MAYOR DOTACIÓN POLICIAL

RECIENTEMENTE se ha publicado la ley que incrementa la dotación de carabineros en 10.000 funcionarios. Si bien la inseguridad no se soluciona solamente con aumentos de la dotación policial, ésta constituye un elemento relevante en la lucha contra el delito.

En razón de ello es que los incrementos de dotación policial se vienen implementando de manera ininterrumpida desde el año 2002. Durante el gobierno del Presidente Lagos fueron 2.970 nuevas plazas y la creación de incentivos a la permanencia, más allá de los 30 años de servicio. Luego, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, fueron 6.000 las nuevas plazas de carabineros y se incrementaron en 1.066 los oficiales policiales profesionales en la PDI. Por ello es que esta nueva ley apunta en el sentido correcto, dando continuidad a una medida de Estado necesaria para nuestro país y que durante los últimos siete años aportó a disminuir la victimización en 9.4 puntos porcentuales.

No obstante, creo necesario advertir que el aumento real de dotación será de 7.774 Carabineros, los que serán formados entre 2011 y 2015 a razón de 1.500 nuevas plazas al año, ya que el resto provendrá de recontratación de carabineros en retiro (537) y reasignación de aquellos que actualmente cumplen funciones administrativas (1.689).

Por otra parte, es un deber señalar que para la conservación de los altos niveles de confianza ciudadana en la institución, resulta indispensable que el sistema de selección del nuevo personal no disminuya sus exigencias. Con ello se evita el ingreso de personas que desprestigian a Carabineros de Chile y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Un aspecto que determinará la suerte de esta medida lo constituyen los criterios de distribución de los nuevos uniformados y de aquellos liberados de funciones administrativas. La gran mayoría debiera destinarse a funciones preventivas operativas en comunas o lugares donde el déficit sea evidente, en atención a criterios objetivos de victimización, violencia, denuncias y vulnerabilidad social. Respecto de los Carabineros en retiro que serán recontratados, sugiero que sean destinados al cumplimiento de ciertas órdenes judiciales, como notificaciones y citaciones. Respecto de los funcionarios liberados, sería de gran impacto que se reforzara la vigilancia preventiva en plazas y parques en horarios de mayor uso familiar y en las inmediaciones de establecimientos educacionales, en las horas de entrada y salida de los niños, en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad a la presencia de traficantes de drogas.

Finalmente, quiero señalar que tal como contribuí a la aprobación de este proyecto de ley, hago presente que junto a estos incrementos de dotación sería muy importante que el gobierno enviara al Congreso Nacional el proyecto que modifica el sistema de salud de Dipreca para incrementar los niveles de cobertura y calidad de atención de salud de los miles de carabineros, detectives, gendarmes y sus familias, que a diario se ven expuestos al riesgo de sufrir lesiones o la muerte. La seguridad social de esas personas es un elemento esencial para la tranquilidad de un buen servicio hacia la comunidad.

MIN. DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA: HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO

El Congreso Nacional aprobó el proyecto que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública luego de casi 5 años de discusión.

Un breve recuerdo, me lleva a mencionar que ya el año 2005, bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se aprobó una reforma constitucional al artículo 101, destinada a cambiar la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad desde el Ministerio de Defensa hacia el nuevo ministerio encargado de la seguridad pública. Su materialización quedó sujeta a la dictación de una ley que creara dicho ministerio. Luego, fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien en 2006 envió al Congreso Nacional el proyecto que creaba dicha repartición ministerial, iniciando con ello, una intensa y acuciosa discusión legislativa. Finalmente, el Presidente Sebastián Piñera ingresó indicaciones destinadas a resolver las controversias entre ambas ramas del Congreso Nacional e hizo suyas las observaciones surgidas en el debate legislativo.

Mi recuerdo histórico, permite destacar algunos elementos auspiciosos en la adopción de políticas de seguridad como la permanencia de políticas públicas serias y responsables, más allá de los gobiernos de turno, e incluso de cambios en las coaliciones gobernantes. Lo anterior, permite augurar la pronta instauración de “políticas de estado” en temas de extrema relevancia, que permitan proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo, que aborden los desafíos ya no sólo coyunturales, sino estratégicos que nos demanda nuestro país. La instauración legal de la “política nacional de seguridad pública interior”, demandará de las autoridades gubernamentales mayor eficacia y accountability de su gestión en materias de seguridad. El cambio de dependencia de las policías al Ministerio del Interior normaliza la institucionalidad republicana y consigna los resguardos necesarios para salvaguardar su independencia política. La consagración del Conace como servicio público, con capacidad de ejecución, ciertamente ayudará en la prevención del consumo de alcohol y drogas en nuestra sociedad.

A partir de la dictación de esta ley, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, contará con las herramientas necesarias para coordinar a todos los actores públicos, así como planes y programas de prevención, control o rehabilitación delictual, con lo cual debiera incrementarse la eficacia, eficiencia y resultados de las políticas de seguridad.

Finalmente creo necesario señalar, que así como hoy la política fue capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar con perspectivas de futuro el tema de la seguridad, existen otras materias relevantes como pobreza, energía y otros, que requieren de una mirada prospectiva de país donde seamos capaces de generar políticas de estado mas allá de los gobiernos de turno.