INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

Esta técnica ha resultado muy eficiente para combatir delitos, pero no por ello debemos abrir la puerta a que sea de aplicación general o común.

El código procesal penal consigna un conjunto de facultades al organismo persecutor, a fin de poder realizar sus investigaciones. Pero cuando alguna de estas "técnicas investigativas" implica la afectación de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, es el mismo código (la ley) el que exige la autorización previa del órgano jurisdiccional competente.

Así, en el caso de las interceptaciones telefónicas, tema cubierto por este diario en días recientes, es importante considerar que se trata de una técnica intrusiva de mucha utilidad en algunas investigaciones, pero que afecta, entre otros, el derecho a la privacidad de las comunicaciones del cual goza cualquier ciudadano por disposición constitucional.

Por esta razón, el legislador estableció una limitación previa para efectuar dicha medida intrusiva: la autorización judicial. Así, existe un tercero ajeno a la investigación, imparcial y dotado de competencia para autorizar o denegar el uso de tal instrumento, en virtud de una ponderación de los derechos afectados y la necesidad para el éxito de una investigación. Si el legislador consideró la intermediación del órgano jurisdiccional para su uso como mecanismo de protección ex-ante de los derechos fundamentales, ¿por qué entonces la actual legislación permite al persecutor adquirir y operar dicha tecnología intrusiva?

De toda lógica sería que dichas herramientas estuvieren en manos de un organismo de integración interinstitucional, donde exista presencia del Poder Judicial, de los persecutores y también de la defensoría penal pública, a fin de que el uso de dicha tecnología se encuentre circunscrito de manera exclusiva para los fines y en los casos previamente autorizados.

La técnica de la interceptación telefónica ha resultado muy eficiente en las investigaciones relativas a narcotráfico y crimen organizado, pero no por ello debemos abrir la puerta a que dicha medida sea de aplicación general o común, ya que estaremos poniendo en grave riesgo nuestro derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Dado el éxito de esa medida investigativa, numerosos países han constituido una organización especializada encargada de concretar el sistema de interceptación. Allí confluyen las diversas instituciones que intervienen -de conformidad a la ley- en dichos procedimientos. Su funcionamiento se encuentra normado por protocolos de autorización que impiden que un funcionario de alguna de las instituciones utilice dicha tecnología para fines diversos u omita su uso en una investigación determinada.

De igual forma, se contemplan procesos para la protección y destrucción de "información residual" obtenida en una investigación particular y que nada tiene que ver con el objeto de la indagación. Este sistema debería poner fin a la existencia de tecnología intrusiva al interior de las instituciones policiales y, en particular, en el Ministerio Público. Estas instituciones, por mandato de la ley, no son imparciales en un proceso criminal, porque son los encargados de perseguir los delitos y, por tanto, su interés en el juicio es explícito: la condena de los hechores. Debemos ser capaces de compatibilizar el respaldo a la persecución delictual con la protección de los derechos fundamentales.

"ES HORA DE LA SEGUNDA GENERACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD"

"Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, para darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo"

El año del bicentenario nos arroja buenos datos en materia de seguridad. La victimización de hogares según la ENUSC disminuyó en 5,2 puntos porcentuales en relación al año 2009. Un buen dato que ratifica que la estabilidad y continuidad de políticas públicas arrojan buenos resultados.

Cabe recordar que desde el año 2003 -primer año de medición de la ENUSC- a la fecha, la victimización de hogares ha disminuido sostenidamente. El 43% original se redujo a 33,6% el 2009, lo que representó una disminución acumulada de 9,4 puntos porcentuales en 6 años. Una primera mirada a la encuesta, permite advertir que el delito que más cayó fue el robo por sorpresa (-2,5). Delito que se produce en el espacio público y en particular en las concentraciones de población flotante y zonas comerciales.

Su disminución puede estar asociada a la entrada en régimen de la ya histórica y masiva instalación de sistemas de televigilancia que permiten identificar a los hechores, advertir a las policías de su ocurrencia y servir de medio de prueba para su proceso judicial. Igualmente la información de las anteriores encuestas ayudó a focalizar el accionar policial preventivo y potenciar las campañas de autocuidado en las zonas y épocas de concentración delictual.

Geográficamente es posible advertir la caída de 26% en las zonas afectadas por el terremoto (O´Higgins, Maule, Bio Bio y Araucanía), lo que constituye un importante aporte a la disminución de la estadística nacional. Preocupante es el aumento en Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes donde debiera revisarse sus causas para enmendar el rumbo.

