VICTIMIZACIÓN 2011 UNA LECTURA SOCIAL

Con alarma hemos recibido las nuevas cifras sobre victimización arrojadas por la Fundación Paz Ciudadana. En los últimos seis meses, cerca de 2 de cada 5 hogares fueron víctimas de un delito. Respecto de la medición anterior (dic-2010) la proporción de hogares victimizados aumenta en 4,9 puntos porcentuales (de 33,0% a 37,9%) lo que equivale a un aumento real de 14,8%. Al mismo tiempo, desde la medición de julio de 2010 se observa un alza de 36,5 a 37,9%. Esta situación revela la volatilidad de los indicadores y pone en duda la supuesta baja reflejada en la ENUSC 2010 que es elaborada por organismos del gobierno.

En términos de resultados es importante destacar que las nuevas cifras son plenamente coherentes con los indicadores de las tasas de denuncias registradas por las policías y la cantidad de ingresos registrados por el Ministerio Público. Todos los indicadores demuestran que en vez de mantener la tendencia a la baja de la victimización que se venía registrando desde 2007, lamentablemente hemos retrocedido comenzando una escalada ascendente en materia delictual.

Desde una perspectiva social, se observa con preocupación el crecimiento delictual en los hogares de mayor vulnerabilidad : el 39,3% de los delitos se concentra en hogares de sectores medios y bajos de la sociedad.

La región más afectada es la Metropolitana, donde se registra un 38,7% de los delitos, y dentro del Gran Santiago, la zona surponiente, (Maipú, Estación Central, Cerrillos, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, entre otros) es la más afectada, concentrando el 43% de la victimización y el 70,7% de la revictimización. Es decir: 4 de cada 10 hogares de dicho sector han sido víctima de un delito y 7 de cada 10 que ya lo ha sido, ha vuelto a sufrir la delincuencia por segunda o tercera vez. Ello consolida la desigualdad delictual y deja en total indefensión a estas familias que por experiencias tan cercanas como cotidianas saben que es altamente probable que la delincuencia los afecte nuevamente, con las consiguientes consecuencias emocionales para niños y adultos.

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La desigualdad del delito radica en que los victimarios optan por atacar viviendas de sectores medios y bajos a raíz de al menos dos elementos muy concretos: en primer lugar, son conscientes de que dichas familias abandonan el hogar durante una larga jornada laboral y carecen de recursos para adquirir medios de seguridad privada ; y en segundo término este sector concentra a numerosas parejas jóvenes, con capacidad de crédito y con hijos preadolescentes, lo cual les ha permitido adquirir « gadgets » electrónicos muy apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reducción en el mercado informal. Todo ello transforma a esos hogares en los preferidos de los delincuentes.

Una de las cifras entregadas por este estudio que debe encender las luces rojas de las autoridades lo constituye el alza en las cifras de revictimización, donde los hogares que declaran haber sufrido más de un delito pasan de 24,5% a un 24,9%. Si bien en términos aislados este aumento no es significativo, el indicador viene mostrando incrementos continuos desde junio de 2008 lo que consolida a la fecha, un alza de 6,1 puntos porcentuales, y lo que equivale a un incremento de un 32,4% en sólo 3 años. Y , ojo, porque estadísticamente hablando, esto se traduce en implican que si un hogar ha sido víctima de un delito, lo más probable es que vuelva a serlo dentro de los 6 meses siguientes, salvo que el vecino o vecina pueda adoptar medidas preventivas que sean visibles al delincuente y lo inhiban de ingresar nuevamente a su hogar.

La concentración de la revictimización en el segmento social medio y bajo constata desde otra perspectiva la profunda desigualdad de nuestra sociedad, esta vez en relación a la seguridad pública. En los sectores más afectados el delincuente observa que la falta de las llamadas medidas de prevención situacional, (como falta de iluminación, sitios eriazos desatendidos, o la nula presencia policial y que son de responsabilidad tanto de la Administración Central como del Municipio) constituyen factores que facilitan su actividad y que sus actos queden impunes. La carencia de recursos de los municipios más vulnerables los pone en una clara situación de desventaja para invertir en medidas de prevención situacional en sus entornos.

Tema aparte es la falta de proporcionalidad en la distribución policial en el territorio. lo que queda de manifiesro al observar que mientras en Maipú se dispone de 1 carabinero cada 2.200 habitantes, en el sector oriente de la capital el promedio alcanza 1 cada 1.100. Es por lo anterior que ya transcurridos varios años de implementación del plan cuadrante, la autoridad debiera revisar los resultados de dicha metodología y propender a reponer la policía de proximidad asignándoles unidades territoriales de menor extensión y aumentando su número en razón de la densidad poblacional e indicadores de vulnerabilidad social.

