibimos los resultados de la ENUSC 2011 según la cual la victimización se incrementó en 10, 3% durante el año 2011.

Si consideramos que la medición de 2010 consideró 7 meses del gobierno de Michelle Bachelet y 6 meses de la actual administración, entonces la encuesta 2011 es la primera evaluación de las políticas, planes y programas de seguridad del gobierno de Sebastián Piñera. Ciertamente se trata de un retroceso en la lucha contra el delito al quebrarse la tendencia a la baja que venía desde 2006.

Al profundizar en los resultados de la nueva medición, resulta preocupante el explosivo aumento del delito de robo con fuerza a la vivienda (+34%) y en particular su incremento en el segmento ABC1 (+46%). Lamentablemente dicho resultado ya había sido advertido por la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana hace algunos meses, oportunidad que junto al diputado Jorge Burgos pedimos a la autoridad focalizar planes preventivos en la protección de hogares, sin que nada de ello haya ocurrido con el consiguiente incremento delictual en los hogares.

Otro aspecto negativo es el incremento de la revictimización de hogares ya que se eleva a niveles preocupantes y no resulta tranquilizador para una familia que ha sido víctima de un delito en su hogar, saber –con cierta certeza- que lo volverá a ser dentro de los próximos 12 meses de no adoptar alguna medida de seguridad privada. Peor aún, si carece de los medios para adoptarla, sólo le quedará una atemorizante espera.

Las alzas de la victimización en las regiones de Ohiggins, Tarapacá y Atacama derriban el argumento de cierta autoridad que intentó justificar el incremento de la victimización en el país con la proliferación de manifestaciones públicas, ya que en dichas regiones donde las manifestaciones fueron menores la victimización se elevó hasta en un 40%; mientras que en regiones donde hubo masivas manifestaciones como en Bio Bio, la victimización cayó considerablemente.

El incremento observado en la región Metropolitana (+18,9%) debe llevar a la autoridad a cambiar sus estrategias preventivas que muchas veces terminan “desvistiendo un santo para vestir otro”.

En cuanto al miedo, resulta preocupante que en un año aumenten 14,7% las personas que sienten alto o muy alto temor. De igual forma, suben los que piensan que la delincuencia es el principal problema del país; y 8 de cada 10 chilenos creen que la delincuencia ha aumentado durante el último año. La expectativas de futuro no son mejores cuando suben a 40,2% los que creen que serán víctimas de algún delito durante los próximos 12 meses y se alza a 43% los que creen que la delincuencia ha aumentado en su barrio; es decir, en su entorno inmediato.

No es aconsejable que la autoridad busque explicaciones o considere que los indicadores constituyen un “avance” cuando detrás de cada cifra hay una persona o una familia que ha sido víctima de un delito y que hoy vive con más temor que ayer.

Los resultados son objetivamente malos y es preferible que la autoridad lo asuma y enmiende sus políticas, evalúe los programas en desarrollo y convoque a todos los expertos –independientemente de su posición política- para retomar la senda de la disminución de la victimización y proteger a la gran mayoría de gente honesta que anhela vivir en paz y tranquilidad.

POST ELECCIONES INTERNAS DEL PPD

Luego de un corto e intenso periodo de campaña, hoy me encuentro frente al nuevo desafío de contribuir a fortalecer el sistema democrático desde la mesa directiva mi partido. Me motiva la idea de reinventar y a la vez fortalecer lo que el PPD en esencia siempre ha sido: un canal donde personas diversas y conscientes de que las grandes tareas son colectivas, convergen con el fin de construir un Chile más justo e inclusivo.

Cuando accedí a participar en las elecciones internas -mientras algunos me animaban y ofrecían apoyo- también hubo quienes me preguntaban para qué sumarme una responsabilidad más a mi, no corta, lista de tareas. En medio de tanto descrédito del mundo político partidista, me decían, ¿para qué desgastarse en una campaña interna que significa tiempo, recursos y mucho trabajo, cuando mis inquietudes y preocupaciones legislativas están centradas en temas ciudadanos como la seguridad pública o los abusos del sistema financiero?, ¿para qué "complicarse la vida" metiéndose en este tipo de dinámicas partidarias si en las materias que me preocupan y lidero hemos tenido logros importantes, como la campaña del No más Dicom? Es que he ahí justamente la respuesta...

