"ES HORA DE LA SEGUNDA GENERACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD"

"Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, para darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo"

El año del bicentenario nos arroja buenos datos en materia de seguridad. La victimización de hogares según la ENUSC disminuyó en 5,2 puntos porcentuales en relación al año 2009. Un buen dato que ratifica que la estabilidad y continuidad de políticas públicas arrojan buenos resultados.

Cabe recordar que desde el año 2003 -primer año de medición de la ENUSC- a la fecha, la victimización de hogares ha disminuido sostenidamente. El 43% original se redujo a 33,6% el 2009, lo que representó una disminución acumulada de 9,4 puntos porcentuales en 6 años. Una primera mirada a la encuesta, permite advertir que el delito que más cayó fue el robo por sorpresa (-2,5). Delito que se produce en el espacio público y en particular en las concentraciones de población flotante y zonas comerciales.

Su disminución puede estar asociada a la entrada en régimen de la ya histórica y masiva instalación de sistemas de televigilancia que permiten identificar a los hechores, advertir a las policías de su ocurrencia y servir de medio de prueba para su proceso judicial. Igualmente la información de las anteriores encuestas ayudó a focalizar el accionar policial preventivo y potenciar las campañas de autocuidado en las zonas y épocas de concentración delictual.

Geográficamente es posible advertir la caída de 26% en las zonas afectadas por el terremoto (O´Higgins, Maule, Bio Bio y Araucanía), lo que constituye un importante aporte a la disminución de la estadística nacional. Preocupante es el aumento en Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes donde debiera revisarse sus causas para enmendar el rumbo.

Respecto de la disminución de las denuncias, estamos ante una mala noticia ya que se traduce en mayor impunidad delictual. Está demostrado que la caída en las denuncias no es sinónimo de caída en delitos. Más aún, este descenso puede significar menor confianza en el sistema o temor a iniciar las acciones judiciales. Habrá que observar sus causas e intentar revertirla.

En cuanto a las percepciones, sorprenden sus contradicciones. Por una parte, disminuye el número de personas que cree será víctima de un delito durante el próximo año, pero por otra, casi el 60% de los encuestados cree que la delincuencia aumentó el 2010 en abierta contradicción con las cifras de victimización.

Finalmente, creo que estamos en condiciones de pasar a un debate de segunda generación en las políticas públicas de seguridad, concentrando nuestras acciones en disminuir las condiciones de riesgo que facilitan el ingreso de nuevos actores al delito.

Maltrato infantil, deserción escolar, abandono, desempleo, marginalidad, segregación urbana, falta de oportunidades y de esperanzas, debieran ocupar el debate del futuro para “socializar” las políticas de seguridad y construir una sociedad más segura fundada en un profundo proceso de integración social, económica y también urbana.

Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, a fin de darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo que gatillan a algunos jóvenes a buscar en el delito una forma de vida. A eso invito: a sumar capacidades y voluntades para construir un Chile más integrador y por ello, más seguro.

CIUDADANOS RIESGOSOS

Las economías modernas poseen sofisticados sistemas de registro de morosidades destinados a evaluar los riesgos de los potenciales sujetos de crédito, lo que parece lógico y necesario para dar relativas certezas a las relaciones crediticias.

En Chile, producto de la mala regulación y la codicia de algunos, lamentablemente se construyó un sistema de información comercial privado, que excede con creces los objetivos originales. Así, hoy el modelo de negocios de las administradoras de datos comerciales se funda en la transacción universal de los antecedentes negativos de terceras personas, no distinguiendo entre deudores ocasionales y consolidados, y permitiendo la afectación de sus derechos de acceso al trabajo, educación particular, centros de salud y clínicas privadas, entre otros. Es decir, con el actual sistema se agreden derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución política.
No contentos con ello, estas empresas han construido un ranking predictor de riesgos en el cual se permiten clasificar a los ciudadanos como riesgosos o confiables en sus relaciones comerciales y cumplimientos; lo que además de ser un abuso, es peligroso por dos aspectos: primero, por la utilización de elementos subjetivos de evaluación como las consultas al rut de una persona, o sus cambios de domicilio o teléfono. Es decir, puede darse que una persona, que sin ningún retraso mercantil ni morosidad comercial, sea considerada “riesgosa”, por ejemplo, por presentar cambios de domicilio o de teléfono fijo. Con ello se rompe el principio de la buena fe y pone en los ciudadanos un deber de prueba para desvirtuar una calificación injusta hecha por una entidad privada. En segundo orden, el acceso universal a dicho ranking, permite que muchas personas eviten realizar transacciones o dar acceso a fuentes laborales a aquellos que, a pesar de no poseer deudas, son calificados como “riesgosos” por el sistema Dicom.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones fija una línea esperanzadora para terminar con estos abusos en el tratamiento de la información, sin embargo, como todo fallo judicial sus efectos sólo tocan a las partes involucradas y no producen efectos generales. Para evitar que los miles de ciudadanos que a diario sufren estas discriminaciones deban recurrir a tribunales, en Diciembre de 2009 presenté un proyecto para prohibir la elaboración de ranking predictores fundados en elementos diversos de las morosidades y protestos objetivos, a fin de terminar con estos abusos y circunscribir los riesgos a aquellos que hacen de la defraudación su actividad permanente. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y luego de 1 año, aprobado en la Comisión de Economía del Senado. Esperamos que senadores despachen prontamente el proyecto para que se transforme en ley y terminemos con uno de los abusos de Dicom.

