NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

La reciente entrega de la encuesta de victimización de la fundación paz Ciudadana, deja al desnudo que la delincuencia sigue creciendo. Nuevamente la victimización escala hasta llegar a 39,3%, el indicador más alto desde Noviembre de 2006 y que representa que durante 2011 la victimización subió un total de 6,3%. En lenguaje común es posible advertir que casi 4 de cada 10 chilenos fue víctima de algún delito durante 2011.

Al observar el lugar de ocurrencia de los delitos, surge que el 82,8% de ellos ocurrió en la vía pública y 17,2% en los hogares. Porcentualmente el 72,5% fueron delitos no violentos y un 27,5% se cometieron usando violencia.

Uno de los datos más preocupantes es el que dice relación con la revictimización, es decir aquellos hogares que habiendo sufrido un delito, vuelven a ser víctimas de otro hecho delictual. Este porcentaje sube de manera explosiva en los hogares de la zona nororiente de la región metropolitana (+20%), mientras en la zona norponiente de la capital el alza llega a 11,2%. La región metropolitana en su conjunto sube de 64,6% a 71,5% (+6,9%). El número de hogares que ha sido víctima más de 3 veces de un delito llega al 10% duplicando el porcentaje de 2008.
Otro elemento preocupante es la disminución porcentual de las denuncias (-5%) lo que revela una disminución en la confianza de los ciudadanos en el sistema y aumenta la impunidad ya que sin denuncia no existe persecución.

En cuanto al elemento subjetivo de la delincuencia, la sensación de inseguridad o temor. También existen malas noticias. Aumenta el miedo a ser víctima de un delito el que llega a 16% sumando un alza de 4% el año 2011.

Lo preocupante es que el miedo aumenta en mayor proporción en los niveles socioeconómicos bajos (+3,8%) llegando al 22,7%

Mala ecuación entonces. Más delitos, más miedo y menos denuncias.

Comentarios:
Las cifras son malas, preocupantes y decepcionantes. Nos indican que se consolida una tendencia al alza de los delitos en Chile. Esto se produce en un ciclo económico expansivo, lo que nos distingue de otros países y nos debe llevar a reflexionar sobre el modelo de política económica y social y sus mecanismos de focalización en aquellos sectores de mayor riesgo a fin de evitar el ingreso de nuevos actores a la actividad del delito. Quizás sea la vuelta larga de las políticas de seguridad, pero son las que nos podrían dar resultados positivos y estables en el tiempo. Se hace indispensable pasar a una nueva fase en las políticas de seguridad donde se adopten medidas de fondo, estables en el tiempo y sujetas a evaluaciones de mediano plazo para garantizar su impacto más allá de los gobiernos de turno.

Las cifras son malas porque en primer lugar constituyen una tendencia al alza en las cifras de victimización que rompen la tendencia a la baja que se tenía desde 2006. En segundo orden porque los indicadores denotan un incremento de los delitos en el espacio público lo que obliga a reflexionar sobre las estrategias policiales preventivas y a realizar evaluaciones a esta nueva realidad. Quizás sea el momento de reestudiar el plan de despliegue operativo de cuarteles policiales y profundizar las medidas de prevención situacional en conjunto con los municipios. De igual forma el aumento de la revictimización es una pésima noticia considerando que los hogares de clase media y baja son los más afectados ya que sus moradores no tienen personas con quien dejar el hogar cuando sus sostenedor(a) sale a trabajar y carecen de los recursos para adoptar medidas de seguridad privada. Preocupa porque las cifras anteriores ya revelaban un incremento en la revictimización de hogares y la autoridad nada hizo al respecto. Por el contrario prefirió sacar carabineros de los espacios públicos y barrios residenciales y apostarlos al cuidado de farmacias, cajeros automáticos y supermercados, industrias que poseen recursos para adoptar medidas de seguridad privada. Es decir, desvistieron un santo para vestir otro, con la gravedad de que el santo desvestido es al que más se debe proteger, las personas y sus hogares.

