EL SUBTEXTO DEL CAMBIO DE GABINETE

A estas alturas ya nadie se debió sorprender de un cambio de gabinete. Los problemas de conducción en algunas áreas de gestión eran evidentes. Las carteras de trabajo, transportes, defensa y energía hacían agua por todos lados.

Camila Merino era cuestionada por su escasa capacidad de articulación, conducción de equipos internos y constantes errores comunicacionales en el episodio del cierre de la mina San José. Los líos con el consejo de transparencia y la contraloría, y sus malos modos, terminaron por sellar la suerte de Ravinet. Respecto del ex ministro de energía, este abandona el gabinete con un triste record: 3 black out con confusas explicaciones, mala percepción en la industria, nulo avance legislativo, falta de visión energética y pésimo manejo del conflicto de Magallanes, lo que quedará en el currículum de don Ricardo Rainieri en 10 meses de gestión en el sector público. Más inesperada fue la salida de Felipe Morandé. Quizás sus escasos avances en el PTS o su próxima derrota ante el Tribunal Constitucional por el decreto de TV digital, habrían influido en su partida no voluntaria. Se echó de menos la salida del titular de Obras Públicas quien no ha cumplido el rol que se esperaba. Escasos avances en la promoción de obras públicas y manifiesta incapacidad de liderazgo de los equipos internos. Además, según lo dicho por el Ejército, fue justamente ésta autoridad quien visó la compra de la famosa casa para un general la que luego fuera objetada por Contraloría.

Previo al análisis del subtexto del cambio de gabinete, dejo de manifiesto que la decisión presidencial (según mi opinión) parece acertada y oportuna, y da cuenta de su capacidad de observar las falencias en sus equipos de trabajo y de enmendar rumbos en el año decisivo para su gobierno.

Salen 3 técnicos de carteras sectoriales y se escoge en dos de ellas a políticos de gran experiencia. Un operador y articulador por naturaleza como Andrés Allamand reemplazará a Jaime Ravinet y una aguerrida Evelyn Matthei asumirá la cartera de trabajo.

La llegada de Allamand tiene varios efectos. En primer orden su ingreso al gobierno sirve al Presidente para aplacar sus constantes cuestionamientos públicos al manejo gubernamental. Luego, fortalecerá la capacidad articuladora del gobierno en medio de los cuestionamientos hechos por el mundo político (en particular la UDI) al manejo del actual jefe de gabinete. En este sentido, su llegada creo no pasará desapercibida en la toma de decisiones. Podrá estar instalado físicamente fuera de palacio, pero Allamand se las arreglará para influir en las decisiones presidenciales. Su esfuerzo de influencia estará centrado en el diseño estratégico del gobierno y para ello su amplia capacidad de articulación política le da ventaja por sobre cualquier otro miembro del gabinete y comité político. Sin duda quien verá disminuida su influencia política será el actual ministro del interior, quien con la llegada de Allamand tendrá al interior de su equipo a un “panzer” con mayor experiencia y capacidad política. Quizás esto le permita dedicarse a lo que parece acomodarle, la seguridad ciudadana y avanzar con mayor rapidez en un tema donde está al debe y la ciudadanía lo evalúa cada vez peor. La cartera de defensa le permite a Allamand hacerse cargo de un tema ajeno a la coyuntura donde se habla de política de estado y se promueven debates fuera de la pasión y disputa política. Los desafíos serán la modificación de la ley reservada del cobre y la reforma previsional del sector, donde deberá desplegar sus capacidades para ampliar los efectos de dichas modificaciones, minimizando los conflictos con el sector castrense, que ve con preocupación los alcances de dichas modificaciones. Si lo realiza con moderada inteligencia, debiera esperarse un alza de su imagen pública en las próximas encuestas tal como ha ocurrido con todos los ministros de defensa.

La llegada de Evelyn Matthei se entiende para incorporar a alguien que forma parte del corazón de la UDI y con ello cooptar a la tienda de calle Suecia, evitando seguir con los constantes cuestionamientos al “gobierno de Piñera” y no al “gobierno de la Alianza.” La agenda laboral podría ser quizás una agenda compleja para ella donde deberá aprender a lidiar y tolerar a las diversas organizaciones sindicales, empresariales y, en muchas ocasiones a las autoridades de Hacienda, cuyas agendas se cruzan y en no pocas ocasiones de manera inversa. Sus principales riesgos son su desconocimiento del funcionamiento del aparato del estado y su carácter agresivo y frontal, lo que le puede granjear conflictos no sólo con la oposición, sino con los sindicatos y autoridades de gobierno.

Ambas incorporaciones permiten aventurar que el Presidente de la República dio por superado su “gabinete ideal” para dar paso al “gabinete necesario”, donde los doctorados no constituyen fuente de encantamiento ni garantía de buen servicio público. Llegó la hora de la política y de que los que la han ejercido, demuestren que se encuentra vigente y es capaz de dar conducción en este gobierno. Se fortalece el concepto de la nueva derecha y se materializa reconstituyendo lo que fue la otrora “patrulla juvenil”. Demostrar que se pueden hacer alianzas con militantes de una y otra tienda, más allá de sus estructuras orgánicas, buscaría fundar esta tesis de nuevos estilos, apertura y lealtad transversal.