La decisión de la empresa Dicom- Equifax de eliminar consultas al Rut como variable del predictor de riesgo, es un gran triunfo de la ciudadanía que con más de 1 millón de firmas exige el término de los abusos que tanto afectan a las familias de clase media.
Nuestros proyectos de ley siguen adelante porque no queremos que este tipo de decisiones queden en manos de la voluntad de una empresa o empresario, sino que sea por la manifestación de la voluntad popular, es decir, por mandato de la ley.

EL SUBTEXTO DEL CAMBIO DE GABINETE

A estas alturas ya nadie se debió sorprender de un cambio de gabinete. Los problemas de conducción en algunas áreas de gestión eran evidentes. Las carteras de trabajo, transportes, defensa y energía hacían agua por todos lados.

Camila Merino era cuestionada por su escasa capacidad de articulación, conducción de equipos internos y constantes errores comunicacionales en el episodio del cierre de la mina San José. Los líos con el consejo de transparencia y la contraloría, y sus malos modos, terminaron por sellar la suerte de Ravinet. Respecto del ex ministro de energía, este abandona el gabinete con un triste record: 3 black out con confusas explicaciones, mala percepción en la industria, nulo avance legislativo, falta de visión energética y pésimo manejo del conflicto de Magallanes, lo que quedará en el currículum de don Ricardo Rainieri en 10 meses de gestión en el sector público. Más inesperada fue la salida de Felipe Morandé. Quizás sus escasos avances en el PTS o su próxima derrota ante el Tribunal Constitucional por el decreto de TV digital, habrían influido en su partida no voluntaria. Se echó de menos la salida del titular de Obras Públicas quien no ha cumplido el rol que se esperaba. Escasos avances en la promoción de obras públicas y manifiesta incapacidad de liderazgo de los equipos internos. Además, según lo dicho por el Ejército, fue justamente ésta autoridad quien visó la compra de la famosa casa para un general la que luego fuera objetada por Contraloría.

Previo al análisis del subtexto del cambio de gabinete, dejo de manifiesto que la decisión presidencial (según mi opinión) parece acertada y oportuna, y da cuenta de su capacidad de observar las falencias en sus equipos de trabajo y de enmendar rumbos en el año decisivo para su gobierno.

Salen 3 técnicos de carteras sectoriales y se escoge en dos de ellas a políticos de gran experiencia. Un operador y articulador por naturaleza como Andrés Allamand reemplazará a Jaime Ravinet y una aguerrida Evelyn Matthei asumirá la cartera de trabajo.

La llegada de Allamand tiene varios efectos. En primer orden su ingreso al gobierno sirve al Presidente para aplacar sus constantes cuestionamientos públicos al manejo gubernamental. Luego, fortalecerá la capacidad articuladora del gobierno en medio de los cuestionamientos hechos por el mundo político (en particular la UDI) al manejo del actual jefe de gabinete. En este sentido, su llegada creo no pasará desapercibida en la toma de decisiones. Podrá estar instalado físicamente fuera de palacio, pero Allamand se las arreglará para influir en las decisiones presidenciales. Su esfuerzo de influencia estará centrado en el diseño estratégico del gobierno y para ello su amplia capacidad de articulación política le da ventaja por sobre cualquier otro miembro del gabinete y comité político. Sin duda quien verá disminuida su influencia política será el actual ministro del interior, quien con la llegada de Allamand tendrá al interior de su equipo a un “panzer” con mayor experiencia y capacidad política. Quizás esto le permita dedicarse a lo que parece acomodarle, la seguridad ciudadana y avanzar con mayor rapidez en un tema donde está al debe y la ciudadanía lo evalúa cada vez peor. La cartera de defensa le permite a Allamand hacerse cargo de un tema ajeno a la coyuntura donde se habla de política de estado y se promueven debates fuera de la pasión y disputa política. Los desafíos serán la modificación de la ley reservada del cobre y la reforma previsional del sector, donde deberá desplegar sus capacidades para ampliar los efectos de dichas modificaciones, minimizando los conflictos con el sector castrense, que ve con preocupación los alcances de dichas modificaciones. Si lo realiza con moderada inteligencia, debiera esperarse un alza de su imagen pública en las próximas encuestas tal como ha ocurrido con todos los ministros de defensa.

