PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Probablemente usted desconoce el valor que tienen sus datos personales. Le cuento que con ellos algunos han hecho verdaderas fortunas. Tras las ventas de grandes bancos, instituciones financieras, casas comerciales, farmacias y otras corporaciones, se transan sus bases de datos. Es decir, cada vez que usted lee en algún periódico sobre la venta de una gran compañía, si usted es su cliente, entonces en dicha venta van incluidos sus datos personales a pesar que de seguro nadie le consultó. Esto se produce por el generalizado desconocimiento que tienen los ciudadanos del valor de sus datos personales en una economía digital global; y por la presión de quienes las poseen para evitar regulaciones que entrampen la libre circulación de sus (en realidad tus) datos.

Al revisar la web es posible obtener bases de datos segmentadas con información focalizada. Desde preferencias comerciales hasta discapacidad de las personas. Una verdadera feria virtual de venta y tráfico de datos personales. Mientras unos lucran con ellos, lamentablemente otros cometen delitos aprovechando los mismos. Defraudaciones, clonación de tarjetas, suscripción de contratos simulados, son acciones defraudatorias cada día de mayor ocurrencia. Todas situaciones que ocurren a espaldas de sus titulares y que paradójicamente los terminan perjudicando.

Por lo anterior es que se felicito al gobierno por enviar a trámite legislativo el proyecto que modifica las normas sobre protección de datos personales (Ley 19.628) lo que motivará una discusión urgente sobre la regulación del tratamiento de los datos personales. Chile en 2012 iniciará una discusión que en Europa se dio en la década del 60. Autodeterminación informativa, derecho amparado por acciones de protección e institucionalidad especializada, son cuestiones que debemos definir en el corto plazo. El mundo avanza muy rápido y los desafíos globales se relacionan con la regulación de los datos en las redes sociales, el cloud computing y el almacenamiento de los datos en aplicaciones gratuitas en la red.

Si usted cree que en la web existen aplicaciones gratuitas, lamento decirle que se equivoca. Cada una de ellas puede que no le signifique erogar dinero, pero ciertamente en los contratos de licencia que en general aceptamos sin mayor cuestión, se establece como precio, la entrega de nuestros datos personales y la autorización para su tratamiento y transacción.
Hoy en nuestro país muchas compañías están motivando el cloud computing. Es decir, subir los datos de las empresas a servidores virtuales, disminuyendo costos de mantención y actualización de los servidores tradicionales. Pero en esa oferta ¿quién garantiza un correcto tratamiento de los datos almacenados? ‘¿cómo se evita el hackeo de los mismos y su tratamiento desleal? La reciente experiencia de Sony y el hurto de millones de datos de usuarios de su consola puso en jaque la seguridad de una de las compañías más grandes del mundo en este rubro y con ello los datos de millones de clientes circulan a sus espaldas desconociendo los verdaderos propósitos.

Para Chile esto recién comienza y requerirá de los acuerdos necesarios para sacar adelante tan importante iniciativa y ponernos a la altura de los desafíos de la nueva economía global. Si queremos avanzar en desarrollos tecnológicos, innovación, uso de la red de redes como instrumento de crecimiento, debemos actualizar nuestra legislación haciendo frente a este y otros temas que hoy constituyen la piedra de tope de nuestro verdadero impulso a la economía digital y uso de la red. El cloud computing es sólo un ejemplo práctico y actual que grafica lo atrasado que estamos en esta materia. A mi juicio deberíamos iniciar nuestra discusión asumiendo principios de autodeterminación informativa, legitimidad, veracidad, propiedad de datos personales de las personas, principio de finalidad de los mismos (recogidos en la popularmente denominada “ley dicom”) en virtud del cual los datos son almacenados con un fin específico quedando prohibida toda cesión o transacción para un fin diverso sin el consentimiento expreso de su titular. El derecho al olvido vigente en numerosas legislaciones deberá ser materia de discusión para terminar con el abuso de la imprescriptibilidad práctica de las morosidades al seguir siendo utilizadas por bancos y casas comerciales más allá del plazo de caducidad y la prohibición de comunicar establecidos en la ley. En fin, la discusión enriquecerá el debate y debería permitirnos dar mayor protección a las personas en cuánto titulares de sus datos personales. Sólo así reconoceremos un derecho incorporal moderno que debiera considerarse un atributo de la personalidad y, por tanto un elemento de la esencia de toda persona, natural, jurídica o virtual.

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NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

Las cifras de denuncias de delitos de mayor connotación social correspondientes al 3er trimestre de 2011 vuelven a sembrar el temor de analistas y entendidos en relación a la eficacia de las políticas públicas del actual gobierno en materia de prevención y control delictual. Si bien las denuncias no constituyen un indicador exacto de los delitos; ciertamente un incremento de esta magnitud (+ 10,1%) debe llevar a la autoridad a enmendar el rumbo rápidamente para evitar la afectación de mayor número de personas y hogares.

Al observar las cifras surge como primer análisis de preocupación que las denuncias de delitos que más aumentan son las correspondientes a delitos violentos. Así, del total de denuncias recibidas, el robo con fuerza llega al 37,3 % con un incremento de +10,8% respecto de igual período del año 2010. Dentro del robo con fuerza se observa un incremento de los robos en lugar habitado (+33,9%), en lugar no habitado (+22,3%) y robo de vehículos (+14,5%) sembrando una señal de intranquilidad en la seguridad de hogar y comercio.

