NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

Las cifras de denuncias de delitos de mayor connotación social correspondientes al 3er trimestre de 2011 vuelven a sembrar el temor de analistas y entendidos en relación a la eficacia de las políticas públicas del actual gobierno en materia de prevención y control delictual. Si bien las denuncias no constituyen un indicador exacto de los delitos; ciertamente un incremento de esta magnitud (+ 10,1%) debe llevar a la autoridad a enmendar el rumbo rápidamente para evitar la afectación de mayor número de personas y hogares.

Al observar las cifras surge como primer análisis de preocupación que las denuncias de delitos que más aumentan son las correspondientes a delitos violentos. Así, del total de denuncias recibidas, el robo con fuerza llega al 37,3 % con un incremento de +10,8% respecto de igual período del año 2010. Dentro del robo con fuerza se observa un incremento de los robos en lugar habitado (+33,9%), en lugar no habitado (+22,3%) y robo de vehículos (+14,5%) sembrando una señal de intranquilidad en la seguridad de hogar y comercio.

Los incrementos de los robos con violencia en 17,9%, robos por sorpresa 2,9%; violaciones +11,5% y violencia intrafamiliar en 9,9% constituyen una luz naranja que el gobierno debe saber leer para implementar una política preventiva agresiva y focalizada en la protección de hogares, personas y comercio.

Dado que la confianza en el sistema de justicia criminal tiende a no variar en el corto y mediano plazo, podemos afirmar que este crecimiento se debe a un aumento real de la delincuencia. Estos resultados son además consistentes con los aumentos observados en las últimas mediciones de victimización disponibles. Según el índice paz ciudadana-Adimark la proporción de hogares victimizados creció en un 14,8% durante el primer semestre 2011.

Respecto de la cifra de homicidios y su alza a 27,8% me permito señalar que a pesar de que pueda aparecer llamativa, técnicamente no es acertada y deberían excluirla de la entrega de este tipo de cifras, ya que quienes determinan técnicamente la ocurrencia de un homicidio no son ni las policías ni el Ministerio público, sino que el Ministerio de salud ya que un caso que pudo ingresar a las policías o al Ministerio público como homicidio, puede derivar judicialmente en muerte accidental, cuasidelito o viceversa. De hecho la única estadística aceptada en organismos internacionales es la que emana de la autoridad de salud.

Para algunos estas cifras deben significar un regocijo al dejar en evidencia la incompetencia de quienes tienen a su cargo la prevención delictual. Para otros resulta más fácil exculparse sindicando como responsables a fiscales y jueces. Ni lo uno ni lo otro resulta del todo cierto ni mejorará las condiciones de seguridad de las familias si la autoridad no asume que la realidad delictual no cesa ante su estrategia disuasiva y por el contrario se incrementa de manera peligrosa.

Observo con preocupación las autocomplacientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del delito quien parte exculpándose responsabilizando a jueces y fiscales y al ser contrastado con cifras que no sustentan técnicamente su afirmación decide culpar del alza delictual a las manifestaciones y el uso de carabineros para labores diversas de la seguridad preventiva. Acepto el argumento en la comuna de Santiago y excepcionalmente en otra comuna; pero no es aceptable como argumento general. ¿Qué labor de orden público pueden cumplir los carabineros de La Calera, de la región de Tarapacá o Los Ríos, de la comuna de Vitacura o Cerrillos, donde las alzas superan los 2 dígitos? Ninguna. Consultado Carabineros por eventuales traslados desde dichas comunas para cumplir esas funciones, la respuesta es categórica. No ha habido traslados para esos fines.

Finalmente no puedo dejar pasar el hecho que las cifras aparezcan publicadas en algunos medios de comunicación y la autoridad se refiera a ellas y aún no se encuentren disponibles las cifras oficiales en la web del ministerio del interior, situación que afecta la transparencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública como mecanismo de simple información o análisis de cifras o variables que a la fecha de esta columna no han sido publicadas.

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades hoy renuevo mi compromiso de cooperación para con las autoridades en la superación del flagelo. Las cifras no son un fin en sí mismo, constituyen un instrumento de orientación de políticas públicas orientadas a resultados y es justamente eso lo que la autoridad debe entender y utilizar a su favor como herramienta de gestión y no descalificar a quienes con un prisma diverso opinamos para aportar a la solución de un problema que no puede ni debe tener sesgos de ninguna especie.

VIOLENCIA, DELINCUENCIA, GOBIERNO Y JUECES

El ambiente está malo. A la crispación política entre gobierno y oposición no se le ve buena salida. Por su parte los estudiantes insisten en no transar sus demandas y el populismo golpea a la puerta. En este cuadro el gobierno haciendo gala de su incapacidad política y sale a granjearse un nuevo conflicto. Ahora con los jueces al cuestionarlos por las “excesivas libertades” en las causas de infracción al orden público. Los jueces respondieron sin anestesia y con cifras irrefutables. 8 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva son concedidas por el poder judicial. Es decir, del supuesto garantismo estructural de los jueces…nada.

No contento con la respuesta el Ministro de Justicia en un hecho inédito en la política chilena sale a amenazar a los jueces al sugerir que los ascensos judiciales serían condicionados a buenos fallos en materia de orden público. Es decir, el ministro se permite intentar condicionar los fallos judiciales para promover jueces, olvidando lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política que prohíbe al presidente de la República y a miembros del Congreso nacional avocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de sus fallos. Un escándalo de proporciones. La Asociación de Magistrados y el pleno de la Corte Suprema rechazaron categóricamente sus declaraciones al considerarlas como un intento por subordinar a un poder autónomo del estado.

Tozudez es la palabra que describe al Ministro de Justicia Teodoro Ribera. No es aceptable que una autoridad política se permita tal nivel de imprudencia e incluso se ponga al borde de la inconstitucionalidad con su sugerencia. O el ministro se retracta o renuncia. Pero una autoridad sin diálogo con el poder del estado materia de su cartera, parece insostenible.

¿Cuál será la razón para tal aberración? Para mi parece obvio. Las encuestas que tiene el gobierno dan un creciente nivel de rechazo a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto de orden público y la delincuencia. Entonces, con sus declaraciones, el gobierno busca excusar su incapacidad y endosar la responsabilidad por la falta de eficacia en la sanción de los encapuchados en otro poder del estado. El Poder Judicial. Así, al “endurecer el discurso” podrían recuperar algunos puntos en la evaluación pública y “reconquistar” al electorado propio que a diario aumenta su insatisfacción. Lo que no esperaban era que el Poder Judicial saliera a defenderse mostrando cifras que avalan que el problema no radica en el “garantismo estructural” de los jueces; sino más bien en la incapacidad del gobierno y sus agencias policiales para identificar a los violentistas y de probar en juicio su participación en los hechos de violencia.

Lo que se requiere entonces no es una modificación legal que incremente las penas ni un condicionamiento de asensos judiciales por los fallos, sino una reformulación del actual sistema de información preventiva a fin de lograr identificar a los violentistas y, una vez detenidos, acompañar profesionalmente en juicio los elementos probatorios suficientes para crear convicción judicial respecto de la participación de los detenidos en los hechos de violencia.

Si bien la estrategia diseñada pudo haber tenido efectos positivos para alguna encuesta, la contundente respuesta judicial permite avisorar un nuevo flanco del gobierno. Su falta de visión para solucionar un problema de alta sensibilidad ciudadana. La violencia y la delincuencia. Ambos temas en los cuales este gobierno sigue al debe y más allá de las construcciones mediáticas, los ciudadanos –transversalmente- lo sienten y en su entorno lo hacen saber.

VICTIMIZACIÓN 2011 UNA LECTURA SOCIAL

Con alarma hemos recibido las nuevas cifras sobre victimización arrojadas por la Fundación Paz Ciudadana. En los últimos seis meses, cerca de 2 de cada 5 hogares fueron víctimas de un delito. Respecto de la medición anterior (dic-2010) la proporción de hogares victimizados aumenta en 4,9 puntos porcentuales (de 33,0% a 37,9%) lo que equivale a un aumento real de 14,8%. Al mismo tiempo, desde la medición de julio de 2010 se observa un alza de 36,5 a 37,9%. Esta situación revela la volatilidad de los indicadores y pone en duda la supuesta baja reflejada en la ENUSC 2010 que es elaborada por organismos del gobierno.