Decepcionantes porque los ciudadanos manifiestan su desconfianza con el sistema al bajar porcentualmente las denuncias por considerarlas inútiles y porque las autoridades encargadas de solucionar el problema de inseguridad han protagonizado disputas públicas estériles que atentan contra la debida coordinación para superar el flagelo delictual. Los ciudadanos sancionan el ambiente de disputas iniciado por el ministro del interior contra el Fiscal nacional y el poder judicial, poniendo por primera vez en 13 años de medición, nota roja al gobierno en esta materia.

Es hora de revertir los indicadores y mejorar la seguridad ciudadana. Esto sólo será posible siu la autoridad comprende el fenómeno y enmienda el rumbo, se deja ayudar y escucha las cifras no con arrogancia, sino con la sabiduría necesaria para aprender de ellas. Necesitamos que el Ministro del interior cuente con las personas adecuadas para enfrentar este flagelo y dejen de lado la contratación de operadores políticos sin calificación ni experiencia. Ya han pasado 2 años desde que asumió el gobierno que acabaría con la delincuencia y, hasta el momento sólo hemos visto excusas no soluciones.

NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

Las cifras de denuncias de delitos de mayor connotación social correspondientes al 3er trimestre de 2011 vuelven a sembrar el temor de analistas y entendidos en relación a la eficacia de las políticas públicas del actual gobierno en materia de prevención y control delictual. Si bien las denuncias no constituyen un indicador exacto de los delitos; ciertamente un incremento de esta magnitud (+ 10,1%) debe llevar a la autoridad a enmendar el rumbo rápidamente para evitar la afectación de mayor número de personas y hogares.

Al observar las cifras surge como primer análisis de preocupación que las denuncias de delitos que más aumentan son las correspondientes a delitos violentos. Así, del total de denuncias recibidas, el robo con fuerza llega al 37,3 % con un incremento de +10,8% respecto de igual período del año 2010. Dentro del robo con fuerza se observa un incremento de los robos en lugar habitado (+33,9%), en lugar no habitado (+22,3%) y robo de vehículos (+14,5%) sembrando una señal de intranquilidad en la seguridad de hogar y comercio.

Los incrementos de los robos con violencia en 17,9%, robos por sorpresa 2,9%; violaciones +11,5% y violencia intrafamiliar en 9,9% constituyen una luz naranja que el gobierno debe saber leer para implementar una política preventiva agresiva y focalizada en la protección de hogares, personas y comercio.

Dado que la confianza en el sistema de justicia criminal tiende a no variar en el corto y mediano plazo, podemos afirmar que este crecimiento se debe a un aumento real de la delincuencia. Estos resultados son además consistentes con los aumentos observados en las últimas mediciones de victimización disponibles. Según el índice paz ciudadana-Adimark la proporción de hogares victimizados creció en un 14,8% durante el primer semestre 2011.

Respecto de la cifra de homicidios y su alza a 27,8% me permito señalar que a pesar de que pueda aparecer llamativa, técnicamente no es acertada y deberían excluirla de la entrega de este tipo de cifras, ya que quienes determinan técnicamente la ocurrencia de un homicidio no son ni las policías ni el Ministerio público, sino que el Ministerio de salud ya que un caso que pudo ingresar a las policías o al Ministerio público como homicidio, puede derivar judicialmente en muerte accidental, cuasidelito o viceversa. De hecho la única estadística aceptada en organismos internacionales es la que emana de la autoridad de salud.

Para algunos estas cifras deben significar un regocijo al dejar en evidencia la incompetencia de quienes tienen a su cargo la prevención delictual. Para otros resulta más fácil exculparse sindicando como responsables a fiscales y jueces. Ni lo uno ni lo otro resulta del todo cierto ni mejorará las condiciones de seguridad de las familias si la autoridad no asume que la realidad delictual no cesa ante su estrategia disuasiva y por el contrario se incrementa de manera peligrosa.

