Que el ambiente está que arde no cabe ninguna duda. De la incapacidad del gobierno para dialogar y resolver políticamente sus conflictos tampoco. Esta incapacidad ha ido calentando los ánimos en la sociedad.
Los estudiantes observan con desconfianza el futuro del debate por la educación. Los vecinos angustiados por los desmanes y agresiones de sus hogares y barrios. Los carabineros exhaustos, molestos y preocupados por las largas jornadas de enfrentamiento y creciente agresividad en las manifestaciones. Los parlamentarios de la alianza preocupados por la constatación en terreno de la decepción generalizada de los ciudadanos para con este gobierno. La oposición se siente agredida por la descalificación permanente de parte del gobierno y por su propio “fuego amigo”. Molestia en el Poder Judicial por el cuestionamiento de sus fallos y enojo en el Ministerio Público por la negativa de la autoridad de financiar su plan de fortalecimiento. Los empresarios preocupados por la potencial “generalización” del debate sobre el lucro; y decepcionados de la falta de capacidad de conducción política de la actual autoridad.
En este ambiente de falta de diálogo, recriminaciones cruzadas y “pasadas de cuenta” se produce un hecho que aún teniendo precedentes históricos, requiere de un breve análisis. La toma del Senado.
Un grupo de ciudadanos, militantes y operadores sociales decide tomarse la sede del Senado de la República. Reduciendo a un carabinero logran ingresar, interrumpen una sesión de trabajo y permanecen durante algunas horas. El episodio finaliza con la salida “voluntaria” y pacífica de los manifestantes. Si bien el resultado final es positivo al no generarse enfrentamientos, no se puede dejar pasar e hecho de validar las tomas como mecanismo de presión.
Por muy legítimas que sean las reivindicaciones, las formas de exigirlas deben ser con pleno respeto a las garantías individuales y al funcionamiento institucional. La libertad ambulatoria, la integridad física y el respeto a las instituciones se vieron mermadas con la acción realizada en el Senado. Irrumpir en una institución requiere primeramente de una decisión anticipada y planificada. Requiere concoer la seguridad existente, la agenda en desarrollo y la posibilidad de contar con presencia mediática para difundir la acción. Es decir, esta acción no fue espontánea. Fue debidamente planificada por sus organizadores. La toma de una institución denota en quien la realiza la falta de confianza y respeto por la institución que se afecta. Denota la molestia por la incapacidad de resolución de un problema, sea personal o colectivo. Situación que por lo general se encuentra dentro del ámbito de ejecución y, por tanto del poder ejecutivo.
Al tratarse de la toma del Senado de la república es importante considerar que se trata de una institución fundamental de la democracia donde confluye un grupo de ciudadanos elegidos democráticamente por los ciudadanos (aunque excepcionalmente algunos no), para que los representen en la elaboración de leyes. Es decir, en la dictación de normas de conducta que regulen a la sociedad en su conjunto sirviendo de base para plasmar la visión que se tiene de la sociedad. En un sistema de democracia representativa, atentar contra el Senado o la Cámara de Diputados es atentar directamente contra los ciudadanos, ya que quienes allí laboran lo hacen por cuenta de sus electores. Interrumpir su trabajo para intentar imponer una visión sobre la educación es igualmente violento que no ser escuchados por las autoridades. Si la clase política ha criticado la falta de diálogo entre autoridades y estudiantes, entonces no resulta coherente aceptar sin mediar diálogo alguno que un grupo de militantes y organizadores de marchas se tomen una institución representativa de los ciudadanos y condicionen su salida pacífica a la adopción de compromisos destinados a garantizar la defensa de su visión sobre un determinado tema. Legitimar ese tipo de actos podría llevar a aceptar que la presión sobre las instituciones sea la forma de resolver las divergencias que coexisten en una sociedad. La coacción de quien debe decidir para obligarlo o al menos condicionar el sentido de su decisión no puede ni debe ser aceptado, ya que de lo contrario se estaría legitimando una forma de conducción de la sociedad basada en la amenaza y la agresión de sus representantes.
El sistema de democracia representativa debe ser mejorado para lograr mayor representatividad de la ciudadanía. Pero ningún perfeccionamiento será suficiente para aquellos que pretenden imponer su visión por la vía de la coerción o amenaza. Debemos ser capaces de acelerar el proceso de cambios de nuestro sistema de representación política. Para ello se requiere que de una vez por todas y sin miramientos particulares, los líderes de los cuerpos intermedios que participan de las decisiones del país (partidos políticos) se pongan de acuerdo en función de una reforma del sistema de elección, reemplazos, partidos, transparencia y regulación de la actividad política, ya que de lo contrario el creciente descrédito de la actividad podría masificar la sensación de “la política por mano propia” y, afectar de manera definitiva a las instituciones republicanas de representación ciudadana.