Con Allamand y Matthei, suman 5 los aspirantes al sillón presidencial de la alianza y todos se encuentran en el gabinete de Sebastián Piñera. Con ello el presidente controlará los tiempos del desafío presidencial, dilatando su inicio y evitando la disminución de su influencia política. Esto transforma a este gabinete en una constelación de individualidades con aspiraciones igualmente egoístas, lo que los hará luchar por realizar una buena función para destacar. Pero a su vez, podría aparejar problemas al presidente cuando alguno de ellos decida no avanzar en las metas sectoriales conflictivas, por temor a dañar su imagen y con ello su carrera presidencial, endosando los costos en alguno de los rivales o incluso en el mismo mandatario. Veremos si esta constelación de individualidades es capaz de formar un buen equipo o primarán las legítimas aspiraciones individuales.

La designación de Lawrence Golborne como biministro de Minería y Energía, si bien no es nada nuevo (Jorge Rodríguez Grossi llegó a ser triministro de economía, minería y energía), en las actuales circunstancias podría ser un salvavidas de plomo. La crisis del gas en Magallanes constituye un desafío y un riesgo para el mejor alumno del gobierno. Su participación en el directorio de Enap que tomó la decisión del alza en las tarifas del gas de Magallanes no pasará desapercibida al momento de las evaluaciones ciudadanas. Con sus nuevos compañeros de ruta, la pista sin duda se le estrecha, ya que no le darán tregua alguna y utilizarán todas las artes conocidas para incrementar sus propias popularidades en desmedro de la suya. Pudo ser su disparado apoyo popular lo que haya inquietado al grupo presidencial, y haya motivado su desembarco como biministro en medio del conflicto de Magallanes y a escasos 4 días de la interpelación programada a su antecesor. El gas de Magallanes, cierre de faenas mineras, inestabilidad de generación para 2014, desarrollo de ERNC y venta de activos de Codelco, serán algunos de los desafíos que deberá enfrentar el niño símbolo del rescate de la mina San José.

Un riesgo adicional de este nuevo diseño, lo constituye el hecho que las dos nuevas incorporaciones han hecho su vida política en el parlamento, donde el individualismo y la iniciativa personal constituyen la piedra angular de la gestión parlamentaria y difieren sustancialmente del sentido de cuerpo que requiere un gobierno. Mi experiencia es que salvo un par de excepciones, los originarios del parlamento demoran mucho en entender este concepto (algunos nunca lo logran) constituyéndose más en un problema de gobierno que una solución al mismo, debido a que opinan sobre temas que en un equipo les son ajenos y que complican a la autoridad central.

La decisión de incorporar al gabinete a dos figuras que estaban ejerciendo funciones en el congreso nacional, por de pronto significa un cambio de postura de algunos dirigentes de la coalición de gobierno. Algunos de los que criticaron duramente la llegada de Carolina Tohá al gobierno de Bachelet hoy callan en señal de apoyo. Los mismos que recurrieron al Tribunal Constitucional hoy nada dicen. Respecto de la constitucionalidad, no hay duda, se puede hacer y así fue resuelto por el órgano competente. Respecto de la conveniencia de hacerlo es legítimamente debatible, pero no hay que perder de vista el sentido de la facultad presidencial. La designación de sus ministros es una facultad privativa, exclusiva y soberana del Presidente de la República por lo que sobre esto se puede opinar pero no cuestionar, ya que en un estado republicano sólo a él compete tal decisión.

Es de esperar que estos cambios infundan un nuevo aire a este gobierno, que a pesar de llevar sólo 10 meses de gestión ya parece superado por circunstancias como la reconstrucción, conflicto en Rapa Nui, inseguridad y ahora la verdadera revolución pingüina en Magallanes.

Por el bien de Chile, es de esperar que le vaya bien a este equipo, ya que las incorporaciones representan –más allá de las naturales diferencias que tenemos- la reivindicación de la política en el arte de gobernar las democracias del siglo XXI.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

En recientes notas de prensa se señala que la venta de las acciones públicas en las sanitarias es una continuación de lo hecho por la Concertación. Es necesario precisar los elementos diferenciadores entre el proceso realizado en la década de los 90 y el actual, donde el gobierno pretende enajenar la totalidad de los derechos del Estado en dichas entidades.

El proceso original buscaba mejorar el servicio a los usuarios. Para ello se necesitaba financiar las inversiones necesarias y el Estado no contaba con recursos suficientes para abordar esa enorme tarea. En pocos años se logró el 100% de cobertura de agua potable, un 95% de cobertura de alcantarillado y un 85% de las aguas tratadas, disminuyendo el riesgo de enfermedades producidas por contaminación y ubicándonos al nivel de los países desarrollados. La decisión fue polémica, generó un amplio debate y tuvo detractores en la propia Concertación, pero finalmente se aprobó en el Congreso e incluyó un marco regulatorio para contener abusos en la posición monopólica. Se fortaleció la Superintendencia de Servicios Sanitarios para mejorar la fiscalización y el Estado conservó un porcentaje de la propiedad para representar al gobierno en un tema esencial para la comunidad y estratégico para el país.

Hoy no hay proceso ni debate alguno. Se trata sólo de vender rápido las acciones del Estado en estas empresas. Más allá de su equívoca justificación sin exigir regulación adicional ni preservación del interés general.

Hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la Región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable. Esto exige una revisión previa y urgente de la normativa del proceso de fijación tarifaria para evitar sobreprecios a millones de usuarios de un producto esencial como el agua potable. Vender la participación del Estado en las sanitarias sin abordar este problema es una irresponsabilidad que puede perjudicar a millones de ciudadanos.

El estatuto de las sanitarias exige un quórum del 75% de los accionistas para que las empresas puedan vender sus derechos de agua o destinarlos a un uso distinto del consumo humano. Al vender su participación, el Estado perderá todo control sobre los derechos de agua de dichas sanitarias.

