En días recientes la ciudadanía ha sido testigo de un acalorado debate público respecto de información originada por la inteligencia colombiana donde se habla de supuestas vinculaciones entre las fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y organizaciones chilenas lo que sin duda ha causado conmoción pública; por lo que resulta conveniente despejar algunos puntos de la discusión:
1- En relación al origen de la información: Resulta extremadamente complejo que autoridades de un gobierno se permitan hacer entrega de información de inteligencia a personas que no sólo no tienen ninguna representación oficial para intervenir en relaciones internacionales de un país o en materias propias de la seguridad nacional; sino que activos miembros de la oposición política y mas aún uno de ellos sólo ostenta la categoría de pre-candidato presidencial.
2- En relación al manejo de la información de parte de los políticos: Ciertamente constituye una actitud responsable de parte de los receptores de la información el entregarla al ente encargado de la persecución criminal a fin de investigar la veracidad de la misma. No obstante, su difusión parcial e interesada a través de diversas entrevistas y su posterior entrega a un medio de comunicación revela la incapacidad absoluta en el manejo prudente y discrecional de información relevante para la seguridad del país.
3- Respecto de las acciones de la ANI: Para escudar la “bendita imprudencia” de filtrar la información, se ha pretendido poner en sinónimo el hecho de no entregar la información al Ministerio Público y la pasividad del ente a cargo de la inteligencia nacional. Nada más alejado de la realidad. La autoridad colombiana al entregar dicha información a la ANI le pide “expresa reserva y manejo exclusivo para los fines de inteligencia”. Es decir, que realicen acciones indagatorias para buscar información que pudiere corroborar, o desmentir la entregada. Eso es justamente lo que se hace. Se indaga la veracidad de la información, se coteja con información histórica y proveniente de fuentes diversas.
4- Respecto al periodista Hugo Guzmán: Quizás es uno de los mayores pecados cometidos por los “filtradores”. Poner el nombre de una persona y vincularla públicamente con las FARC sin mediar pruebas de ello, resulta imperdonable. De manera gratuita se estigmatiza a una persona y se presiona políticamente para desemplearlo.
La derecha debería saber de estas vinculaciones lineales donde por la sola acción se presume un encadenamiento de hechos. Allamand y Piñera se reunieron con Pía Guzmán los días previos a la denuncia que ella hiciera en el caso Spiniak. Ese sólo hecho hizo a algunos presumir que ellos sabían de las denuncias que a posteriori realizaría la diputada. Pero entonces, ellos levantaron la voz diciendo que nada tenía que ver una cosa con la otra e invocaron el principio de inocencia y muchos otros que aparentemente olvidaron con el paso de los años.
En materias de seguridad e inteligencia, muchas veces la reserva de la información marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de operaciones relevantes. Por tanto resulta justo preguntar ¿por qué debiera saber Piñera y Espina si la ANI hizo algo con la información? Será que ellos creen que si no saben significa que nada se hace?
Se imagina usted si el Ministerio del Interior, las policías o el Ministerio Público se dedicara a entregar a los medios de comunicación la cantidad de información y denuncias recibidas (muchas veces infundadas), donde se “vincula” a gente conocida y ciudadanos honestos en actividades dudosas?
Bueno, eso no ocurrirá, porque los que gobernamos desde el año 1990, sabemos hacerlo, con responsabilidad y prudencia y esperamos que aquellos que al menos aspiran a ello tengan el tiempo suficiente para aprender que gobernar exige ciertas virtudes, dentro de las cuales la prudencia (que lamentablemente no se adquiere) cobra un rol fundamental. Dónde temas como la defensa de la seguridad nacional, la seguridad interior o las relaciones exteriores, deben ser abordados con prescindencia de ansiedades electorales, dónde prime la responsabilidad y el sentido de Estado (con mayúscula) y que jamás se intente enlodar a Chile haciendo alianzas espúreas con organismos extranjeros.
1- En relación al origen de la información: Resulta extremadamente complejo que autoridades de un gobierno se permitan hacer entrega de información de inteligencia a personas que no sólo no tienen ninguna representación oficial para intervenir en relaciones internacionales de un país o en materias propias de la seguridad nacional; sino que activos miembros de la oposición política y mas aún uno de ellos sólo ostenta la categoría de pre-candidato presidencial.
2- En relación al manejo de la información de parte de los políticos: Ciertamente constituye una actitud responsable de parte de los receptores de la información el entregarla al ente encargado de la persecución criminal a fin de investigar la veracidad de la misma. No obstante, su difusión parcial e interesada a través de diversas entrevistas y su posterior entrega a un medio de comunicación revela la incapacidad absoluta en el manejo prudente y discrecional de información relevante para la seguridad del país.
3- Respecto de las acciones de la ANI: Para escudar la “bendita imprudencia” de filtrar la información, se ha pretendido poner en sinónimo el hecho de no entregar la información al Ministerio Público y la pasividad del ente a cargo de la inteligencia nacional. Nada más alejado de la realidad. La autoridad colombiana al entregar dicha información a la ANI le pide “expresa reserva y manejo exclusivo para los fines de inteligencia”. Es decir, que realicen acciones indagatorias para buscar información que pudiere corroborar, o desmentir la entregada. Eso es justamente lo que se hace. Se indaga la veracidad de la información, se coteja con información histórica y proveniente de fuentes diversas.
4- Respecto al periodista Hugo Guzmán: Quizás es uno de los mayores pecados cometidos por los “filtradores”. Poner el nombre de una persona y vincularla públicamente con las FARC sin mediar pruebas de ello, resulta imperdonable. De manera gratuita se estigmatiza a una persona y se presiona políticamente para desemplearlo.
La derecha debería saber de estas vinculaciones lineales donde por la sola acción se presume un encadenamiento de hechos. Allamand y Piñera se reunieron con Pía Guzmán los días previos a la denuncia que ella hiciera en el caso Spiniak. Ese sólo hecho hizo a algunos presumir que ellos sabían de las denuncias que a posteriori realizaría la diputada. Pero entonces, ellos levantaron la voz diciendo que nada tenía que ver una cosa con la otra e invocaron el principio de inocencia y muchos otros que aparentemente olvidaron con el paso de los años.
En materias de seguridad e inteligencia, muchas veces la reserva de la información marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de operaciones relevantes. Por tanto resulta justo preguntar ¿por qué debiera saber Piñera y Espina si la ANI hizo algo con la información? Será que ellos creen que si no saben significa que nada se hace?
Se imagina usted si el Ministerio del Interior, las policías o el Ministerio Público se dedicara a entregar a los medios de comunicación la cantidad de información y denuncias recibidas (muchas veces infundadas), donde se “vincula” a gente conocida y ciudadanos honestos en actividades dudosas?
Bueno, eso no ocurrirá, porque los que gobernamos desde el año 1990, sabemos hacerlo, con responsabilidad y prudencia y esperamos que aquellos que al menos aspiran a ello tengan el tiempo suficiente para aprender que gobernar exige ciertas virtudes, dentro de las cuales la prudencia (que lamentablemente no se adquiere) cobra un rol fundamental. Dónde temas como la defensa de la seguridad nacional, la seguridad interior o las relaciones exteriores, deben ser abordados con prescindencia de ansiedades electorales, dónde prime la responsabilidad y el sentido de Estado (con mayúscula) y que jamás se intente enlodar a Chile haciendo alianzas espúreas con organismos extranjeros.