En términos de resultados es importante destacar que las nuevas cifras son plenamente coherentes con los indicadores de las tasas de denuncias registradas por las policías y la cantidad de ingresos registrados por el Ministerio Público. Todos los indicadores demuestran que en vez de mantener la tendencia a la baja de la victimización que se venía registrando desde 2007, lamentablemente hemos retrocedido comenzando una escalada ascendente en materia delictual.

Desde una perspectiva social, se observa con preocupación el crecimiento delictual en los hogares de mayor vulnerabilidad : el 39,3% de los delitos se concentra en hogares de sectores medios y bajos de la sociedad.

La región más afectada es la Metropolitana, donde se registra un 38,7% de los delitos, y dentro del Gran Santiago, la zona surponiente, (Maipú, Estación Central, Cerrillos, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, entre otros) es la más afectada, concentrando el 43% de la victimización y el 70,7% de la revictimización. Es decir: 4 de cada 10 hogares de dicho sector han sido víctima de un delito y 7 de cada 10 que ya lo ha sido, ha vuelto a sufrir la delincuencia por segunda o tercera vez. Ello consolida la desigualdad delictual y deja en total indefensión a estas familias que por experiencias tan cercanas como cotidianas saben que es altamente probable que la delincuencia los afecte nuevamente, con las consiguientes consecuencias emocionales para niños y adultos.

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La desigualdad del delito radica en que los victimarios optan por atacar viviendas de sectores medios y bajos a raíz de al menos dos elementos muy concretos: en primer lugar, son conscientes de que dichas familias abandonan el hogar durante una larga jornada laboral y carecen de recursos para adquirir medios de seguridad privada ; y en segundo término este sector concentra a numerosas parejas jóvenes, con capacidad de crédito y con hijos preadolescentes, lo cual les ha permitido adquirir « gadgets » electrónicos muy apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reducción en el mercado informal. Todo ello transforma a esos hogares en los preferidos de los delincuentes.

Una de las cifras entregadas por este estudio que debe encender las luces rojas de las autoridades lo constituye el alza en las cifras de revictimización, donde los hogares que declaran haber sufrido más de un delito pasan de 24,5% a un 24,9%. Si bien en términos aislados este aumento no es significativo, el indicador viene mostrando incrementos continuos desde junio de 2008 lo que consolida a la fecha, un alza de 6,1 puntos porcentuales, y lo que equivale a un incremento de un 32,4% en sólo 3 años. Y , ojo, porque estadísticamente hablando, esto se traduce en implican que si un hogar ha sido víctima de un delito, lo más probable es que vuelva a serlo dentro de los 6 meses siguientes, salvo que el vecino o vecina pueda adoptar medidas preventivas que sean visibles al delincuente y lo inhiban de ingresar nuevamente a su hogar.

La concentración de la revictimización en el segmento social medio y bajo constata desde otra perspectiva la profunda desigualdad de nuestra sociedad, esta vez en relación a la seguridad pública. En los sectores más afectados el delincuente observa que la falta de las llamadas medidas de prevención situacional, (como falta de iluminación, sitios eriazos desatendidos, o la nula presencia policial y que son de responsabilidad tanto de la Administración Central como del Municipio) constituyen factores que facilitan su actividad y que sus actos queden impunes. La carencia de recursos de los municipios más vulnerables los pone en una clara situación de desventaja para invertir en medidas de prevención situacional en sus entornos.

Tema aparte es la falta de proporcionalidad en la distribución policial en el territorio. lo que queda de manifiesro al observar que mientras en Maipú se dispone de 1 carabinero cada 2.200 habitantes, en el sector oriente de la capital el promedio alcanza 1 cada 1.100. Es por lo anterior que ya transcurridos varios años de implementación del plan cuadrante, la autoridad debiera revisar los resultados de dicha metodología y propender a reponer la policía de proximidad asignándoles unidades territoriales de menor extensión y aumentando su número en razón de la densidad poblacional e indicadores de vulnerabilidad social.

Frente al aumento del delito y revictimización, el estudio de Paz Ciudadana muestra que consecuentemente también aumentó el miedo o alto temor, llegando a 13,9% y concentrándose, nuevamente, en el segmento más vulnerable de la población. Las cifras son elocuentes. Mientras el miedo se instala en el 18,6% de las familias de estratos bajos, éste indicador cae a 13,3% en los niveles medios y disminuye a 11,1% en los niveles altos. Esto podría estar reflejando un mayor impacto de los niveles de delito en los sectores mas vulnerables, pues Sin desmerecer el temor que por cierto también experimentan las familias de sectores altos, mientras estos pueden tomar medidas para salir a trabajar y estudiar sin dejar abandonada su residencia (debido al personal de servicio) o implementar medidas de autoprotección (como seguridad privada, alarmas, cercos eléctricos, etc) ; quien reside en un hogar de un sector vulnerable no cuenta con dichas alternativas, la presencia policial es escasa e inoportuna, y adicionalmente el delincuente frecuentemente habita en el mismo sector, aprovechando el delito de oportunidad o derechamente intimidando y amenazando a los vecinos.

En mi opinión y debido al incremento sostenido del fenómeno de la revictimización de hogares en nuestro país, la autoridad debe adoptar una política pública especializada en prevenir la revictimización en sectores vulnerables, que contemple tanto los aspectos directos como indirectos de dicho fenómeno:

En primer orden cuando un hogar resulta victimizado es fundamental distinguir si lo fue con sus habitantes en el interior o en momentos en que el lugar deshabitado. En los primeros casos, lo fundamental es la atención inmediata y apoyo sicológico posterior de la familia afectada diferenciando los requerimientos de niños y adultos, a fin de superar de manera adecuada el trauma emocional por la experiencia vivida.

Luego la autoridad central debiera coordinar esfuerzos con su contraparte local (municipio) a fin de realizar articuladamente acciones preventivas de entorno como mejoramiento de iluminación de calzadas, cierre de sitios eriazos, poda de árboles que impidan visibilidad, u otra medida de prevención situacional pertinente en el entorno del domicilio afectado. De igual forma la autoridad deberá orientar al vecino o vecina afectada para adoptar alguna medida adicional de seguridad que contribuya a resguardar su hogar. Para reducir la desigualdad en el acceso a este tipo de medidas, se debiese implementar un fondo especial de ayuda a la prevención de la revictimización en los hogares de escasos recursos y que permitan financiar estrategias que han aplicado con buenos resultados algunos municipios (alarmas comunitarias, botones de pánico, mejoramiento de cierres, entre otras).

Junto a lo anterior, la autoridad policial del lugar debiera adoptar rondas preventivas durante un adecuado período de tiempo con el objeto de incrementar objetivamente los niveles de seguridad y evitar una nueva victimización del hogar afectado. Ello también implicaría una medida concreta para apoyar la recuperación emocional de las víctimas al poder constatar concretamente que a partir de su caso los organismos públicos responsables de la seguridad, algo hicieron,

Conclusión:

Los datos de revictimización reflejan un aumento en la cantidad de delitos declarados por los hogares lo que podría estar indicando un aumento de la actividad delictual.

Podría ser simplista quedarnos con una conclusión política respecto de la incapacidad evidente de los encargados de implementar las políticas públicas a este respecto, por lo que he optado por dar una mirada más profunda del fenómeno que estamos viviendo como sociedad. No obstante, un aspecto complejo de las cifras reveladas es que este incremento de la delincuencia y la revictimización se produce en medio de un ciclo expansivo de la economía, lo que hace de nuestro país un caso anómalo en la región y en el mundo. En efecto, hoy Chile ostenta altos y sostenidos niveles de crecimiento, caída sostenida del desempleo y un supuesto incremento del poder adquisitivo de la población. Pero nuestro modelo económico muestra signos de agotamiento, pues este mismo sistema no está generando los mecanismos necesarios para la integración social. Es un tipo de crecimiento que produce importantes externalidades negativas para una gran masa poblacional en cuanto profundiza los niveles de inseguridad, creando crecientemente una sociedad de miedos e inseguridades: Inseguridad económica generada por abusos del sistema financiero, una precaria condición en el ejercicio de los derechos como consumidores; inseguridad de poder dar a la familia acceso a servicios básicos como la salud o la educación; e Inseguridad respecto de la protección de nuestra integridad física, sicológica y de nuestros bienes, sea en el espacio colectivo o en el hogar.