En primer lugar, pienso que los partidos políticos no valen aislados en sí mismos pues, así como los gobiernos y quienes desempeñamos cargos de representación popular, también se deben a la ciudadanía. Y son justamente los temas ciudadanos y específicamente la campaña para terminar con los abusos del Dicom, los que me llevaron una vez más, como cuando fui parte del gobierno de la Presidenta Bachelet, a recorrer el país conversando cara a cara con la gente. Soy de la escuela del trabajo en terreno como responsabilidad básica del quehacer político, entre otras razones, porque es de ahí donde surgen las motivaciones y directrices que focalizan mi trabajo en el parlamento, ya sea a la hora de legislar, como de fiscalizar. Y eso es plenamente coherente con la esencia del PPD.

En segundo término, soy parte del Partido por la Democracia desde su fundación, impulsada justamente a raíz de la necesidad ciudadana, de la urgencia de articularse para derrotar a la dictadura, manejando herramientas políticas y de manera pacífica. Hace ya 25 años, el partido se formó agrupando a personas de diversas trayectorias, que confluimos en el sueño, en el anhelo de un país libre del autoritarismo y del miedo, donde el respeto a los DDHH fuera irrestricto, donde las ideas fueran expresadas y debatidas, en el marco de un sistema democrático en el que colectivamente se fuese definiendo el rumbo del país. En tiempos en que los sistemas hegemónicos están siendo cuestionados y nos pregntamos por alternativas, el PPD tiene un importante rol que jugar, para lo cual debe, junto con reinventar estrategias y canales de comunicación, rescatar su esencia en tanto partido formado por ciudadanas y ciudadanos heterogéneos, unidos en torno al valor que otorgamos a lo colectivo, a la convicción de la necesidad de abrir constantemente espacios para el diálogo y sobre todo, para llevar adelante las acciones articuladas y sistemáticas que construyan una, de verdad, dulce patria.

RECONSTRUCCIÓN… DE LA FORMA DE DIALOGAR

Durante las últimas semanas, la ciudadanía ha sido testigo de un triste espectáculo: el 27 F se instaló en la agenda mediática pero esta vez desde una arista diversa: la intencionalidad política.

Sin respeto alguno por las víctimas ni el dolor de sus familiares, con manipulación y tergiversación de los datos francamente vergonzosa, diputados de derecha han llevado adelante un verdadero reality (cubierto desmesuradamente por algunos canales de tv) que terminó siendo un fiasco en contenido al no aportar nada nuevo a las investigaciones en curso, una vergüenza pública al aparecer manipulando información y el dolor ajeno, un descrédito personal de estos diputados y un boomerang político para su gobierno y sus partidos. Todo mal.

Las facultades fiscalizadoras de la Cámara de diputados deben ser defendidas y bien ejercidas ya que constituyen una herramienta necesaria en un sistema democrático con un presidencialismo tan exacerbado que permite controlar los actos de gobierno. Pero cuando dichas herramientas son mal utilizadas, se usan con finalidades diversas o su conducción se realiza de forma imprudente, lo primero que se consigue es dañar la institucionalidad fiscalizadora. Cuando además se usa dicha instancia para descalificar, faltar a la verdad y manipular información, se afecta la convivencia y se profundiza la negativa percepción de la política.

Invitar a familiares de víctimas a una comisión investigadora que busca responsabilidades políticas (no civiles ni penales) no tiene justificación alguna. Profundiza la victimización secundaria al reflotar en sus familiares los sentimientos de dolor y expone en sede legislativa dolores y emociones que no contribuyen al cometido de la ley. Las imágenes observadas de parlamentarios exhibiendo imágenes de víctimas es la escena más vergonzosa que hayamos observado en los últimos años en la política nacional, sólo comparable con el episodio de las zapatillas de LZ.

Me resisto a aceptar que en la política todo vale. No puede tratarse de una lucha sin cuartel donde todo se acepta. La faz agonal de la política debe llevarse adelante con principios, valores y límites que jamás se pueden sobrepasar. Eso debería ser una ley permanente de la actividad pública. Lamentablemente la llegada al parlamento de algunas personas que carecen de sentido de estado y probablemente desconocen la importancia de esta función para el desarrollo del país, han desarrollado una forma de relación en la cual su figuración personal justifica la denostación del adversario sin importar incluso la veracidad de sus dichos. El “ser famoso” y salir en los medios de comunicación les justifica cualquier barbaridad, desde denostaciones y descalificaciones e incluso imputaciones de delitos a terceras personas. Esto no da para más.