Los incrementos de los robos con violencia en 17,9%, robos por sorpresa 2,9%; violaciones +11,5% y violencia intrafamiliar en 9,9% constituyen una luz naranja que el gobierno debe saber leer para implementar una política preventiva agresiva y focalizada en la protección de hogares, personas y comercio.

Dado que la confianza en el sistema de justicia criminal tiende a no variar en el corto y mediano plazo, podemos afirmar que este crecimiento se debe a un aumento real de la delincuencia. Estos resultados son además consistentes con los aumentos observados en las últimas mediciones de victimización disponibles. Según el índice paz ciudadana-Adimark la proporción de hogares victimizados creció en un 14,8% durante el primer semestre 2011.

Respecto de la cifra de homicidios y su alza a 27,8% me permito señalar que a pesar de que pueda aparecer llamativa, técnicamente no es acertada y deberían excluirla de la entrega de este tipo de cifras, ya que quienes determinan técnicamente la ocurrencia de un homicidio no son ni las policías ni el Ministerio público, sino que el Ministerio de salud ya que un caso que pudo ingresar a las policías o al Ministerio público como homicidio, puede derivar judicialmente en muerte accidental, cuasidelito o viceversa. De hecho la única estadística aceptada en organismos internacionales es la que emana de la autoridad de salud.

Para algunos estas cifras deben significar un regocijo al dejar en evidencia la incompetencia de quienes tienen a su cargo la prevención delictual. Para otros resulta más fácil exculparse sindicando como responsables a fiscales y jueces. Ni lo uno ni lo otro resulta del todo cierto ni mejorará las condiciones de seguridad de las familias si la autoridad no asume que la realidad delictual no cesa ante su estrategia disuasiva y por el contrario se incrementa de manera peligrosa.

Observo con preocupación las autocomplacientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del delito quien parte exculpándose responsabilizando a jueces y fiscales y al ser contrastado con cifras que no sustentan técnicamente su afirmación decide culpar del alza delictual a las manifestaciones y el uso de carabineros para labores diversas de la seguridad preventiva. Acepto el argumento en la comuna de Santiago y excepcionalmente en otra comuna; pero no es aceptable como argumento general. ¿Qué labor de orden público pueden cumplir los carabineros de La Calera, de la región de Tarapacá o Los Ríos, de la comuna de Vitacura o Cerrillos, donde las alzas superan los 2 dígitos? Ninguna. Consultado Carabineros por eventuales traslados desde dichas comunas para cumplir esas funciones, la respuesta es categórica. No ha habido traslados para esos fines.

Finalmente no puedo dejar pasar el hecho que las cifras aparezcan publicadas en algunos medios de comunicación y la autoridad se refiera a ellas y aún no se encuentren disponibles las cifras oficiales en la web del ministerio del interior, situación que afecta la transparencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública como mecanismo de simple información o análisis de cifras o variables que a la fecha de esta columna no han sido publicadas.

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades hoy renuevo mi compromiso de cooperación para con las autoridades en la superación del flagelo. Las cifras no son un fin en sí mismo, constituyen un instrumento de orientación de políticas públicas orientadas a resultados y es justamente eso lo que la autoridad debe entender y utilizar a su favor como herramienta de gestión y no descalificar a quienes con un prisma diverso opinamos para aportar a la solución de un problema que no puede ni debe tener sesgos de ninguna especie.

VIOLENCIA, DELINCUENCIA, GOBIERNO Y JUECES

El ambiente está malo. A la crispación política entre gobierno y oposición no se le ve buena salida. Por su parte los estudiantes insisten en no transar sus demandas y el populismo golpea a la puerta. En este cuadro el gobierno haciendo gala de su incapacidad política y sale a granjearse un nuevo conflicto. Ahora con los jueces al cuestionarlos por las “excesivas libertades” en las causas de infracción al orden público. Los jueces respondieron sin anestesia y con cifras irrefutables. 8 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva son concedidas por el poder judicial. Es decir, del supuesto garantismo estructural de los jueces…nada.

No contento con la respuesta el Ministro de Justicia en un hecho inédito en la política chilena sale a amenazar a los jueces al sugerir que los ascensos judiciales serían condicionados a buenos fallos en materia de orden público. Es decir, el ministro se permite intentar condicionar los fallos judiciales para promover jueces, olvidando lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política que prohíbe al presidente de la República y a miembros del Congreso nacional avocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de sus fallos. Un escándalo de proporciones. La Asociación de Magistrados y el pleno de la Corte Suprema rechazaron categóricamente sus declaraciones al considerarlas como un intento por subordinar a un poder autónomo del estado.

Tozudez es la palabra que describe al Ministro de Justicia Teodoro Ribera. No es aceptable que una autoridad política se permita tal nivel de imprudencia e incluso se ponga al borde de la inconstitucionalidad con su sugerencia. O el ministro se retracta o renuncia. Pero una autoridad sin diálogo con el poder del estado materia de su cartera, parece insostenible.