¿Está el gobierno de Sebastián Piñera dispuesto a vender las acciones del Estado de Chile sin resolver previamente estos puntos arriesgando a millones de usuarios a cobros excesivos y sin un debate democrático del tema?

Por lo dicho, es necesario diferenciar ambos procesos. Mientras el primer proceso se hizo por ley, el actual es por decreto. Mientras en el original se mantuvo presencia del Estado en las empresas ahora se entrega todo el control al mercado. Mientras en los 90 se generó un marco regulatorio, aquí se pretende vender sin hacer las correcciones evidentes que éste requiere, lo que afectará a los consumidores y los intereses permanentes del estado más allá del gobierno de turno.

PARQUE FORESTAL: PROBLEMA DE GESTIÓN EDILICIA

Pocos saben que el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes fueron obras de conmemoración del centenario de la República. La idea fue crear un espacio natural que diera continuidad natural al majestuoso edificio.

Por allí circularían los amantes de la cultura y la naturaleza, además de los transeúntes de la comuna capital. Sería un espacio abierto, dotado de flora acogedora y productora de sombras. Habría espacios de césped, de libre tránsito, para que las familias pudieran disfrutar de lugares de esparcimiento en medio de la ciudad. Fuentes de época refrescarían el caluroso ambiente propio de las ciudades capitales, donde el sonido del escurrir de sus aguas se transformaría en una melodía de paz y tranquilidad a escasos metros de la incesante circulación vehicular. En fin, tras el Parque Forestal no sólo hay historia, sino un concepto urbano digno de conocer y preservar.

Al conmemorarse el bicentenario de la República, el alcalde Pablo Zalaquett sorprende a la comunidad anunciando un proyecto de intervención del Parque Forestal, del que sólo se exponen algunos antecedentes parciales. Esta situación ha generado dudas y preocupaciones, en particular de los residentes del sector.

Más allá de los detalles de la intervención -que deberán ser analizados por urbanistas y paisajistas- estamos en presencia de un problema más complejo que tiene que ver con la concepción que posee la actual autoridad comunal de la forma de llevar adelante la gestión edilicia. Según ella los vecinos son objetos de política pública y, por tanto, no deben ser parte de la consulta ni la decisión. Sólo deben circunscribirse y asumir las medidas adoptadas por la autoridad de turno.

Esto no responde al estado actual de desarrollo de los derechos ciudadanos ni a una concepción moderna del derecho a la ciudad justa y la protección de su patrimonio.

La evolución democrática de nuestro país ha permitido incrementar la conciencia sobre los derechos que posee cada ciudadano, y hemos comenzado a exigirlos, tal como ocurrió en la Europa de los '60s. Hoy resulta común observar a las organizaciones de protección y defensa de los barrios; organizaciones en protección del ecosistema de alguna zona en particular.

Es decir, hoy existe conciencia del derecho a la conservación del patrimonio natural, sea inmaterial o arquitectónico; a la conservación del medio ambiente y también del derecho a participar de manera activa en las decisiones de autoridad que afectan (o afectarían) el normal desarrollo de la vida de barrios y ciudades.

La decisión de intervenir el pulmón verde de la comuna capital, donde confluyen artistas, vecinos y familias, al menos debe ser consultada a la comunidad residente. No es posible pensar que una autoridad crea que el mero anuncio de una medida de tal impacto no será fuente de conflictos, incluso cuando dicha decisión afectará la vida cotidiana de miles de residentes.

Un ejemplo de la misma concepción fue la remodelación de la Plaza de Armas, que años después pasó la cuenta electoral a su impulsor. Por lo anterior, desafío al alcalde Pablo Zalaquett a no temerle a la democracia y llevar adelante un proceso de consulta ciudadana, abierta, transparente y vinculante para que sean los propios vecinos los que decidan sobre su proyecto de intervención del Parque Forestal. A su vez, lo insto a instalar una gestión donde la opinión ciudadana tenga cabida no sólo ad portas de las elecciones sino durante todo el ejercicio de su mandato municipal.

La política y sus actores debemos asumir los cambios culturales del país y, por tanto, debemos promover un cambio de mentalidad de las autoridades donde los ciudadanos sean considerados como sujetos activos de las políticas públicas y, con derechos no sólo a opinar sino también a decidir sobre aquellos aspectos de la vida cotidiana que les han de afectar más allá de las autoridades comunales de turno.

¿POR QUÉ LA CAMPAÑA FIN A LOS ABUSOS DEL DICOM?

Mucha gente me ha preguntado el por qué de la campaña para terminar con abusos del Dicom. La respuesta fácil sería decir “porque es injusto”. Ciertamente lo es, pero las razones son mucho más profundas y dicen relación con nuestro nuevo Chile y la necesidad de lograr que la política como actividad se haga cargo de los procesos y desafíos que nos está exigiendo la ciudadanía, de lo contrario las angustias ciudadanas seguirán y con ellas el descrédito de una actividad necesaria para la democracia, simplemente por no ser capaz de entender los procesos que enfrenta nuestra sociedad.

Nuestro país durante los últimos 20 años cambió de manera radical, con él también lo hicieron nuestros compatriotas. La familia, el trabajador, el estudiante y el emprendedor no son similares a los de los 90. El sostenido crecimiento, el desarrollo del mercado y la consolidación de un modelo donde el consumo juega un rol relevante, cambiaron de manera definitiva a nuestros ciudadanos. Muchas familias que en los 90 sólo aspiraban a contar con servicios básicos, hoy poseen vivienda, sus hijos están en el sistema escolar y la calidad del empleo de sus integrantes le permite el acceso a mayor cantidad de bienes y servicios. Quizás incluso le permita el acceso al crédito de casas comerciales y de financieras. Es decir, hoy el endeudamiento (o sobreendeudamiento) es parte del paisaje cotidiano de la denominada “clase media emergente”.