La llegada de Evelyn Matthei se entiende para incorporar a alguien que forma parte del corazón de la UDI y con ello cooptar a la tienda de calle Suecia, evitando seguir con los constantes cuestionamientos al “gobierno de Piñera” y no al “gobierno de la Alianza.” La agenda laboral podría ser quizás una agenda compleja para ella donde deberá aprender a lidiar y tolerar a las diversas organizaciones sindicales, empresariales y, en muchas ocasiones a las autoridades de Hacienda, cuyas agendas se cruzan y en no pocas ocasiones de manera inversa. Sus principales riesgos son su desconocimiento del funcionamiento del aparato del estado y su carácter agresivo y frontal, lo que le puede granjear conflictos no sólo con la oposición, sino con los sindicatos y autoridades de gobierno.

Ambas incorporaciones permiten aventurar que el Presidente de la República dio por superado su “gabinete ideal” para dar paso al “gabinete necesario”, donde los doctorados no constituyen fuente de encantamiento ni garantía de buen servicio público. Llegó la hora de la política y de que los que la han ejercido, demuestren que se encuentra vigente y es capaz de dar conducción en este gobierno. Se fortalece el concepto de la nueva derecha y se materializa reconstituyendo lo que fue la otrora “patrulla juvenil”. Demostrar que se pueden hacer alianzas con militantes de una y otra tienda, más allá de sus estructuras orgánicas, buscaría fundar esta tesis de nuevos estilos, apertura y lealtad transversal.

Con Allamand y Matthei, suman 5 los aspirantes al sillón presidencial de la alianza y todos se encuentran en el gabinete de Sebastián Piñera. Con ello el presidente controlará los tiempos del desafío presidencial, dilatando su inicio y evitando la disminución de su influencia política. Esto transforma a este gabinete en una constelación de individualidades con aspiraciones igualmente egoístas, lo que los hará luchar por realizar una buena función para destacar. Pero a su vez, podría aparejar problemas al presidente cuando alguno de ellos decida no avanzar en las metas sectoriales conflictivas, por temor a dañar su imagen y con ello su carrera presidencial, endosando los costos en alguno de los rivales o incluso en el mismo mandatario. Veremos si esta constelación de individualidades es capaz de formar un buen equipo o primarán las legítimas aspiraciones individuales.

La designación de Lawrence Golborne como biministro de Minería y Energía, si bien no es nada nuevo (Jorge Rodríguez Grossi llegó a ser triministro de economía, minería y energía), en las actuales circunstancias podría ser un salvavidas de plomo. La crisis del gas en Magallanes constituye un desafío y un riesgo para el mejor alumno del gobierno. Su participación en el directorio de Enap que tomó la decisión del alza en las tarifas del gas de Magallanes no pasará desapercibida al momento de las evaluaciones ciudadanas. Con sus nuevos compañeros de ruta, la pista sin duda se le estrecha, ya que no le darán tregua alguna y utilizarán todas las artes conocidas para incrementar sus propias popularidades en desmedro de la suya. Pudo ser su disparado apoyo popular lo que haya inquietado al grupo presidencial, y haya motivado su desembarco como biministro en medio del conflicto de Magallanes y a escasos 4 días de la interpelación programada a su antecesor. El gas de Magallanes, cierre de faenas mineras, inestabilidad de generación para 2014, desarrollo de ERNC y venta de activos de Codelco, serán algunos de los desafíos que deberá enfrentar el niño símbolo del rescate de la mina San José.

Un riesgo adicional de este nuevo diseño, lo constituye el hecho que las dos nuevas incorporaciones han hecho su vida política en el parlamento, donde el individualismo y la iniciativa personal constituyen la piedra angular de la gestión parlamentaria y difieren sustancialmente del sentido de cuerpo que requiere un gobierno. Mi experiencia es que salvo un par de excepciones, los originarios del parlamento demoran mucho en entender este concepto (algunos nunca lo logran) constituyéndose más en un problema de gobierno que una solución al mismo, debido a que opinan sobre temas que en un equipo les son ajenos y que complican a la autoridad central.