¿Cuál será la razón para tal aberración? Para mi parece obvio. Las encuestas que tiene el gobierno dan un creciente nivel de rechazo a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto de orden público y la delincuencia. Entonces, con sus declaraciones, el gobierno busca excusar su incapacidad y endosar la responsabilidad por la falta de eficacia en la sanción de los encapuchados en otro poder del estado. El Poder Judicial. Así, al “endurecer el discurso” podrían recuperar algunos puntos en la evaluación pública y “reconquistar” al electorado propio que a diario aumenta su insatisfacción. Lo que no esperaban era que el Poder Judicial saliera a defenderse mostrando cifras que avalan que el problema no radica en el “garantismo estructural” de los jueces; sino más bien en la incapacidad del gobierno y sus agencias policiales para identificar a los violentistas y de probar en juicio su participación en los hechos de violencia.

Lo que se requiere entonces no es una modificación legal que incremente las penas ni un condicionamiento de asensos judiciales por los fallos, sino una reformulación del actual sistema de información preventiva a fin de lograr identificar a los violentistas y, una vez detenidos, acompañar profesionalmente en juicio los elementos probatorios suficientes para crear convicción judicial respecto de la participación de los detenidos en los hechos de violencia.

Si bien la estrategia diseñada pudo haber tenido efectos positivos para alguna encuesta, la contundente respuesta judicial permite avisorar un nuevo flanco del gobierno. Su falta de visión para solucionar un problema de alta sensibilidad ciudadana. La violencia y la delincuencia. Ambos temas en los cuales este gobierno sigue al debe y más allá de las construcciones mediáticas, los ciudadanos –transversalmente- lo sienten y en su entorno lo hacen saber.

LA TOMA DEL SENADO

Que el ambiente está que arde no cabe ninguna duda. De la incapacidad del gobierno para dialogar y resolver políticamente sus conflictos tampoco. Esta incapacidad ha ido calentando los ánimos en la sociedad.

Los estudiantes observan con desconfianza el futuro del debate por la educación. Los vecinos angustiados por los desmanes y agresiones de sus hogares y barrios. Los carabineros exhaustos, molestos y preocupados por las largas jornadas de enfrentamiento y creciente agresividad en las manifestaciones. Los parlamentarios de la alianza preocupados por la constatación en terreno de la decepción generalizada de los ciudadanos para con este gobierno. La oposición se siente agredida por la descalificación permanente de parte del gobierno y por su propio “fuego amigo”. Molestia en el Poder Judicial por el cuestionamiento de sus fallos y enojo en el Ministerio Público por la negativa de la autoridad de financiar su plan de fortalecimiento. Los empresarios preocupados por la potencial “generalización” del debate sobre el lucro; y decepcionados de la falta de capacidad de conducción política de la actual autoridad.

En este ambiente de falta de diálogo, recriminaciones cruzadas y “pasadas de cuenta” se produce un hecho que aún teniendo precedentes históricos, requiere de un breve análisis. La toma del Senado.

Un grupo de ciudadanos, militantes y operadores sociales decide tomarse la sede del Senado de la República. Reduciendo a un carabinero logran ingresar, interrumpen una sesión de trabajo y permanecen durante algunas horas. El episodio finaliza con la salida “voluntaria” y pacífica de los manifestantes. Si bien el resultado final es positivo al no generarse enfrentamientos, no se puede dejar pasar e hecho de validar las tomas como mecanismo de presión.

Por muy legítimas que sean las reivindicaciones, las formas de exigirlas deben ser con pleno respeto a las garantías individuales y al funcionamiento institucional. La libertad ambulatoria, la integridad física y el respeto a las instituciones se vieron mermadas con la acción realizada en el Senado. Irrumpir en una institución requiere primeramente de una decisión anticipada y planificada. Requiere concoer la seguridad existente, la agenda en desarrollo y la posibilidad de contar con presencia mediática para difundir la acción. Es decir, esta acción no fue espontánea. Fue debidamente planificada por sus organizadores. La toma de una institución denota en quien la realiza la falta de confianza y respeto por la institución que se afecta. Denota la molestia por la incapacidad de resolución de un problema, sea personal o colectivo. Situación que por lo general se encuentra dentro del ámbito de ejecución y, por tanto del poder ejecutivo.

Al tratarse de la toma del Senado de la república es importante considerar que se trata de una institución fundamental de la democracia donde confluye un grupo de ciudadanos elegidos democráticamente por los ciudadanos (aunque excepcionalmente algunos no), para que los representen en la elaboración de leyes. Es decir, en la dictación de normas de conducta que regulen a la sociedad en su conjunto sirviendo de base para plasmar la visión que se tiene de la sociedad. En un sistema de democracia representativa, atentar contra el Senado o la Cámara de Diputados es atentar directamente contra los ciudadanos, ya que quienes allí laboran lo hacen por cuenta de sus electores. Interrumpir su trabajo para intentar imponer una visión sobre la educación es igualmente violento que no ser escuchados por las autoridades. Si la clase política ha criticado la falta de diálogo entre autoridades y estudiantes, entonces no resulta coherente aceptar sin mediar diálogo alguno que un grupo de militantes y organizadores de marchas se tomen una institución representativa de los ciudadanos y condicionen su salida pacífica a la adopción de compromisos destinados a garantizar la defensa de su visión sobre un determinado tema. Legitimar ese tipo de actos podría llevar a aceptar que la presión sobre las instituciones sea la forma de resolver las divergencias que coexisten en una sociedad. La coacción de quien debe decidir para obligarlo o al menos condicionar el sentido de su decisión no puede ni debe ser aceptado, ya que de lo contrario se estaría legitimando una forma de conducción de la sociedad basada en la amenaza y la agresión de sus representantes.