Frente al aumento del delito y revictimización, el estudio de Paz Ciudadana muestra que consecuentemente también aumentó el miedo o alto temor, llegando a 13,9% y concentrándose, nuevamente, en el segmento más vulnerable de la población. Las cifras son elocuentes. Mientras el miedo se instala en el 18,6% de las familias de estratos bajos, éste indicador cae a 13,3% en los niveles medios y disminuye a 11,1% en los niveles altos. Esto podría estar reflejando un mayor impacto de los niveles de delito en los sectores mas vulnerables, pues Sin desmerecer el temor que por cierto también experimentan las familias de sectores altos, mientras estos pueden tomar medidas para salir a trabajar y estudiar sin dejar abandonada su residencia (debido al personal de servicio) o implementar medidas de autoprotección (como seguridad privada, alarmas, cercos eléctricos, etc) ; quien reside en un hogar de un sector vulnerable no cuenta con dichas alternativas, la presencia policial es escasa e inoportuna, y adicionalmente el delincuente frecuentemente habita en el mismo sector, aprovechando el delito de oportunidad o derechamente intimidando y amenazando a los vecinos.

En mi opinión y debido al incremento sostenido del fenómeno de la revictimización de hogares en nuestro país, la autoridad debe adoptar una política pública especializada en prevenir la revictimización en sectores vulnerables, que contemple tanto los aspectos directos como indirectos de dicho fenómeno:

En primer orden cuando un hogar resulta victimizado es fundamental distinguir si lo fue con sus habitantes en el interior o en momentos en que el lugar deshabitado. En los primeros casos, lo fundamental es la atención inmediata y apoyo sicológico posterior de la familia afectada diferenciando los requerimientos de niños y adultos, a fin de superar de manera adecuada el trauma emocional por la experiencia vivida.

Luego la autoridad central debiera coordinar esfuerzos con su contraparte local (municipio) a fin de realizar articuladamente acciones preventivas de entorno como mejoramiento de iluminación de calzadas, cierre de sitios eriazos, poda de árboles que impidan visibilidad, u otra medida de prevención situacional pertinente en el entorno del domicilio afectado. De igual forma la autoridad deberá orientar al vecino o vecina afectada para adoptar alguna medida adicional de seguridad que contribuya a resguardar su hogar. Para reducir la desigualdad en el acceso a este tipo de medidas, se debiese implementar un fondo especial de ayuda a la prevención de la revictimización en los hogares de escasos recursos y que permitan financiar estrategias que han aplicado con buenos resultados algunos municipios (alarmas comunitarias, botones de pánico, mejoramiento de cierres, entre otras).

Junto a lo anterior, la autoridad policial del lugar debiera adoptar rondas preventivas durante un adecuado período de tiempo con el objeto de incrementar objetivamente los niveles de seguridad y evitar una nueva victimización del hogar afectado. Ello también implicaría una medida concreta para apoyar la recuperación emocional de las víctimas al poder constatar concretamente que a partir de su caso los organismos públicos responsables de la seguridad, algo hicieron,

Conclusión:

Los datos de revictimización reflejan un aumento en la cantidad de delitos declarados por los hogares lo que podría estar indicando un aumento de la actividad delictual.

Podría ser simplista quedarnos con una conclusión política respecto de la incapacidad evidente de los encargados de implementar las políticas públicas a este respecto, por lo que he optado por dar una mirada más profunda del fenómeno que estamos viviendo como sociedad. No obstante, un aspecto complejo de las cifras reveladas es que este incremento de la delincuencia y la revictimización se produce en medio de un ciclo expansivo de la economía, lo que hace de nuestro país un caso anómalo en la región y en el mundo. En efecto, hoy Chile ostenta altos y sostenidos niveles de crecimiento, caída sostenida del desempleo y un supuesto incremento del poder adquisitivo de la población. Pero nuestro modelo económico muestra signos de agotamiento, pues este mismo sistema no está generando los mecanismos necesarios para la integración social. Es un tipo de crecimiento que produce importantes externalidades negativas para una gran masa poblacional en cuanto profundiza los niveles de inseguridad, creando crecientemente una sociedad de miedos e inseguridades: Inseguridad económica generada por abusos del sistema financiero, una precaria condición en el ejercicio de los derechos como consumidores; inseguridad de poder dar a la familia acceso a servicios básicos como la salud o la educación; e Inseguridad respecto de la protección de nuestra integridad física, sicológica y de nuestros bienes, sea en el espacio colectivo o en el hogar.

Se genera así una dinámica marcada por el miedo y su consecuencia más visible es sin duda la pérdida de capital social, es decir, de la capacidad que tenemos todos y todas de cooperar para generar mayores niveles de bienestar y paz social. Esto está provocando un círculo vicioso que termina en mayor repliegue y desconfianza social donde predomina el individualismo por sobre lo colectivo, lo social y lo público; la competencia por sobre la cooperación. La teoría de las ventanas rotas -que tanto citan los expertos-, ya nos advertía sobre esta paradoja: No es la delincuencia la que genera la inseguridad; son los mayores niveles de inseguridad –y agregaría desigualdad- los que generan delincuencia.

El tejido social está dañado porque para una gran parte de la población los costos de este modelo parecen ser más altos que sus beneficios. Se requiere entonces de manera urgente, de un proyecto país que nos permita salir progresivamente de este círculo vicioso y lograr que estas cifras macroeconómicas que tanto orgullo nos provocan en la comunidad global, tengan un correlato interno de igualdad, y protección para los sectores más vulnerables, sea por vía de ingresos directos o por focalización de la política social destinada a apoyar a quienes este sistema de mercado no acoge.