Se genera así una dinámica marcada por el miedo y su consecuencia más visible es sin duda la pérdida de capital social, es decir, de la capacidad que tenemos todos y todas de cooperar para generar mayores niveles de bienestar y paz social. Esto está provocando un círculo vicioso que termina en mayor repliegue y desconfianza social donde predomina el individualismo por sobre lo colectivo, lo social y lo público; la competencia por sobre la cooperación. La teoría de las ventanas rotas -que tanto citan los expertos-, ya nos advertía sobre esta paradoja: No es la delincuencia la que genera la inseguridad; son los mayores niveles de inseguridad –y agregaría desigualdad- los que generan delincuencia.

El tejido social está dañado porque para una gran parte de la población los costos de este modelo parecen ser más altos que sus beneficios. Se requiere entonces de manera urgente, de un proyecto país que nos permita salir progresivamente de este círculo vicioso y lograr que estas cifras macroeconómicas que tanto orgullo nos provocan en la comunidad global, tengan un correlato interno de igualdad, y protección para los sectores más vulnerables, sea por vía de ingresos directos o por focalización de la política social destinada a apoyar a quienes este sistema de mercado no acoge.

Urge entender que la delincuencia no es una causa sino una consecuencia, un síntoma. El sistema penal, por esencia reactivo, no puede ser la única respuesta a estos problemas. No basta tampoco con replicar programas aislados o intentar refundarlo todo en cada cambio de administración ya que las políticas de seguridad requieren para su éxito de estabilidad en el tiempo y evaluación permanente. Debemos ser capaces de « socializar » las políticas de seguridad en el sentido de ampliar y masificar la batería de herramientas de prevención. Educación, empleabilidad, oportunidades de emprendimiento. En fin, diseñar, aplicar y replicar y dar mayor cobertura a, modelos de intervención social que otorguen reales oportunidades a quienes hoy dada sus actuales condiciones de vida y referentes cercanos arecen de esperanzas para su futuro o el de sus hijos. Anualmente 100.000 jóvenes en edad escolar se encuentran fuera de la educación formal constituyendo además de un problema social, un elemento que incrementa el riesgo social de esos niños y jóvenes. En una edad en que por definición los y las jóvenes operan desde un enfoque aspiracional, un argumento de muchos de ellos es que la educación que reciben no les garantizará luego el acceso a una mejor fuente laboral que la que pueden encontrar siendo adolescentes. En cambio, tener una remuneración propia tempranamete les permite además de aportar al sustento familiar, acceder a una serie de bienes de consumo que sienten apoyan la conformación de su propia identidad y un mejor posicionameinto en su entorno social.

Este es el momento para dar un salto, es necesario tomar conciencia de que la inseguridad en nuestro país es un tema transversal que involucra todas las aristas de la política pública. Se requiere de un proyecto que transforme el crecimiento en una palanca para el desarrollo; pero que a su vez se tomen las medidas para que cuando el crecimiento disminuya o se detenga, la inversión social se encuentre garantizada. Se trata de que como conductores de las políticas públicas generemos un proyecto que no se refugie ni tema a las miradas ortodoxas e ideológicas. Es factible construir un proyecto que otorgue certezas y tranquilidad a los ciudadanos, donde frente a los abusos financieros exista una institucionalidad que proteja al más débil, que frente a la inseguridad o ausencia de servicios básicos exista un sistema que corrija dichas falencias y garantice a las familias acceso a la vivienda, educación y salud de calidad; o que frente a la inseguridad y hechos de delincuencia exista un sistema previsto que contemple el castigo proporcional a los hechores pero a su vez que ayude a evitar nuevas experiencias negativas.

Necesitamos un proyecto país que la ciudadanía pide literalmente a gritos y que expresa en cada manifestación o en cada encuesta. Un proyecto que corrija las enormes desigualdades que provoca el juego del libre mercado si corre por sí solo.

Para ello es necesario dejar de lado la idea de que el Estado y el Mercado son por esencia opuestos y que se mandan solos. Somos las personas, quienes debemos establecer cómo complementarlos y se establezca entre ellos un carácter sinérgico: el buen funcionamiento de los mercados y la libertad de emprendimiento requieren del buen funcionamiento del aparato estatal como encargado de equilibrar relaciones de poder, velar por prevenir y terminar con los abusos y de implementar medidas eficaces y eficientes en pos de un mejoramiento de la calidad de vida de quienes por diversas razones se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Una sociedad más justa, menos desigual y más integradora, ciertamente es una sociedad con menos inseguridad, y ciertamente con más certezas, menos miedos y con mejores niveles de paz social. Es posible, pero requerimos para ello estar dispuestos a mirar la realidad desde diferentes ópticas, generar empatía para efectivamente entender esos puntos de vista diversos y poder dialogar en serio, para poder tomar decisiones que marquen tanto un rumbo como las estrategias para avanzar por él.

Felipe Harboe Bascuñan

DELINCUENCIA, CUANDO LA SENSACIÓN SE JUNTA CON LA RAZÓN

Hace pocos días conocimos nuevas cifras de delincuencia en nuestro país. Según dicho resumen de las estadísticas de carabineros y la PDI, los delitos se incrementaron en un 13% lo que sin duda prende una nueva alarma a las autoridades para que modifiquen su actual estrategia antidelincuencia y focalicen de una vez los esfuerzos en la protección de las personas, sea en el espacio público o en sus hogares, ya que de lo contrario me permito advertir –a través de este blog- que los delitos seguirán subiendo en nuestro país para mal de todos nosotros.

Hoy, la encuesta Adimark revela cifras lapidarias de la percepción ciudadana sobre la gestión del Presidente, el gobierno y de algunos de sus ministros. Al observar estas nuevas cifras resultan lógicas. Mientras el problema que más preocupa a los chilenos, la delincuencia, siga subiendo como lo dijeron las cifras anteriores, la percepción sobre el trabajo del gobierno seguirá cayendo.

Hoy nos enteramos que el 69% (casi 7 de cada 10 chilenos) reprueba la gestión del gobierno en materia de delincuencia. Mientras en Abril el 40% la aprobaba, ese apoyo en el mes de Junio se desploma 12 puntos llegando sólo al 28%. Esta percepción es absolutamente lineal con la caída de la evaluación del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter cuya aprobación desde Abril a Junio cae 13 puntos, de 67 a 54% de aprobación.

Los ciudadanos se dieron cuenta que lo que ayer la alianza criticaba y calificaban como ineficacia de los gobiernos de la concertación para controlar el delito, hoy cuando ellos mismos tienen las facultades y las herramientas para producir esos cambios nada han hecho. Por el contrario, no han sido capaces ni siquiera de mantener la disminución que venía ocurriendo; sino que más aún, los delitos, según cifras oficiales, están aumentando.

Complicada situación ya que el protagonismo que le ha dado personalmente el Presidente Piñera a este tema aporta a su caída en la credibilidad, la cual vuelve a caer 3 puntos respecto del mes pasado y contribuye de manera decisiva al aumento del rechazo ciudadano a su gestión presidencial que este mes llega al 60%.

A pesar de ser de oposición no podemos estar felices de esta alta desaprobación y falta de credibilidad. Aún faltan 2 años para el término del mandato presidencial y no es bueno para el país que nos sumerjamos en una crisis política por falta de liderazgo o conducción del gobierno, ya que ello aparejará consecuencias nefastas de imagen internacional y con ella, la reducción del ingreso de nuevas inversiones que pueden aparejar mayor y mejor empleo para nuestros compatriotas.

Muchos de nosotros, desde la vereda de la oposición hemos contribuido a aprobar proyectos de ley y hemos aportado ideas para mejorar ciertos aspectos donde existe evidente falta de gestión o desconocimiento, pero nos encontramos con un frontón que no está dispuesto a escuchar y que a quien se le ocurre disentir se le descalifica públicamente sin enfrentar los temas de fondo.

La vocera ha sobreutilizado la frase “no lo hicieron durante los últimos 20 años” llegando incluso a ser materia de burlas en las redes sociales lo que se traduce en su estrepitosa caída de evaluación en 15 puntos en los últimos 2 meses.