Quizás a propósito de las consecuencias del 27 F debemos avanzar más rápido en la reconstrucción de las viviendas de los afectados. Pero definitivamente debemos empezar a reconstruir las formas en que nos vamos a relacionar. No es aceptable que los ciudadanos que a diario trabajan, observen que la política se reduce a conflictos y descalificaciones, operaciones comunicacionales para destruir imágenes de unos u otros. La ciudadanía espera de su clase política que exhibamos la capacidad suficiente para dialogar en función de los intereses del país. No se trata de soslayar el debate ni nada que se le parezca. Bienvenido sea en la medida que verse sobre ideas, visiones, proyectos y futuro. Un debate que puede ser apasionado y desnudar las verdaderas posiciones antagónicas que representamos. Pero siempre en torno a ideas y visiones para mejorar el país. No para denostar o afectar electoralmente a unos u otros. Si bien en el pasado reciente conocimos casos de asesinatos de imagen (o intento), me quedo con el chile que fue capaz de acordar la forma de salir de la más oscuro capítulo de nuestra historia republicana en paz y tranquilidad gracias a un grupo de dirigentes que comprendieron que su rol era conducir al país hacia una transición necesaria para asegurar libertad y respeto a los derechos de todos los chilenos.

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O SIN ELLOS

No es necesaria la suma urgencia para pensar, razonar o meditar. Estamos en nuestro derecho y es necesario que lo ejerzamos. Como sociedad, debemos dejar de pedir permiso o perdón por tratar de cambiar mediante argumentos e ideas lo que no nos parece. El asesinato de Daniel Zamudio no quedará impune, estoy seguro, pero nuestras conciencias tampoco pueden estar tranquilas. Es hora de despertar a los seres humanos que llevamos dentro, no al político, al militante, al estudiante o al activista.

Si bien el asesinato de Daniel Zamudio ha generado enérgicas y transversales condenas sociales, lamentablemente, no ha motivado de parte de las principales editoriales de los medios de comunicación nacional una reflexión más profunda respecto de las causas y motivaciones de la bestial agresión que terminó en muerte.

La cobertura de los hechos se centró en los aspectos policiales, con exhaustivas descripciones, detalles investigativos y de las pesquisas de sus hechores, como corresponde al periodismo informativo. Sin embargo, en una época en que las columnas y la editoriales nos rodean, creando discusión; se echó de menos el periodismo de opinión.

Quizás esta manera de enfocar el tema desde la forma, revele que nuestra sociedad no está disponible para enfrentar el trasfondo de este caso: la discriminación permanente de que son objeto quienes piensan, se visten, hablan o profesan algo distinto del “canon ideal”. ¿Qué es el canon ideal, quién lo determina y quién le dio facultades para ello? ¿Se trata de una condición estática o evolutiva? ¿Existen tantos cánones ideales como personas? ¿Se trata de la idealización de un modelo de vida, sociedad, opción sexual, religión o vestimenta? ¿O en definitiva, se busca imponer al resto las convicciones u opciones propias aún por la fuerza física o la de la marginación, humillación y vejación de discriminar a quien no lo hace?

Nuestro país es una isla continental. Nuestras fronteras naturales: cordillera, desierto, hielo y océanos; nos condicionan el debate y lo circunscriben a nosotros mismos, perdiendo –en oportunidades- la proporción de los hechos y volviéndonos incapaces de comprender a tiempo los fenómenos o procesos globales. Así las cosas, los líderes de opinión y los poderes fácticos intentan dirigir nuestros debates hacia lo banal y lo superfluo, a fin de evitar mayores cuestionamientos hacia sus parámetros ideales. De hecho, aún existe un pequeño grupo de chilenos que se sienten con las atribuciones y el derecho de imponer su visión al resto, y lo peor es que nuestro sistema lo avala y en ciertos casos, lo fortalece.

