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sábado, 15 de enero de 2011

EL SUBTEXTO DEL CAMBIO DE GABINETE

A estas alturas ya nadie se debió sorprender de un cambio de gabinete. Los problemas de conducción en algunas áreas de gestión eran evidentes. Las carteras de trabajo, transportes, defensa y energía hacían agua por todos lados.

Camila Merino era cuestionada por su escasa capacidad de articulación, conducción de equipos internos y constantes errores comunicacionales en el episodio del cierre de la mina San José. Los líos con el consejo de transparencia y la contraloría, y sus malos modos, terminaron por sellar la suerte de Ravinet. Respecto del ex ministro de energía, este abandona el gabinete con un triste record: 3 black out con confusas explicaciones, mala percepción en la industria, nulo avance legislativo, falta de visión energética y pésimo manejo del conflicto de Magallanes, lo que quedará en el currículum de don Ricardo Rainieri en 10 meses de gestión en el sector público. Más inesperada fue la salida de Felipe Morandé. Quizás sus escasos avances en el PTS o su próxima derrota ante el Tribunal Constitucional por el decreto de TV digital, habrían influido en su partida no voluntaria. Se echó de menos la salida del titular de Obras Públicas quien no ha cumplido el rol que se esperaba. Escasos avances en la promoción de obras públicas y manifiesta incapacidad de liderazgo de los equipos internos. Además, según lo dicho por el Ejército, fue justamente ésta autoridad quien visó la compra de la famosa casa para un general la que luego fuera objetada por Contraloría.

Previo al análisis del subtexto del cambio de gabinete, dejo de manifiesto que la decisión presidencial (según mi opinión) parece acertada y oportuna, y da cuenta de su capacidad de observar las falencias en sus equipos de trabajo y de enmendar rumbos en el año decisivo para su gobierno.

Salen 3 técnicos de carteras sectoriales y se escoge en dos de ellas a políticos de gran experiencia. Un operador y articulador por naturaleza como Andrés Allamand reemplazará a Jaime Ravinet y una aguerrida Evelyn Matthei asumirá la cartera de trabajo.

La llegada de Allamand tiene varios efectos. En primer orden su ingreso al gobierno sirve al Presidente para aplacar sus constantes cuestionamientos públicos al manejo gubernamental. Luego, fortalecerá la capacidad articuladora del gobierno en medio de los cuestionamientos hechos por el mundo político (en particular la UDI) al manejo del actual jefe de gabinete. En este sentido, su llegada creo no pasará desapercibida en la toma de decisiones. Podrá estar instalado físicamente fuera de palacio, pero Allamand se las arreglará para influir en las decisiones presidenciales. Su esfuerzo de influencia estará centrado en el diseño estratégico del gobierno y para ello su amplia capacidad de articulación política le da ventaja por sobre cualquier otro miembro del gabinete y comité político. Sin duda quien verá disminuida su influencia política será el actual ministro del interior, quien con la llegada de Allamand tendrá al interior de su equipo a un “panzer” con mayor experiencia y capacidad política. Quizás esto le permita dedicarse a lo que parece acomodarle, la seguridad ciudadana y avanzar con mayor rapidez en un tema donde está al debe y la ciudadanía lo evalúa cada vez peor. La cartera de defensa le permite a Allamand hacerse cargo de un tema ajeno a la coyuntura donde se habla de política de estado y se promueven debates fuera de la pasión y disputa política. Los desafíos serán la modificación de la ley reservada del cobre y la reforma previsional del sector, donde deberá desplegar sus capacidades para ampliar los efectos de dichas modificaciones, minimizando los conflictos con el sector castrense, que ve con preocupación los alcances de dichas modificaciones. Si lo realiza con moderada inteligencia, debiera esperarse un alza de su imagen pública en las próximas encuestas tal como ha ocurrido con todos los ministros de defensa.

La llegada de Evelyn Matthei se entiende para incorporar a alguien que forma parte del corazón de la UDI y con ello cooptar a la tienda de calle Suecia, evitando seguir con los constantes cuestionamientos al “gobierno de Piñera” y no al “gobierno de la Alianza.” La agenda laboral podría ser quizás una agenda compleja para ella donde deberá aprender a lidiar y tolerar a las diversas organizaciones sindicales, empresariales y, en muchas ocasiones a las autoridades de Hacienda, cuyas agendas se cruzan y en no pocas ocasiones de manera inversa. Sus principales riesgos son su desconocimiento del funcionamiento del aparato del estado y su carácter agresivo y frontal, lo que le puede granjear conflictos no sólo con la oposición, sino con los sindicatos y autoridades de gobierno.