Respecto de la disminución de las denuncias, estamos ante una mala noticia ya que se traduce en mayor impunidad delictual. Está demostrado que la caída en las denuncias no es sinónimo de caída en delitos. Más aún, este descenso puede significar menor confianza en el sistema o temor a iniciar las acciones judiciales. Habrá que observar sus causas e intentar revertirla.

En cuanto a las percepciones, sorprenden sus contradicciones. Por una parte, disminuye el número de personas que cree será víctima de un delito durante el próximo año, pero por otra, casi el 60% de los encuestados cree que la delincuencia aumentó el 2010 en abierta contradicción con las cifras de victimización.

Finalmente, creo que estamos en condiciones de pasar a un debate de segunda generación en las políticas públicas de seguridad, concentrando nuestras acciones en disminuir las condiciones de riesgo que facilitan el ingreso de nuevos actores al delito.

Maltrato infantil, deserción escolar, abandono, desempleo, marginalidad, segregación urbana, falta de oportunidades y de esperanzas, debieran ocupar el debate del futuro para “socializar” las políticas de seguridad y construir una sociedad más segura fundada en un profundo proceso de integración social, económica y también urbana.

Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, a fin de darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo que gatillan a algunos jóvenes a buscar en el delito una forma de vida. A eso invito: a sumar capacidades y voluntades para construir un Chile más integrador y por ello, más seguro.

AVANCES EN LA REGULACIÓN DE DICOM

A estas alturas no es necesario profundizar en las causas que justifican la revisión profunda del sistema de registro de morosidades comerciales. El Dicom se ha desnaturalizado y hoy está afectando derechos fundamentales como el acceso al trabajo, educación, salud y honra de las personas, lo que produce marginalidad social y pobreza. Mientras los gobiernos se esfuerzan en disminuir las desigualdades a través de subsidios y bonos, el abuso en el tráfico y uso de los antecedentes comerciales de las personas para fines distintos de la evaluación para riesgos de crédito se ha constituido en el peor enemigo de las políticas públicas de inclusión social.

Cuando iniciamos nuestra campaña “Fin a los abusos del Dicom” muchas personas nos decían que era imposible luchar contra ese monstruo, debido a sus extensas y poderosas redes. Conscientes de ello, iniciamos un trabajo serio, responsable y perseverante destinado a dar viabilidad a modificaciones necesarias para terminar con estos abusos. En Diciembre de 2009 ingresamos el proyecto destinado a prohibir que el Dicom y cualquier empresa administradora de datos comerciales realizaran rankings predictores de riesgos basados en consultas al rut, cambios de domicilio o de teléfono. En 48 horas logramos la unanimidad de la Cámara de Diputados y el proyecto pasó al Senado donde durmió un año en la Comisión de Economía. Gracias a la presión ciudadana a través de redes sociales y al fallo de la Corte de Apelaciones, el Senado retomó su tramitación, aprobándolo en general, quedando el último trámite en la Cámara Alta para ser ley.
Luego de nuestra campaña ciudadana con el “Movimiento ACCION” y de lograr más de un millón de firmas en todo Chile, en Diciembre de 2010 ingresamos un segundo proyecto a la Cámara de Diputados destinado a cambiar el sistema de administración de datos. En fácil, el proyecto consagra que los datos personales son propiedad de las personas y no de las empresas que los administran. Con ello se sanciona el tratamiento desleal (o venta a espaldas de los dueños); luego consagra el principio de la finalidad del dato, por el cual los datos sólo pueden ser utilizados para el fin que fueron conseguidos y no para fines diversos. Así, una farmacia no podrá transar los datos de sus clientes para fines distintos que los expuestos al momento de recolectarlos, bajo sanción en caso de incumplimiento. Quizás el cambio más importante del proyecto es el que termina con el acceso universal a los antecedentes comerciales de las personas. Nunca más una persona podrá consultar los antecedentes comerciales de otra sin su consentimiento. Sólo los bancos e instituciones financieras podrán hacerlo para el sólo propósito de evaluar el riesgo del crédito. Así, se terminarán las consultas para discriminar en el acceso a la salud, educación, vivienda y, oportunidades laborales. Poniendo fin a las discriminaciones odiosas que afectan la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Otra modificación, es la que prohíbe mantener o enviar a Dicom las deudas vencidas que hayan sido repactadas (ya que al repactar, el deudor asume un mayor costo, sea por multa o por interés y, por tanto, se trataría de una nueva deuda). Finalmente el proyecto contempla un perdonazo para las personas que al 18 de Septiembre de 2010 hayan poseído antecedentes de morosidades por hasta $2.500.000 en capital. No se borran las deudas, sino el registro de las mismas en Dicom, a fin de facilitar su reinserción laboral para poder saldar sus deudas con sus acreedores.

