NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

La reciente entrega de la encuesta de victimización de la fundación paz Ciudadana, deja al desnudo que la delincuencia sigue creciendo. Nuevamente la victimización escala hasta llegar a 39,3%, el indicador más alto desde Noviembre de 2006 y que representa que durante 2011 la victimización subió un total de 6,3%. En lenguaje común es posible advertir que casi 4 de cada 10 chilenos fue víctima de algún delito durante 2011.

Al observar el lugar de ocurrencia de los delitos, surge que el 82,8% de ellos ocurrió en la vía pública y 17,2% en los hogares. Porcentualmente el 72,5% fueron delitos no violentos y un 27,5% se cometieron usando violencia.

Uno de los datos más preocupantes es el que dice relación con la revictimización, es decir aquellos hogares que habiendo sufrido un delito, vuelven a ser víctimas de otro hecho delictual. Este porcentaje sube de manera explosiva en los hogares de la zona nororiente de la región metropolitana (+20%), mientras en la zona norponiente de la capital el alza llega a 11,2%. La región metropolitana en su conjunto sube de 64,6% a 71,5% (+6,9%). El número de hogares que ha sido víctima más de 3 veces de un delito llega al 10% duplicando el porcentaje de 2008.
Otro elemento preocupante es la disminución porcentual de las denuncias (-5%) lo que revela una disminución en la confianza de los ciudadanos en el sistema y aumenta la impunidad ya que sin denuncia no existe persecución.

En cuanto al elemento subjetivo de la delincuencia, la sensación de inseguridad o temor. También existen malas noticias. Aumenta el miedo a ser víctima de un delito el que llega a 16% sumando un alza de 4% el año 2011.

Lo preocupante es que el miedo aumenta en mayor proporción en los niveles socioeconómicos bajos (+3,8%) llegando al 22,7%

Mala ecuación entonces. Más delitos, más miedo y menos denuncias.

Comentarios:
Las cifras son malas, preocupantes y decepcionantes. Nos indican que se consolida una tendencia al alza de los delitos en Chile. Esto se produce en un ciclo económico expansivo, lo que nos distingue de otros países y nos debe llevar a reflexionar sobre el modelo de política económica y social y sus mecanismos de focalización en aquellos sectores de mayor riesgo a fin de evitar el ingreso de nuevos actores a la actividad del delito. Quizás sea la vuelta larga de las políticas de seguridad, pero son las que nos podrían dar resultados positivos y estables en el tiempo. Se hace indispensable pasar a una nueva fase en las políticas de seguridad donde se adopten medidas de fondo, estables en el tiempo y sujetas a evaluaciones de mediano plazo para garantizar su impacto más allá de los gobiernos de turno.

Las cifras son malas porque en primer lugar constituyen una tendencia al alza en las cifras de victimización que rompen la tendencia a la baja que se tenía desde 2006. En segundo orden porque los indicadores denotan un incremento de los delitos en el espacio público lo que obliga a reflexionar sobre las estrategias policiales preventivas y a realizar evaluaciones a esta nueva realidad. Quizás sea el momento de reestudiar el plan de despliegue operativo de cuarteles policiales y profundizar las medidas de prevención situacional en conjunto con los municipios. De igual forma el aumento de la revictimización es una pésima noticia considerando que los hogares de clase media y baja son los más afectados ya que sus moradores no tienen personas con quien dejar el hogar cuando sus sostenedor(a) sale a trabajar y carecen de los recursos para adoptar medidas de seguridad privada. Preocupa porque las cifras anteriores ya revelaban un incremento en la revictimización de hogares y la autoridad nada hizo al respecto. Por el contrario prefirió sacar carabineros de los espacios públicos y barrios residenciales y apostarlos al cuidado de farmacias, cajeros automáticos y supermercados, industrias que poseen recursos para adoptar medidas de seguridad privada. Es decir, desvistieron un santo para vestir otro, con la gravedad de que el santo desvestido es al que más se debe proteger, las personas y sus hogares.