El sistema de democracia representativa debe ser mejorado para lograr mayor representatividad de la ciudadanía. Pero ningún perfeccionamiento será suficiente para aquellos que pretenden imponer su visión por la vía de la coerción o amenaza. Debemos ser capaces de acelerar el proceso de cambios de nuestro sistema de representación política. Para ello se requiere que de una vez por todas y sin miramientos particulares, los líderes de los cuerpos intermedios que participan de las decisiones del país (partidos políticos) se pongan de acuerdo en función de una reforma del sistema de elección, reemplazos, partidos, transparencia y regulación de la actividad política, ya que de lo contrario el creciente descrédito de la actividad podría masificar la sensación de “la política por mano propia” y, afectar de manera definitiva a las instituciones republicanas de representación ciudadana.

INVOCAR LA LEY DE SEGURIDAD DE ESTADO

El gobierno ha anunciado la aplicación de la ley de seguridad del estado para enfrentar la quema de un bus del transantiago.

Lo primero que creo se debe despejar es mi condena hacia la violencia en cualquiera de sus formas y, la distinción clara entre las movilizaciones sociales y la delincuencia como saqueos, destrucción de propiedad y quema de vehículos o buses. Mientras lo primero constituye un derecho fundamental que debemos proteger, lo segundo no debe ser justificado por ningún sector ya que por un lado afecta a la movilización social y por el otro genera daños y temor en la ciudadanía.

Ciertamente el anuncio del gobierno tiene un alto sentido mediático. Busca endurecer el discurso ante una ciudadanía que observa con preocupación la creciente ocurrencia de hechos de violencia en las diversas ciudades y aprovecha de entregar un mensaje a sus electores -amantes del orden- que ven con estupor un gobierno incapaz de salvaguardar uno de sus bienes más preciados, el orden público.

Lo cierto es que al invocar la ley de seguridad del estado, el gobierno opta por utilizar un instrumento punitivo excepcionalísimo, la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. En particular se invoca el artículo 6° letra c), que ubicado en el Título relativo a los Delitos contra el orden público, prescribe:

“Cometen delito contra el orden público:

c): “Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho, por cualquier medio, destruyan, inutilicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y de distribución, o los que, en la misma forma, impidan o dificulten el acceso a dichas instalaciones, medios o elementos; (…)”

Para evitar confusiones que han aparecido en algunos medios de comunicación, la invocación de la norma que anunció el gobierno se refiere exclusivamente al hecho de la quema del bus del transantiago; lo que se traduce en la práctica en la presentación de una querella criminal interpuesta por el ministerio del Interior (Intendencia).

Si el objetivo real es evitar la impunidad de este tipo de hechos, a mi juicio el gobierno equivoca el punto, toda vez que no estamos en presencia de una falta de tipo penal para el caso particular ni de un tipo penal con baja penalidad como veremos a continuación:

El delito consignado en la letra c) del artículo 6° de la ley 12.927 posee una sanción que de conformidad al artículo 7° inciso quinto de la misma ley va desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo; es decir, desde los 3 años y 1 día hasta 10 años de presidio.

Al tratarse el hecho que se persigue de un incendio de un bus, podría perfectamente invocarse la norma contenida en el artículo 477 del Código Penal para el delito de incendio, la que en su numeral 1° consigna la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 UTM si el daño causado a terceros excediere de 40 UTM. Es decir, el tipo penal de incendio contemplado en el Código Penal contempla una sanción similar (3 años y 1 día a 10 años de presidio) la diferencia de esta norma es que además de la sanción privativa de libertad, se contempla una multa pecuniaria al condenado.

En consecuencia, si el objetivo del gobierno es incrementar la pena de los hechores de la quema del bus, al invocar la ley de seguridad del estado no lo logrará ya que como vimos, el delito de incendio y la norma invocada tienen igual sanción punitiva.

Despejado el tema de la penalidad entonces corresponde analizar el verdadero problema que enfrenta el actual gobierno. A mi juicio el problema real de las autoridades no radica en la inexistencia de un tipo penal o la baja penalidad de los delitos asociados a la quema de un bus; sino que está en la incapacidad institucional del estado para lograr la identificación de los autores de estos delitos. En efecto, ya nos hemos acostumbrado a observar el actuar impune de encapuchados o de personas que queman vehículos o buses. ¿Por qué no es posible lograr su identificación? Mi percepción es que los violentistas han cambiado sus técnicas a fin de evadir su identificación y captura, mientras el sistema de inteligencia no ha evolucionado con igual rapidez. En consecuencia, el esfuerzo del gobierno debe centrarse en mejorar la gestión de información, la coordinación de los diversos actores institucionales a fin de lograr la identificación y captura de esa pequeña minoría que produce daños y violencia. No se saca nada con realizar detenciones masivas de participantes en manifestaciones ya que un gran porcentaje queda en libertad por falta de pruebas. Lo que se requiere es que se aísle, identifique y detenga a los violentistas, los que saquean, queman y destruyen sin importar la causa de la manifestación. Esos que utilizan las manifestaciones o fechas conmemorativas para intentar un manto de impunidad a sus hechos delictuales. Se requiere mejorar la eficacia de la inteligencia nacional.

