MAYOR DOTACIÓN POLICIAL

RECIENTEMENTE se ha publicado la ley que incrementa la dotación de carabineros en 10.000 funcionarios. Si bien la inseguridad no se soluciona solamente con aumentos de la dotación policial, ésta constituye un elemento relevante en la lucha contra el delito.

En razón de ello es que los incrementos de dotación policial se vienen implementando de manera ininterrumpida desde el año 2002. Durante el gobierno del Presidente Lagos fueron 2.970 nuevas plazas y la creación de incentivos a la permanencia, más allá de los 30 años de servicio. Luego, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, fueron 6.000 las nuevas plazas de carabineros y se incrementaron en 1.066 los oficiales policiales profesionales en la PDI. Por ello es que esta nueva ley apunta en el sentido correcto, dando continuidad a una medida de Estado necesaria para nuestro país y que durante los últimos siete años aportó a disminuir la victimización en 9.4 puntos porcentuales.

No obstante, creo necesario advertir que el aumento real de dotación será de 7.774 Carabineros, los que serán formados entre 2011 y 2015 a razón de 1.500 nuevas plazas al año, ya que el resto provendrá de recontratación de carabineros en retiro (537) y reasignación de aquellos que actualmente cumplen funciones administrativas (1.689).

Por otra parte, es un deber señalar que para la conservación de los altos niveles de confianza ciudadana en la institución, resulta indispensable que el sistema de selección del nuevo personal no disminuya sus exigencias. Con ello se evita el ingreso de personas que desprestigian a Carabineros de Chile y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Un aspecto que determinará la suerte de esta medida lo constituyen los criterios de distribución de los nuevos uniformados y de aquellos liberados de funciones administrativas. La gran mayoría debiera destinarse a funciones preventivas operativas en comunas o lugares donde el déficit sea evidente, en atención a criterios objetivos de victimización, violencia, denuncias y vulnerabilidad social. Respecto de los Carabineros en retiro que serán recontratados, sugiero que sean destinados al cumplimiento de ciertas órdenes judiciales, como notificaciones y citaciones. Respecto de los funcionarios liberados, sería de gran impacto que se reforzara la vigilancia preventiva en plazas y parques en horarios de mayor uso familiar y en las inmediaciones de establecimientos educacionales, en las horas de entrada y salida de los niños, en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad a la presencia de traficantes de drogas.

Finalmente, quiero señalar que tal como contribuí a la aprobación de este proyecto de ley, hago presente que junto a estos incrementos de dotación sería muy importante que el gobierno enviara al Congreso Nacional el proyecto que modifica el sistema de salud de Dipreca para incrementar los niveles de cobertura y calidad de atención de salud de los miles de carabineros, detectives, gendarmes y sus familias, que a diario se ven expuestos al riesgo de sufrir lesiones o la muerte. La seguridad social de esas personas es un elemento esencial para la tranquilidad de un buen servicio hacia la comunidad.

SEGURIDAD CIUDADANA, OTRA COSA ES CON GUITARRA

Fueron los últimos 6 años en los que la derecha chilena, hizo del discurso de la inseguridad, el temor y la delincuencia su bandera de lucha y la más eficiente arma electoral: “el gobierno ha perdido la batalla contra el delito” “los delincuentes se tomaron el país”, “estamos viendo un gobierno de mano blanda”... Estas eran algunas de las frases de la oposición de entonces destinadas a descalificar a la autoridad.

Veamos lo ocurrido desde el 11 de Marzo. El primer hito lo marcó la Encuesta de Victimización, según la cual durante el gobierno de Bachelet los delitos disminuyeron de 38,4 a 33,6%, superando la meta autoimpuesta y dejando una ardua tarea para la nueva administración.

Luego el Gobierno tuvo un buen inicio con el lanzamiento del Plan Chile Seguro. Un instrumento integral, adecuado y ordenador de las prioridades en materia de seguridad con una meta pública de reducir la victimización.

Un Ministro empoderado, en terreno, a cargo del tema, parecía una buena iniciativa. El problema es que la ardua función política que exige tal investidura ha circunscrito el accionar de la autoridad a “aparecer” en allanamientos, decomisos, en anuncios de medidas o acciones de persecución, dejando el seguimiento de la ejecución de la política pública en equipos intermedios.

Se anunciaba una nutrida agenda legislativa en materia de seguridad. Lo cierto es que a 9 meses de asumido el gobierno, sólo se encuentran en vigencia las leyes que aumentan las dotaciones de Carabineros y de la PDI, quedando pendiente -de envío al parlamento o de aprobación en él- gran parte de dicha agenda.

Aún no se logra aunar conceptos y capacitar a los funcionarios intermedios en materia de seguridad. Así, es posible observar cómo el Intendente de la Región Metropolitana mensualmente realiza análisis delictuales que carecen de fundamentos técnicos. Aseverar la disminución de homicidios con cifras policiales, revela el profundo desconocimiento del tema ya que dicha cifra sólo es posible determinarla a partir de información del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.

De igual forma persisten aquellos que con el loable objetivo de crear “sensación” de seguridad intentan afirmar la baja de delitos fundada en la baja de denuncias. Situación que revela la falta de preparación técnica de quienes esgrimen este argumento. Toda vez que a menor denuncia, existe mayor impunidad al no alertar al organismo persecutor y, por el contrario, debiera ser motivo de preocupación institucional.

Con todo, la última encuesta Adimark revela un problema de mayor complejidad, se consolida una tendencia a la baja en la evaluación del desempeño del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia.

Es decir, más allá de la inexistencia de debate público sobre las medidas adoptadas, de la evidente disminución de difusión de noticias sobre delincuencia, del aporte de la oposición en los diversos proyectos de ley en discusión en el Parlamento; de la omnipresencia del ministro del Interior en los medios de comunicación; existe la percepción ciudadana de que la seguridad no mejora.

Ahora bien, ¿es exigible a un gobierno que lleva 9 meses la disminución considerable del delito? Ciertamente no. La razón: existen muchas causas del delito y la violencia. Su disminución dependen de la articulación de diversas autoridades e instituciones y la coordinación con entidades constitucionalmente autónomas. Así es, la “lucha contra la delincuencia” es mucho más compleja de lo que aparenta desde afuera.

Hoy, las actuales autoridades están viendo que lo que prometían con llamativas frases no es posible cumplirlo en el corto plazo, no por mala voluntad ni por incapacidad probada, sino porque muchas de las medidas requeridas para ello no dependen de sus facultades sino de otras instituciones y coordinarlas en el marco de la legalidad de la administración pública resulta extremadamente complejo.

Porque además se requiere continuidad de políticas públicas y la conformación de una política de Estado en esta materia, que trascienda a los gobiernos de turno donde la prevención social y la rehabilitación (políticas de mediano y largo plazo) juegan un rol políticamente atemporal.

La reducción de la victimización es un desafío país, pero la responsabilidad de ello está hoy radicada en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchos ciudadanos votaron por el actual presidente porque logró convencerlos de que él sería mucho mejor en el control del delito y los delincuentes.

A juzgar por los hechos y, en particular por los recientes números de la encuesta Adimark que ya marcan tendencia, los ciudadanos no están percibiendo mejoras en este tema y, lo que es más complejo, cada mes que pasa son más los que se suman a esta opinión. Ciertamente otra cosa es con guitarra.