Ellos prometieron una nueva forma de gobernar. Prometieron eficacia y eficiencia, control del orden público y trancar la puerta giratoria de la delincuencia. La mayoría de los ciudadanos creyó en esas promesas y democráticamente los eligió. Hoy vemos que más que soluciones muchos se esmeran en elaborar “explicaciones” y empatar con lo que se hizo o se dejó de hacer con anterioridad. Señores, a ustedes los eligieron para gobernar y eso implica dar GOBERNABILIDAD a un país, situación que hoy está en duda debido a la evidente incapacidad de enfrentar el actual escenario político y social de nuestro país.

Hoy, este gobierno nos brinda un temor más a la ya larga lista de miedos ciudadanos que sienten millones de chilenos. Al ya tradicional temor al delito y la violencia, se suma el temor a ser víctima de abusos de parte de grandes casas comerciales, al temor de no poder pagar la educación de los hijos; el temor de caer en dicom y ser marginado de la sociedad y, como si no fuera suficiente, se agrega el temor a la falta de gobernabilidad para garantizar un país en paz y tranquilidad.

¿OBSTRUCCIONISMO O LLORIQUEO?

Cada día observo la proliferación de “expertos coyunturales en todo” dotados de una capacidad infinita para hilar frases gramaticalmente estructuradas y de alto impacto ciudadano aún cuando lo que digan carezca de todo contenido. Si además de una frase bien hilada, la expresan seria y pausadamente con una cierta mirada intelectual, entonces logran parecer hasta inteligentes ante las cámaras de tv. Lugares comunes como el clásico “lo hacemos pensando en Chile y su gente” o el manoseado “no lo he pensado pero si la gente lo pide” o esa frase eternamente postergada “daremos un salto al desarrollo” o la recientemente incorporada “debemos modificar la matriz energética” constituyen los top 5 de las frases recurrentes y vacías pero políticamente correctas.

A las frases anteriores, este gobierno ha sumado otra “la actitud obstruccionista y destructiva de la oposición”. Ya se ha hecho tradicional que la autoridad de gobierno frente a la más mínima disidencia -sea en una declaración o frente a algún proyecto de ley- tienda a obviar la divergencia planteada y concentre sus ataques en el interlocutor. Pareciera que al gobierno le da lo mismo el fondo de la diferencia planteada, prefiere quedarse con “quien lo dice” a fin de descalificarlo y denostarlo. Ejemplos hay varios: La denuncia de certificados falsos de beneficiados con subsidios de viviendas para la reconstrucción en la VIII región. A ningún funcionario de gobierno le importó la veracidad de la denuncia y los eventuales implicados; más bien se apresuraron en desacreditarla y denostar al denunciante. Otro caso fue el del joven Pakistaní acusado de terrorismo. El jefe de gabinete le imputó participación en un delito que la justicia desechó de plano. Cuando se le hizo ver, la autoridad, lejos de reconocer su error, descalificó a quienes le enrostraron su imprudencia. El caso bombas es otro ejemplo patente donde la misma autoridad hizo alarde de su eficacia de persecución (aprovechando de denostar a sus antecesores) y al poco andar la justicia le echó por tierra sus aseveraciones, atestando un nuevo sablazo a su ya alicaída credibilidad. Nuevamente se opta por descalificar a quien plantea las diferencias en vez de enfrentar con argumentos el fondo de las mismas.

Buscando las razones u orígenes de dicha actitud, especulo respecto de la eventual huella que dejó en ellos la jerárquica y rígida educación católica conservadora de su infancia o adolescencia. Quizás la competencia por sobresalir en familias numerosas o educación excesivamente competitiva pudieron dejar rastros. Tal vez acostumbrarse a poseer una posición dominante en alguna empresa de la familia o de un amigo “del papá” sin cuestionamientos de subalternos podría ser otra de las razones de esta nueva forma de relacionarse. En fin, son algunas de las razones que elucubro para tratar de explicar esa vocación de “portadores de la verdad” que pretenden algunos. Pero bueno, más allá de su desconocido origen, estamos frente a un “estilo” de persona que se cree poseedor de la verdad y que todo el que se salga de la fila debe ser duramente descalificado o tildado de antipatriota, majadero, obstruccionista u otro calificativo que con el tiempo conoceremos.

Desde mi desembarco en la oposición legislativa –que ciertamente no me ha sido fácil- he aprobado muchos proyectos enviados por este gobierno o de continuidad de la administración anterior y he contribuido de manera decisiva a la aprobación de otros tantos como el ministerio de seguridad pública; nuevo marco jurídico de los refugiados; penas sustitutivas, tribunales ambientales; neutralidad de la red; y muchos otros. Es decir, a veces incluso me he cuestionado mi condición de opositor debido a mi voluntad de aportar al mejoramiento y aprobación de buenas leyes para el país.

Pero enfrentado a la reciente batería legislativa llamada megalómanamente “agenda social” (que en realidad son sólo 2 proyectos). Nueva regulación del Post natal y eliminación del descuento del 7%; reivindico mi derecho como legislador electo por los ciudadanos a disentir en aquellas materias que creo no son adecuadas. ¿Seré obstructor?

Se dice que el proyecto del post natal de 6 meses es un tremendo avance porque extiende su plazo y amplía su cobertura. Ambas afirmaciones son correctas. El punto es a cuántas mujeres se les extiende y a qué precio. El texto actual extiende su cobertura sólo al 2,5% de los hijos nacidos en un año, dejando al resto de los niños sin derecho a estar con su madre. ¿Si el postnatal es un derecho de los niños para fortalecer el cuidado y el apego con sus madres, por qué entonces la diferencia en atención a la naturaleza del contrato o su antiguedad? Es decir el niño hijo de contratada con 2 años de antigüedad y con imposiciones posee un derecho mejorado respecto del hijo de una madre contratada a honorarios o sin antigüedad de vinculo? No me parece.

Por otra parte, el proyecto extiende el período de postnatal hasta por 6 meses a cambio de la diminución del fuero. Es decir el estado invierte recursos (menores a lo que recupera por concepto de ahorro de licencias médicas) para mantener a las madres en un postnatal mayor a cambio de que su empleador pueda despedirla en menor plazo después del ejercicio de su derecho. Francamente impresentable.

Bien he aquí algunas de las razones de mi disenso con la iniciativa. ¿Soy obstruccionista por eso? Si disentir con argumentos es ser obstruccionista, entonces orgulloso de serlo. No acepto descalificaciones por mi forma de pensar. Desafío al debate de ideas y argumentos en torno a cada proyecto. Creo que la majadería del “obstruccionismo” no es más que un lloriqueo permanente de ciertas autoridades debido a su incapacidad política. El arte de la política consiste en convencer y no en imponer, en articular y no en descalificar. En dialogar y no en aislar. La actual autoridad debe dejar de lado sus traumas de origen y asumir que gobernar requiere escuchar y acoger; que la descalificación la llevará por el mal camino del enfrentamiento y el estancamiento de su agenda. La nueva forma de gobernar debe aprender que en Chile hay diversas visiones de la sociedad y que en el parlamento confluye esa diversidad la cual debe conquistar con argumentos y no con descalificaciones. Más allá del intento por reducir el debate a la (des)calificación de obstruccionismo, seguiré actuando en conciencia con seriedad y consecuente con mis convicciones y leal a mis electores.

"ES HORA DE LA SEGUNDA GENERACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD"

"Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, para darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo"

El año del bicentenario nos arroja buenos datos en materia de seguridad. La victimización de hogares según la ENUSC disminuyó en 5,2 puntos porcentuales en relación al año 2009. Un buen dato que ratifica que la estabilidad y continuidad de políticas públicas arrojan buenos resultados.

Cabe recordar que desde el año 2003 -primer año de medición de la ENUSC- a la fecha, la victimización de hogares ha disminuido sostenidamente. El 43% original se redujo a 33,6% el 2009, lo que representó una disminución acumulada de 9,4 puntos porcentuales en 6 años. Una primera mirada a la encuesta, permite advertir que el delito que más cayó fue el robo por sorpresa (-2,5). Delito que se produce en el espacio público y en particular en las concentraciones de población flotante y zonas comerciales.

