Combatir la delincuencia es uno de los desafíos más trascendentes que enfrenta Chile. Lo reclama la calidad de vida de su gente y la atracción de la inversión extranjera. Atrás quedaron los tiempos en que el debate sobre la seguridad estaba sobrecargado de emocionalidad y partidismo. Hoy existe una política de Estado sobre el proceso penal y otra sobre prevención del delito. Es bueno que esta última sea objeto de debate y evaluación para seguir perfeccionándola y lograr su mayor efectividad en el largo plazo. Las críticas puntuales no debieran, sin embargo, ocultar lo esencial del consenso en torno a los pilares de esa política, los que es bueno recordar, para no perderlos de vista a la hora de señalar lo que falta.
1.- Mayor y Mejor Prevención Policial. La mayor vigilancia policial ayuda a reducir las oportunidades de delinquir. Las inversiones en Carabineros deben focalizarse en aumentar la dotación policial y mejorar su velocidad de desplazamiento al lugar donde se reclame su presencia. Los gobiernos de la Concertación han más que duplicado los presupuestos de las policías en los últimos 12 años, destinando los recursos a modernizar el parque vehicular, laboratorios, instalaciones y a reparar injusticias históricas en las condiciones de trabajo. Sin embargo, hoy el desafío es aumentar las dotaciones en la calle y ello se iniciará con la contratación de personal civil para realizar labores administrativas y así poder liberar cerca de 900 carabineros a tareas de vigilancia. Para continuar esta política el Gobierno ya analiza un estudio del aumento de dotaciones en un plan de largo plazo elaborado por Carabineros. Dada la inevitable escasez de recursos, resulta indispensable que la vigilancia sea ordenada en un sistema que responda a los lugares de mayor peligrosidad y con carabineros que generen confianza y cercanía en la población que deben proteger. Todos ellos son los objetivos que persigue el Plan Cuadrante, el cual está en plena vigencia hace poco más de un año en la Región Metropolitana y hace menos de 6 meses en las principales ciudades de la V y VIII Región. Pese a que Carabineros evaluará el Plan este año, para perfeccionarlo, ya la Región Metropolitana muestra índices de variación delictual mejores que el resto de las regiones, lo que permite abrigar fundadas esperanzas de encontrarnos con una buena fórmula de trabajo policial de prevención y el control del delito.
2.- La Prevención Social del Delito. Dos son los componentes fundamentales de esta política. El primero, es un diseño urbanístico que desaliente la comisión del delito a través de la recuperación de espacios públicos, buena iluminación, evitar sitios y casas abandonadas y otros similares. El segundo componente, es el trabajo con jóvenes en situación de riesgo social. Retener a un joven en la escolaridad o abrirle espacios de cultura o de capacitación es una inversión largamente más eficaz y mucho más barata que esperarlos en las cárceles para gastar en su mantención. Ambas tareas corresponden fundamentalmente a los municipios, pero es deber del gobierno central motivar, orientar, apoyar con buenos diagnósticos y capacidad técnica estas iniciativas locales. Ese es el sentido del Programa Comuna Segura, el cual en tres fases desde el año 2001, ha incorporado ya a 40 comunas a esta iniciativa. Recién el año 2002 se llevaron a cabo los primeros proyectos comunitarios, los que fueron concursados por los propios vecinos y decididos por cada Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana. El 2003 nos abre en consecuencia la primera oportunidad para evaluar a fondo y mejorar este programa, lo que se hará por consultores externos y con publicidad de sus resultados. Sin embargo, los signos son también alentadores. Las comunas que ingresaron a ese plan el 2001 presentan hoy descensos en los índices de temor en comparación al período anterior al de su aplicación.
3.- Focalizar con planes especiales los lugares de mayor riesgo. Los barrios donde el microtráfico va ganando las calles se constituyen en lugares de alta violencia y temor. En ellos, el tráfico va imponiendo modelos de economía, de seguridad social y de cultura. Cambiar esa realidad, con acción policial y social es un deber para disminuir focos delincuenciales que luego se expandirán y un deber de solidaridad para con los vecinos que padecen de cerca ese flagelo. El Gobierno se comprometió a intervenir policial y socialmente en este tipo de lugares y lo ha hecho con una población cada semestre. A poco más de un año del primer esfuerzo, el BID ha donado fondos para evaluar estas experiencias, lo que se hará con plena transparencia y publicidad.
4.- Orientar la inversión privada en seguridad. Así como los particulares invierten en su propia seguridad, también lo hacen las empresas, y muchas están obligadas por ley a hacerlo de común acuerdo con Carabineros. Sin perjuicio de incorporar más empresas a esta categoría en el 2003, es fundamental que el sector privado adopte prácticas racionales que dificulten la comisión de robos de altas sumas de dinero en efectivo, transportadas en maletines y sin aviso a Carabineros. La modernidad ofrece sistemas mucho más seguros de transferencia del dinero, cuyo uso nos proponemos alentar al máximo este año.
El 2003 será el año de las evaluaciones. Sus resultados y una encuesta nacional de victimización nos permitirá la mejor focalización de las políticas reseñadas. En medio de este proceso de perfeccionamiento no debemos olvidar los pilares fundamentales de una política coherente de seguridad ciudadana en el largo plazo.
El crecimiento del fenómeno delictual acompaña a todas las sociedades modernas. Sin embargo, si hacemos las cosas bien a nivel de Gobierno, policías, Ministerio Público, jueces, autoridades comunales, vecinales, empresas y población en general, podemos aspirar a contener el crecimiento de los delitos de mayor connotación social y bajar los niveles de temor. Sentirnos más seguros es una aspiración que exige la contribución de todos.