Urge entender que la delincuencia no es una causa sino una consecuencia, un síntoma. El sistema penal, por esencia reactivo, no puede ser la única respuesta a estos problemas. No basta tampoco con replicar programas aislados o intentar refundarlo todo en cada cambio de administración ya que las políticas de seguridad requieren para su éxito de estabilidad en el tiempo y evaluación permanente. Debemos ser capaces de « socializar » las políticas de seguridad en el sentido de ampliar y masificar la batería de herramientas de prevención. Educación, empleabilidad, oportunidades de emprendimiento. En fin, diseñar, aplicar y replicar y dar mayor cobertura a, modelos de intervención social que otorguen reales oportunidades a quienes hoy dada sus actuales condiciones de vida y referentes cercanos arecen de esperanzas para su futuro o el de sus hijos. Anualmente 100.000 jóvenes en edad escolar se encuentran fuera de la educación formal constituyendo además de un problema social, un elemento que incrementa el riesgo social de esos niños y jóvenes. En una edad en que por definición los y las jóvenes operan desde un enfoque aspiracional, un argumento de muchos de ellos es que la educación que reciben no les garantizará luego el acceso a una mejor fuente laboral que la que pueden encontrar siendo adolescentes. En cambio, tener una remuneración propia tempranamete les permite además de aportar al sustento familiar, acceder a una serie de bienes de consumo que sienten apoyan la conformación de su propia identidad y un mejor posicionameinto en su entorno social.

Este es el momento para dar un salto, es necesario tomar conciencia de que la inseguridad en nuestro país es un tema transversal que involucra todas las aristas de la política pública. Se requiere de un proyecto que transforme el crecimiento en una palanca para el desarrollo; pero que a su vez se tomen las medidas para que cuando el crecimiento disminuya o se detenga, la inversión social se encuentre garantizada. Se trata de que como conductores de las políticas públicas generemos un proyecto que no se refugie ni tema a las miradas ortodoxas e ideológicas. Es factible construir un proyecto que otorgue certezas y tranquilidad a los ciudadanos, donde frente a los abusos financieros exista una institucionalidad que proteja al más débil, que frente a la inseguridad o ausencia de servicios básicos exista un sistema que corrija dichas falencias y garantice a las familias acceso a la vivienda, educación y salud de calidad; o que frente a la inseguridad y hechos de delincuencia exista un sistema previsto que contemple el castigo proporcional a los hechores pero a su vez que ayude a evitar nuevas experiencias negativas.

Necesitamos un proyecto país que la ciudadanía pide literalmente a gritos y que expresa en cada manifestación o en cada encuesta. Un proyecto que corrija las enormes desigualdades que provoca el juego del libre mercado si corre por sí solo.

Para ello es necesario dejar de lado la idea de que el Estado y el Mercado son por esencia opuestos y que se mandan solos. Somos las personas, quienes debemos establecer cómo complementarlos y se establezca entre ellos un carácter sinérgico: el buen funcionamiento de los mercados y la libertad de emprendimiento requieren del buen funcionamiento del aparato estatal como encargado de equilibrar relaciones de poder, velar por prevenir y terminar con los abusos y de implementar medidas eficaces y eficientes en pos de un mejoramiento de la calidad de vida de quienes por diversas razones se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Una sociedad más justa, menos desigual y más integradora, ciertamente es una sociedad con menos inseguridad, y ciertamente con más certezas, menos miedos y con mejores niveles de paz social. Es posible, pero requerimos para ello estar dispuestos a mirar la realidad desde diferentes ópticas, generar empatía para efectivamente entender esos puntos de vista diversos y poder dialogar en serio, para poder tomar decisiones que marquen tanto un rumbo como las estrategias para avanzar por él.

Felipe Harboe Bascuñan

ALZA DE DENUNCIAS DE DELITOS

Nuevamente hemos conocido estadísticas relativas a los delitos de mayor connotación social. Las nuevas cifras elaboradas por las policías (Carabineros e Investigaciones) y entregadas por el Intendente de la región metropolitana confirman lo que hemos venido advirtiendo desde hace algunos meses. Los delitos están aumentando (+13%) y con ello la inseguridad de las personas. Al observar los incrementos delictuales surge con preocupación que el alza se produce tanto en el espacio público con un incremento de 13% del robo por sorpresa; como en los hogares (Robo con fuerza en lugar habitado). A lo anterior hay que agregar un incremento en el robo de vehículos y atracos a cajeros automáticos.

Ciertamente lo que más debería ocupar a las autoridades encargadas de la seguridad es la integridad física de las personas tanto en el espacio público como en sus hogares. El incremento de las muertes a causa de las denominadas “balas locas” -que sólo durante el primer semestre les ha quitado la vida a 11 personas- debería ser materia de una ofensiva destinada a disminuir el poder de fuego (armas ilegales) en manos de particulares.