El desafío no es fácil, pero en estos tiempos se requiere audacia política para enfrentar los problemas que apremian a los ciudadanos, sin distinciones. Con trabajo, perseverancia y apoyo ciudadano. Ojalá puedas sumarte a este desafío y exigirle a tu representante en el Congreso que apruebe las iniciativas comentadas, para lograr las mayorías necesarias y terminar con los abusos del Dicom.

INTERVENCIÓN EN CÁMARA SOBRE DISCUSIÓN TV DIGITAL

Señor Presidente:

El Proyecto original enviado por la Presidenta Michelle Bachelet consignaba en su mensaje “Más y mejor TV para todos”. Esto enrazón de la creciente influencia de la televisión en nuestra sociedad. Según cifras de la Subtel el 68% de los hogares de Chile sólo accede a televisión de señal abierta. Si el análisis lo acotamos a los hogares de menores ingresos dicho porcentaje aumenta a 78%. Es decir casi 8 de cada 10 de los hogares más pobres de Chile sólo recibe señal abierta; y, por tanto su calidad de acceso y contenidos resultan fundamentales para una parte sustantiva de nuestra nación.

Son los mismos chilenos los que en recientes encuestas atribuyen una creciente evaluación negativa respecto de los contenidos de la televisión abierta, debido a su mala calidad de programación o la centralización programática (programas similares en diferentes canales a la misma hora). Es decir, los ciudadanos usuarios de televisión demandan por mayor calidad y mejores contenidos televisivos. Esta ley era una buena oportunidad.

Para lograr lo anterior, el proyecto original consignaba un conjunto de principios que conducían a un objetivo común. Garantizar el acceso gratuito a Televisión Digital Terrestre y fomentar la proliferación de canales locales o regionales que aporten a la difusión de identidades locales.

En qué estamos hoy? Después de 3 años de tramitación el proyecto de ley llega a esta sala con avances pero también con elementos negativos que debemos corregir en beneficio de los millones de usuarios que ven con expectativas la pronta dictación de este cuerpo legal.

El actual proyecto contempla un sistema concesional que permite una concesión única entregada por el Consejo Nacional de Televisión y distingue dos tipos de concesionarios, a saber:
Concesionarios con medios propios: Los que son reconocidos por la ley y se les concede una concesión por 20 años y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 3º transitorio gozan de un sistema preferente de renovación de su concesión, la que establece que aún cuando el concesionario no concurra a solicitar su renovación el estado debe garantizarle los medios para continuar sus transmisiones. Es decir, por ley avalamos incluso la eventual negligencia de los concesionarios y el estado se obliga a mantener condiciones para que estos sigan transmitiendo, transformando en la práctica esta concesión de 20 años en una concesión indefinida, situación que no avalaré con mi voto.
Concesionarios sin medios propios: Se les conceden concesiones por 5 años y sin el derecho preferente de renovación. Es decir, el derecho preferente de renovación es censitario, toda vez que se les reconoce sólo a los concesionarios que tienen medios propios y no a aquellos que no los poseen. Una discriminación poco feliz.

De igual forma el actual proyecto permite que los concesionarios utilicen el 50% del espectro objeto de concesión para transmitir TV en formato de pago. Obligándo al concesionario a realizar oferta pública respecto del “remanente” de espectro. Remanente? ¿Qué concesionario reconocerá tener remanente para obligarse a licitar y aumentar su competencia y aumentar la disputa de la parrilla publicitaria? No será mejor callar frente a la existencia de dicho remanente a fin de evitar mayor competencia?
Veamos algunos casos similares en otras industrias nacionales. Recuerdo el caso de la “deuda subordinada” de ciertos bancos nacionales contraída en la crisis de principios de los 80. Se trataba de una deuda “Subordinada” que obligaba a pagar al Banco Central cuando existieran utilidades. ¿Durante cuántos años algunos bancos emitían acciones a fin de no reconocer utilidades y así no tener que pagar la deuda “subordinada”?
Otro ejemplo lo constituyen los operadores móviles virtuales quienes a pesar de tener existencia legal, llevan 3 años tratando de entrar al mercado, con juicios ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y hoy incluso con un proceso incoado ante la Corte Suprema.