Su disminución puede estar asociada a la entrada en régimen de la ya histórica y masiva instalación de sistemas de televigilancia que permiten identificar a los hechores, advertir a las policías de su ocurrencia y servir de medio de prueba para su proceso judicial. Igualmente la información de las anteriores encuestas ayudó a focalizar el accionar policial preventivo y potenciar las campañas de autocuidado en las zonas y épocas de concentración delictual.

Geográficamente es posible advertir la caída de 26% en las zonas afectadas por el terremoto (O´Higgins, Maule, Bio Bio y Araucanía), lo que constituye un importante aporte a la disminución de la estadística nacional. Preocupante es el aumento en Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes donde debiera revisarse sus causas para enmendar el rumbo.

Respecto de la disminución de las denuncias, estamos ante una mala noticia ya que se traduce en mayor impunidad delictual. Está demostrado que la caída en las denuncias no es sinónimo de caída en delitos. Más aún, este descenso puede significar menor confianza en el sistema o temor a iniciar las acciones judiciales. Habrá que observar sus causas e intentar revertirla.

En cuanto a las percepciones, sorprenden sus contradicciones. Por una parte, disminuye el número de personas que cree será víctima de un delito durante el próximo año, pero por otra, casi el 60% de los encuestados cree que la delincuencia aumentó el 2010 en abierta contradicción con las cifras de victimización.

Finalmente, creo que estamos en condiciones de pasar a un debate de segunda generación en las políticas públicas de seguridad, concentrando nuestras acciones en disminuir las condiciones de riesgo que facilitan el ingreso de nuevos actores al delito.

Maltrato infantil, deserción escolar, abandono, desempleo, marginalidad, segregación urbana, falta de oportunidades y de esperanzas, debieran ocupar el debate del futuro para “socializar” las políticas de seguridad y construir una sociedad más segura fundada en un profundo proceso de integración social, económica y también urbana.

Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, a fin de darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo que gatillan a algunos jóvenes a buscar en el delito una forma de vida. A eso invito: a sumar capacidades y voluntades para construir un Chile más integrador y por ello, más seguro.

INTERVENCIÓN EN CÁMARA SOBRE DISCUSIÓN TV DIGITAL

Señor Presidente:

El Proyecto original enviado por la Presidenta Michelle Bachelet consignaba en su mensaje “Más y mejor TV para todos”. Esto enrazón de la creciente influencia de la televisión en nuestra sociedad. Según cifras de la Subtel el 68% de los hogares de Chile sólo accede a televisión de señal abierta. Si el análisis lo acotamos a los hogares de menores ingresos dicho porcentaje aumenta a 78%. Es decir casi 8 de cada 10 de los hogares más pobres de Chile sólo recibe señal abierta; y, por tanto su calidad de acceso y contenidos resultan fundamentales para una parte sustantiva de nuestra nación.

Son los mismos chilenos los que en recientes encuestas atribuyen una creciente evaluación negativa respecto de los contenidos de la televisión abierta, debido a su mala calidad de programación o la centralización programática (programas similares en diferentes canales a la misma hora). Es decir, los ciudadanos usuarios de televisión demandan por mayor calidad y mejores contenidos televisivos. Esta ley era una buena oportunidad.

Para lograr lo anterior, el proyecto original consignaba un conjunto de principios que conducían a un objetivo común. Garantizar el acceso gratuito a Televisión Digital Terrestre y fomentar la proliferación de canales locales o regionales que aporten a la difusión de identidades locales.

En qué estamos hoy? Después de 3 años de tramitación el proyecto de ley llega a esta sala con avances pero también con elementos negativos que debemos corregir en beneficio de los millones de usuarios que ven con expectativas la pronta dictación de este cuerpo legal.

El actual proyecto contempla un sistema concesional que permite una concesión única entregada por el Consejo Nacional de Televisión y distingue dos tipos de concesionarios, a saber:
Concesionarios con medios propios: Los que son reconocidos por la ley y se les concede una concesión por 20 años y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 3º transitorio gozan de un sistema preferente de renovación de su concesión, la que establece que aún cuando el concesionario no concurra a solicitar su renovación el estado debe garantizarle los medios para continuar sus transmisiones. Es decir, por ley avalamos incluso la eventual negligencia de los concesionarios y el estado se obliga a mantener condiciones para que estos sigan transmitiendo, transformando en la práctica esta concesión de 20 años en una concesión indefinida, situación que no avalaré con mi voto.
Concesionarios sin medios propios: Se les conceden concesiones por 5 años y sin el derecho preferente de renovación. Es decir, el derecho preferente de renovación es censitario, toda vez que se les reconoce sólo a los concesionarios que tienen medios propios y no a aquellos que no los poseen. Una discriminación poco feliz.

De igual forma el actual proyecto permite que los concesionarios utilicen el 50% del espectro objeto de concesión para transmitir TV en formato de pago. Obligándo al concesionario a realizar oferta pública respecto del “remanente” de espectro. Remanente? ¿Qué concesionario reconocerá tener remanente para obligarse a licitar y aumentar su competencia y aumentar la disputa de la parrilla publicitaria? No será mejor callar frente a la existencia de dicho remanente a fin de evitar mayor competencia?
Veamos algunos casos similares en otras industrias nacionales. Recuerdo el caso de la “deuda subordinada” de ciertos bancos nacionales contraída en la crisis de principios de los 80. Se trataba de una deuda “Subordinada” que obligaba a pagar al Banco Central cuando existieran utilidades. ¿Durante cuántos años algunos bancos emitían acciones a fin de no reconocer utilidades y así no tener que pagar la deuda “subordinada”?
Otro ejemplo lo constituyen los operadores móviles virtuales quienes a pesar de tener existencia legal, llevan 3 años tratando de entrar al mercado, con juicios ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y hoy incluso con un proceso incoado ante la Corte Suprema.

Cuando el legislador deja abierta la puerta para que un mercado se auto regule y auto imponga determinadas obligaciones, -salvo honrosas excepciones- éstas no se cumplen, en desmedro de la competencia y de los usuarios y consumidores finales. Por ello es que creo que a este respecto es un DEBER DEL ESTADO EL GARANTIZAR EL ACCESO AL ESPECTRO PARA LOS CONCESIONARIOS SIN MEDIOS PROPIOS, SEAN LOCALES, REGIONALES O COMUNITARIOS.

De igual forma el proyecto reconoce sólo a actuales operadores nacionales, otorgándoles los medios necesarios para continuar sus operaciones; pero nada dice respecto de los operadores menores locales que actualmente operan dentro el marco de la ley. Generándo una diferencia sustantiva que afecta la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de una actividad económica, razón por la cual HAGO RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE ESTE ARTÍCULO.

El actual proyecto le concede por ley 6 Megas para transmitir a los actuales operadores nacionales. A este respecto, Señor Presidente, déjeme decir que la cantidad de megas (6) de que actualmente gozan, dice relación con las necesarias en el espectro analógico para desarrollar su actividad actual (1 canal). Con el cambio a la Televisión Digital, y por mejoramientos tecnológicos, cada señal requerirá aproximadamente de 1,5 o 2 megas para transmitir un canal. Entonces, asignarles 6 megas parece excesivo ya que podrán crear 3 o 5 canales, superando con creces las necesarias para transmitir en sus actuales condiciones y mejorando de manera desmesurada su posición en el mercado de la televisión. Lo que es un subsidio o regalo del estado (de todos los chilenos como titulares) a un grupo de privados. En mi concepto señor Presidente esto restringe el derecho a la libertad d expresión toda vez que unos pocos contarán con concesiones prácticamente indefinidas y con mayor espectro que el que actualmente gozan en desmedro de aquellos que legítimamente quieran participar de este nuevo mercado, ya que nacerá con desigualdades estructurales a favor de unos pocos.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto original, lo constituía la gratuidad. El texto actual consigna que el 50% gratuito deberá ser en Alta definición (HD) a fin de mejorar la calidad de imagen y sonido de la televisión abierta. Es decir el 68% de los chilenos podría ver más de lo mismo pero con mejor imagen y sonido (siempre y cuando sus tv sean mayores a 40 pulgadas) porque allí se notará mayormente la diferencia de imagen.
A esto debemos sumar que al igual que en la actualidad, el proyecto en análisis no contempla normas mínimas de calidad de las transmisiones de televisión abierta, lo que no genera incentivos para invertir en la red abierta y es así como hoy existen vastos sectores del centro de santiago que a menos de 20 cuadras del palacio de la Moneda donde la señal abierta se ve con lluvia o simplemente no se puede recepcionar. Necesitamos norma de calidad que garantice a la gran mayoría de los televidentes la calidad de recepción de su señal a fin de garantizar el acceso a tan importante servicio básico.