El 48% de compatriotas que a comienzos de los 90 estaba bajo la línea de pobreza, hoy pertenece en gran proporción a esta nueva categoría social. Más allá de la estadística, no estoy seguro si esa gente, económicamente corresponda ubicarla en esa categoría, al considerar sus altos niveles de endeudamiento, que los hace disfrutar (angustiosamente) de un nivel de vida que probablemente no les corresponda de acuerdo a su nivel de ingreso real. Pero lo cierto, es que al preguntarle a ellos mismos, se consideran parte de la clase media al observar familias en peores condiciones sociales.

A ellos, las políticas públicas asistenciales los abandonaron desde el momento en que la encuestadora se dio cuenta del plasma, el DVD o pudo ver que la casa era sólida. Desde ese instante se le colgó un número (puntaje) que la transformó en indigna de recibir ayuda social del estado. Fue como un castigo a la superación. ¿Qué hizo esa familia para mantener su condición? Extremar sus esfuerzos para encontrar otra fuente laboral para otro integrante y así allegar recursos para mantener su “nivel de vida”; o subirse al carro del crédito e iniciar la escalada de (sobre) endeudamiento. Comprar en cuotas, pedir avances en efectivo, repactar sus deudas una vez al año, privilegiar una cuota por sobre la otra, en fin, asumir la angustia del sobreendeudamiento para poder seguir accediendo al consumo y mantener su “nivel de vida”.

El modelo económico fue calando profundamente en las definiciones valóricas familiares y, por consiguiente en la formación de las nuevas generaciones. En esta sociedad del siglo XXI consumir ya no es pecado y, muy por el contrario para algunos constituye sinónimo de status social. “Se vale en cuanto lo que se tiene y no en cuanto lo que se es”. Consumir para adquirir bienes resulta obviamente legítimo. Sobre consumir como elemento de status parece inapropiado. Pero sobre endeudarse para adquirir bienes lejos de mejorar la “calidad de vida” sólo mejora el acceso a los mismos y con ello quizás, cierto reconocimiento social de éxito y superación.

Cuando más del 48% de los chilenos vive en esta condición, la política (si quiere ser representativa de la sociedad) debe reflexionar y adoptar medidas destinadas a minimizar los impactos sociales negativos que está generando el sobreendeudamiento familiar; una verdadera explosión social silenciosa que angustia a miles de familias e incrementa los indicadores de pobreza de nuestro país.

En este escenario, el sistema bancario y comercial fomenta el endeudamiento de manera desproporcionada, ofreciendo alternativas de bancarización o acceso a créditos de casas comerciales o tarjetas de crédito a personas o familias que a todas luces carecerán de capacidad de pago en el mediano plazo. De hecho, el modelo de negocio de las casas comerciales ha ido variando hacia un modelo basado en el crédito de sus clientes fomentando su endeudamiento a través de incentivos a la compra en cuotas con sus propias tarjetas de crédito. Lo anterior junto con fundarse en el atractivo modelo de negocios, encuentra respaldo en el sistema ya que las garantías exigidas a los clientes les permiten asumir sus riesgos inmediatos fundados en garantías reales (generalmente inmuebles) y la garantía general del acreedor, por medio de la cual pueden perseguir el pago de sus deudas con la totalidad de los bienes de sus deudores.

El sistema no se quedó ahí, creó sus propios centros de información destinados a servir de “evaluadores de riesgo crediticio”. En ellos se incluyeron antecedentes personales de ciudadanos (adquiridos de manera desleal), comportamientos de pago, incumplimientos mercantiles y otros antecedentes, los que en conjunto permitirían evaluar a las personas en cuánto sujetos de crédito. Más allá de lo subjetivo de los juicios y de las clasificaciones que se hacen, el sistema inició una ofensiva de posicionamiento en nuestro sistema comercial, y hoy a pesar de ser una empresa privada actúa como un instrumento, que en la práctica, coarta el acceso o ejercicio de derechos fundamentales.

No parece justo que exista un sistema destinado a discriminar y segregar social y laboralmente a personas en atención a retrasos o moras mercantiles. Por ello es que iniciamos la campaña “Firma para borrar tu Dicom”. Al principio teníamos muchas dudas de que resultara, que la gente confiara y que tuviéramos la capacidad de mantener una campaña en el tiempo. No queríamos que fuera sólo una conferencia de prensa y después nada. Utilizamos redes sociales para convocar a voluntarios(as), como Twitter, Facebook y el portal harboeaccion.cl, que fueron los puntos de encuentro y contacto con los voluntarios que llegaron en el momento peak a ser aproximadamente 1.200 personas, chilenos y chilenas que comprendieron el problema y no se quedaban impávidos ante esta discriminadora medida del Dicom. Ellos, decidieron sumarse y salir a la calle, al barrio, al oficina, en la familia, en fin, en su entorno y buscar firmas para apoyar esta campaña. Contamos con el apoyo de “rostros” de la televisión que demostraron tener un gran “corazón” por los que estaban sufriendo por el Dicom. Luego comenzaron a llegar vecinas, concejales, alcaldes, diputados(as) de diversos sectores y simplemente querían sumarse y ayudar. Sorpresa nos causó cuando un grupo de jóvenes innovadores se ofreció para hacernos un portal web para la campaña y que resultó todo un éxito. En fin, la ciudadanía comenzó a movilizarse por una causa, por un sueño que se traduciría en una medida concreta. Comenzábamos a despertar a los ciudadanos de verdad, los de la calle, los que sufrían con el Dicom o los que veían cómo otros lo hacían y no querían más injusticias. Luego de 7 meses de trabajo de calle, 1.086.314 personas firmaron para terminar con los abusos del Dicom. Logramos el primer paso. Ahora vamos por la aprobación del proyecto.