Cuando el legislador deja abierta la puerta para que un mercado se auto regule y auto imponga determinadas obligaciones, -salvo honrosas excepciones- éstas no se cumplen, en desmedro de la competencia y de los usuarios y consumidores finales. Por ello es que creo que a este respecto es un DEBER DEL ESTADO EL GARANTIZAR EL ACCESO AL ESPECTRO PARA LOS CONCESIONARIOS SIN MEDIOS PROPIOS, SEAN LOCALES, REGIONALES O COMUNITARIOS.

De igual forma el proyecto reconoce sólo a actuales operadores nacionales, otorgándoles los medios necesarios para continuar sus operaciones; pero nada dice respecto de los operadores menores locales que actualmente operan dentro el marco de la ley. Generándo una diferencia sustantiva que afecta la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de una actividad económica, razón por la cual HAGO RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE ESTE ARTÍCULO.

El actual proyecto le concede por ley 6 Megas para transmitir a los actuales operadores nacionales. A este respecto, Señor Presidente, déjeme decir que la cantidad de megas (6) de que actualmente gozan, dice relación con las necesarias en el espectro analógico para desarrollar su actividad actual (1 canal). Con el cambio a la Televisión Digital, y por mejoramientos tecnológicos, cada señal requerirá aproximadamente de 1,5 o 2 megas para transmitir un canal. Entonces, asignarles 6 megas parece excesivo ya que podrán crear 3 o 5 canales, superando con creces las necesarias para transmitir en sus actuales condiciones y mejorando de manera desmesurada su posición en el mercado de la televisión. Lo que es un subsidio o regalo del estado (de todos los chilenos como titulares) a un grupo de privados. En mi concepto señor Presidente esto restringe el derecho a la libertad d expresión toda vez que unos pocos contarán con concesiones prácticamente indefinidas y con mayor espectro que el que actualmente gozan en desmedro de aquellos que legítimamente quieran participar de este nuevo mercado, ya que nacerá con desigualdades estructurales a favor de unos pocos.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto original, lo constituía la gratuidad. El texto actual consigna que el 50% gratuito deberá ser en Alta definición (HD) a fin de mejorar la calidad de imagen y sonido de la televisión abierta. Es decir el 68% de los chilenos podría ver más de lo mismo pero con mejor imagen y sonido (siempre y cuando sus tv sean mayores a 40 pulgadas) porque allí se notará mayormente la diferencia de imagen.
A esto debemos sumar que al igual que en la actualidad, el proyecto en análisis no contempla normas mínimas de calidad de las transmisiones de televisión abierta, lo que no genera incentivos para invertir en la red abierta y es así como hoy existen vastos sectores del centro de santiago que a menos de 20 cuadras del palacio de la Moneda donde la señal abierta se ve con lluvia o simplemente no se puede recepcionar. Necesitamos norma de calidad que garantice a la gran mayoría de los televidentes la calidad de recepción de su señal a fin de garantizar el acceso a tan importante servicio básico.

Respecto del espectro de pago (el otro 50%) obviamente contendrá mejores contenidos para incentivar su recepción y por tanto su pago. Para decirlo en fácil, si este proyecto se aprueba tal como esta hoy, es muy probable que el canal en su señal de pago transmita la teleserie, película y programa de moda; mientras que la señal abierta del mismo canal transmitirá contenidos antiguos o de menor demanda, condenando al 68% de los chilenos y a los 78% de los chilenos más pobres a ver contenidos de menor calidad o de mayor antiguedad.

Otro objetivo del proyecto era promover los canales regionales y locales. A este respecto siento el deber de advertir que el actual texto del proyecto los define en función del territorio de transmisión y no del origen de los contenidos, lo que desnaturalizará el sentido del proyecto. Así, según el actual texto, podrían ser considerados como canales locales o regionales aquellos que transmitan en una región o comuna siendo incluso meros retransmisores de programas nacionales e internacionales y no constituir aporte alguno a la identidad regional.