En esta isla, existe un Consejo de televisión integrado por personas que “representarían” la diversidad y quienes se arrogan la facultad de censurar ex ante los contenidos de la televisión. Lo anterior, revela lo que somos y lo que estamos dispuestos a tolerar. De igual forma, los altísimos quórums requeridos para aprobar reformas importantes del modelo de sociedad en el parlamento, revelan que el “constituyente” era esencialmente discriminador e intolerante con la diversidad de pensamiento al otorgarle un verdadero “poder de veto” a la minoría del país representada en el parlamento y no estaba disponible la opción que una mayoría pudiera mutar el modelo que ellos consideraban “conveniente” para Chile.

Los recientes movimientos sociales y la vehemencia en las formas de manifestación, deben ser interpretados en su sentido amplio y no en la mirada reduccionista de una reivindicación sectorial o local. Quizás estamos en presencia de una generación que no acepta que una minoría fije el modelo y decida lo que es lícito, legítimo y conveniente para el resto. Probablemente, las protestas tienen que ver con una realidad social cansada de la discriminación y que decide revelarse ante un modelo que la consolida en sus diversas formas. Nos hace falta, entonces, reflexionar con mayor profundidad sobre el modelo de sociedad que hemos construido, y la permisividad, tolerancia y hasta fortalecimiento de la discriminación como forma de vida y de relacionarse en sociedad.

La pobreza de la opinión y de la discusión sobre los temas de fondo resulta evidente en nuestro medio. Vemos cómo en oportunidades la política se aboca a las disputas de espacios de poder; los medios de comunicación en general, están preocupados de sus ventas y, la televisión abierta en particular, se desvela consolidando el “reality” como forma de mantener en calma a los que hoy comienzan a cuestionar el modelo y sus consecuencias.

No es necesaria la suma urgencia para pensar, razonar o meditar. Estamos en nuestro derecho y es necesario que lo ejerzamos. Como sociedad, debemos dejar de pedir permiso o perdón por tratar de cambiar mediante argumentos e ideas lo que no nos parece. El asesinato de Daniel Zamudio no quedará impune, estoy seguro, pero nuestras conciencias tampoco pueden estar tranquilas. Es hora de despertar a los seres humanos que llevamos dentro, no al político, al militante, al estudiante o al activista.

Debemos remecer nuestras conciencias como personas. Algo no hemos estado haciendo bien, pero podemos cambiarlo y no podemos permitir que otro niño pierda la vida para volver a remecer nuestras almas. Solos no podemos, pero todos los “solos” de este país a los que no nos gusta lo que estamos viendo, podemos cambiar el presente, con los medios de comunicación o sin ellos. De nosotros depende.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Probablemente usted desconoce el valor que tienen sus datos personales. Le cuento que con ellos algunos han hecho verdaderas fortunas. Tras las ventas de grandes bancos, instituciones financieras, casas comerciales, farmacias y otras corporaciones, se transan sus bases de datos. Es decir, cada vez que usted lee en algún periódico sobre la venta de una gran compañía, si usted es su cliente, entonces en dicha venta van incluidos sus datos personales a pesar que de seguro nadie le consultó. Esto se produce por el generalizado desconocimiento que tienen los ciudadanos del valor de sus datos personales en una economía digital global; y por la presión de quienes las poseen para evitar regulaciones que entrampen la libre circulación de sus (en realidad tus) datos.

Al revisar la web es posible obtener bases de datos segmentadas con información focalizada. Desde preferencias comerciales hasta discapacidad de las personas. Una verdadera feria virtual de venta y tráfico de datos personales. Mientras unos lucran con ellos, lamentablemente otros cometen delitos aprovechando los mismos. Defraudaciones, clonación de tarjetas, suscripción de contratos simulados, son acciones defraudatorias cada día de mayor ocurrencia. Todas situaciones que ocurren a espaldas de sus titulares y que paradójicamente los terminan perjudicando.

Por lo anterior es que se felicito al gobierno por enviar a trámite legislativo el proyecto que modifica las normas sobre protección de datos personales (Ley 19.628) lo que motivará una discusión urgente sobre la regulación del tratamiento de los datos personales. Chile en 2012 iniciará una discusión que en Europa se dio en la década del 60. Autodeterminación informativa, derecho amparado por acciones de protección e institucionalidad especializada, son cuestiones que debemos definir en el corto plazo. El mundo avanza muy rápido y los desafíos globales se relacionan con la regulación de los datos en las redes sociales, el cloud computing y el almacenamiento de los datos en aplicaciones gratuitas en la red.