Respecto del espectro de pago (el otro 50%) obviamente contendrá mejores contenidos para incentivar su recepción y por tanto su pago. Para decirlo en fácil, si este proyecto se aprueba tal como esta hoy, es muy probable que el canal en su señal de pago transmita la teleserie, película y programa de moda; mientras que la señal abierta del mismo canal transmitirá contenidos antiguos o de menor demanda, condenando al 68% de los chilenos y a los 78% de los chilenos más pobres a ver contenidos de menor calidad o de mayor antiguedad.

Otro objetivo del proyecto era promover los canales regionales y locales. A este respecto siento el deber de advertir que el actual texto del proyecto los define en función del territorio de transmisión y no del origen de los contenidos, lo que desnaturalizará el sentido del proyecto. Así, según el actual texto, podrían ser considerados como canales locales o regionales aquellos que transmitan en una región o comuna siendo incluso meros retransmisores de programas nacionales e internacionales y no constituir aporte alguno a la identidad regional.


Finalmente, Señor Presidente quiero advertir a nuestros colegas, Diputadas y Diputados que estamos legislando a ciegas. En efecto. A esta fecha el Ministerio de Transportes y telecomunicaciones no publica el “Plan de Radiodifusión Televisiva” que es el que establecerá (por decreto) la cantidad real de canales que podrán existir, lo que será determinante para este proyecto. Así, resulta cierto que el texto del proyecto contempla que al menos el 40% del espectro disponible deberá ser para canales locales. ¿40% de qué? 40% del espectro que aún no conocemos por la falta del plan de radiodifusión televisiva. Es decir, no sabemos si el 40% será de 2 canales, de 10 o de 20, lo que obviamente altera completamente el verdadero propósito del proyecto. Por ello es que pido formalmente al gobierno de Chile que publique prontamente el Plan de Radiodifusión televisiva a fin de avanzar en una legislación que cuente con todos los elementos necesarios para mejorar la industria de la televisión.

Para terminar, quiero hacer un llamado a corregir éstos déficit para evitar aprobar un proyecto que lejos de cumplir sus objetivos iniciales consigna una desigualdad estructural en materia de acceso a la información, igualdad ante la ley y libre expresión. Hoy es el momento de lograr cambios en este mercado, pero estos debemos hacerlos pensando en el desarrollo de Chile, de sus televidentes y de su democracia, donde la televisión, su calidad de acceso y contenidos pueden ser determinantes en el futuro de nuestro país y en particular de las nuevas generaciones.

He dicho señor Presidente.

CIUDADANOS RIESGOSOS

Las economías modernas poseen sofisticados sistemas de registro de morosidades destinados a evaluar los riesgos de los potenciales sujetos de crédito, lo que parece lógico y necesario para dar relativas certezas a las relaciones crediticias.

En Chile, producto de la mala regulación y la codicia de algunos, lamentablemente se construyó un sistema de información comercial privado, que excede con creces los objetivos originales. Así, hoy el modelo de negocios de las administradoras de datos comerciales se funda en la transacción universal de los antecedentes negativos de terceras personas, no distinguiendo entre deudores ocasionales y consolidados, y permitiendo la afectación de sus derechos de acceso al trabajo, educación particular, centros de salud y clínicas privadas, entre otros. Es decir, con el actual sistema se agreden derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución política.
No contentos con ello, estas empresas han construido un ranking predictor de riesgos en el cual se permiten clasificar a los ciudadanos como riesgosos o confiables en sus relaciones comerciales y cumplimientos; lo que además de ser un abuso, es peligroso por dos aspectos: primero, por la utilización de elementos subjetivos de evaluación como las consultas al rut de una persona, o sus cambios de domicilio o teléfono. Es decir, puede darse que una persona, que sin ningún retraso mercantil ni morosidad comercial, sea considerada “riesgosa”, por ejemplo, por presentar cambios de domicilio o de teléfono fijo. Con ello se rompe el principio de la buena fe y pone en los ciudadanos un deber de prueba para desvirtuar una calificación injusta hecha por una entidad privada. En segundo orden, el acceso universal a dicho ranking, permite que muchas personas eviten realizar transacciones o dar acceso a fuentes laborales a aquellos que, a pesar de no poseer deudas, son calificados como “riesgosos” por el sistema Dicom.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones fija una línea esperanzadora para terminar con estos abusos en el tratamiento de la información, sin embargo, como todo fallo judicial sus efectos sólo tocan a las partes involucradas y no producen efectos generales. Para evitar que los miles de ciudadanos que a diario sufren estas discriminaciones deban recurrir a tribunales, en Diciembre de 2009 presenté un proyecto para prohibir la elaboración de ranking predictores fundados en elementos diversos de las morosidades y protestos objetivos, a fin de terminar con estos abusos y circunscribir los riesgos a aquellos que hacen de la defraudación su actividad permanente. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y luego de 1 año, aprobado en la Comisión de Economía del Senado. Esperamos que senadores despachen prontamente el proyecto para que se transforme en ley y terminemos con uno de los abusos de Dicom.

La decisión de la empresa Dicom- Equifax de eliminar consultas al Rut como variable del predictor de riesgo, es un gran triunfo de la ciudadanía que con más de 1 millón de firmas exige el término de los abusos que tanto afectan a las familias de clase media.
Nuestros proyectos de ley siguen adelante porque no queremos que este tipo de decisiones queden en manos de la voluntad de una empresa o empresario, sino que sea por la manifestación de la voluntad popular, es decir, por mandato de la ley.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

En recientes notas de prensa se señala que la venta de las acciones públicas en las sanitarias es una continuación de lo hecho por la Concertación. Es necesario precisar los elementos diferenciadores entre el proceso realizado en la década de los 90 y el actual, donde el gobierno pretende enajenar la totalidad de los derechos del Estado en dichas entidades.

El proceso original buscaba mejorar el servicio a los usuarios. Para ello se necesitaba financiar las inversiones necesarias y el Estado no contaba con recursos suficientes para abordar esa enorme tarea. En pocos años se logró el 100% de cobertura de agua potable, un 95% de cobertura de alcantarillado y un 85% de las aguas tratadas, disminuyendo el riesgo de enfermedades producidas por contaminación y ubicándonos al nivel de los países desarrollados. La decisión fue polémica, generó un amplio debate y tuvo detractores en la propia Concertación, pero finalmente se aprobó en el Congreso e incluyó un marco regulatorio para contener abusos en la posición monopólica. Se fortaleció la Superintendencia de Servicios Sanitarios para mejorar la fiscalización y el Estado conservó un porcentaje de la propiedad para representar al gobierno en un tema esencial para la comunidad y estratégico para el país.

Hoy no hay proceso ni debate alguno. Se trata sólo de vender rápido las acciones del Estado en estas empresas. Más allá de su equívoca justificación sin exigir regulación adicional ni preservación del interés general.

Hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la Región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable. Esto exige una revisión previa y urgente de la normativa del proceso de fijación tarifaria para evitar sobreprecios a millones de usuarios de un producto esencial como el agua potable. Vender la participación del Estado en las sanitarias sin abordar este problema es una irresponsabilidad que puede perjudicar a millones de ciudadanos.

El estatuto de las sanitarias exige un quórum del 75% de los accionistas para que las empresas puedan vender sus derechos de agua o destinarlos a un uso distinto del consumo humano. Al vender su participación, el Estado perderá todo control sobre los derechos de agua de dichas sanitarias.

¿Está el gobierno de Sebastián Piñera dispuesto a vender las acciones del Estado de Chile sin resolver previamente estos puntos arriesgando a millones de usuarios a cobros excesivos y sin un debate democrático del tema?

Por lo dicho, es necesario diferenciar ambos procesos. Mientras el primer proceso se hizo por ley, el actual es por decreto. Mientras en el original se mantuvo presencia del Estado en las empresas ahora se entrega todo el control al mercado. Mientras en los 90 se generó un marco regulatorio, aquí se pretende vender sin hacer las correcciones evidentes que éste requiere, lo que afectará a los consumidores y los intereses permanentes del estado más allá del gobierno de turno.