Finalmente, Señor Presidente quiero advertir a nuestros colegas, Diputadas y Diputados que estamos legislando a ciegas. En efecto. A esta fecha el Ministerio de Transportes y telecomunicaciones no publica el “Plan de Radiodifusión Televisiva” que es el que establecerá (por decreto) la cantidad real de canales que podrán existir, lo que será determinante para este proyecto. Así, resulta cierto que el texto del proyecto contempla que al menos el 40% del espectro disponible deberá ser para canales locales. ¿40% de qué? 40% del espectro que aún no conocemos por la falta del plan de radiodifusión televisiva. Es decir, no sabemos si el 40% será de 2 canales, de 10 o de 20, lo que obviamente altera completamente el verdadero propósito del proyecto. Por ello es que pido formalmente al gobierno de Chile que publique prontamente el Plan de Radiodifusión televisiva a fin de avanzar en una legislación que cuente con todos los elementos necesarios para mejorar la industria de la televisión.

Para terminar, quiero hacer un llamado a corregir éstos déficit para evitar aprobar un proyecto que lejos de cumplir sus objetivos iniciales consigna una desigualdad estructural en materia de acceso a la información, igualdad ante la ley y libre expresión. Hoy es el momento de lograr cambios en este mercado, pero estos debemos hacerlos pensando en el desarrollo de Chile, de sus televidentes y de su democracia, donde la televisión, su calidad de acceso y contenidos pueden ser determinantes en el futuro de nuestro país y en particular de las nuevas generaciones.

He dicho señor Presidente.

CIUDADANOS RIESGOSOS

Las economías modernas poseen sofisticados sistemas de registro de morosidades destinados a evaluar los riesgos de los potenciales sujetos de crédito, lo que parece lógico y necesario para dar relativas certezas a las relaciones crediticias.

En Chile, producto de la mala regulación y la codicia de algunos, lamentablemente se construyó un sistema de información comercial privado, que excede con creces los objetivos originales. Así, hoy el modelo de negocios de las administradoras de datos comerciales se funda en la transacción universal de los antecedentes negativos de terceras personas, no distinguiendo entre deudores ocasionales y consolidados, y permitiendo la afectación de sus derechos de acceso al trabajo, educación particular, centros de salud y clínicas privadas, entre otros. Es decir, con el actual sistema se agreden derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución política.
No contentos con ello, estas empresas han construido un ranking predictor de riesgos en el cual se permiten clasificar a los ciudadanos como riesgosos o confiables en sus relaciones comerciales y cumplimientos; lo que además de ser un abuso, es peligroso por dos aspectos: primero, por la utilización de elementos subjetivos de evaluación como las consultas al rut de una persona, o sus cambios de domicilio o teléfono. Es decir, puede darse que una persona, que sin ningún retraso mercantil ni morosidad comercial, sea considerada “riesgosa”, por ejemplo, por presentar cambios de domicilio o de teléfono fijo. Con ello se rompe el principio de la buena fe y pone en los ciudadanos un deber de prueba para desvirtuar una calificación injusta hecha por una entidad privada. En segundo orden, el acceso universal a dicho ranking, permite que muchas personas eviten realizar transacciones o dar acceso a fuentes laborales a aquellos que, a pesar de no poseer deudas, son calificados como “riesgosos” por el sistema Dicom.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones fija una línea esperanzadora para terminar con estos abusos en el tratamiento de la información, sin embargo, como todo fallo judicial sus efectos sólo tocan a las partes involucradas y no producen efectos generales. Para evitar que los miles de ciudadanos que a diario sufren estas discriminaciones deban recurrir a tribunales, en Diciembre de 2009 presenté un proyecto para prohibir la elaboración de ranking predictores fundados en elementos diversos de las morosidades y protestos objetivos, a fin de terminar con estos abusos y circunscribir los riesgos a aquellos que hacen de la defraudación su actividad permanente. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y luego de 1 año, aprobado en la Comisión de Economía del Senado. Esperamos que senadores despachen prontamente el proyecto para que se transforme en ley y terminemos con uno de los abusos de Dicom.

La decisión de la empresa Dicom- Equifax de eliminar consultas al Rut como variable del predictor de riesgo, es un gran triunfo de la ciudadanía que con más de 1 millón de firmas exige el término de los abusos que tanto afectan a las familias de clase media.
Nuestros proyectos de ley siguen adelante porque no queremos que este tipo de decisiones queden en manos de la voluntad de una empresa o empresario, sino que sea por la manifestación de la voluntad popular, es decir, por mandato de la ley.

