sábado, 2 de junio de 2012

RECONSTRUCCIÓN… DE LA FORMA DE DIALOGAR

Durante las últimas semanas, la ciudadanía ha sido testigo de un triste espectáculo: el 27 F se instaló en la agenda mediática pero esta vez desde una arista diversa: la intencionalidad política.

Sin respeto alguno por las víctimas ni el dolor de sus familiares, con manipulación y tergiversación de los datos francamente vergonzosa, diputados de derecha han llevado adelante un verdadero reality (cubierto desmesuradamente por algunos canales de tv) que terminó siendo un fiasco en contenido al no aportar nada nuevo a las investigaciones en curso, una vergüenza pública al aparecer manipulando información y el dolor ajeno, un descrédito personal de estos diputados y un boomerang político para su gobierno y sus partidos. Todo mal.

Las facultades fiscalizadoras de la Cámara de diputados deben ser defendidas y bien ejercidas ya que constituyen una herramienta necesaria en un sistema democrático con un presidencialismo tan exacerbado que permite controlar los actos de gobierno. Pero cuando dichas herramientas son mal utilizadas, se usan con finalidades diversas o su conducción se realiza de forma imprudente, lo primero que se consigue es dañar la institucionalidad fiscalizadora. Cuando además se usa dicha instancia para descalificar, faltar a la verdad y manipular información, se afecta la convivencia y se profundiza la negativa percepción de la política.

Invitar a familiares de víctimas a una comisión investigadora que busca responsabilidades políticas (no civiles ni penales) no tiene justificación alguna. Profundiza la victimización secundaria al reflotar en sus familiares los sentimientos de dolor y expone en sede legislativa dolores y emociones que no contribuyen al cometido de la ley. Las imágenes observadas de parlamentarios exhibiendo imágenes de víctimas es la escena más vergonzosa que hayamos observado en los últimos años en la política nacional, sólo comparable con el episodio de las zapatillas de LZ.

Me resisto a aceptar que en la política todo vale. No puede tratarse de una lucha sin cuartel donde todo se acepta. La faz agonal de la política debe llevarse adelante con principios, valores y límites que jamás se pueden sobrepasar. Eso debería ser una ley permanente de la actividad pública. Lamentablemente la llegada al parlamento de algunas personas que carecen de sentido de estado y probablemente desconocen la importancia de esta función para el desarrollo del país, han desarrollado una forma de relación en la cual su figuración personal justifica la denostación del adversario sin importar incluso la veracidad de sus dichos. El “ser famoso” y salir en los medios de comunicación les justifica cualquier barbaridad, desde denostaciones y descalificaciones e incluso imputaciones de delitos a terceras personas. Esto no da para más.

Quizás a propósito de las consecuencias del 27 F debemos avanzar más rápido en la reconstrucción de las viviendas de los afectados. Pero definitivamente debemos empezar a reconstruir las formas en que nos vamos a relacionar. No es aceptable que los ciudadanos que a diario trabajan, observen que la política se reduce a conflictos y descalificaciones, operaciones comunicacionales para destruir imágenes de unos u otros. La ciudadanía espera de su clase política que exhibamos la capacidad suficiente para dialogar en función de los intereses del país. No se trata de soslayar el debate ni nada que se le parezca. Bienvenido sea en la medida que verse sobre ideas, visiones, proyectos y futuro. Un debate que puede ser apasionado y desnudar las verdaderas posiciones antagónicas que representamos. Pero siempre en torno a ideas y visiones para mejorar el país. No para denostar o afectar electoralmente a unos u otros. Si bien en el pasado reciente conocimos casos de asesinatos de imagen (o intento), me quedo con el chile que fue capaz de acordar la forma de salir de la más oscuro capítulo de nuestra historia republicana en paz y tranquilidad gracias a un grupo de dirigentes que comprendieron que su rol era conducir al país hacia una transición necesaria para asegurar libertad y respeto a los derechos de todos los chilenos.