Cabe recordar que este ministerio del interior, como ningún otro en 20 años, cuenta con todas las facultades para coordinar a las policías y a la ANI, ya que la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ubicó bajo se dependencia las instituciones policiales. Es decir, hoy el ministerio del interior tiene más herramientas y menos resultados.

Un segundo orden de problema radica en la incapacidad o impericia probatoria de los desmanes o daños causados por los detenidos. En efecto, en conversación con fiscales he podido constatar que la nula calidad probatoria de los partes policiales que acompañan las actas de detención atenta contra la efectiva persecución penal. Esto resulta especialmente delicado ya que como corresponde en un estado de derecho, las imputaciones deben ser probadas en juicio y, sin ellas, o la persecución se debilita o la justicia termina por absolver. No se trata con incrementar el número de detenidos; sino por el contrario, a lo mejor sería conveniente focalizarse en quienes efectivamente cometen delitos acompañando medios de prueba para hacer efectiva su responsabilidad penal ante el órgano jurisdiccional.

En conclusión, coincido con el gobierno y con los dirigentes estudiantiles en orden a condenar la violencia que estamos viendo a diario. Hago un llamado a la autoridad a no equivocar el foco de discusión y concentrar los esfuerzos en coordinar los sistemas de información a fin de prevenir (en lo posible) la ocurrencia de delitos o, una vez acaecidos, lograr la pronta identificación de los responsables. Contar con mecanismos que permitan adjuntar los elementos probatorios que acrediten la participación activa de los detenidos en los hechos que se les imputan a fin de facilitar la labor persecutoria de los fiscales y el rol de administración de justicia de los jueces.

Más allá de la dispar evaluación política que se pretenda hacer de los últimos 20 años. Existe consenso que Chile ha transitado por el camino de la paz y la tranquilidad y los que pensamos de una u otra forma hemos podido avanzar en superar nuestras diferencia por la vía del dialogo y la movilización social.

No es aceptable que nos estemos acostumbrando a escenas de violencia, ya que ello altera el normal desarrollo de la vida individual y familiar de nuestros compatriotas. El gobierno fue elegido para gobernar y, dentro de esa función está la de conducir el país en paz y tranquilidad. Ciertamente ha habido impericia política para enfrentar el tema de fondo y el despertar de la ciudadanía; pero no resulta aceptable que para controlar un problema social, se utilice una fórmula policial, con el desgaste de los funcionarios policiales y el riesgo permanente de agresiones y lesiones recíprocas.

Es hora de que el gobierno comprenda que el camino del control de la violencia no va por el lado del incremento de penalidades, sino por el mejoramiento de la gestión y eficacia de detección, individualización y captura de esos aislados sujetos que hacen de la violencia y el delito su actividad habitual.

DE LA VIOLENCIA, LUMPEN, SENSIBILIDAD Y LA NUEVA FORMA DE (DES)GOBERNAR

Hemos visto las peores imágenes en mucho tiempo. Departamentos saqueados, locales comerciales y oficinas calcinadas, autos quemados, propiedad pública destruida, enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Violencia excesiva, carabineros heridos, un joven muerto y un ambiente generalizado de polarización y temor.

Chile no puede seguir así. Nuestra convivencia pacífica no puede ser cuestionada por las legítimas diferencias o reivindicaciones. La violencia no puede tener cabida en nuestra sociedad democrática. Observo un gobierno que en lo general parece no tener la sensibilidad suficiente para comprender el fenómeno social que se ha expresado en las calles durante los últimos meses. Fue Punta Choros, luego Hidroaysén, la educación y un choreamiento generalizado por los abusos del mercado y la sordera política.

Millones de ciudadanos sin adscripción política uniforme han salido a las calles a manifestar su descontento con decisiones u omisiones. Frente a esta demanda social el gobierno se limita a dar respuestas técnicas. El idioma es distinto. Al conversar con algunas autoridades de gobierno me he podido dar cuenta de que no es que sean malas personas sino que sencillamente no comprenden (o no están dispuestos a comprender por el costo que aparejaría) que estamos frente a un movimiento social generalizado que busca modificar bases estructurales de nuestra convivencia, donde se termine con los abusos del mercado; la educación sea de verdad una forma de promoción social sin necesidad de hipotecar la vida para financiarla; y la política sea legítimamente representativa sin estas coerciones de entrada que aún posee el sistema para inhibir la participación mayoritaria de los ciudadanos en la actividad pública.