Ambas incorporaciones permiten aventurar que el Presidente de la República dio por superado su “gabinete ideal” para dar paso al “gabinete necesario”, donde los doctorados no constituyen fuente de encantamiento ni garantía de buen servicio público. Llegó la hora de la política y de que los que la han ejercido, demuestren que se encuentra vigente y es capaz de dar conducción en este gobierno. Se fortalece el concepto de la nueva derecha y se materializa reconstituyendo lo que fue la otrora “patrulla juvenil”. Demostrar que se pueden hacer alianzas con militantes de una y otra tienda, más allá de sus estructuras orgánicas, buscaría fundar esta tesis de nuevos estilos, apertura y lealtad transversal.

Con Allamand y Matthei, suman 5 los aspirantes al sillón presidencial de la alianza y todos se encuentran en el gabinete de Sebastián Piñera. Con ello el presidente controlará los tiempos del desafío presidencial, dilatando su inicio y evitando la disminución de su influencia política. Esto transforma a este gabinete en una constelación de individualidades con aspiraciones igualmente egoístas, lo que los hará luchar por realizar una buena función para destacar. Pero a su vez, podría aparejar problemas al presidente cuando alguno de ellos decida no avanzar en las metas sectoriales conflictivas, por temor a dañar su imagen y con ello su carrera presidencial, endosando los costos en alguno de los rivales o incluso en el mismo mandatario. Veremos si esta constelación de individualidades es capaz de formar un buen equipo o primarán las legítimas aspiraciones individuales.

La designación de Lawrence Golborne como biministro de Minería y Energía, si bien no es nada nuevo (Jorge Rodríguez Grossi llegó a ser triministro de economía, minería y energía), en las actuales circunstancias podría ser un salvavidas de plomo. La crisis del gas en Magallanes constituye un desafío y un riesgo para el mejor alumno del gobierno. Su participación en el directorio de Enap que tomó la decisión del alza en las tarifas del gas de Magallanes no pasará desapercibida al momento de las evaluaciones ciudadanas. Con sus nuevos compañeros de ruta, la pista sin duda se le estrecha, ya que no le darán tregua alguna y utilizarán todas las artes conocidas para incrementar sus propias popularidades en desmedro de la suya. Pudo ser su disparado apoyo popular lo que haya inquietado al grupo presidencial, y haya motivado su desembarco como biministro en medio del conflicto de Magallanes y a escasos 4 días de la interpelación programada a su antecesor. El gas de Magallanes, cierre de faenas mineras, inestabilidad de generación para 2014, desarrollo de ERNC y venta de activos de Codelco, serán algunos de los desafíos que deberá enfrentar el niño símbolo del rescate de la mina San José.

Un riesgo adicional de este nuevo diseño, lo constituye el hecho que las dos nuevas incorporaciones han hecho su vida política en el parlamento, donde el individualismo y la iniciativa personal constituyen la piedra angular de la gestión parlamentaria y difieren sustancialmente del sentido de cuerpo que requiere un gobierno. Mi experiencia es que salvo un par de excepciones, los originarios del parlamento demoran mucho en entender este concepto (algunos nunca lo logran) constituyéndose más en un problema de gobierno que una solución al mismo, debido a que opinan sobre temas que en un equipo les son ajenos y que complican a la autoridad central.

La decisión de incorporar al gabinete a dos figuras que estaban ejerciendo funciones en el congreso nacional, por de pronto significa un cambio de postura de algunos dirigentes de la coalición de gobierno. Algunos de los que criticaron duramente la llegada de Carolina Tohá al gobierno de Bachelet hoy callan en señal de apoyo. Los mismos que recurrieron al Tribunal Constitucional hoy nada dicen. Respecto de la constitucionalidad, no hay duda, se puede hacer y así fue resuelto por el órgano competente. Respecto de la conveniencia de hacerlo es legítimamente debatible, pero no hay que perder de vista el sentido de la facultad presidencial. La designación de sus ministros es una facultad privativa, exclusiva y soberana del Presidente de la República por lo que sobre esto se puede opinar pero no cuestionar, ya que en un estado republicano sólo a él compete tal decisión.

Es de esperar que estos cambios infundan un nuevo aire a este gobierno, que a pesar de llevar sólo 10 meses de gestión ya parece superado por circunstancias como la reconstrucción, conflicto en Rapa Nui, inseguridad y ahora la verdadera revolución pingüina en Magallanes.

Por el bien de Chile, es de esperar que le vaya bien a este equipo, ya que las incorporaciones representan –más allá de las naturales diferencias que tenemos- la reivindicación de la política en el arte de gobernar las democracias del siglo XXI.

martes, 14 de diciembre de 2010

OPORTUNISMO DE CRISIS

Cada vez que tenemos una crisis, aparecen los “estudiosos y expertos” del momento. Fue así con el terremoto y posterior tsunami. Opinólogos proponían mecanismos de despacho de emergencias, acusaban negligencias y pregonaban fórmulas de mejoramiento del sistema de alerta temprana. Incluso, los más osados alardeaban de ciertas capacidades de predicción de los fenómenos naturales. El gobierno por su parte, anunciaba una “gran reforma al sistema de emergencias”.