Si usted cree que en la web existen aplicaciones gratuitas, lamento decirle que se equivoca. Cada una de ellas puede que no le signifique erogar dinero, pero ciertamente en los contratos de licencia que en general aceptamos sin mayor cuestión, se establece como precio, la entrega de nuestros datos personales y la autorización para su tratamiento y transacción.
Hoy en nuestro país muchas compañías están motivando el cloud computing. Es decir, subir los datos de las empresas a servidores virtuales, disminuyendo costos de mantención y actualización de los servidores tradicionales. Pero en esa oferta ¿quién garantiza un correcto tratamiento de los datos almacenados? ‘¿cómo se evita el hackeo de los mismos y su tratamiento desleal? La reciente experiencia de Sony y el hurto de millones de datos de usuarios de su consola puso en jaque la seguridad de una de las compañías más grandes del mundo en este rubro y con ello los datos de millones de clientes circulan a sus espaldas desconociendo los verdaderos propósitos.

Para Chile esto recién comienza y requerirá de los acuerdos necesarios para sacar adelante tan importante iniciativa y ponernos a la altura de los desafíos de la nueva economía global. Si queremos avanzar en desarrollos tecnológicos, innovación, uso de la red de redes como instrumento de crecimiento, debemos actualizar nuestra legislación haciendo frente a este y otros temas que hoy constituyen la piedra de tope de nuestro verdadero impulso a la economía digital y uso de la red. El cloud computing es sólo un ejemplo práctico y actual que grafica lo atrasado que estamos en esta materia. A mi juicio deberíamos iniciar nuestra discusión asumiendo principios de autodeterminación informativa, legitimidad, veracidad, propiedad de datos personales de las personas, principio de finalidad de los mismos (recogidos en la popularmente denominada “ley dicom”) en virtud del cual los datos son almacenados con un fin específico quedando prohibida toda cesión o transacción para un fin diverso sin el consentimiento expreso de su titular. El derecho al olvido vigente en numerosas legislaciones deberá ser materia de discusión para terminar con el abuso de la imprescriptibilidad práctica de las morosidades al seguir siendo utilizadas por bancos y casas comerciales más allá del plazo de caducidad y la prohibición de comunicar establecidos en la ley. En fin, la discusión enriquecerá el debate y debería permitirnos dar mayor protección a las personas en cuánto titulares de sus datos personales. Sólo así reconoceremos un derecho incorporal moderno que debiera considerarse un atributo de la personalidad y, por tanto un elemento de la esencia de toda persona, natural, jurídica o virtual.

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LEY NO+DICOM GOLPEA EL BOLSILLO DE LOS PODEROSOS

El debate enriquece la democracia, las iniciativas y tiene un valor en sí mismo. Más aún cuando más allá de las legítimas diferencias, somos capaces de ponernos de acuerdo en torno a la protección de los ciudadanos.

Durante años la Cámara de Comercio de Santiago, a través del Boletín comercial, recolectó, usó y comercializó antecedentes de miles (o millones) de chilenos. Los datos de morosidades que fueron recogidos para evaluar el riesgo crediticio, los vendieron a terceros sin importar que los utilizaran para afectar la esencia de ciertos derechos fundamentales de nuestros compatriotas.

Hoy, cuando el parlamento, por unanimidad de sus miembros, decide poner freno a dichos abusos, son los mismos abusadores los que critican la nueva norma, descalificando, amenazando con aumento de tasas en los créditos y vaticinando un perjuicio para los pequeños comerciantes, todo lo anterior sin más fundamento que la mezquindad de defender su negocio de venta de datos de todos los chilenos.

Desinforman de manera abierta e impune con el apoyo de ciertos editorialistas siempre dispuestos a defender los intereses de unos pocos en desmedro del interés general del país. A través de los medios, tratan de demostrar la inconveniencia de contar con mayor información para defender su negocio frente a la banca nacional. Leerlos o escucharlos hablar sobre las bondades de la transparencia de la información comercial contrasta con sus robustas presentaciones en contra del proyecto de deuda consolidada enviado por el gobierno.

Por ejemplo, preocupa que se pretenda desinformar diciendo que un arrendador no podrá conocer los antecedentes comerciales de su potencial arrendatario. La norma es clara, si el arrendador quiere conocer dichos antecedentes, lo hará como se hace en todas las economías desarrolladas, se los pedirá al potencial arrendatario. Si éste no se los quiere entregar, obviamente subsiste el derecho del dueño de la propiedad para no arrendarla.