Observo con preocupación las autocomplacientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del delito quien parte exculpándose responsabilizando a jueces y fiscales y al ser contrastado con cifras que no sustentan técnicamente su afirmación decide culpar del alza delictual a las manifestaciones y el uso de carabineros para labores diversas de la seguridad preventiva. Acepto el argumento en la comuna de Santiago y excepcionalmente en otra comuna; pero no es aceptable como argumento general. ¿Qué labor de orden público pueden cumplir los carabineros de La Calera, de la región de Tarapacá o Los Ríos, de la comuna de Vitacura o Cerrillos, donde las alzas superan los 2 dígitos? Ninguna. Consultado Carabineros por eventuales traslados desde dichas comunas para cumplir esas funciones, la respuesta es categórica. No ha habido traslados para esos fines.

Finalmente no puedo dejar pasar el hecho que las cifras aparezcan publicadas en algunos medios de comunicación y la autoridad se refiera a ellas y aún no se encuentren disponibles las cifras oficiales en la web del ministerio del interior, situación que afecta la transparencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública como mecanismo de simple información o análisis de cifras o variables que a la fecha de esta columna no han sido publicadas.

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades hoy renuevo mi compromiso de cooperación para con las autoridades en la superación del flagelo. Las cifras no son un fin en sí mismo, constituyen un instrumento de orientación de políticas públicas orientadas a resultados y es justamente eso lo que la autoridad debe entender y utilizar a su favor como herramienta de gestión y no descalificar a quienes con un prisma diverso opinamos para aportar a la solución de un problema que no puede ni debe tener sesgos de ninguna especie.

VIOLENCIA, DELINCUENCIA, GOBIERNO Y JUECES

El ambiente está malo. A la crispación política entre gobierno y oposición no se le ve buena salida. Por su parte los estudiantes insisten en no transar sus demandas y el populismo golpea a la puerta. En este cuadro el gobierno haciendo gala de su incapacidad política y sale a granjearse un nuevo conflicto. Ahora con los jueces al cuestionarlos por las “excesivas libertades” en las causas de infracción al orden público. Los jueces respondieron sin anestesia y con cifras irrefutables. 8 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva son concedidas por el poder judicial. Es decir, del supuesto garantismo estructural de los jueces…nada.

No contento con la respuesta el Ministro de Justicia en un hecho inédito en la política chilena sale a amenazar a los jueces al sugerir que los ascensos judiciales serían condicionados a buenos fallos en materia de orden público. Es decir, el ministro se permite intentar condicionar los fallos judiciales para promover jueces, olvidando lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política que prohíbe al presidente de la República y a miembros del Congreso nacional avocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de sus fallos. Un escándalo de proporciones. La Asociación de Magistrados y el pleno de la Corte Suprema rechazaron categóricamente sus declaraciones al considerarlas como un intento por subordinar a un poder autónomo del estado.

Tozudez es la palabra que describe al Ministro de Justicia Teodoro Ribera. No es aceptable que una autoridad política se permita tal nivel de imprudencia e incluso se ponga al borde de la inconstitucionalidad con su sugerencia. O el ministro se retracta o renuncia. Pero una autoridad sin diálogo con el poder del estado materia de su cartera, parece insostenible.

¿Cuál será la razón para tal aberración? Para mi parece obvio. Las encuestas que tiene el gobierno dan un creciente nivel de rechazo a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto de orden público y la delincuencia. Entonces, con sus declaraciones, el gobierno busca excusar su incapacidad y endosar la responsabilidad por la falta de eficacia en la sanción de los encapuchados en otro poder del estado. El Poder Judicial. Así, al “endurecer el discurso” podrían recuperar algunos puntos en la evaluación pública y “reconquistar” al electorado propio que a diario aumenta su insatisfacción. Lo que no esperaban era que el Poder Judicial saliera a defenderse mostrando cifras que avalan que el problema no radica en el “garantismo estructural” de los jueces; sino más bien en la incapacidad del gobierno y sus agencias policiales para identificar a los violentistas y de probar en juicio su participación en los hechos de violencia.