Luego con el accidente de la mina San José, el público se volvió a especializar en cosa de minutos. Ya muchos hablaban del Sernageomin como institución cercana y conocida (cuando en realidad muy pocos sabían de su existencia). Luego proliferaron las tesis sobre el desprendimiento de roca, la mala calidad del suelo, se especuló sobre las responsabilidades de los gobiernos anteriores sin siquiera conocer las normas vigentes. En fin, la minería fue lo nuestro. Por su parte, el gobierno anunciaba una “gran reforma a la institucionalidad fiscalizadora de la minería”.

En paralelo, los más profundos hacían mención a la mala calidad de las condiciones de trabajo en las diversas industrias y daban a conocer cifras escalofriantes de muertes laborales en la industria del salmón, forestal, cuprífera, etc. ¿Y el gobierno? Obviamente, anunciaba una “gran reforma de las normas de protección de los trabajadores”.

Hoy se trata de las cárceles y sus habitantes. Un tema incómodo que pocos quieren tocar, pero del cual muchos gustan de opinar. Hasta antes de la tragedia, un sector de la sociedad pregonaba “la mano dura” contra los delincuentes, el “candado a la puerta giratoria”, el fin de “las libertades provisionales a los delincuentes”. Hoy, a horas de la mayor tragedia carcelaria, todos cuestionan el no haber hecho modificaciones al sistema carcelario. ¿Acaso el mundo político y periodístico no conocía dicha realidad? Por favor, existen sendos informes de diversas instituciones que instan al mejoramiento de las condiciones de reclusión. Surgen entonces los neo-expertos en temas de seguridad y carcelarios que opinan de todo sin saber nada. ¿Sabrán estos opinólogos sobre los avances que hemos tenido en esta materia? Más allá de lo pendiente, creo necesario refrescar la memoria.


Evolución de la población penal:
En 1990 teníamos 38.711 personas sujetas a vigilancia de gendarmería, de las cuales 22.593 eran internos y 16.118 sujetos a alguna medida alternativa.
El año 2009 la cifra total de personas bajo vigilancia de Gendarmería llegaba a 105.958 personas; de las cuales 53.038 eran internos y 52.920 sujetas a alguna medida alternativa.

Entre el año 2000-2005 el incremento de la población recluida llegaba a 3,6% anual. Entre los años 2005-2008 dicha cifra se incrementó a 6,9% anual, lo que en términos reales significó un incremento aproximado de 3.000 presos anuales.

En el caso de las personas sujetas a medidas alternativas, entre los años 2000-2005 disminuyeron en -3,1%. Entre los años 2005-2008 sufrió un incremento explosivo de 16,1%; lo que en términos reales significó que al año la cantidad de personas sujetas a medidas alternativas creció en aproximadamente 7.000.

El 2003 (inicio de la Reforma Procesal Penal en todo Chile) la población penal estaba compuesta por 35% de condenados y 65% de internos a espera de condena. El año 2010 la relación es inversa 72% de condenados y 28% de internos a espera de condena.

En materia de Infraestructura:
Entre el año 1990 y el año 2010 los metros cuadrados de cárceles crecieron un 150%, pasando de 400.000 a 691.000 m2. Es decir, en 20 años se invirtió en cárceles más de lo invertido en toda la historia de nuestra república. Así, entre 2000-2010 se incrementó en 7.500 la capacidad carcelaria con la construcción de nuevos penales. (Santiago 1, Puerto Montt, Valdivia, El Manzano (Concepción)).

Además se entregó financiado el proyecto de la nueva cárcel de Antofagasta. Con terrenos comprados los nuevos penales de Talca (con diseño hecho) y Santiago 2. (AMBOS PROYECTOS DETENIDOS POR EL ACTUAL GOBIERNO)
De igual forma, se anunció el 2° programa de 5 nuevas cárceles concesionadas con la entrega de recursos para compra de terrenos para el año 2010 para nuevos penales de:
Calama, Copiapó, V Región Interior, VIII región Norte (Chillán) y Temuco. TODOS DETENIDOS POR EL NUEVO GOBIERNO)

Al observar el presupuesto del año 2010[1], el Ministerio de Justicia contaba para INVERSION con $48.591 millones y su ejecución a Septiembre alcanza sólo al 48% ($23.000 millones); mientras que el año pasado se ejecutó el 94% del presupuesto destinado a inversión. 

Por otra parte, para el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en infraestructura penitenciaria bajando de $48.000 millones a $34.000 millones, es decir, $14.000 MILLONES MENOS para inversión de infraestructura penal.