El proyecto se hace cargo de un drama social que afecta a cerca de 4 millones de personas, y que significa para muchas familias angustia, discriminación, marginalidad y pobreza. En efecto, lo que originalmente buscaba ser un evaluador de riesgos para créditos, hoy se ha transformado en un certificado de conducta de los ciudadanos, siendo para los efectos de la vida cotidiana, incluso peor que poseer antecedentes penales.

De hecho estar en Dicom, impide a muchos el acceso a fuentes laborales, a la matrícula en algunos establecimientos de educación privada o el acceso a centros de salud, a fondos de emprendimiento e incluso a la compra de un teléfono móvil.

Lo anterior parece ilógico e injusto, ya que muchos compatriotas siendo personas honestas han caído en insolvencia temporal por causas involuntarias como la enfermedad catastrófica de un familiar, la muerte del proveedor, la ruptura familiar o la cesantía. Si queremos que un deudor pague sus deudas, no parece lógico impedirle el acceso al trabajo por tenerlas, ya que es un círculo vicioso que termina condenando a personas y sus familias a la marginalidad y exclusión social, incrementando los niveles de pobreza en nuestro país. Todo lo que las políticas públicas logran al aumentar los ingresos de los más desposeídos, se contradice con un sistema que al menor traspié discrimina, margina y condena a pequeños deudores.

Si Chile quiere fomentar el emprendimiento y la innovación, sin terminar con estos abusos será imposible. ¿Cómo le decimos a un emprendedor que se arriesgue a innovar si a la primera de fracaso informamos a todos que es un deudor y lo exponemos como un cuasi delincuente y además le negamos acceso a créditos y al mercado laboral? ¿Cuál es el incentivo para emprender nuevos negocios?

Es decir, todo aquello que la política pública busca incentivar, innovación, emprendimiento, inclusión social, equidad, ascenso social y acceso al mercado laboral, lamentablemente la desnaturalización del sistema de información de deudas mercantiles, lo contradice y lo afecta. Por ello es que se hace necesario terminar con estos abusos del Dicom. Debemos aplicar en Chile el principio de finalidad de los datos, en virtud del cual la información recolectada sólo puede ser utilizada para los fines declarados, esto es, para evaluación de riesgos de crédito, quedando completamente prohibida su utilización para otros aspectos como el acceso a trabajo u otro derecho fundamental. De igual forma, el proyecto termina con el acceso universal a la información para evitar que cualquier persona acceda a información comercial propia de otro ciudadano sin su consentimiento, ya que se presta para abusos y discriminación en ámbitos que nada tienen que ver con el riesgo crediticio. Con el proyecto se reconocerá que cada uno de nosotros somos dueños y titulares de los datos, y que las empresas que hoy los poseen son meros administradores de los mismos para los efectos establecidos en la ley, con ello no podrán comercializarlos a espaldas nuestras y, sólo cada uno de nosotros podrá acceder a dicho registro cuando los necesitemos, tal como ocurre en la actualidad con el certificado de antecedentes penales que sólo puede pedir su titular y evitar que cualquier persona lo obtenga para fines desconocidos por su dueño y por la autoridad.

En el marco de a discusión del anteproyecto, los abogados tuvieron reuniones con diversos parlamentarios para escuchar sus observaciones al texto. Una de las adiciones del proyecto, fue la relativa a la repactación de deudas con casas comerciales. Hoy quien demora el pago de una deuda de casa comercial es ingresado al Dicom. Hay empresas que permiten repactar la deuda y por esa disposición la empresa aumenta la cantidad de cuotas de la deuda original e incrementa el costo final para el cliente. Es decir, al momento de repactar, el cliente está asumiendo un costo adicional impuesto por la empresa. La deuda cambia (novación) y, por tanto, si se trata de una nueva deuda, no se observa razón para que el cliente repactado sea mantenido en Dicom por el retraso en la deuda original. Esto viene a poner fin a un sistema donde los ciudadanos honestos morosos intentan superar tal condición acercándose voluntariamente a la casa comercial a regularizar su situación mercantil y, a pesar de asumir un costo adicional, la empresa lo mantenía en Dicom con los perjuicios conocidos y la afectación de sus derechos como ciudadano.

Hemos avanzado, qué duda cabe. Lo que parecía imposible, hoy sólo nos parece difícil, pero la política requiere de audacia y coraje para enfrentar los problemas que afectan el diario vivir y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ciertamente este proyecto no terminará con el sobre endeudamiento de nuestra sociedad ni significará un cambio en los valores relativos al consumo ni tampoco variará el modelo económico. Pero mientras iniciamos el debate de fondo, debemos poner freno a la angustia de la discriminación y marginalidad generada por el Dicom que condena en vida a ciudadanos.

Espero en una futura columna poder escribir con alegría que la clase política parlamentaria estuvo a la altura y logró aprobar oportunamente un proyecto transversal destinado a ayudar a quienes a diario duermen angustiados por no encontrar trabajo producto de un verdugo llamado Dicom.