El reciente homicidio de un joven profesor en pleno centro de Santiago a manos de un grupo que intentaba robar un vehículo denota la creciente violencia asociada a los delitos contra la propiedad, donde para ellos la vida de un ciudadano puede ser el costo necesario para consumar un delito contra un vehículo. Los recientes atracos a viviendas con agresiones a las familias que las habitan o ataques sexuales sufridos por alguno de sus miembros, junto con causar profundos traumas en las víctimas, generan mayor alarma en la población y requieren de autoridades que por una parte utilicen el aparato del estado para ayudar en la superación de dichas experiencias (atención de víctimas) y, por la otra que puedan aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión antidelincuencia.

Durante la última discusión presupuestaria el Congreso Nacional otorgó al gobierno del Presidente Piñera el mayor presupuesto de la historia para el combate a la delincuencia. Además por una amplia mayoría transversal aprobamos el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por consiguiente el actual ministro del interior cuenta con más facultades que todos sus antecesores para coordinar la lucha contra el delito. Lamentablemente los resultados no acompañan los incrementos presupuestarios ni de facultades. Algo está fallando y se debe corregir.

Probablemente la autoridad equivoca el foco ya que el gobierno ha ingresado en la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a incrementar las penas para los que participen en robos de cajeros automáticos. Sin desconocer la importancia de dicho ilícito para la banca y el impacto en la alarma pública que genera, creo que los indicadores nos están señalando que son las personas en sus hogares y en sus desplazamientos en el espacio público los que deben ser objeto prioritario de preocupación y protección.

Por ello es que llamo a las actuales autoridades a redefinir sus prioridades, focalizar la protección en las personas, aumentar la eficacia y eficiencia en el combate al delito ya que de lo contrario los próximos indicadores seguirán evidenciando un incremento delictual y, con ello, mayor número de personas y familias habrán sido nuevas víctimas de esta condenable actividad.

DELINCUENCIA, CUANDO LA SENSACIÓN SE JUNTA CON LA RAZÓN

Hace pocos días conocimos nuevas cifras de delincuencia en nuestro país. Según dicho resumen de las estadísticas de carabineros y la PDI, los delitos se incrementaron en un 13% lo que sin duda prende una nueva alarma a las autoridades para que modifiquen su actual estrategia antidelincuencia y focalicen de una vez los esfuerzos en la protección de las personas, sea en el espacio público o en sus hogares, ya que de lo contrario me permito advertir –a través de este blog- que los delitos seguirán subiendo en nuestro país para mal de todos nosotros.

Hoy, la encuesta Adimark revela cifras lapidarias de la percepción ciudadana sobre la gestión del Presidente, el gobierno y de algunos de sus ministros. Al observar estas nuevas cifras resultan lógicas. Mientras el problema que más preocupa a los chilenos, la delincuencia, siga subiendo como lo dijeron las cifras anteriores, la percepción sobre el trabajo del gobierno seguirá cayendo.

Hoy nos enteramos que el 69% (casi 7 de cada 10 chilenos) reprueba la gestión del gobierno en materia de delincuencia. Mientras en Abril el 40% la aprobaba, ese apoyo en el mes de Junio se desploma 12 puntos llegando sólo al 28%. Esta percepción es absolutamente lineal con la caída de la evaluación del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter cuya aprobación desde Abril a Junio cae 13 puntos, de 67 a 54% de aprobación.

Los ciudadanos se dieron cuenta que lo que ayer la alianza criticaba y calificaban como ineficacia de los gobiernos de la concertación para controlar el delito, hoy cuando ellos mismos tienen las facultades y las herramientas para producir esos cambios nada han hecho. Por el contrario, no han sido capaces ni siquiera de mantener la disminución que venía ocurriendo; sino que más aún, los delitos, según cifras oficiales, están aumentando.

Complicada situación ya que el protagonismo que le ha dado personalmente el Presidente Piñera a este tema aporta a su caída en la credibilidad, la cual vuelve a caer 3 puntos respecto del mes pasado y contribuye de manera decisiva al aumento del rechazo ciudadano a su gestión presidencial que este mes llega al 60%.

A pesar de ser de oposición no podemos estar felices de esta alta desaprobación y falta de credibilidad. Aún faltan 2 años para el término del mandato presidencial y no es bueno para el país que nos sumerjamos en una crisis política por falta de liderazgo o conducción del gobierno, ya que ello aparejará consecuencias nefastas de imagen internacional y con ella, la reducción del ingreso de nuevas inversiones que pueden aparejar mayor y mejor empleo para nuestros compatriotas.

Muchos de nosotros, desde la vereda de la oposición hemos contribuido a aprobar proyectos de ley y hemos aportado ideas para mejorar ciertos aspectos donde existe evidente falta de gestión o desconocimiento, pero nos encontramos con un frontón que no está dispuesto a escuchar y que a quien se le ocurre disentir se le descalifica públicamente sin enfrentar los temas de fondo.

La vocera ha sobreutilizado la frase “no lo hicieron durante los últimos 20 años” llegando incluso a ser materia de burlas en las redes sociales lo que se traduce en su estrepitosa caída de evaluación en 15 puntos en los últimos 2 meses.