En lo particular del control de la seguridad y el orden público, la autoridad está pagando su pecado original. La arrogancia. Fueron Hinzpeter y Ubilla los que al día siguiente de la conmemoración del día del joven combatiente se ufanaron con gran despliegue comunicacional para señalar que había “cambiado la mano”. Que ahora si que había seguridad y que los vándalos no aparecerían con este gobierno porque aquí había “conducción y seguridad”. ¿Qué explicación tienen hoy esas autoridades? La situación ha sido grave y vergonzosa. Esto está instalado, incluso entre sus votantes. El nivel de violencia, desmanes y daños revela que el gobierno fue sobrepasado y que efectivamente algo cambió. Lo que antes se circunscribía a 2 o 3 fechas en el año, el 2011 lo hemos sufrido durante los últimos 2 meses. Ya se ha tornado común amanecer entre imágenes de barricadas, piedrazos y enfrentamientos. Recuerdo nítidamente que cada vez que había un asalto o incidentes aparecían en televisión y en los diarios impresos Juan Antonio Coloma, Carlos Larraín y Alberto Espina acusando que “el gobierno había perdido la batalla contra los delincuentes” o que “el gobierno era incapaz de controlar al lumpen”. ¿Dónde están hoy aquellos que enarbolaban banderas de control en medio de esta situación de abierto descontrol? Brillan por su ausencia e intentan justificar lo injustificable.

¿Será incapacidad, falta de visión o un acto deliberado de la autoridad destinado a deslegitimar las manifestaciones a través de las imágenes de violencia? Quizás están esperando que en las próximas encuestas caiga la adhesión a los movimientos ciudadanos y así mantener el sistema sin las modificaciones estructurales que pueden dar cuenta o resolver las demandas ciudadanas expresadas pacíficamente en la calle. Al decir de Tony Judt… Algo va mal.

VICTIMIZACIÓN 2011 UNA LECTURA SOCIAL

Con alarma hemos recibido las nuevas cifras sobre victimización arrojadas por la Fundación Paz Ciudadana. En los últimos seis meses, cerca de 2 de cada 5 hogares fueron víctimas de un delito. Respecto de la medición anterior (dic-2010) la proporción de hogares victimizados aumenta en 4,9 puntos porcentuales (de 33,0% a 37,9%) lo que equivale a un aumento real de 14,8%. Al mismo tiempo, desde la medición de julio de 2010 se observa un alza de 36,5 a 37,9%. Esta situación revela la volatilidad de los indicadores y pone en duda la supuesta baja reflejada en la ENUSC 2010 que es elaborada por organismos del gobierno.

En términos de resultados es importante destacar que las nuevas cifras son plenamente coherentes con los indicadores de las tasas de denuncias registradas por las policías y la cantidad de ingresos registrados por el Ministerio Público. Todos los indicadores demuestran que en vez de mantener la tendencia a la baja de la victimización que se venía registrando desde 2007, lamentablemente hemos retrocedido comenzando una escalada ascendente en materia delictual.

Desde una perspectiva social, se observa con preocupación el crecimiento delictual en los hogares de mayor vulnerabilidad : el 39,3% de los delitos se concentra en hogares de sectores medios y bajos de la sociedad.

La región más afectada es la Metropolitana, donde se registra un 38,7% de los delitos, y dentro del Gran Santiago, la zona surponiente, (Maipú, Estación Central, Cerrillos, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, entre otros) es la más afectada, concentrando el 43% de la victimización y el 70,7% de la revictimización. Es decir: 4 de cada 10 hogares de dicho sector han sido víctima de un delito y 7 de cada 10 que ya lo ha sido, ha vuelto a sufrir la delincuencia por segunda o tercera vez. Ello consolida la desigualdad delictual y deja en total indefensión a estas familias que por experiencias tan cercanas como cotidianas saben que es altamente probable que la delincuencia los afecte nuevamente, con las consiguientes consecuencias emocionales para niños y adultos.

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La desigualdad del delito radica en que los victimarios optan por atacar viviendas de sectores medios y bajos a raíz de al menos dos elementos muy concretos: en primer lugar, son conscientes de que dichas familias abandonan el hogar durante una larga jornada laboral y carecen de recursos para adquirir medios de seguridad privada ; y en segundo término este sector concentra a numerosas parejas jóvenes, con capacidad de crédito y con hijos preadolescentes, lo cual les ha permitido adquirir « gadgets » electrónicos muy apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reducción en el mercado informal. Todo ello transforma a esos hogares en los preferidos de los delincuentes.

Una de las cifras entregadas por este estudio que debe encender las luces rojas de las autoridades lo constituye el alza en las cifras de revictimización, donde los hogares que declaran haber sufrido más de un delito pasan de 24,5% a un 24,9%. Si bien en términos aislados este aumento no es significativo, el indicador viene mostrando incrementos continuos desde junio de 2008 lo que consolida a la fecha, un alza de 6,1 puntos porcentuales, y lo que equivale a un incremento de un 32,4% en sólo 3 años. Y , ojo, porque estadísticamente hablando, esto se traduce en implican que si un hogar ha sido víctima de un delito, lo más probable es que vuelva a serlo dentro de los 6 meses siguientes, salvo que el vecino o vecina pueda adoptar medidas preventivas que sean visibles al delincuente y lo inhiban de ingresar nuevamente a su hogar.