Decepcionantes porque los ciudadanos manifiestan su desconfianza con el sistema al bajar porcentualmente las denuncias por considerarlas inútiles y porque las autoridades encargadas de solucionar el problema de inseguridad han protagonizado disputas públicas estériles que atentan contra la debida coordinación para superar el flagelo delictual. Los ciudadanos sancionan el ambiente de disputas iniciado por el ministro del interior contra el Fiscal nacional y el poder judicial, poniendo por primera vez en 13 años de medición, nota roja al gobierno en esta materia.

Es hora de revertir los indicadores y mejorar la seguridad ciudadana. Esto sólo será posible siu la autoridad comprende el fenómeno y enmienda el rumbo, se deja ayudar y escucha las cifras no con arrogancia, sino con la sabiduría necesaria para aprender de ellas. Necesitamos que el Ministro del interior cuente con las personas adecuadas para enfrentar este flagelo y dejen de lado la contratación de operadores políticos sin calificación ni experiencia. Ya han pasado 2 años desde que asumió el gobierno que acabaría con la delincuencia y, hasta el momento sólo hemos visto excusas no soluciones.

DELINCUENCIA, CUANDO LA SENSACIÓN SE JUNTA CON LA RAZÓN

Hace pocos días conocimos nuevas cifras de delincuencia en nuestro país. Según dicho resumen de las estadísticas de carabineros y la PDI, los delitos se incrementaron en un 13% lo que sin duda prende una nueva alarma a las autoridades para que modifiquen su actual estrategia antidelincuencia y focalicen de una vez los esfuerzos en la protección de las personas, sea en el espacio público o en sus hogares, ya que de lo contrario me permito advertir –a través de este blog- que los delitos seguirán subiendo en nuestro país para mal de todos nosotros.

Hoy, la encuesta Adimark revela cifras lapidarias de la percepción ciudadana sobre la gestión del Presidente, el gobierno y de algunos de sus ministros. Al observar estas nuevas cifras resultan lógicas. Mientras el problema que más preocupa a los chilenos, la delincuencia, siga subiendo como lo dijeron las cifras anteriores, la percepción sobre el trabajo del gobierno seguirá cayendo.

Hoy nos enteramos que el 69% (casi 7 de cada 10 chilenos) reprueba la gestión del gobierno en materia de delincuencia. Mientras en Abril el 40% la aprobaba, ese apoyo en el mes de Junio se desploma 12 puntos llegando sólo al 28%. Esta percepción es absolutamente lineal con la caída de la evaluación del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter cuya aprobación desde Abril a Junio cae 13 puntos, de 67 a 54% de aprobación.

Los ciudadanos se dieron cuenta que lo que ayer la alianza criticaba y calificaban como ineficacia de los gobiernos de la concertación para controlar el delito, hoy cuando ellos mismos tienen las facultades y las herramientas para producir esos cambios nada han hecho. Por el contrario, no han sido capaces ni siquiera de mantener la disminución que venía ocurriendo; sino que más aún, los delitos, según cifras oficiales, están aumentando.

Complicada situación ya que el protagonismo que le ha dado personalmente el Presidente Piñera a este tema aporta a su caída en la credibilidad, la cual vuelve a caer 3 puntos respecto del mes pasado y contribuye de manera decisiva al aumento del rechazo ciudadano a su gestión presidencial que este mes llega al 60%.

A pesar de ser de oposición no podemos estar felices de esta alta desaprobación y falta de credibilidad. Aún faltan 2 años para el término del mandato presidencial y no es bueno para el país que nos sumerjamos en una crisis política por falta de liderazgo o conducción del gobierno, ya que ello aparejará consecuencias nefastas de imagen internacional y con ella, la reducción del ingreso de nuevas inversiones que pueden aparejar mayor y mejor empleo para nuestros compatriotas.

Muchos de nosotros, desde la vereda de la oposición hemos contribuido a aprobar proyectos de ley y hemos aportado ideas para mejorar ciertos aspectos donde existe evidente falta de gestión o desconocimiento, pero nos encontramos con un frontón que no está dispuesto a escuchar y que a quien se le ocurre disentir se le descalifica públicamente sin enfrentar los temas de fondo.