Ellos prometieron una nueva forma de gobernar. Prometieron eficacia y eficiencia, control del orden público y trancar la puerta giratoria de la delincuencia. La mayoría de los ciudadanos creyó en esas promesas y democráticamente los eligió. Hoy vemos que más que soluciones muchos se esmeran en elaborar “explicaciones” y empatar con lo que se hizo o se dejó de hacer con anterioridad. Señores, a ustedes los eligieron para gobernar y eso implica dar GOBERNABILIDAD a un país, situación que hoy está en duda debido a la evidente incapacidad de enfrentar el actual escenario político y social de nuestro país.

Hoy, este gobierno nos brinda un temor más a la ya larga lista de miedos ciudadanos que sienten millones de chilenos. Al ya tradicional temor al delito y la violencia, se suma el temor a ser víctima de abusos de parte de grandes casas comerciales, al temor de no poder pagar la educación de los hijos; el temor de caer en dicom y ser marginado de la sociedad y, como si no fuera suficiente, se agrega el temor a la falta de gobernabilidad para garantizar un país en paz y tranquilidad.

LA POLAR: INCENTIVOS PERVERSOS

La Polar y sus consecuencias puede llamarse cadena de incentivos perversos. Sí, tal como lo lees. En este breve ensayo podrás observar el conjunto de incentivos perversos que hoy existen en el mercado y que posibilitaron el mayor fraude al mercado de valores que se haya conocido en la última década.

Vamos por parte. Primeramente me referiré al incentivo perverso de las remuneraciones variables y las stock options de los principales ejecutivos de la empresa. Si analizamos aisladamente quizás no podríamos hablar de incentivos perversos, pero en el contexto de una empresa sin un controlador, la existencia de bonos y remuneraciones variables de los principales ejecutivos más la posibilidad de stock options, obviamente motivaban a estos últimos a buscar por cualquier medio (como quedó demostrado) el alza del valor accionario de la compañía, ya que ello implicaba un incremento en sus patrimonios personales.

Este incentivo de “ir en la parada” los llevó a maquinar un ardid destinado a inflar los balances de la compañía y así hacerla aparecer atractiva para el mercado de valores. La repactación fue parte de este ardid y los clientes y sus deudas sirvieron como mecanismo para abultar contablemente el patrimonio de la empresa.

La pregunta que surge es ¿qué pasó con el directorio?

Integrado por “profesionales altamente capacitados” debían fiscalizar a los ejecutivos para que el crecimiento de la compañía fuere sustentable en el tiempo. No lo hicieron. Aquí es donde aparece otro incentivo perverso, ya que al revisar la memoria anual de la empresa La Polar, aparece que los miembros del directorio (en su conjunto) percibieron la suma de $154 millones por concepto de dieta fija, pero adicionalmente percibieron $271 millones como ingreso variable.

Es decir, parte de sus remuneraciones iban asociadas a los resultados de la empresa.

En consecuencia si el trabajo de los ejecutivos permitía incrementar el valor accionario, ellos también ganaban con dicha alza (también “iban en la parada”). A lo anterior se debe agregar que algunos directores tenían acciones de la empresa por lo que además de su ingreso fijo y variable por su condición de director, parte de su patrimonio personal dependía del valor de la acción de la empresa.

Un tercer incentivo perverso es el de los clientes. No olvidemos que los afectados son clientes morosos, a los cuales se les conminaba a pagar o aceptar las repactaciones sin conocer las condiciones de la misma. He aquí otro incentivo perverso. Muchos clientes no reclamaron al ser repactados unilateralmente ya que ello implicaba que no los “ejecutaran” judicialmente y no fueran objeto de embargo en sus bienes personales y familiares. Entonces parecía mejor (en el corto plazo) no reclamar por las repactaciones ya que ello los libraba del pago inmediato o de la posibilidad de ejecución patrimonial.

Un cuarto incentivo perverso es el que se presenta en la relación entre la empresa La Polar y su empresa auditora (PwC). Así, la empresa auditora para mantener el contrato con la empresa auditada no debe ser “extremadamente” rigurosa en sus análisis ya que podría “molestar” a su cliente y éste podría terminan la relación contractual.

Por ello es que se requiere una modificación legal que establezca que tratándose de sociedades anónimas abiertas será la autoridad fiscalizadora (SVS) la que determinará la empresa auditora la cual no podrá permanecer por más de 3 años con la misma empresa.

¿Qué pasó con las clasificadoras de riesgo? Nada advirtieron y siguieron recomendando la adquisición de acciones y bonos, llegando incluso a calificarlos como bonos “A” en Diciembre de 2010 ya muy avanzado el ardid contable de La Polar.

¿Cómo es posible que las corredoras de bolsa que además eran poseedoras de parte de la propiedad accionaria de La Polar, recomendaran adquirir sus títulos? ¿Lo que vendían eran acciones disponibles en el mercado o se trataba de parte de sus paquetes accionarios de los cuales querían desprenderse? Claramente un incentivo perverso a mantener las recomendaciones para deshacerse de un “patrimonio afectado” puede minar la confianza en el mercado de valores.