La concentración de la revictimización en el segmento social medio y bajo constata desde otra perspectiva la profunda desigualdad de nuestra sociedad, esta vez en relación a la seguridad pública. En los sectores más afectados el delincuente observa que la falta de las llamadas medidas de prevención situacional, (como falta de iluminación, sitios eriazos desatendidos, o la nula presencia policial y que son de responsabilidad tanto de la Administración Central como del Municipio) constituyen factores que facilitan su actividad y que sus actos queden impunes. La carencia de recursos de los municipios más vulnerables los pone en una clara situación de desventaja para invertir en medidas de prevención situacional en sus entornos.

Tema aparte es la falta de proporcionalidad en la distribución policial en el territorio. lo que queda de manifiesro al observar que mientras en Maipú se dispone de 1 carabinero cada 2.200 habitantes, en el sector oriente de la capital el promedio alcanza 1 cada 1.100. Es por lo anterior que ya transcurridos varios años de implementación del plan cuadrante, la autoridad debiera revisar los resultados de dicha metodología y propender a reponer la policía de proximidad asignándoles unidades territoriales de menor extensión y aumentando su número en razón de la densidad poblacional e indicadores de vulnerabilidad social.

Frente al aumento del delito y revictimización, el estudio de Paz Ciudadana muestra que consecuentemente también aumentó el miedo o alto temor, llegando a 13,9% y concentrándose, nuevamente, en el segmento más vulnerable de la población. Las cifras son elocuentes. Mientras el miedo se instala en el 18,6% de las familias de estratos bajos, éste indicador cae a 13,3% en los niveles medios y disminuye a 11,1% en los niveles altos. Esto podría estar reflejando un mayor impacto de los niveles de delito en los sectores mas vulnerables, pues Sin desmerecer el temor que por cierto también experimentan las familias de sectores altos, mientras estos pueden tomar medidas para salir a trabajar y estudiar sin dejar abandonada su residencia (debido al personal de servicio) o implementar medidas de autoprotección (como seguridad privada, alarmas, cercos eléctricos, etc) ; quien reside en un hogar de un sector vulnerable no cuenta con dichas alternativas, la presencia policial es escasa e inoportuna, y adicionalmente el delincuente frecuentemente habita en el mismo sector, aprovechando el delito de oportunidad o derechamente intimidando y amenazando a los vecinos.

En mi opinión y debido al incremento sostenido del fenómeno de la revictimización de hogares en nuestro país, la autoridad debe adoptar una política pública especializada en prevenir la revictimización en sectores vulnerables, que contemple tanto los aspectos directos como indirectos de dicho fenómeno:

En primer orden cuando un hogar resulta victimizado es fundamental distinguir si lo fue con sus habitantes en el interior o en momentos en que el lugar deshabitado. En los primeros casos, lo fundamental es la atención inmediata y apoyo sicológico posterior de la familia afectada diferenciando los requerimientos de niños y adultos, a fin de superar de manera adecuada el trauma emocional por la experiencia vivida.

Luego la autoridad central debiera coordinar esfuerzos con su contraparte local (municipio) a fin de realizar articuladamente acciones preventivas de entorno como mejoramiento de iluminación de calzadas, cierre de sitios eriazos, poda de árboles que impidan visibilidad, u otra medida de prevención situacional pertinente en el entorno del domicilio afectado. De igual forma la autoridad deberá orientar al vecino o vecina afectada para adoptar alguna medida adicional de seguridad que contribuya a resguardar su hogar. Para reducir la desigualdad en el acceso a este tipo de medidas, se debiese implementar un fondo especial de ayuda a la prevención de la revictimización en los hogares de escasos recursos y que permitan financiar estrategias que han aplicado con buenos resultados algunos municipios (alarmas comunitarias, botones de pánico, mejoramiento de cierres, entre otras).

Junto a lo anterior, la autoridad policial del lugar debiera adoptar rondas preventivas durante un adecuado período de tiempo con el objeto de incrementar objetivamente los niveles de seguridad y evitar una nueva victimización del hogar afectado. Ello también implicaría una medida concreta para apoyar la recuperación emocional de las víctimas al poder constatar concretamente que a partir de su caso los organismos públicos responsables de la seguridad, algo hicieron,

Conclusión:

Los datos de revictimización reflejan un aumento en la cantidad de delitos declarados por los hogares lo que podría estar indicando un aumento de la actividad delictual.

Podría ser simplista quedarnos con una conclusión política respecto de la incapacidad evidente de los encargados de implementar las políticas públicas a este respecto, por lo que he optado por dar una mirada más profunda del fenómeno que estamos viviendo como sociedad. No obstante, un aspecto complejo de las cifras reveladas es que este incremento de la delincuencia y la revictimización se produce en medio de un ciclo expansivo de la economía, lo que hace de nuestro país un caso anómalo en la región y en el mundo. En efecto, hoy Chile ostenta altos y sostenidos niveles de crecimiento, caída sostenida del desempleo y un supuesto incremento del poder adquisitivo de la población. Pero nuestro modelo económico muestra signos de agotamiento, pues este mismo sistema no está generando los mecanismos necesarios para la integración social. Es un tipo de crecimiento que produce importantes externalidades negativas para una gran masa poblacional en cuanto profundiza los niveles de inseguridad, creando crecientemente una sociedad de miedos e inseguridades: Inseguridad económica generada por abusos del sistema financiero, una precaria condición en el ejercicio de los derechos como consumidores; inseguridad de poder dar a la familia acceso a servicios básicos como la salud o la educación; e Inseguridad respecto de la protección de nuestra integridad física, sicológica y de nuestros bienes, sea en el espacio colectivo o en el hogar.