Es falso que con la nueva ley el pequeño comercio no podrá acceder a la información comercial de sus clientes para evaluar el riesgo de crédito. Es el propio artículo 2° que los autoriza para ello de manera expresa y les exige que dicha información sea usada para lo que fue consultada: la evaluación de riesgo de crédito de un determinado cliente.

Sostener que no se construirán carreteras concesionadas, porque con esta norma no se podrán publicar las deudas en Dicom es atentar contra la inteligencia de los chilenos. El modelo de negocio de la concesión de infraestructura urbana e interurbana descansa en los retornos proyectados por su uso y frente al no pago, es la propia ley de concesiones la que en su artículo 42 contempla un privilegio de cobro al incrementar los montos de las multas asociadas al no pago. Si el deudor persiste en el no pago, la concesionaria tendrá que hacerlo como lo hace todo el comercio en todo el mundo, deberá iniciar acciones de cobro para perseguir los montos adeudados y no descansar ante una publicación de acceso universal destinada a afectar a las personas.

Proyectar un incremento en las tasas de interés de los créditos por los impactos de la nueva ley constituye una amenaza inaceptable de parte de quienes han abusado de los datos de los chilenos y nos pone en alerta frente a una eventual colusión de un sector de la industria y el comercio. Sustentar alza de tasas por las normas permanentes de la ley no resiste análisis ya que éstas en nada influirán en los costos del crédito. Ahora, si pretenden sustentar dicha alza por la prohibición transitoria de publicar deudas pasadas hasta $ 2.5 millones, supondría adoptar un alza permanente por una circunstancia transitoria, algo nunca visto, máxime cuando han ocurrido modificaciones que han beneficiado al comercio no hemos observado ninguna disminución de tasas en beneficio de los consumidores ni morosos.

Durante estos días he observado con preocupación el alineamiento de ciertas fuerzas económicas y comunicacionales con el objeto de desinformar sobre las bondades de la nueva ley y circunscribir la discusión a la norma transitoria de la prohibición de publicar ciertas deudas pasadas. Parece extraño que no se refieran ni difundan las normas permanentes que aportarán a mejorar la calidad de la protección de los datos personales de todos los chilenos, que evitará la afectación de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, educación o atenciones médicas de urgencia; que consagra la gratuidad en el derecho de todos los chilenos para conocer sus antecedentes comerciales hasta por 3 veces en el año; crea un registro de quienes han consultado los datos comerciales de cada ciudadano para fiscalizar el cumplimiento de la ley; reduce a 3 días el plazo máximo para borrar de los registros o bancos de datos aquellas deudas que se hayan extinguido; termina con el acceso universal a sus antecedentes comerciales; y en general devuelve a las bases de datos comerciales a su sentido original, la evaluación de riesgo para el proceso de crédito, conservando los derechos que en la actualidad poseen quienes participan de dicho proceso o son parte del comercio establecido para ayudarles en sus procesos y disminuir el riesgo comercial.

No parece adecuado la sobre reacción de algunos que sin atreverse a explicitar que defienden su particular negocio de la venta de datos ajenos a espaldas de sus dueños o que representan intereses que se verán afectados por estas nuevas normas de protección de datos, buscan desinformar a los ciudadanos confundiendo sobre los efectos o impactos de esta ley que más allá de opiniones comprometidas, objetivamente beneficiará a la gran mayoría de los ciudadanos y mejorará el estándar de protección de los datos de todos los chilenos al consagrar normas de antigua vigencia en las economías desarrolladas.

NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

La reciente entrega de la encuesta de victimización de la fundación paz Ciudadana, deja al desnudo que la delincuencia sigue creciendo. Nuevamente la victimización escala hasta llegar a 39,3%, el indicador más alto desde Noviembre de 2006 y que representa que durante 2011 la victimización subió un total de 6,3%. En lenguaje común es posible advertir que casi 4 de cada 10 chilenos fue víctima de algún delito durante 2011.

Al observar el lugar de ocurrencia de los delitos, surge que el 82,8% de ellos ocurrió en la vía pública y 17,2% en los hogares. Porcentualmente el 72,5% fueron delitos no violentos y un 27,5% se cometieron usando violencia.