La vocera ha sobreutilizado la frase “no lo hicieron durante los últimos 20 años” llegando incluso a ser materia de burlas en las redes sociales lo que se traduce en su estrepitosa caída de evaluación en 15 puntos en los últimos 2 meses.

Ellos prometieron una nueva forma de gobernar. Prometieron eficacia y eficiencia, control del orden público y trancar la puerta giratoria de la delincuencia. La mayoría de los ciudadanos creyó en esas promesas y democráticamente los eligió. Hoy vemos que más que soluciones muchos se esmeran en elaborar “explicaciones” y empatar con lo que se hizo o se dejó de hacer con anterioridad. Señores, a ustedes los eligieron para gobernar y eso implica dar GOBERNABILIDAD a un país, situación que hoy está en duda debido a la evidente incapacidad de enfrentar el actual escenario político y social de nuestro país.

Hoy, este gobierno nos brinda un temor más a la ya larga lista de miedos ciudadanos que sienten millones de chilenos. Al ya tradicional temor al delito y la violencia, se suma el temor a ser víctima de abusos de parte de grandes casas comerciales, al temor de no poder pagar la educación de los hijos; el temor de caer en dicom y ser marginado de la sociedad y, como si no fuera suficiente, se agrega el temor a la falta de gobernabilidad para garantizar un país en paz y tranquilidad.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

En recientes notas de prensa se señala que la venta de las acciones públicas en las sanitarias es una continuación de lo hecho por la Concertación. Es necesario precisar los elementos diferenciadores entre el proceso realizado en la década de los 90 y el actual, donde el gobierno pretende enajenar la totalidad de los derechos del Estado en dichas entidades.

El proceso original buscaba mejorar el servicio a los usuarios. Para ello se necesitaba financiar las inversiones necesarias y el Estado no contaba con recursos suficientes para abordar esa enorme tarea. En pocos años se logró el 100% de cobertura de agua potable, un 95% de cobertura de alcantarillado y un 85% de las aguas tratadas, disminuyendo el riesgo de enfermedades producidas por contaminación y ubicándonos al nivel de los países desarrollados. La decisión fue polémica, generó un amplio debate y tuvo detractores en la propia Concertación, pero finalmente se aprobó en el Congreso e incluyó un marco regulatorio para contener abusos en la posición monopólica. Se fortaleció la Superintendencia de Servicios Sanitarios para mejorar la fiscalización y el Estado conservó un porcentaje de la propiedad para representar al gobierno en un tema esencial para la comunidad y estratégico para el país.

Hoy no hay proceso ni debate alguno. Se trata sólo de vender rápido las acciones del Estado en estas empresas. Más allá de su equívoca justificación sin exigir regulación adicional ni preservación del interés general.

Hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la Región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable. Esto exige una revisión previa y urgente de la normativa del proceso de fijación tarifaria para evitar sobreprecios a millones de usuarios de un producto esencial como el agua potable. Vender la participación del Estado en las sanitarias sin abordar este problema es una irresponsabilidad que puede perjudicar a millones de ciudadanos.

El estatuto de las sanitarias exige un quórum del 75% de los accionistas para que las empresas puedan vender sus derechos de agua o destinarlos a un uso distinto del consumo humano. Al vender su participación, el Estado perderá todo control sobre los derechos de agua de dichas sanitarias.

¿Está el gobierno de Sebastián Piñera dispuesto a vender las acciones del Estado de Chile sin resolver previamente estos puntos arriesgando a millones de usuarios a cobros excesivos y sin un debate democrático del tema?

Por lo dicho, es necesario diferenciar ambos procesos. Mientras el primer proceso se hizo por ley, el actual es por decreto. Mientras en el original se mantuvo presencia del Estado en las empresas ahora se entrega todo el control al mercado. Mientras en los 90 se generó un marco regulatorio, aquí se pretende vender sin hacer las correcciones evidentes que éste requiere, lo que afectará a los consumidores y los intereses permanentes del estado más allá del gobierno de turno.

MIN. DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA: HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO

El Congreso Nacional aprobó el proyecto que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública luego de casi 5 años de discusión.