La decisión de incorporar al gabinete a dos figuras que estaban ejerciendo funciones en el congreso nacional, por de pronto significa un cambio de postura de algunos dirigentes de la coalición de gobierno. Algunos de los que criticaron duramente la llegada de Carolina Tohá al gobierno de Bachelet hoy callan en señal de apoyo. Los mismos que recurrieron al Tribunal Constitucional hoy nada dicen. Respecto de la constitucionalidad, no hay duda, se puede hacer y así fue resuelto por el órgano competente. Respecto de la conveniencia de hacerlo es legítimamente debatible, pero no hay que perder de vista el sentido de la facultad presidencial. La designación de sus ministros es una facultad privativa, exclusiva y soberana del Presidente de la República por lo que sobre esto se puede opinar pero no cuestionar, ya que en un estado republicano sólo a él compete tal decisión.

Es de esperar que estos cambios infundan un nuevo aire a este gobierno, que a pesar de llevar sólo 10 meses de gestión ya parece superado por circunstancias como la reconstrucción, conflicto en Rapa Nui, inseguridad y ahora la verdadera revolución pingüina en Magallanes.

Por el bien de Chile, es de esperar que le vaya bien a este equipo, ya que las incorporaciones representan –más allá de las naturales diferencias que tenemos- la reivindicación de la política en el arte de gobernar las democracias del siglo XXI.

PARQUE FORESTAL: PROBLEMA DE GESTIÓN EDILICIA

Pocos saben que el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes fueron obras de conmemoración del centenario de la República. La idea fue crear un espacio natural que diera continuidad natural al majestuoso edificio.

Por allí circularían los amantes de la cultura y la naturaleza, además de los transeúntes de la comuna capital. Sería un espacio abierto, dotado de flora acogedora y productora de sombras. Habría espacios de césped, de libre tránsito, para que las familias pudieran disfrutar de lugares de esparcimiento en medio de la ciudad. Fuentes de época refrescarían el caluroso ambiente propio de las ciudades capitales, donde el sonido del escurrir de sus aguas se transformaría en una melodía de paz y tranquilidad a escasos metros de la incesante circulación vehicular. En fin, tras el Parque Forestal no sólo hay historia, sino un concepto urbano digno de conocer y preservar.

Al conmemorarse el bicentenario de la República, el alcalde Pablo Zalaquett sorprende a la comunidad anunciando un proyecto de intervención del Parque Forestal, del que sólo se exponen algunos antecedentes parciales. Esta situación ha generado dudas y preocupaciones, en particular de los residentes del sector.

Más allá de los detalles de la intervención -que deberán ser analizados por urbanistas y paisajistas- estamos en presencia de un problema más complejo que tiene que ver con la concepción que posee la actual autoridad comunal de la forma de llevar adelante la gestión edilicia. Según ella los vecinos son objetos de política pública y, por tanto, no deben ser parte de la consulta ni la decisión. Sólo deben circunscribirse y asumir las medidas adoptadas por la autoridad de turno.

Esto no responde al estado actual de desarrollo de los derechos ciudadanos ni a una concepción moderna del derecho a la ciudad justa y la protección de su patrimonio.

La evolución democrática de nuestro país ha permitido incrementar la conciencia sobre los derechos que posee cada ciudadano, y hemos comenzado a exigirlos, tal como ocurrió en la Europa de los '60s. Hoy resulta común observar a las organizaciones de protección y defensa de los barrios; organizaciones en protección del ecosistema de alguna zona en particular.

Es decir, hoy existe conciencia del derecho a la conservación del patrimonio natural, sea inmaterial o arquitectónico; a la conservación del medio ambiente y también del derecho a participar de manera activa en las decisiones de autoridad que afectan (o afectarían) el normal desarrollo de la vida de barrios y ciudades.

La decisión de intervenir el pulmón verde de la comuna capital, donde confluyen artistas, vecinos y familias, al menos debe ser consultada a la comunidad residente. No es posible pensar que una autoridad crea que el mero anuncio de una medida de tal impacto no será fuente de conflictos, incluso cuando dicha decisión afectará la vida cotidiana de miles de residentes.

Un ejemplo de la misma concepción fue la remodelación de la Plaza de Armas, que años después pasó la cuenta electoral a su impulsor. Por lo anterior, desafío al alcalde Pablo Zalaquett a no temerle a la democracia y llevar adelante un proceso de consulta ciudadana, abierta, transparente y vinculante para que sean los propios vecinos los que decidan sobre su proyecto de intervención del Parque Forestal. A su vez, lo insto a instalar una gestión donde la opinión ciudadana tenga cabida no sólo ad portas de las elecciones sino durante todo el ejercicio de su mandato municipal.

La política y sus actores debemos asumir los cambios culturales del país y, por tanto, debemos promover un cambio de mentalidad de las autoridades donde los ciudadanos sean considerados como sujetos activos de las políticas públicas y, con derechos no sólo a opinar sino también a decidir sobre aquellos aspectos de la vida cotidiana que les han de afectar más allá de las autoridades comunales de turno.