Finalmente las instituciones fiscalizadoras. La Superintendencia de Valores y Seguros nada hizo y, de conformidad al DL 3.538 posee un conjunto de facultades preventivas y fiscalizadoras que bien usadas podrían haber minimizado el efecto que finalmente generó tanto en el mercado de valores como con los accionistas, suscriptores de bonos y los deudores de la tienda comercial. ¿Por qué hoy aparece el SVS haciendo visitas inspectivas tanto en La Polar como en el resto del retail si en el tiempo intermedio no ha habido ninguna modificación legal a sus facultades? O lo de ahora es ilegal, o lo de antes fue negligencia inexcusable.

Respecto del Superintendente de bancos, corresponde cuestionar su inacción ya que al ser el encargado de fiscalizar las tarjetas de crédito de las entidades no bancarias de conformidad a la circular 17 de la SBIF y poseer en su propia web información relativa a la desproporcionada cartera de deuda de los clientes de la tarjeta de La Polar en relación con el resto del retail podría haber solicitado ampliación o aclaración de la información para desentrañar las razones de dicha evidente diferencia con el resto de la industria. De hecho según el propio Gerente del retail, el SBIF fue advertido sobre la necesidad de fiscalizar tales diferencias y éste habría respondido que sería “el mercado” quien se encargaría de regular dichas diferencias.

Por último la reacción inicial de la autoridad política (ministro de Economía) que calificó el fraude como un “accidente financiero” dejó en evidencia la intención de la autoridad ministerial de no escalar la situación y mantener las regulaciones sin alteración alguna.

Las razones, varias: El amor al mercado y la desregulación que inspira sus actos. Los directores involucrados pertenecen al mismo grupo de académicos de la PUC al que pertenece J. A. Fontaine. Tanto es así que 5 de los 7 directores de La Polar fueron nombrados como directores en empresas del estado por el Presidente Piñera a proposición del propio Fontaine y Larraín. Finalmente la autoridad política intentó minimizar la situación ya que indefectiblemente los ciudadanos harían la relación entre el gobierno empresario y los abusos de La Polar y, por más que intenten mostrarse “indignados” ante tal situación, Fontaine clavó la bandera inicial, la del “accidente” para no manchar a sus amigos, los directores de La Polar, total, más temprano que tarde se los topará en algún directorio o actividad social cuando vuelva a su actividad habitual, la empresa y los directorios.

Hoy, el nuevo Presidente del directorio, César Barros, llama a invertir en la empresa ya que sus incentivos económicos personales dependen del éxito del salvataje y la capacidad de “levantar” los recursos necesarios para salvar a la empresa.

Las AFPs concurren con su voto para aprobar el aumento de capital en U$200 millones para salvar a la empresa y así no ver perjudicadas sus inversiones en acciones y bonos adquiridos de manera ingenua e irresponsable. ¿Con qué facultades podrían las AFPs concurrir a salvar a una empresa si el DL 3.500 no los faculta para ello?

Eso es parte de las consultas que hicimos a la Superintendenta de Pensiones a fin de evitar que nuevamente los representantes de las AFPs puedan decidir invertir los fondos de todos los chilenos que administran en una empresa cuya contabilidad adolece de un vicio de forma. No es veraz.

¿OBSTRUCCIONISMO O LLORIQUEO?

Cada día observo la proliferación de “expertos coyunturales en todo” dotados de una capacidad infinita para hilar frases gramaticalmente estructuradas y de alto impacto ciudadano aún cuando lo que digan carezca de todo contenido. Si además de una frase bien hilada, la expresan seria y pausadamente con una cierta mirada intelectual, entonces logran parecer hasta inteligentes ante las cámaras de tv. Lugares comunes como el clásico “lo hacemos pensando en Chile y su gente” o el manoseado “no lo he pensado pero si la gente lo pide” o esa frase eternamente postergada “daremos un salto al desarrollo” o la recientemente incorporada “debemos modificar la matriz energética” constituyen los top 5 de las frases recurrentes y vacías pero políticamente correctas.

A las frases anteriores, este gobierno ha sumado otra “la actitud obstruccionista y destructiva de la oposición”. Ya se ha hecho tradicional que la autoridad de gobierno frente a la más mínima disidencia -sea en una declaración o frente a algún proyecto de ley- tienda a obviar la divergencia planteada y concentre sus ataques en el interlocutor. Pareciera que al gobierno le da lo mismo el fondo de la diferencia planteada, prefiere quedarse con “quien lo dice” a fin de descalificarlo y denostarlo. Ejemplos hay varios: La denuncia de certificados falsos de beneficiados con subsidios de viviendas para la reconstrucción en la VIII región. A ningún funcionario de gobierno le importó la veracidad de la denuncia y los eventuales implicados; más bien se apresuraron en desacreditarla y denostar al denunciante. Otro caso fue el del joven Pakistaní acusado de terrorismo. El jefe de gabinete le imputó participación en un delito que la justicia desechó de plano. Cuando se le hizo ver, la autoridad, lejos de reconocer su error, descalificó a quienes le enrostraron su imprudencia. El caso bombas es otro ejemplo patente donde la misma autoridad hizo alarde de su eficacia de persecución (aprovechando de denostar a sus antecesores) y al poco andar la justicia le echó por tierra sus aseveraciones, atestando un nuevo sablazo a su ya alicaída credibilidad. Nuevamente se opta por descalificar a quien plantea las diferencias en vez de enfrentar con argumentos el fondo de las mismas.