En resumen: El actual gobierno sólo ha ejecutado el 48% del total disponible para invertir en infraestructura penitenciaria. Luego de 9 meses sigue evaluando los proyectos de 7 nuevos recintos penales, sin licitar ni iniciar la construcción de ninguno de ellos. Además en el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en 14.000 millones.

¿Dónde está entonces el sentido de urgencia de este gobierno en materia de infraestructura penitenciaria?

En materia de dotación de Gendarmería cabe señalar que:
La dotación de Gendarmería se aumentó el 2004 en 4.000 plazas. Luego por ley 20.426 se incrementó en 5.800 nuevas plazas, lo que equivale a un incremento de 56% del total de la planta de Gendarmería. Con ello, desde 1990 el incremento porcentual de la dotación de Gendarmería alcanza el 190%. Aún falta, pero se ha avanzado.

Presupuesto 2010 de Gendarmería fue el más alto de la historia. El 2011 se incrementa en 15% pero sólo el 3% va a rehabilitación.

¿Cuál es el tema de fondo: + cárceles o – presos?

Hoy es un hecho que existen 54.000 personas a las cuales la justicia las ha puesto tras las rejas por su participación en algún delito. Lo que procede entonces, es construir recintos penitenciarios destinados a albergar a dicha población penal, de manera que dicho encierro no signifique contacto criminógeno e incentive o propenda a la rehabilitación social, y se encuentre dotado de infraestructura y tecnología adecuada para evitar hacinamiento y accidentes como el ocurrido en la cárcel de San Miguel.

Algunos académicos han planteado el tema de disminuir la cantidad de personas privadas de libertad e intentan asociar este tipo de accidentes a la alta penalidad existente en nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda, algo de eso hay, pero muchos han sido incapaces de aportar mecanismos reales para el control delictual. ¿Se imagina usted un gobierno que para disminuir el hacinamiento carcelario abriera sus puertas; o un sistema judicial que no condene a penas privativas de libertad por el hacinamiento existente?
Ciertamente sería un escándalo. La respuesta debe ser más seria y más profunda. La academia debería propender con debates al establecimiento de una política criminal clara, que estableciera parámetros diversos para la protección de los diferentes bienes jurídicos. Así, los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual de las personas (y en particular de los menores) debieran contar con una penalidad muy superior a aquellos que afectan la propiedad en cualquiera de sus formas, sea material o inmaterial. No resulta razonable observar a reos por infracción a la propiedad intelectual compartiendo celda con violadores u homicidas. Ciertamente el parámetro delictual de ambos reclusos es (o era) completamente diverso, tanto en su representación moral como en lo que estaba dispuesto a hacer, y el bien jurídico dispuesto a afectar para proveerse de bienes o causar daño. Mientras el primero estaba dispuesto a vulnerar las normas de propiedad intelectual y desafiar las normas de orden público, el segundo estaba dispuesto a atentar contra la libertad sexual de una tercera persona para satisfacerse; y el tercero incluso a disponer de la vida de otro para lograr sus pretensiones.

Mientras los académicos siguen discutiendo al respecto, la ciudadanía clama por seguridad y exige a sus autoridades adoptar medidas para garantizar sus derechos básicos, en particular su vida, su libertad sexual y ambulatoria, muchas veces coartadas por el delito.

En consecuencia, será responsabilidad de las autoridades lograr avanzar en la disminución de la victimización y del mejoramiento de las condiciones carcelarias. Mientras lo primero requiere de la articulación de medidas integrales que van desde la prevención social, situacional, el control, la sanción y la rehabilitación; el segundo desafío requiere de decisiones urgentes, toda vez que el retraso en la construcción de recintos penales sólo posterga una nueva crisis y no aporta al proceso de rehabilitación y reinserción social necesarios para quebrar las conductas delictivas de los clientes frecuentes de nuestros recintos penitenciarios. En paralelo, la implementación de los jueces de cumplimiento de condenas parece una buena alternativa en cuanto se le entrega a una autoridad jurisdiccional diversa, la obligación de verificar las condiciones y el cumplimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad. Los tribunales de tratamiento de drogas también aparecen como un importante aporte al proceso de desintoxicar –y con ello atacar la causa del delito- a muchos condenados que cometieron sus delitos a causa de la droga o para proveerse de la misma.

Estos son los debates que debemos dar y sobre los cuales debemos abocar nuestros esfuerzos. El oportunismo de crisis y la experticia coyuntural, denotan una falta de compromiso con la superación real de las adversidades de nuestro país; y los que más vociferan, a la hora de proponer o de trabajar, guardarán majestuoso silencio hasta la otra crisis donde su “especialización”, será aún mayores que en los anteriores.


[1] Partida 10, Capítulo 01, programa 01; Subtítulo 31: “Inversión”