Uno de los datos más preocupantes es el que dice relación con la revictimización, es decir aquellos hogares que habiendo sufrido un delito, vuelven a ser víctimas de otro hecho delictual. Este porcentaje sube de manera explosiva en los hogares de la zona nororiente de la región metropolitana (+20%), mientras en la zona norponiente de la capital el alza llega a 11,2%. La región metropolitana en su conjunto sube de 64,6% a 71,5% (+6,9%). El número de hogares que ha sido víctima más de 3 veces de un delito llega al 10% duplicando el porcentaje de 2008.
Otro elemento preocupante es la disminución porcentual de las denuncias (-5%) lo que revela una disminución en la confianza de los ciudadanos en el sistema y aumenta la impunidad ya que sin denuncia no existe persecución.

En cuanto al elemento subjetivo de la delincuencia, la sensación de inseguridad o temor. También existen malas noticias. Aumenta el miedo a ser víctima de un delito el que llega a 16% sumando un alza de 4% el año 2011.

Lo preocupante es que el miedo aumenta en mayor proporción en los niveles socioeconómicos bajos (+3,8%) llegando al 22,7%

Mala ecuación entonces. Más delitos, más miedo y menos denuncias.

Comentarios:
Las cifras son malas, preocupantes y decepcionantes. Nos indican que se consolida una tendencia al alza de los delitos en Chile. Esto se produce en un ciclo económico expansivo, lo que nos distingue de otros países y nos debe llevar a reflexionar sobre el modelo de política económica y social y sus mecanismos de focalización en aquellos sectores de mayor riesgo a fin de evitar el ingreso de nuevos actores a la actividad del delito. Quizás sea la vuelta larga de las políticas de seguridad, pero son las que nos podrían dar resultados positivos y estables en el tiempo. Se hace indispensable pasar a una nueva fase en las políticas de seguridad donde se adopten medidas de fondo, estables en el tiempo y sujetas a evaluaciones de mediano plazo para garantizar su impacto más allá de los gobiernos de turno.

Las cifras son malas porque en primer lugar constituyen una tendencia al alza en las cifras de victimización que rompen la tendencia a la baja que se tenía desde 2006. En segundo orden porque los indicadores denotan un incremento de los delitos en el espacio público lo que obliga a reflexionar sobre las estrategias policiales preventivas y a realizar evaluaciones a esta nueva realidad. Quizás sea el momento de reestudiar el plan de despliegue operativo de cuarteles policiales y profundizar las medidas de prevención situacional en conjunto con los municipios. De igual forma el aumento de la revictimización es una pésima noticia considerando que los hogares de clase media y baja son los más afectados ya que sus moradores no tienen personas con quien dejar el hogar cuando sus sostenedor(a) sale a trabajar y carecen de los recursos para adoptar medidas de seguridad privada. Preocupa porque las cifras anteriores ya revelaban un incremento en la revictimización de hogares y la autoridad nada hizo al respecto. Por el contrario prefirió sacar carabineros de los espacios públicos y barrios residenciales y apostarlos al cuidado de farmacias, cajeros automáticos y supermercados, industrias que poseen recursos para adoptar medidas de seguridad privada. Es decir, desvistieron un santo para vestir otro, con la gravedad de que el santo desvestido es al que más se debe proteger, las personas y sus hogares.

Decepcionantes porque los ciudadanos manifiestan su desconfianza con el sistema al bajar porcentualmente las denuncias por considerarlas inútiles y porque las autoridades encargadas de solucionar el problema de inseguridad han protagonizado disputas públicas estériles que atentan contra la debida coordinación para superar el flagelo delictual. Los ciudadanos sancionan el ambiente de disputas iniciado por el ministro del interior contra el Fiscal nacional y el poder judicial, poniendo por primera vez en 13 años de medición, nota roja al gobierno en esta materia.

Es hora de revertir los indicadores y mejorar la seguridad ciudadana. Esto sólo será posible siu la autoridad comprende el fenómeno y enmienda el rumbo, se deja ayudar y escucha las cifras no con arrogancia, sino con la sabiduría necesaria para aprender de ellas. Necesitamos que el Ministro del interior cuente con las personas adecuadas para enfrentar este flagelo y dejen de lado la contratación de operadores políticos sin calificación ni experiencia. Ya han pasado 2 años desde que asumió el gobierno que acabaría con la delincuencia y, hasta el momento sólo hemos visto excusas no soluciones.