Un breve recuerdo, me lleva a mencionar que ya el año 2005, bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se aprobó una reforma constitucional al artículo 101, destinada a cambiar la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad desde el Ministerio de Defensa hacia el nuevo ministerio encargado de la seguridad pública. Su materialización quedó sujeta a la dictación de una ley que creara dicho ministerio. Luego, fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien en 2006 envió al Congreso Nacional el proyecto que creaba dicha repartición ministerial, iniciando con ello, una intensa y acuciosa discusión legislativa. Finalmente, el Presidente Sebastián Piñera ingresó indicaciones destinadas a resolver las controversias entre ambas ramas del Congreso Nacional e hizo suyas las observaciones surgidas en el debate legislativo.

Mi recuerdo histórico, permite destacar algunos elementos auspiciosos en la adopción de políticas de seguridad como la permanencia de políticas públicas serias y responsables, más allá de los gobiernos de turno, e incluso de cambios en las coaliciones gobernantes. Lo anterior, permite augurar la pronta instauración de “políticas de estado” en temas de extrema relevancia, que permitan proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo, que aborden los desafíos ya no sólo coyunturales, sino estratégicos que nos demanda nuestro país. La instauración legal de la “política nacional de seguridad pública interior”, demandará de las autoridades gubernamentales mayor eficacia y accountability de su gestión en materias de seguridad. El cambio de dependencia de las policías al Ministerio del Interior normaliza la institucionalidad republicana y consigna los resguardos necesarios para salvaguardar su independencia política. La consagración del Conace como servicio público, con capacidad de ejecución, ciertamente ayudará en la prevención del consumo de alcohol y drogas en nuestra sociedad.

A partir de la dictación de esta ley, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, contará con las herramientas necesarias para coordinar a todos los actores públicos, así como planes y programas de prevención, control o rehabilitación delictual, con lo cual debiera incrementarse la eficacia, eficiencia y resultados de las políticas de seguridad.

Finalmente creo necesario señalar, que así como hoy la política fue capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar con perspectivas de futuro el tema de la seguridad, existen otras materias relevantes como pobreza, energía y otros, que requieren de una mirada prospectiva de país donde seamos capaces de generar políticas de estado mas allá de los gobiernos de turno.

OPORTUNISMO DE CRISIS

Cada vez que tenemos una crisis, aparecen los “estudiosos y expertos” del momento. Fue así con el terremoto y posterior tsunami. Opinólogos proponían mecanismos de despacho de emergencias, acusaban negligencias y pregonaban fórmulas de mejoramiento del sistema de alerta temprana. Incluso, los más osados alardeaban de ciertas capacidades de predicción de los fenómenos naturales. El gobierno por su parte, anunciaba una “gran reforma al sistema de emergencias”.

Luego con el accidente de la mina San José, el público se volvió a especializar en cosa de minutos. Ya muchos hablaban del Sernageomin como institución cercana y conocida (cuando en realidad muy pocos sabían de su existencia). Luego proliferaron las tesis sobre el desprendimiento de roca, la mala calidad del suelo, se especuló sobre las responsabilidades de los gobiernos anteriores sin siquiera conocer las normas vigentes. En fin, la minería fue lo nuestro. Por su parte, el gobierno anunciaba una “gran reforma a la institucionalidad fiscalizadora de la minería”.

En paralelo, los más profundos hacían mención a la mala calidad de las condiciones de trabajo en las diversas industrias y daban a conocer cifras escalofriantes de muertes laborales en la industria del salmón, forestal, cuprífera, etc. ¿Y el gobierno? Obviamente, anunciaba una “gran reforma de las normas de protección de los trabajadores”.

Hoy se trata de las cárceles y sus habitantes. Un tema incómodo que pocos quieren tocar, pero del cual muchos gustan de opinar. Hasta antes de la tragedia, un sector de la sociedad pregonaba “la mano dura” contra los delincuentes, el “candado a la puerta giratoria”, el fin de “las libertades provisionales a los delincuentes”. Hoy, a horas de la mayor tragedia carcelaria, todos cuestionan el no haber hecho modificaciones al sistema carcelario. ¿Acaso el mundo político y periodístico no conocía dicha realidad? Por favor, existen sendos informes de diversas instituciones que instan al mejoramiento de las condiciones de reclusión. Surgen entonces los neo-expertos en temas de seguridad y carcelarios que opinan de todo sin saber nada. ¿Sabrán estos opinólogos sobre los avances que hemos tenido en esta materia? Más allá de lo pendiente, creo necesario refrescar la memoria.