MIN. DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA: HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO

El Congreso Nacional aprobó el proyecto que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública luego de casi 5 años de discusión.

Un breve recuerdo, me lleva a mencionar que ya el año 2005, bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se aprobó una reforma constitucional al artículo 101, destinada a cambiar la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad desde el Ministerio de Defensa hacia el nuevo ministerio encargado de la seguridad pública. Su materialización quedó sujeta a la dictación de una ley que creara dicho ministerio. Luego, fue la Presidenta Michelle Bachelet, quien en 2006 envió al Congreso Nacional el proyecto que creaba dicha repartición ministerial, iniciando con ello, una intensa y acuciosa discusión legislativa. Finalmente, el Presidente Sebastián Piñera ingresó indicaciones destinadas a resolver las controversias entre ambas ramas del Congreso Nacional e hizo suyas las observaciones surgidas en el debate legislativo.

Mi recuerdo histórico, permite destacar algunos elementos auspiciosos en la adopción de políticas de seguridad como la permanencia de políticas públicas serias y responsables, más allá de los gobiernos de turno, e incluso de cambios en las coaliciones gobernantes. Lo anterior, permite augurar la pronta instauración de “políticas de estado” en temas de extrema relevancia, que permitan proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo, que aborden los desafíos ya no sólo coyunturales, sino estratégicos que nos demanda nuestro país. La instauración legal de la “política nacional de seguridad pública interior”, demandará de las autoridades gubernamentales mayor eficacia y accountability de su gestión en materias de seguridad. El cambio de dependencia de las policías al Ministerio del Interior normaliza la institucionalidad republicana y consigna los resguardos necesarios para salvaguardar su independencia política. La consagración del Conace como servicio público, con capacidad de ejecución, ciertamente ayudará en la prevención del consumo de alcohol y drogas en nuestra sociedad.

A partir de la dictación de esta ley, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, contará con las herramientas necesarias para coordinar a todos los actores públicos, así como planes y programas de prevención, control o rehabilitación delictual, con lo cual debiera incrementarse la eficacia, eficiencia y resultados de las políticas de seguridad.

Finalmente creo necesario señalar, que así como hoy la política fue capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar con perspectivas de futuro el tema de la seguridad, existen otras materias relevantes como pobreza, energía y otros, que requieren de una mirada prospectiva de país donde seamos capaces de generar políticas de estado mas allá de los gobiernos de turno.

OPORTUNISMO DE CRISIS

Cada vez que tenemos una crisis, aparecen los “estudiosos y expertos” del momento. Fue así con el terremoto y posterior tsunami. Opinólogos proponían mecanismos de despacho de emergencias, acusaban negligencias y pregonaban fórmulas de mejoramiento del sistema de alerta temprana. Incluso, los más osados alardeaban de ciertas capacidades de predicción de los fenómenos naturales. El gobierno por su parte, anunciaba una “gran reforma al sistema de emergencias”.

Luego con el accidente de la mina San José, el público se volvió a especializar en cosa de minutos. Ya muchos hablaban del Sernageomin como institución cercana y conocida (cuando en realidad muy pocos sabían de su existencia). Luego proliferaron las tesis sobre el desprendimiento de roca, la mala calidad del suelo, se especuló sobre las responsabilidades de los gobiernos anteriores sin siquiera conocer las normas vigentes. En fin, la minería fue lo nuestro. Por su parte, el gobierno anunciaba una “gran reforma a la institucionalidad fiscalizadora de la minería”.

En paralelo, los más profundos hacían mención a la mala calidad de las condiciones de trabajo en las diversas industrias y daban a conocer cifras escalofriantes de muertes laborales en la industria del salmón, forestal, cuprífera, etc. ¿Y el gobierno? Obviamente, anunciaba una “gran reforma de las normas de protección de los trabajadores”.

Hoy se trata de las cárceles y sus habitantes. Un tema incómodo que pocos quieren tocar, pero del cual muchos gustan de opinar. Hasta antes de la tragedia, un sector de la sociedad pregonaba “la mano dura” contra los delincuentes, el “candado a la puerta giratoria”, el fin de “las libertades provisionales a los delincuentes”. Hoy, a horas de la mayor tragedia carcelaria, todos cuestionan el no haber hecho modificaciones al sistema carcelario. ¿Acaso el mundo político y periodístico no conocía dicha realidad? Por favor, existen sendos informes de diversas instituciones que instan al mejoramiento de las condiciones de reclusión. Surgen entonces los neo-expertos en temas de seguridad y carcelarios que opinan de todo sin saber nada. ¿Sabrán estos opinólogos sobre los avances que hemos tenido en esta materia? Más allá de lo pendiente, creo necesario refrescar la memoria.


Evolución de la población penal:
En 1990 teníamos 38.711 personas sujetas a vigilancia de gendarmería, de las cuales 22.593 eran internos y 16.118 sujetos a alguna medida alternativa.
El año 2009 la cifra total de personas bajo vigilancia de Gendarmería llegaba a 105.958 personas; de las cuales 53.038 eran internos y 52.920 sujetas a alguna medida alternativa.

Entre el año 2000-2005 el incremento de la población recluida llegaba a 3,6% anual. Entre los años 2005-2008 dicha cifra se incrementó a 6,9% anual, lo que en términos reales significó un incremento aproximado de 3.000 presos anuales.

En el caso de las personas sujetas a medidas alternativas, entre los años 2000-2005 disminuyeron en -3,1%. Entre los años 2005-2008 sufrió un incremento explosivo de 16,1%; lo que en términos reales significó que al año la cantidad de personas sujetas a medidas alternativas creció en aproximadamente 7.000.