MAYOR DOTACIÓN POLICIAL

RECIENTEMENTE se ha publicado la ley que incrementa la dotación de carabineros en 10.000 funcionarios. Si bien la inseguridad no se soluciona solamente con aumentos de la dotación policial, ésta constituye un elemento relevante en la lucha contra el delito.

En razón de ello es que los incrementos de dotación policial se vienen implementando de manera ininterrumpida desde el año 2002. Durante el gobierno del Presidente Lagos fueron 2.970 nuevas plazas y la creación de incentivos a la permanencia, más allá de los 30 años de servicio. Luego, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, fueron 6.000 las nuevas plazas de carabineros y se incrementaron en 1.066 los oficiales policiales profesionales en la PDI. Por ello es que esta nueva ley apunta en el sentido correcto, dando continuidad a una medida de Estado necesaria para nuestro país y que durante los últimos siete años aportó a disminuir la victimización en 9.4 puntos porcentuales.

No obstante, creo necesario advertir que el aumento real de dotación será de 7.774 Carabineros, los que serán formados entre 2011 y 2015 a razón de 1.500 nuevas plazas al año, ya que el resto provendrá de recontratación de carabineros en retiro (537) y reasignación de aquellos que actualmente cumplen funciones administrativas (1.689).

Por otra parte, es un deber señalar que para la conservación de los altos niveles de confianza ciudadana en la institución, resulta indispensable que el sistema de selección del nuevo personal no disminuya sus exigencias. Con ello se evita el ingreso de personas que desprestigian a Carabineros de Chile y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Un aspecto que determinará la suerte de esta medida lo constituyen los criterios de distribución de los nuevos uniformados y de aquellos liberados de funciones administrativas. La gran mayoría debiera destinarse a funciones preventivas operativas en comunas o lugares donde el déficit sea evidente, en atención a criterios objetivos de victimización, violencia, denuncias y vulnerabilidad social. Respecto de los Carabineros en retiro que serán recontratados, sugiero que sean destinados al cumplimiento de ciertas órdenes judiciales, como notificaciones y citaciones. Respecto de los funcionarios liberados, sería de gran impacto que se reforzara la vigilancia preventiva en plazas y parques en horarios de mayor uso familiar y en las inmediaciones de establecimientos educacionales, en las horas de entrada y salida de los niños, en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad a la presencia de traficantes de drogas.

Finalmente, quiero señalar que tal como contribuí a la aprobación de este proyecto de ley, hago presente que junto a estos incrementos de dotación sería muy importante que el gobierno enviara al Congreso Nacional el proyecto que modifica el sistema de salud de Dipreca para incrementar los niveles de cobertura y calidad de atención de salud de los miles de carabineros, detectives, gendarmes y sus familias, que a diario se ven expuestos al riesgo de sufrir lesiones o la muerte. La seguridad social de esas personas es un elemento esencial para la tranquilidad de un buen servicio hacia la comunidad.

MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Luego de varios ensayos y debates nacionales, y de observar la variada experiencia comparada, Chile ha modificado su institucionalidad pública destinada a enfrentar el mayor de los anhelos de la ciudadanía: la seguridad pública.

La recientemente promulgada ley 20.502 tiene una larga historia de acuerdos, desencuentros, indicaciones y discusiones parlamentarias.

Fue uno de los proyectos enviados dentro de los 100 primeros días del gobierno de la Presidenta Bachelet. Luego de un amplio debate legislativo se optó por no crear un nuevo ministerio sino una subsecretaría (dentro del Ministerio del Interior) para tener en una mano, la seguridad interior y el control del orden público y reinstalar la tradición republicana interrumpida por el gobierno militar, según la cual, el Ministerio del interior, colaborador inmediato de la máxima autoridad nacional asume las funciones de control territorial y seguridad de la nación.

En efecto, un breve recorrido por nuestra historia institucional permite observar que Interior es el ministerio de mayor antigüedad de nuestro país, creado el 26 de Octubre de 1812 con la dictación del “reglamento constitucional”, siendo su primera autoridad, don Agustín Vial Santelices.

Luego de varias modificaciones, fue la Constitución de 1822 la que creó tres ministerios: de Gobierno, Hacienda y Guerra. Siendo el primero de ellos el continuador de la secretaría de Interior. La historia republicana ubica siempre como actor privilegiado al Ministerio del Interior. Para bien o para mal. Siendo parte de soluciones o foco de conflictos políticos o sociales.