Evolución de la población penal:
En 1990 teníamos 38.711 personas sujetas a vigilancia de gendarmería, de las cuales 22.593 eran internos y 16.118 sujetos a alguna medida alternativa.
El año 2009 la cifra total de personas bajo vigilancia de Gendarmería llegaba a 105.958 personas; de las cuales 53.038 eran internos y 52.920 sujetas a alguna medida alternativa.

Entre el año 2000-2005 el incremento de la población recluida llegaba a 3,6% anual. Entre los años 2005-2008 dicha cifra se incrementó a 6,9% anual, lo que en términos reales significó un incremento aproximado de 3.000 presos anuales.

En el caso de las personas sujetas a medidas alternativas, entre los años 2000-2005 disminuyeron en -3,1%. Entre los años 2005-2008 sufrió un incremento explosivo de 16,1%; lo que en términos reales significó que al año la cantidad de personas sujetas a medidas alternativas creció en aproximadamente 7.000.

El 2003 (inicio de la Reforma Procesal Penal en todo Chile) la población penal estaba compuesta por 35% de condenados y 65% de internos a espera de condena. El año 2010 la relación es inversa 72% de condenados y 28% de internos a espera de condena.

En materia de Infraestructura:

Entre el año 1990 y el año 2010 los metros cuadrados de cárceles crecieron un 150%, pasando de 400.000 a 691.000 m2. Es decir, en 20 años se invirtió en cárceles más de lo invertido en toda la historia de nuestra república. Así, entre 2000-2010 se incrementó en 7.500 la capacidad carcelaria con la construcción de nuevos penales. (Santiago 1, Puerto Montt, Valdivia, El Manzano (Concepción)).

Además se entregó financiado el proyecto de la nueva cárcel de Antofagasta. Con terrenos comprados los nuevos penales de Talca (con diseño hecho) y Santiago 2. (AMBOS PROYECTOS DETENIDOS POR EL ACTUAL GOBIERNO)
De igual forma, se anunció el 2° programa de 5 nuevas cárceles concesionadas con la entrega de recursos para compra de terrenos para el año 2010 para nuevos penales de:
Calama, Copiapó, V Región Interior, VIII región Norte (Chillán) y Temuco. TODOS DETENIDOS POR EL NUEVO GOBIERNO)

Al observar el presupuesto del año 2010[1], el Ministerio de Justicia contaba para INVERSION con $48.591 millones y su ejecución a Septiembre alcanza sólo al 48% ($23.000 millones); mientras que el año pasado se ejecutó el 94% del presupuesto destinado a inversión. 

Por otra parte, para el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en infraestructura penitenciaria bajando de $48.000 millones a $34.000 millones, es decir, $14.000 MILLONES MENOS para inversión de infraestructura penal.

En resumen: El actual gobierno sólo ha ejecutado el 48% del total disponible para invertir en infraestructura penitenciaria. Luego de 9 meses sigue evaluando los proyectos de 7 nuevos recintos penales, sin licitar ni iniciar la construcción de ninguno de ellos. Además en el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en 14.000 millones.

¿Dónde está entonces el sentido de urgencia de este gobierno en materia de infraestructura penitenciaria?

En materia de dotación de Gendarmería cabe señalar que:
La dotación de Gendarmería se aumentó el 2004 en 4.000 plazas. Luego por ley 20.426 se incrementó en 5.800 nuevas plazas, lo que equivale a un incremento de 56% del total de la planta de Gendarmería. Con ello, desde 1990 el incremento porcentual de la dotación de Gendarmería alcanza el 190%. Aún falta, pero se ha avanzado.

Presupuesto 2010 de Gendarmería fue el más alto de la historia. El 2011 se incrementa en 15% pero sólo el 3% va a rehabilitación.

¿Cuál es el tema de fondo: + cárceles o – presos?