El 2003 (inicio de la Reforma Procesal Penal en todo Chile) la población penal estaba compuesta por 35% de condenados y 65% de internos a espera de condena. El año 2010 la relación es inversa 72% de condenados y 28% de internos a espera de condena.

En materia de Infraestructura:

Entre el año 1990 y el año 2010 los metros cuadrados de cárceles crecieron un 150%, pasando de 400.000 a 691.000 m2. Es decir, en 20 años se invirtió en cárceles más de lo invertido en toda la historia de nuestra república. Así, entre 2000-2010 se incrementó en 7.500 la capacidad carcelaria con la construcción de nuevos penales. (Santiago 1, Puerto Montt, Valdivia, El Manzano (Concepción)).

Además se entregó financiado el proyecto de la nueva cárcel de Antofagasta. Con terrenos comprados los nuevos penales de Talca (con diseño hecho) y Santiago 2. (AMBOS PROYECTOS DETENIDOS POR EL ACTUAL GOBIERNO)
De igual forma, se anunció el 2° programa de 5 nuevas cárceles concesionadas con la entrega de recursos para compra de terrenos para el año 2010 para nuevos penales de:
Calama, Copiapó, V Región Interior, VIII región Norte (Chillán) y Temuco. TODOS DETENIDOS POR EL NUEVO GOBIERNO)

Al observar el presupuesto del año 2010[1], el Ministerio de Justicia contaba para INVERSION con $48.591 millones y su ejecución a Septiembre alcanza sólo al 48% ($23.000 millones); mientras que el año pasado se ejecutó el 94% del presupuesto destinado a inversión. 

Por otra parte, para el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en infraestructura penitenciaria bajando de $48.000 millones a $34.000 millones, es decir, $14.000 MILLONES MENOS para inversión de infraestructura penal.

En resumen: El actual gobierno sólo ha ejecutado el 48% del total disponible para invertir en infraestructura penitenciaria. Luego de 9 meses sigue evaluando los proyectos de 7 nuevos recintos penales, sin licitar ni iniciar la construcción de ninguno de ellos. Además en el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en 14.000 millones.

¿Dónde está entonces el sentido de urgencia de este gobierno en materia de infraestructura penitenciaria?

En materia de dotación de Gendarmería cabe señalar que:
La dotación de Gendarmería se aumentó el 2004 en 4.000 plazas. Luego por ley 20.426 se incrementó en 5.800 nuevas plazas, lo que equivale a un incremento de 56% del total de la planta de Gendarmería. Con ello, desde 1990 el incremento porcentual de la dotación de Gendarmería alcanza el 190%. Aún falta, pero se ha avanzado.

Presupuesto 2010 de Gendarmería fue el más alto de la historia. El 2011 se incrementa en 15% pero sólo el 3% va a rehabilitación.

¿Cuál es el tema de fondo: + cárceles o – presos?

Hoy es un hecho que existen 54.000 personas a las cuales la justicia las ha puesto tras las rejas por su participación en algún delito. Lo que procede entonces, es construir recintos penitenciarios destinados a albergar a dicha población penal, de manera que dicho encierro no signifique contacto criminógeno e incentive o propenda a la rehabilitación social, y se encuentre dotado de infraestructura y tecnología adecuada para evitar hacinamiento y accidentes como el ocurrido en la cárcel de San Miguel.

Algunos académicos han planteado el tema de disminuir la cantidad de personas privadas de libertad e intentan asociar este tipo de accidentes a la alta penalidad existente en nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda, algo de eso hay, pero muchos han sido incapaces de aportar mecanismos reales para el control delictual. ¿Se imagina usted un gobierno que para disminuir el hacinamiento carcelario abriera sus puertas; o un sistema judicial que no condene a penas privativas de libertad por el hacinamiento existente?
Ciertamente sería un escándalo. La respuesta debe ser más seria y más profunda. La academia debería propender con debates al establecimiento de una política criminal clara, que estableciera parámetros diversos para la protección de los diferentes bienes jurídicos. Así, los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual de las personas (y en particular de los menores) debieran contar con una penalidad muy superior a aquellos que afectan la propiedad en cualquiera de sus formas, sea material o inmaterial. No resulta razonable observar a reos por infracción a la propiedad intelectual compartiendo celda con violadores u homicidas. Ciertamente el parámetro delictual de ambos reclusos es (o era) completamente diverso, tanto en su representación moral como en lo que estaba dispuesto a hacer, y el bien jurídico dispuesto a afectar para proveerse de bienes o causar daño. Mientras el primero estaba dispuesto a vulnerar las normas de propiedad intelectual y desafiar las normas de orden público, el segundo estaba dispuesto a atentar contra la libertad sexual de una tercera persona para satisfacerse; y el tercero incluso a disponer de la vida de otro para lograr sus pretensiones.

Mientras los académicos siguen discutiendo al respecto, la ciudadanía clama por seguridad y exige a sus autoridades adoptar medidas para garantizar sus derechos básicos, en particular su vida, su libertad sexual y ambulatoria, muchas veces coartadas por el delito.