Buscando las razones u orígenes de dicha actitud, especulo respecto de la eventual huella que dejó en ellos la jerárquica y rígida educación católica conservadora de su infancia o adolescencia. Quizás la competencia por sobresalir en familias numerosas o educación excesivamente competitiva pudieron dejar rastros. Tal vez acostumbrarse a poseer una posición dominante en alguna empresa de la familia o de un amigo “del papá” sin cuestionamientos de subalternos podría ser otra de las razones de esta nueva forma de relacionarse. En fin, son algunas de las razones que elucubro para tratar de explicar esa vocación de “portadores de la verdad” que pretenden algunos. Pero bueno, más allá de su desconocido origen, estamos frente a un “estilo” de persona que se cree poseedor de la verdad y que todo el que se salga de la fila debe ser duramente descalificado o tildado de antipatriota, majadero, obstruccionista u otro calificativo que con el tiempo conoceremos.

Desde mi desembarco en la oposición legislativa –que ciertamente no me ha sido fácil- he aprobado muchos proyectos enviados por este gobierno o de continuidad de la administración anterior y he contribuido de manera decisiva a la aprobación de otros tantos como el ministerio de seguridad pública; nuevo marco jurídico de los refugiados; penas sustitutivas, tribunales ambientales; neutralidad de la red; y muchos otros. Es decir, a veces incluso me he cuestionado mi condición de opositor debido a mi voluntad de aportar al mejoramiento y aprobación de buenas leyes para el país.

Pero enfrentado a la reciente batería legislativa llamada megalómanamente “agenda social” (que en realidad son sólo 2 proyectos). Nueva regulación del Post natal y eliminación del descuento del 7%; reivindico mi derecho como legislador electo por los ciudadanos a disentir en aquellas materias que creo no son adecuadas. ¿Seré obstructor?

Se dice que el proyecto del post natal de 6 meses es un tremendo avance porque extiende su plazo y amplía su cobertura. Ambas afirmaciones son correctas. El punto es a cuántas mujeres se les extiende y a qué precio. El texto actual extiende su cobertura sólo al 2,5% de los hijos nacidos en un año, dejando al resto de los niños sin derecho a estar con su madre. ¿Si el postnatal es un derecho de los niños para fortalecer el cuidado y el apego con sus madres, por qué entonces la diferencia en atención a la naturaleza del contrato o su antiguedad? Es decir el niño hijo de contratada con 2 años de antigüedad y con imposiciones posee un derecho mejorado respecto del hijo de una madre contratada a honorarios o sin antigüedad de vinculo? No me parece.

Por otra parte, el proyecto extiende el período de postnatal hasta por 6 meses a cambio de la diminución del fuero. Es decir el estado invierte recursos (menores a lo que recupera por concepto de ahorro de licencias médicas) para mantener a las madres en un postnatal mayor a cambio de que su empleador pueda despedirla en menor plazo después del ejercicio de su derecho. Francamente impresentable.

Bien he aquí algunas de las razones de mi disenso con la iniciativa. ¿Soy obstruccionista por eso? Si disentir con argumentos es ser obstruccionista, entonces orgulloso de serlo. No acepto descalificaciones por mi forma de pensar. Desafío al debate de ideas y argumentos en torno a cada proyecto. Creo que la majadería del “obstruccionismo” no es más que un lloriqueo permanente de ciertas autoridades debido a su incapacidad política. El arte de la política consiste en convencer y no en imponer, en articular y no en descalificar. En dialogar y no en aislar. La actual autoridad debe dejar de lado sus traumas de origen y asumir que gobernar requiere escuchar y acoger; que la descalificación la llevará por el mal camino del enfrentamiento y el estancamiento de su agenda. La nueva forma de gobernar debe aprender que en Chile hay diversas visiones de la sociedad y que en el parlamento confluye esa diversidad la cual debe conquistar con argumentos y no con descalificaciones. Más allá del intento por reducir el debate a la (des)calificación de obstruccionismo, seguiré actuando en conciencia con seriedad y consecuente con mis convicciones y leal a mis electores.

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

Esta técnica ha resultado muy eficiente para combatir delitos, pero no por ello debemos abrir la puerta a que sea de aplicación general o común.

El código procesal penal consigna un conjunto de facultades al organismo persecutor, a fin de poder realizar sus investigaciones. Pero cuando alguna de estas "técnicas investigativas" implica la afectación de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, es el mismo código (la ley) el que exige la autorización previa del órgano jurisdiccional competente.

Así, en el caso de las interceptaciones telefónicas, tema cubierto por este diario en días recientes, es importante considerar que se trata de una técnica intrusiva de mucha utilidad en algunas investigaciones, pero que afecta, entre otros, el derecho a la privacidad de las comunicaciones del cual goza cualquier ciudadano por disposición constitucional.