Hoy es un hecho que existen 54.000 personas a las cuales la justicia las ha puesto tras las rejas por su participación en algún delito. Lo que procede entonces, es construir recintos penitenciarios destinados a albergar a dicha población penal, de manera que dicho encierro no signifique contacto criminógeno e incentive o propenda a la rehabilitación social, y se encuentre dotado de infraestructura y tecnología adecuada para evitar hacinamiento y accidentes como el ocurrido en la cárcel de San Miguel.

Algunos académicos han planteado el tema de disminuir la cantidad de personas privadas de libertad e intentan asociar este tipo de accidentes a la alta penalidad existente en nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda, algo de eso hay, pero muchos han sido incapaces de aportar mecanismos reales para el control delictual. ¿Se imagina usted un gobierno que para disminuir el hacinamiento carcelario abriera sus puertas; o un sistema judicial que no condene a penas privativas de libertad por el hacinamiento existente?
Ciertamente sería un escándalo. La respuesta debe ser más seria y más profunda. La academia debería propender con debates al establecimiento de una política criminal clara, que estableciera parámetros diversos para la protección de los diferentes bienes jurídicos. Así, los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual de las personas (y en particular de los menores) debieran contar con una penalidad muy superior a aquellos que afectan la propiedad en cualquiera de sus formas, sea material o inmaterial. No resulta razonable observar a reos por infracción a la propiedad intelectual compartiendo celda con violadores u homicidas. Ciertamente el parámetro delictual de ambos reclusos es (o era) completamente diverso, tanto en su representación moral como en lo que estaba dispuesto a hacer, y el bien jurídico dispuesto a afectar para proveerse de bienes o causar daño. Mientras el primero estaba dispuesto a vulnerar las normas de propiedad intelectual y desafiar las normas de orden público, el segundo estaba dispuesto a atentar contra la libertad sexual de una tercera persona para satisfacerse; y el tercero incluso a disponer de la vida de otro para lograr sus pretensiones.

Mientras los académicos siguen discutiendo al respecto, la ciudadanía clama por seguridad y exige a sus autoridades adoptar medidas para garantizar sus derechos básicos, en particular su vida, su libertad sexual y ambulatoria, muchas veces coartadas por el delito.

En consecuencia, será responsabilidad de las autoridades lograr avanzar en la disminución de la victimización y del mejoramiento de las condiciones carcelarias. Mientras lo primero requiere de la articulación de medidas integrales que van desde la prevención social, situacional, el control, la sanción y la rehabilitación; el segundo desafío requiere de decisiones urgentes, toda vez que el retraso en la construcción de recintos penales sólo posterga una nueva crisis y no aporta al proceso de rehabilitación y reinserción social necesarios para quebrar las conductas delictivas de los clientes frecuentes de nuestros recintos penitenciarios. En paralelo, la implementación de los jueces de cumplimiento de condenas parece una buena alternativa en cuanto se le entrega a una autoridad jurisdiccional diversa, la obligación de verificar las condiciones y el cumplimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad. Los tribunales de tratamiento de drogas también aparecen como un importante aporte al proceso de desintoxicar –y con ello atacar la causa del delito- a muchos condenados que cometieron sus delitos a causa de la droga o para proveerse de la misma.

Estos son los debates que debemos dar y sobre los cuales debemos abocar nuestros esfuerzos. El oportunismo de crisis y la experticia coyuntural, denotan una falta de compromiso con la superación real de las adversidades de nuestro país; y los que más vociferan, a la hora de proponer o de trabajar, guardarán majestuoso silencio hasta la otra crisis donde su “especialización”, será aún mayores que en los anteriores.

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[1] Partida 10, Capítulo 01, programa 01; Subtítulo 31: “Inversión”

SEGURIDAD CIUDADANA, OTRA COSA ES CON GUITARRA

Fueron los últimos 6 años en los que la derecha chilena, hizo del discurso de la inseguridad, el temor y la delincuencia su bandera de lucha y la más eficiente arma electoral: “el gobierno ha perdido la batalla contra el delito” “los delincuentes se tomaron el país”, “estamos viendo un gobierno de mano blanda”... Estas eran algunas de las frases de la oposición de entonces destinadas a descalificar a la autoridad.