MIN. DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA: HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO

El Congreso Nacional aprobó el proyecto que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública luego de casi 5 años de discusión.

Un breve recuerdo, me lleva a mencionar que ya el año 2005, bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se aprobó una reforma constitucional al artículo 101, destinada a cambiar la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad desde el Ministerio de Defensa hacia el nuevo ministerio encargado de la seguridad pública. Su materialización quedó sujeta a la dictación de una ley que creara dicho ministerio. Luego, fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien en 2006 envió al Congreso Nacional el proyecto que creaba dicha repartición ministerial, iniciando con ello, una intensa y acuciosa discusión legislativa. Finalmente, el Presidente Sebastián Piñera ingresó indicaciones destinadas a resolver las controversias entre ambas ramas del Congreso Nacional e hizo suyas las observaciones surgidas en el debate legislativo.

Mi recuerdo histórico, permite destacar algunos elementos auspiciosos en la adopción de políticas de seguridad como la permanencia de políticas públicas serias y responsables, más allá de los gobiernos de turno, e incluso de cambios en las coaliciones gobernantes. Lo anterior, permite augurar la pronta instauración de “políticas de estado” en temas de extrema relevancia, que permitan proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo, que aborden los desafíos ya no sólo coyunturales, sino estratégicos que nos demanda nuestro país. La instauración legal de la “política nacional de seguridad pública interior”, demandará de las autoridades gubernamentales mayor eficacia y accountability de su gestión en materias de seguridad. El cambio de dependencia de las policías al Ministerio del Interior normaliza la institucionalidad republicana y consigna los resguardos necesarios para salvaguardar su independencia política. La consagración del Conace como servicio público, con capacidad de ejecución, ciertamente ayudará en la prevención del consumo de alcohol y drogas en nuestra sociedad.

A partir de la dictación de esta ley, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, contará con las herramientas necesarias para coordinar a todos los actores públicos, así como planes y programas de prevención, control o rehabilitación delictual, con lo cual debiera incrementarse la eficacia, eficiencia y resultados de las políticas de seguridad.

Finalmente creo necesario señalar, que así como hoy la política fue capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar con perspectivas de futuro el tema de la seguridad, existen otras materias relevantes como pobreza, energía y otros, que requieren de una mirada prospectiva de país donde seamos capaces de generar políticas de estado mas allá de los gobiernos de turno.

OPORTUNISMO DE CRISIS

Cada vez que tenemos una crisis, aparecen los “estudiosos y expertos” del momento. Fue así con el terremoto y posterior tsunami. Opinólogos proponían mecanismos de despacho de emergencias, acusaban negligencias y pregonaban fórmulas de mejoramiento del sistema de alerta temprana. Incluso, los más osados alardeaban de ciertas capacidades de predicción de los fenómenos naturales. El gobierno por su parte, anunciaba una “gran reforma al sistema de emergencias”.

Luego con el accidente de la mina San José, el público se volvió a especializar en cosa de minutos. Ya muchos hablaban del Sernageomin como institución cercana y conocida (cuando en realidad muy pocos sabían de su existencia). Luego proliferaron las tesis sobre el desprendimiento de roca, la mala calidad del suelo, se especuló sobre las responsabilidades de los gobiernos anteriores sin siquiera conocer las normas vigentes. En fin, la minería fue lo nuestro. Por su parte, el gobierno anunciaba una “gran reforma a la institucionalidad fiscalizadora de la minería”.

En paralelo, los más profundos hacían mención a la mala calidad de las condiciones de trabajo en las diversas industrias y daban a conocer cifras escalofriantes de muertes laborales en la industria del salmón, forestal, cuprífera, etc. ¿Y el gobierno? Obviamente, anunciaba una “gran reforma de las normas de protección de los trabajadores”.

Hoy se trata de las cárceles y sus habitantes. Un tema incómodo que pocos quieren tocar, pero del cual muchos gustan de opinar. Hasta antes de la tragedia, un sector de la sociedad pregonaba “la mano dura” contra los delincuentes, el “candado a la puerta giratoria”, el fin de “las libertades provisionales a los delincuentes”. Hoy, a horas de la mayor tragedia carcelaria, todos cuestionan el no haber hecho modificaciones al sistema carcelario. ¿Acaso el mundo político y periodístico no conocía dicha realidad? Por favor, existen sendos informes de diversas instituciones que instan al mejoramiento de las condiciones de reclusión. Surgen entonces los neo-expertos en temas de seguridad y carcelarios que opinan de todo sin saber nada. ¿Sabrán estos opinólogos sobre los avances que hemos tenido en esta materia? Más allá de lo pendiente, creo necesario refrescar la memoria.


Evolución de la población penal:
En 1990 teníamos 38.711 personas sujetas a vigilancia de gendarmería, de las cuales 22.593 eran internos y 16.118 sujetos a alguna medida alternativa.
El año 2009 la cifra total de personas bajo vigilancia de Gendarmería llegaba a 105.958 personas; de las cuales 53.038 eran internos y 52.920 sujetas a alguna medida alternativa.

Entre el año 2000-2005 el incremento de la población recluida llegaba a 3,6% anual. Entre los años 2005-2008 dicha cifra se incrementó a 6,9% anual, lo que en términos reales significó un incremento aproximado de 3.000 presos anuales.

En el caso de las personas sujetas a medidas alternativas, entre los años 2000-2005 disminuyeron en -3,1%. Entre los años 2005-2008 sufrió un incremento explosivo de 16,1%; lo que en términos reales significó que al año la cantidad de personas sujetas a medidas alternativas creció en aproximadamente 7.000.

El 2003 (inicio de la Reforma Procesal Penal en todo Chile) la población penal estaba compuesta por 35% de condenados y 65% de internos a espera de condena. El año 2010 la relación es inversa 72% de condenados y 28% de internos a espera de condena.

En materia de Infraestructura:

Entre el año 1990 y el año 2010 los metros cuadrados de cárceles crecieron un 150%, pasando de 400.000 a 691.000 m2. Es decir, en 20 años se invirtió en cárceles más de lo invertido en toda la historia de nuestra república. Así, entre 2000-2010 se incrementó en 7.500 la capacidad carcelaria con la construcción de nuevos penales. (Santiago 1, Puerto Montt, Valdivia, El Manzano (Concepción)).

Además se entregó financiado el proyecto de la nueva cárcel de Antofagasta. Con terrenos comprados los nuevos penales de Talca (con diseño hecho) y Santiago 2. (AMBOS PROYECTOS DETENIDOS POR EL ACTUAL GOBIERNO)
De igual forma, se anunció el 2° programa de 5 nuevas cárceles concesionadas con la entrega de recursos para compra de terrenos para el año 2010 para nuevos penales de:
Calama, Copiapó, V Región Interior, VIII región Norte (Chillán) y Temuco. TODOS DETENIDOS POR EL NUEVO GOBIERNO)

Al observar el presupuesto del año 2010[1], el Ministerio de Justicia contaba para INVERSION con $48.591 millones y su ejecución a Septiembre alcanza sólo al 48% ($23.000 millones); mientras que el año pasado se ejecutó el 94% del presupuesto destinado a inversión. 

Por otra parte, para el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en infraestructura penitenciaria bajando de $48.000 millones a $34.000 millones, es decir, $14.000 MILLONES MENOS para inversión de infraestructura penal.

En resumen: El actual gobierno sólo ha ejecutado el 48% del total disponible para invertir en infraestructura penitenciaria. Luego de 9 meses sigue evaluando los proyectos de 7 nuevos recintos penales, sin licitar ni iniciar la construcción de ninguno de ellos. Además en el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en 14.000 millones.

¿Dónde está entonces el sentido de urgencia de este gobierno en materia de infraestructura penitenciaria?

En materia de dotación de Gendarmería cabe señalar que:
La dotación de Gendarmería se aumentó el 2004 en 4.000 plazas. Luego por ley 20.426 se incrementó en 5.800 nuevas plazas, lo que equivale a un incremento de 56% del total de la planta de Gendarmería. Con ello, desde 1990 el incremento porcentual de la dotación de Gendarmería alcanza el 190%. Aún falta, pero se ha avanzado.