Por esta razón, el legislador estableció una limitación previa para efectuar dicha medida intrusiva: la autorización judicial. Así, existe un tercero ajeno a la investigación, imparcial y dotado de competencia para autorizar o denegar el uso de tal instrumento, en virtud de una ponderación de los derechos afectados y la necesidad para el éxito de una investigación. Si el legislador consideró la intermediación del órgano jurisdiccional para su uso como mecanismo de protección ex-ante de los derechos fundamentales, ¿por qué entonces la actual legislación permite al persecutor adquirir y operar dicha tecnología intrusiva?

De toda lógica sería que dichas herramientas estuvieren en manos de un organismo de integración interinstitucional, donde exista presencia del Poder Judicial, de los persecutores y también de la defensoría penal pública, a fin de que el uso de dicha tecnología se encuentre circunscrito de manera exclusiva para los fines y en los casos previamente autorizados.

La técnica de la interceptación telefónica ha resultado muy eficiente en las investigaciones relativas a narcotráfico y crimen organizado, pero no por ello debemos abrir la puerta a que dicha medida sea de aplicación general o común, ya que estaremos poniendo en grave riesgo nuestro derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Dado el éxito de esa medida investigativa, numerosos países han constituido una organización especializada encargada de concretar el sistema de interceptación. Allí confluyen las diversas instituciones que intervienen -de conformidad a la ley- en dichos procedimientos. Su funcionamiento se encuentra normado por protocolos de autorización que impiden que un funcionario de alguna de las instituciones utilice dicha tecnología para fines diversos u omita su uso en una investigación determinada.

De igual forma, se contemplan procesos para la protección y destrucción de "información residual" obtenida en una investigación particular y que nada tiene que ver con el objeto de la indagación. Este sistema debería poner fin a la existencia de tecnología intrusiva al interior de las instituciones policiales y, en particular, en el Ministerio Público. Estas instituciones, por mandato de la ley, no son imparciales en un proceso criminal, porque son los encargados de perseguir los delitos y, por tanto, su interés en el juicio es explícito: la condena de los hechores. Debemos ser capaces de compatibilizar el respaldo a la persecución delictual con la protección de los derechos fundamentales.

"ES HORA DE LA SEGUNDA GENERACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD"

"Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, para darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo"

El año del bicentenario nos arroja buenos datos en materia de seguridad. La victimización de hogares según la ENUSC disminuyó en 5,2 puntos porcentuales en relación al año 2009. Un buen dato que ratifica que la estabilidad y continuidad de políticas públicas arrojan buenos resultados.

Cabe recordar que desde el año 2003 -primer año de medición de la ENUSC- a la fecha, la victimización de hogares ha disminuido sostenidamente. El 43% original se redujo a 33,6% el 2009, lo que representó una disminución acumulada de 9,4 puntos porcentuales en 6 años. Una primera mirada a la encuesta, permite advertir que el delito que más cayó fue el robo por sorpresa (-2,5). Delito que se produce en el espacio público y en particular en las concentraciones de población flotante y zonas comerciales.

Su disminución puede estar asociada a la entrada en régimen de la ya histórica y masiva instalación de sistemas de televigilancia que permiten identificar a los hechores, advertir a las policías de su ocurrencia y servir de medio de prueba para su proceso judicial. Igualmente la información de las anteriores encuestas ayudó a focalizar el accionar policial preventivo y potenciar las campañas de autocuidado en las zonas y épocas de concentración delictual.

Geográficamente es posible advertir la caída de 26% en las zonas afectadas por el terremoto (O´Higgins, Maule, Bio Bio y Araucanía), lo que constituye un importante aporte a la disminución de la estadística nacional. Preocupante es el aumento en Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes donde debiera revisarse sus causas para enmendar el rumbo.

Respecto de la disminución de las denuncias, estamos ante una mala noticia ya que se traduce en mayor impunidad delictual. Está demostrado que la caída en las denuncias no es sinónimo de caída en delitos. Más aún, este descenso puede significar menor confianza en el sistema o temor a iniciar las acciones judiciales. Habrá que observar sus causas e intentar revertirla.

En cuanto a las percepciones, sorprenden sus contradicciones. Por una parte, disminuye el número de personas que cree será víctima de un delito durante el próximo año, pero por otra, casi el 60% de los encuestados cree que la delincuencia aumentó el 2010 en abierta contradicción con las cifras de victimización.

Finalmente, creo que estamos en condiciones de pasar a un debate de segunda generación en las políticas públicas de seguridad, concentrando nuestras acciones en disminuir las condiciones de riesgo que facilitan el ingreso de nuevos actores al delito.

Maltrato infantil, deserción escolar, abandono, desempleo, marginalidad, segregación urbana, falta de oportunidades y de esperanzas, debieran ocupar el debate del futuro para “socializar” las políticas de seguridad y construir una sociedad más segura fundada en un profundo proceso de integración social, económica y también urbana.

Esta decisión requiere de un gran consenso político y social, a fin de darle continuidad en el tiempo ya que no será ni este gobierno ni el próximo el que logre terminar con las condiciones de riesgo que gatillan a algunos jóvenes a buscar en el delito una forma de vida. A eso invito: a sumar capacidades y voluntades para construir un Chile más integrador y por ello, más seguro.