Lo que se requiere entonces no es una modificación legal que incremente las penas ni un condicionamiento de asensos judiciales por los fallos, sino una reformulación del actual sistema de información preventiva a fin de lograr identificar a los violentistas y, una vez detenidos, acompañar profesionalmente en juicio los elementos probatorios suficientes para crear convicción judicial respecto de la participación de los detenidos en los hechos de violencia.

Si bien la estrategia diseñada pudo haber tenido efectos positivos para alguna encuesta, la contundente respuesta judicial permite avisorar un nuevo flanco del gobierno. Su falta de visión para solucionar un problema de alta sensibilidad ciudadana. La violencia y la delincuencia. Ambos temas en los cuales este gobierno sigue al debe y más allá de las construcciones mediáticas, los ciudadanos –transversalmente- lo sienten y en su entorno lo hacen saber.

ALZA DE DENUNCIAS DE DELITOS

Nuevamente hemos conocido estadísticas relativas a los delitos de mayor connotación social. Las nuevas cifras elaboradas por las policías (Carabineros e Investigaciones) y entregadas por el Intendente de la región metropolitana confirman lo que hemos venido advirtiendo desde hace algunos meses. Los delitos están aumentando (+13%) y con ello la inseguridad de las personas. Al observar los incrementos delictuales surge con preocupación que el alza se produce tanto en el espacio público con un incremento de 13% del robo por sorpresa; como en los hogares (Robo con fuerza en lugar habitado). A lo anterior hay que agregar un incremento en el robo de vehículos y atracos a cajeros automáticos.

Ciertamente lo que más debería ocupar a las autoridades encargadas de la seguridad es la integridad física de las personas tanto en el espacio público como en sus hogares. El incremento de las muertes a causa de las denominadas “balas locas” -que sólo durante el primer semestre les ha quitado la vida a 11 personas- debería ser materia de una ofensiva destinada a disminuir el poder de fuego (armas ilegales) en manos de particulares.

El reciente homicidio de un joven profesor en pleno centro de Santiago a manos de un grupo que intentaba robar un vehículo denota la creciente violencia asociada a los delitos contra la propiedad, donde para ellos la vida de un ciudadano puede ser el costo necesario para consumar un delito contra un vehículo. Los recientes atracos a viviendas con agresiones a las familias que las habitan o ataques sexuales sufridos por alguno de sus miembros, junto con causar profundos traumas en las víctimas, generan mayor alarma en la población y requieren de autoridades que por una parte utilicen el aparato del estado para ayudar en la superación de dichas experiencias (atención de víctimas) y, por la otra que puedan aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión antidelincuencia.

Durante la última discusión presupuestaria el Congreso Nacional otorgó al gobierno del Presidente Piñera el mayor presupuesto de la historia para el combate a la delincuencia. Además por una amplia mayoría transversal aprobamos el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por consiguiente el actual ministro del interior cuenta con más facultades que todos sus antecesores para coordinar la lucha contra el delito. Lamentablemente los resultados no acompañan los incrementos presupuestarios ni de facultades. Algo está fallando y se debe corregir.

Probablemente la autoridad equivoca el foco ya que el gobierno ha ingresado en la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a incrementar las penas para los que participen en robos de cajeros automáticos. Sin desconocer la importancia de dicho ilícito para la banca y el impacto en la alarma pública que genera, creo que los indicadores nos están señalando que son las personas en sus hogares y en sus desplazamientos en el espacio público los que deben ser objeto prioritario de preocupación y protección.

Por ello es que llamo a las actuales autoridades a redefinir sus prioridades, focalizar la protección en las personas, aumentar la eficacia y eficiencia en el combate al delito ya que de lo contrario los próximos indicadores seguirán evidenciando un incremento delictual y, con ello, mayor número de personas y familias habrán sido nuevas víctimas de esta condenable actividad.