En consecuencia, será responsabilidad de las autoridades lograr avanzar en la disminución de la victimización y del mejoramiento de las condiciones carcelarias. Mientras lo primero requiere de la articulación de medidas integrales que van desde la prevención social, situacional, el control, la sanción y la rehabilitación; el segundo desafío requiere de decisiones urgentes, toda vez que el retraso en la construcción de recintos penales sólo posterga una nueva crisis y no aporta al proceso de rehabilitación y reinserción social necesarios para quebrar las conductas delictivas de los clientes frecuentes de nuestros recintos penitenciarios. En paralelo, la implementación de los jueces de cumplimiento de condenas parece una buena alternativa en cuanto se le entrega a una autoridad jurisdiccional diversa, la obligación de verificar las condiciones y el cumplimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad. Los tribunales de tratamiento de drogas también aparecen como un importante aporte al proceso de desintoxicar –y con ello atacar la causa del delito- a muchos condenados que cometieron sus delitos a causa de la droga o para proveerse de la misma.

Estos son los debates que debemos dar y sobre los cuales debemos abocar nuestros esfuerzos. El oportunismo de crisis y la experticia coyuntural, denotan una falta de compromiso con la superación real de las adversidades de nuestro país; y los que más vociferan, a la hora de proponer o de trabajar, guardarán majestuoso silencio hasta la otra crisis donde su “especialización”, será aún mayores que en los anteriores.

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[1] Partida 10, Capítulo 01, programa 01; Subtítulo 31: “Inversión”

SEGURIDAD CIUDADANA, OTRA COSA ES CON GUITARRA

Fueron los últimos 6 años en los que la derecha chilena, hizo del discurso de la inseguridad, el temor y la delincuencia su bandera de lucha y la más eficiente arma electoral: “el gobierno ha perdido la batalla contra el delito” “los delincuentes se tomaron el país”, “estamos viendo un gobierno de mano blanda”... Estas eran algunas de las frases de la oposición de entonces destinadas a descalificar a la autoridad.

Veamos lo ocurrido desde el 11 de Marzo. El primer hito lo marcó la Encuesta de Victimización, según la cual durante el gobierno de Bachelet los delitos disminuyeron de 38,4 a 33,6%, superando la meta autoimpuesta y dejando una ardua tarea para la nueva administración.

Luego el Gobierno tuvo un buen inicio con el lanzamiento del Plan Chile Seguro. Un instrumento integral, adecuado y ordenador de las prioridades en materia de seguridad con una meta pública de reducir la victimización.

Un Ministro empoderado, en terreno, a cargo del tema, parecía una buena iniciativa. El problema es que la ardua función política que exige tal investidura ha circunscrito el accionar de la autoridad a “aparecer” en allanamientos, decomisos, en anuncios de medidas o acciones de persecución, dejando el seguimiento de la ejecución de la política pública en equipos intermedios.

Se anunciaba una nutrida agenda legislativa en materia de seguridad. Lo cierto es que a 9 meses de asumido el gobierno, sólo se encuentran en vigencia las leyes que aumentan las dotaciones de Carabineros y de la PDI, quedando pendiente -de envío al parlamento o de aprobación en él- gran parte de dicha agenda.

Aún no se logra aunar conceptos y capacitar a los funcionarios intermedios en materia de seguridad. Así, es posible observar cómo el Intendente de la Región Metropolitana mensualmente realiza análisis delictuales que carecen de fundamentos técnicos. Aseverar la disminución de homicidios con cifras policiales, revela el profundo desconocimiento del tema ya que dicha cifra sólo es posible determinarla a partir de información del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.

De igual forma persisten aquellos que con el loable objetivo de crear “sensación” de seguridad intentan afirmar la baja de delitos fundada en la baja de denuncias. Situación que revela la falta de preparación técnica de quienes esgrimen este argumento. Toda vez que a menor denuncia, existe mayor impunidad al no alertar al organismo persecutor y, por el contrario, debiera ser motivo de preocupación institucional.

Con todo, la última encuesta Adimark revela un problema de mayor complejidad, se consolida una tendencia a la baja en la evaluación del desempeño del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia.

Es decir, más allá de la inexistencia de debate público sobre las medidas adoptadas, de la evidente disminución de difusión de noticias sobre delincuencia, del aporte de la oposición en los diversos proyectos de ley en discusión en el Parlamento; de la omnipresencia del ministro del Interior en los medios de comunicación; existe la percepción ciudadana de que la seguridad no mejora.

Ahora bien, ¿es exigible a un gobierno que lleva 9 meses la disminución considerable del delito? Ciertamente no. La razón: existen muchas causas del delito y la violencia. Su disminución dependen de la articulación de diversas autoridades e instituciones y la coordinación con entidades constitucionalmente autónomas. Así es, la “lucha contra la delincuencia” es mucho más compleja de lo que aparenta desde afuera.

Hoy, las actuales autoridades están viendo que lo que prometían con llamativas frases no es posible cumplirlo en el corto plazo, no por mala voluntad ni por incapacidad probada, sino porque muchas de las medidas requeridas para ello no dependen de sus facultades sino de otras instituciones y coordinarlas en el marco de la legalidad de la administración pública resulta extremadamente complejo.

Porque además se requiere continuidad de políticas públicas y la conformación de una política de Estado en esta materia, que trascienda a los gobiernos de turno donde la prevención social y la rehabilitación (políticas de mediano y largo plazo) juegan un rol políticamente atemporal.

La reducción de la victimización es un desafío país, pero la responsabilidad de ello está hoy radicada en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchos ciudadanos votaron por el actual presidente porque logró convencerlos de que él sería mucho mejor en el control del delito y los delincuentes.

A juzgar por los hechos y, en particular por los recientes números de la encuesta Adimark que ya marcan tendencia, los ciudadanos no están percibiendo mejoras en este tema y, lo que es más complejo, cada mes que pasa son más los que se suman a esta opinión. Ciertamente otra cosa es con guitarra.