Veamos lo ocurrido desde el 11 de Marzo. El primer hito lo marcó la Encuesta de Victimización, según la cual durante el gobierno de Bachelet los delitos disminuyeron de 38,4 a 33,6%, superando la meta autoimpuesta y dejando una ardua tarea para la nueva administración.

Luego el Gobierno tuvo un buen inicio con el lanzamiento del Plan Chile Seguro. Un instrumento integral, adecuado y ordenador de las prioridades en materia de seguridad con una meta pública de reducir la victimización.

Un Ministro empoderado, en terreno, a cargo del tema, parecía una buena iniciativa. El problema es que la ardua función política que exige tal investidura ha circunscrito el accionar de la autoridad a “aparecer” en allanamientos, decomisos, en anuncios de medidas o acciones de persecución, dejando el seguimiento de la ejecución de la política pública en equipos intermedios.

Se anunciaba una nutrida agenda legislativa en materia de seguridad. Lo cierto es que a 9 meses de asumido el gobierno, sólo se encuentran en vigencia las leyes que aumentan las dotaciones de Carabineros y de la PDI, quedando pendiente -de envío al parlamento o de aprobación en él- gran parte de dicha agenda.

Aún no se logra aunar conceptos y capacitar a los funcionarios intermedios en materia de seguridad. Así, es posible observar cómo el Intendente de la Región Metropolitana mensualmente realiza análisis delictuales que carecen de fundamentos técnicos. Aseverar la disminución de homicidios con cifras policiales, revela el profundo desconocimiento del tema ya que dicha cifra sólo es posible determinarla a partir de información del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.

De igual forma persisten aquellos que con el loable objetivo de crear “sensación” de seguridad intentan afirmar la baja de delitos fundada en la baja de denuncias. Situación que revela la falta de preparación técnica de quienes esgrimen este argumento. Toda vez que a menor denuncia, existe mayor impunidad al no alertar al organismo persecutor y, por el contrario, debiera ser motivo de preocupación institucional.

Con todo, la última encuesta Adimark revela un problema de mayor complejidad, se consolida una tendencia a la baja en la evaluación del desempeño del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia.

Es decir, más allá de la inexistencia de debate público sobre las medidas adoptadas, de la evidente disminución de difusión de noticias sobre delincuencia, del aporte de la oposición en los diversos proyectos de ley en discusión en el Parlamento; de la omnipresencia del ministro del Interior en los medios de comunicación; existe la percepción ciudadana de que la seguridad no mejora.

Ahora bien, ¿es exigible a un gobierno que lleva 9 meses la disminución considerable del delito? Ciertamente no. La razón: existen muchas causas del delito y la violencia. Su disminución dependen de la articulación de diversas autoridades e instituciones y la coordinación con entidades constitucionalmente autónomas. Así es, la “lucha contra la delincuencia” es mucho más compleja de lo que aparenta desde afuera.

Hoy, las actuales autoridades están viendo que lo que prometían con llamativas frases no es posible cumplirlo en el corto plazo, no por mala voluntad ni por incapacidad probada, sino porque muchas de las medidas requeridas para ello no dependen de sus facultades sino de otras instituciones y coordinarlas en el marco de la legalidad de la administración pública resulta extremadamente complejo.

Porque además se requiere continuidad de políticas públicas y la conformación de una política de Estado en esta materia, que trascienda a los gobiernos de turno donde la prevención social y la rehabilitación (políticas de mediano y largo plazo) juegan un rol políticamente atemporal.

La reducción de la victimización es un desafío país, pero la responsabilidad de ello está hoy radicada en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchos ciudadanos votaron por el actual presidente porque logró convencerlos de que él sería mucho mejor en el control del delito y los delincuentes.

A juzgar por los hechos y, en particular por los recientes números de la encuesta Adimark que ya marcan tendencia, los ciudadanos no están percibiendo mejoras en este tema y, lo que es más complejo, cada mes que pasa son más los que se suman a esta opinión. Ciertamente otra cosa es con guitarra.