Se genera así una dinámica marcada por el miedo y su consecuencia más visible es sin duda la pérdida de capital social, es decir, de la capacidad que tenemos todos y todas de cooperar para generar mayores niveles de bienestar y paz social. Esto está provocando un círculo vicioso que termina en mayor repliegue y desconfianza social donde predomina el individualismo por sobre lo colectivo, lo social y lo público; la competencia por sobre la cooperación. La teoría de las ventanas rotas -que tanto citan los expertos-, ya nos advertía sobre esta paradoja: No es la delincuencia la que genera la inseguridad; son los mayores niveles de inseguridad –y agregaría desigualdad- los que generan delincuencia.

El tejido social está dañado porque para una gran parte de la población los costos de este modelo parecen ser más altos que sus beneficios. Se requiere entonces de manera urgente, de un proyecto país que nos permita salir progresivamente de este círculo vicioso y lograr que estas cifras macroeconómicas que tanto orgullo nos provocan en la comunidad global, tengan un correlato interno de igualdad, y protección para los sectores más vulnerables, sea por vía de ingresos directos o por focalización de la política social destinada a apoyar a quienes este sistema de mercado no acoge.

Urge entender que la delincuencia no es una causa sino una consecuencia, un síntoma. El sistema penal, por esencia reactivo, no puede ser la única respuesta a estos problemas. No basta tampoco con replicar programas aislados o intentar refundarlo todo en cada cambio de administración ya que las políticas de seguridad requieren para su éxito de estabilidad en el tiempo y evaluación permanente. Debemos ser capaces de « socializar » las políticas de seguridad en el sentido de ampliar y masificar la batería de herramientas de prevención. Educación, empleabilidad, oportunidades de emprendimiento. En fin, diseñar, aplicar y replicar y dar mayor cobertura a, modelos de intervención social que otorguen reales oportunidades a quienes hoy dada sus actuales condiciones de vida y referentes cercanos arecen de esperanzas para su futuro o el de sus hijos. Anualmente 100.000 jóvenes en edad escolar se encuentran fuera de la educación formal constituyendo además de un problema social, un elemento que incrementa el riesgo social de esos niños y jóvenes. En una edad en que por definición los y las jóvenes operan desde un enfoque aspiracional, un argumento de muchos de ellos es que la educación que reciben no les garantizará luego el acceso a una mejor fuente laboral que la que pueden encontrar siendo adolescentes. En cambio, tener una remuneración propia tempranamete les permite además de aportar al sustento familiar, acceder a una serie de bienes de consumo que sienten apoyan la conformación de su propia identidad y un mejor posicionameinto en su entorno social.

Este es el momento para dar un salto, es necesario tomar conciencia de que la inseguridad en nuestro país es un tema transversal que involucra todas las aristas de la política pública. Se requiere de un proyecto que transforme el crecimiento en una palanca para el desarrollo; pero que a su vez se tomen las medidas para que cuando el crecimiento disminuya o se detenga, la inversión social se encuentre garantizada. Se trata de que como conductores de las políticas públicas generemos un proyecto que no se refugie ni tema a las miradas ortodoxas e ideológicas. Es factible construir un proyecto que otorgue certezas y tranquilidad a los ciudadanos, donde frente a los abusos financieros exista una institucionalidad que proteja al más débil, que frente a la inseguridad o ausencia de servicios básicos exista un sistema que corrija dichas falencias y garantice a las familias acceso a la vivienda, educación y salud de calidad; o que frente a la inseguridad y hechos de delincuencia exista un sistema previsto que contemple el castigo proporcional a los hechores pero a su vez que ayude a evitar nuevas experiencias negativas.

Necesitamos un proyecto país que la ciudadanía pide literalmente a gritos y que expresa en cada manifestación o en cada encuesta. Un proyecto que corrija las enormes desigualdades que provoca el juego del libre mercado si corre por sí solo.

Para ello es necesario dejar de lado la idea de que el Estado y el Mercado son por esencia opuestos y que se mandan solos. Somos las personas, quienes debemos establecer cómo complementarlos y se establezca entre ellos un carácter sinérgico: el buen funcionamiento de los mercados y la libertad de emprendimiento requieren del buen funcionamiento del aparato estatal como encargado de equilibrar relaciones de poder, velar por prevenir y terminar con los abusos y de implementar medidas eficaces y eficientes en pos de un mejoramiento de la calidad de vida de quienes por diversas razones se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Una sociedad más justa, menos desigual y más integradora, ciertamente es una sociedad con menos inseguridad, y ciertamente con más certezas, menos miedos y con mejores niveles de paz social. Es posible, pero requerimos para ello estar dispuestos a mirar la realidad desde diferentes ópticas, generar empatía para efectivamente entender esos puntos de vista diversos y poder dialogar en serio, para poder tomar decisiones que marquen tanto un rumbo como las estrategias para avanzar por él.

Felipe Harboe Bascuñan