Pero su nombre sólo se consolidó en 1871 bajo la administración del Presidente Balmaceda. Por él pasaron destacados políticos de nuestra historia. Mariano Egaña, Manuel Rodriguez, Manuel de Salas, Diego Portales, Manuel Montt, Antonio Varas, Bernardo Leighton, Carlos Prats, Orlando Letelier, entre otros.

Quizás un tema que llame la atención es que la ley que regía al Ministerio del Interior hasta el 10 de Febrero de este año, fue promulgada por el Presidente Carlos Ibañez del Campo en 1927. 83 años de vigencia justificaban con creces su modificación.

Por ello es que durante los últimos años existieron diversos estudios destinados a modificar su estructura, plantas funcionarias y funciones a fin de adecuarlas a la nueva realidad y necesidades del servicio público. Venga mi reconocimiento a los ex subsecretarios del Interior, Velasco, Pickering, Burgos, Correa y Rosende por sus esfuerzos modernizadores de tan noble institución.

La ley 20.502 parte cambiándole el nombre al Ministerio del Interior para dar pleno cumplimiento a la norma transitoria de la Constitución Política de la República. Así, a partir del 10 de Febrero del 2011, el nombre oficial es “Ministerio del Interior y Seguridad Pública”. Cuenta con 3 subsecretarías: de Interior, de desarrollo Regional y Administrativo, y de Prevención.

Ciertamente la mayor relevancia para Chile está dada por su trascendencia en la institucionalidad democrática de nuestro país. Con esta norma legal, la relación del gobierno con sus policías vuelve a los cauces institucionales democráticos, poniendo fin a la doctrina del “enemigo interno” utilizada por el régimen militar como justificación para el cambio de dependencia de las policías al Ministerio de Defensa. Se consolida entonces al Ministerio del Interior como la institución responsable de la seguridad interna y coordinadora de las policías en el que hacer preventivo en el país.

Este logro de normalidad democrática tiene su historia: Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró modificar la Constitución Política, consagrando en ella el cambio de dependencia de las policías hacia el ministerio encargado de la seguridad pública. Pero una disposición transitoria (que hizo posible el acuerdo del cambio de dependencia) estableció que este cambio sólo se verificaría una vez que se creara el “Ministerio encargado de la seguridad pública”. Es decir, para que la reforma constitucional tuviere efectos prácticos requería de una ley especial, que es la que hoy celebramos.

En cuanto a las modificaciones que introduce esta ley, la creación de una Subsecretaría de Prevención es un triunfo de aquellos que hemos sostenido permanentemente que el éxito de las políticas de seguridad requiere de avances en la política social y, en particular, en los mecanismos de prevención social, a fin de evitar que nuevos actores ingresen en la carrera delictual o del consumo abusivo de drogas.

La institucionalización del Conace como servicio público (hasta ayer sólo un programa presupuestario), descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, le permitirán redoblar sus esfuerzos en planes y programas preventivos y formación de capacidades preventivas en materia de consumo de drogas y alcohol.

La nueva ley consigna que el Ministro del Interior será el coordinador de la política de seguridad interior y, en tal calidad podrá coordinar los diversos planes y programas que las diversas reparticiones públicas pretendan implementar y que tengan incidencia en materias de seguridad.

En materia territorial destaca la institucionalización legal de los consejos regionales de seguridad pública, liderados por los intendentes e integrados por los alcaldes, donde los diversos actores locales podrán evaluar medidas, implementar, reforzar o suprimir planes o programas en relación con sus resultados. Esta instancia resulta fundamental para coordinar los planes preventivos, de control persecución, rehabilitación y apoyo a víctimas.

No obstante las bondades de la nueva ley 20.502, ahora está en manos de las autoridades implementarla y lograr lo que la ciudadanía está esperando. Una reducción de los niveles de victimización en el país. Recordemos que entre el año 2003 y el año 2009, la victimización se redujo 9,4 puntos porcentuales, quedando como inicio del actual gobierno el 33,6 de los hogares victimizados.

Ahora, con las nuevas herramientas que se le han otorgado a las actuales autoridades, esperamos que se siga con la tendencia descendente en materia de victimización en nuestro país y que logren la meta comprometida en orden a reducir al menos en 4 puntos porcentuales la victimización durante éste período presidencial. Estamos por ver si las nuevas herramientas son bien usadas por quienes fueron llamados a ello.