Presupuesto 2010 de Gendarmería fue el más alto de la historia. El 2011 se incrementa en 15% pero sólo el 3% va a rehabilitación.

¿Cuál es el tema de fondo: + cárceles o – presos?

Hoy es un hecho que existen 54.000 personas a las cuales la justicia las ha puesto tras las rejas por su participación en algún delito. Lo que procede entonces, es construir recintos penitenciarios destinados a albergar a dicha población penal, de manera que dicho encierro no signifique contacto criminógeno e incentive o propenda a la rehabilitación social, y se encuentre dotado de infraestructura y tecnología adecuada para evitar hacinamiento y accidentes como el ocurrido en la cárcel de San Miguel.

Algunos académicos han planteado el tema de disminuir la cantidad de personas privadas de libertad e intentan asociar este tipo de accidentes a la alta penalidad existente en nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda, algo de eso hay, pero muchos han sido incapaces de aportar mecanismos reales para el control delictual. ¿Se imagina usted un gobierno que para disminuir el hacinamiento carcelario abriera sus puertas; o un sistema judicial que no condene a penas privativas de libertad por el hacinamiento existente?
Ciertamente sería un escándalo. La respuesta debe ser más seria y más profunda. La academia debería propender con debates al establecimiento de una política criminal clara, que estableciera parámetros diversos para la protección de los diferentes bienes jurídicos. Así, los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual de las personas (y en particular de los menores) debieran contar con una penalidad muy superior a aquellos que afectan la propiedad en cualquiera de sus formas, sea material o inmaterial. No resulta razonable observar a reos por infracción a la propiedad intelectual compartiendo celda con violadores u homicidas. Ciertamente el parámetro delictual de ambos reclusos es (o era) completamente diverso, tanto en su representación moral como en lo que estaba dispuesto a hacer, y el bien jurídico dispuesto a afectar para proveerse de bienes o causar daño. Mientras el primero estaba dispuesto a vulnerar las normas de propiedad intelectual y desafiar las normas de orden público, el segundo estaba dispuesto a atentar contra la libertad sexual de una tercera persona para satisfacerse; y el tercero incluso a disponer de la vida de otro para lograr sus pretensiones.

Mientras los académicos siguen discutiendo al respecto, la ciudadanía clama por seguridad y exige a sus autoridades adoptar medidas para garantizar sus derechos básicos, en particular su vida, su libertad sexual y ambulatoria, muchas veces coartadas por el delito.

En consecuencia, será responsabilidad de las autoridades lograr avanzar en la disminución de la victimización y del mejoramiento de las condiciones carcelarias. Mientras lo primero requiere de la articulación de medidas integrales que van desde la prevención social, situacional, el control, la sanción y la rehabilitación; el segundo desafío requiere de decisiones urgentes, toda vez que el retraso en la construcción de recintos penales sólo posterga una nueva crisis y no aporta al proceso de rehabilitación y reinserción social necesarios para quebrar las conductas delictivas de los clientes frecuentes de nuestros recintos penitenciarios. En paralelo, la implementación de los jueces de cumplimiento de condenas parece una buena alternativa en cuanto se le entrega a una autoridad jurisdiccional diversa, la obligación de verificar las condiciones y el cumplimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad. Los tribunales de tratamiento de drogas también aparecen como un importante aporte al proceso de desintoxicar –y con ello atacar la causa del delito- a muchos condenados que cometieron sus delitos a causa de la droga o para proveerse de la misma.

Estos son los debates que debemos dar y sobre los cuales debemos abocar nuestros esfuerzos. El oportunismo de crisis y la experticia coyuntural, denotan una falta de compromiso con la superación real de las adversidades de nuestro país; y los que más vociferan, a la hora de proponer o de trabajar, guardarán majestuoso silencio hasta la otra crisis donde su “especialización”, será aún mayores que en los anteriores.

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[1] Partida 10, Capítulo 01, programa 01; Subtítulo 31: “Inversión”

SEGURIDAD CIUDADANA, OTRA COSA ES CON GUITARRA

Fueron los últimos 6 años en los que la derecha chilena, hizo del discurso de la inseguridad, el temor y la delincuencia su bandera de lucha y la más eficiente arma electoral: “el gobierno ha perdido la batalla contra el delito” “los delincuentes se tomaron el país”, “estamos viendo un gobierno de mano blanda”... Estas eran algunas de las frases de la oposición de entonces destinadas a descalificar a la autoridad.

Veamos lo ocurrido desde el 11 de Marzo. El primer hito lo marcó la Encuesta de Victimización, según la cual durante el gobierno de Bachelet los delitos disminuyeron de 38,4 a 33,6%, superando la meta autoimpuesta y dejando una ardua tarea para la nueva administración.

Luego el Gobierno tuvo un buen inicio con el lanzamiento del Plan Chile Seguro. Un instrumento integral, adecuado y ordenador de las prioridades en materia de seguridad con una meta pública de reducir la victimización.

Un Ministro empoderado, en terreno, a cargo del tema, parecía una buena iniciativa. El problema es que la ardua función política que exige tal investidura ha circunscrito el accionar de la autoridad a “aparecer” en allanamientos, decomisos, en anuncios de medidas o acciones de persecución, dejando el seguimiento de la ejecución de la política pública en equipos intermedios.

Se anunciaba una nutrida agenda legislativa en materia de seguridad. Lo cierto es que a 9 meses de asumido el gobierno, sólo se encuentran en vigencia las leyes que aumentan las dotaciones de Carabineros y de la PDI, quedando pendiente -de envío al parlamento o de aprobación en él- gran parte de dicha agenda.

Aún no se logra aunar conceptos y capacitar a los funcionarios intermedios en materia de seguridad. Así, es posible observar cómo el Intendente de la Región Metropolitana mensualmente realiza análisis delictuales que carecen de fundamentos técnicos. Aseverar la disminución de homicidios con cifras policiales, revela el profundo desconocimiento del tema ya que dicha cifra sólo es posible determinarla a partir de información del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.

De igual forma persisten aquellos que con el loable objetivo de crear “sensación” de seguridad intentan afirmar la baja de delitos fundada en la baja de denuncias. Situación que revela la falta de preparación técnica de quienes esgrimen este argumento. Toda vez que a menor denuncia, existe mayor impunidad al no alertar al organismo persecutor y, por el contrario, debiera ser motivo de preocupación institucional.

Con todo, la última encuesta Adimark revela un problema de mayor complejidad, se consolida una tendencia a la baja en la evaluación del desempeño del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia.

Es decir, más allá de la inexistencia de debate público sobre las medidas adoptadas, de la evidente disminución de difusión de noticias sobre delincuencia, del aporte de la oposición en los diversos proyectos de ley en discusión en el Parlamento; de la omnipresencia del ministro del Interior en los medios de comunicación; existe la percepción ciudadana de que la seguridad no mejora.

Ahora bien, ¿es exigible a un gobierno que lleva 9 meses la disminución considerable del delito? Ciertamente no. La razón: existen muchas causas del delito y la violencia. Su disminución dependen de la articulación de diversas autoridades e instituciones y la coordinación con entidades constitucionalmente autónomas. Así es, la “lucha contra la delincuencia” es mucho más compleja de lo que aparenta desde afuera.

Hoy, las actuales autoridades están viendo que lo que prometían con llamativas frases no es posible cumplirlo en el corto plazo, no por mala voluntad ni por incapacidad probada, sino porque muchas de las medidas requeridas para ello no dependen de sus facultades sino de otras instituciones y coordinarlas en el marco de la legalidad de la administración pública resulta extremadamente complejo.

Porque además se requiere continuidad de políticas públicas y la conformación de una política de Estado en esta materia, que trascienda a los gobiernos de turno donde la prevención social y la rehabilitación (políticas de mediano y largo plazo) juegan un rol políticamente atemporal.

La reducción de la victimización es un desafío país, pero la responsabilidad de ello está hoy radicada en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchos ciudadanos votaron por el actual presidente porque logró convencerlos de que él sería mucho mejor en el control del delito y los delincuentes.

A juzgar por los hechos y, en particular por los recientes números de la encuesta Adimark que ya marcan tendencia, los ciudadanos no están percibiendo mejoras en este tema y, lo que es más complejo, cada mes que pasa son más los que se suman a esta opinión. Ciertamente otra cosa es con guitarra.