Las sociedades que caminan por senderos de tranquilidad y buscan la paz como parte consustancial de su modelo de desarrollo requieren disminuir los niveles de violencia interna. Para lograr dicho objetivo se deben adoptar un conjunto de medidas englobadas en una estrategia constante y permanente de inclusión social, disminución de condiciones de riesgo, disminución de la segregación urbana, alternativas de educación, emprendimiento y empleabilidad y, por supuesto, incrementar de manera determinante los costos de causar violencia o realizar acciones delictuales.
No cabe duda alguna que uno de los elementos que genera mayor sensación de inseguridad es el verse afectado por un hecho de violencia y, en particular por un hecho delictual. Si en él median además armas de fuego, la sensación de vulnerabilidad se incrementa de manera considerable. Por ello, es que como parte integrante de la Estrategia nacional de Seguridad pública, se ha considerado necesario incrementar los niveles de control e incautación de armas de fuego. En efecto, en lo que va corrido del año, las policías han incautado armas de fuego en un sinnúmero de operativos policiales. Labores de inteligencia, información cerrada y abierta y un apoyo determinante de los fiscales del ministerio público han permitido incrementar porcentualmente la incautación de armas de fuego. ¿De dónde provienen dichas armas? Algunas son legalmente inscritas por personas que no poseyendo antecedentes penales acceden a ellas por la flexibilidad de las normas vigentes y que con posterioridad deciden incursionar en actividad delictual. Otras que son hurtadas o robadas de los domicilios que son víctimas de un atraco; otras, que son extraviadas por sus titulares; otras que provienen de la fabricación artesanal. En todos los casos anteriores, se debe actuar con severidad. El objetivo debe ser unívoco, reducir el poder de fuego en manos de delincuentes o, que potencialmente pueda llegar a ellas. Por ello es que, junto con potenciar las funciones de control de armas en manos de los delincuentes a través de operaciones policiales, se requiere apuntar hacia la fuente u origen de las mismas. Así, el gobierno ha enviado un proyecto de ley destinado a regular con mayor restricción la tenencia de armas de fuego. Este proyecto se basa en una concepción del modelo de sociedad que se quiere construir. Por ello es que adhiere a la tesis de que mientras menor sea la cantidad de armas de fuego que circulan en manos de particulares, estaremos aportando a la disminución de los indicadores de violencia. Hay quienes en medio de los hechos de violencia, rasgan vestiduras contra la tenencia de armas, pero que a la hora de legislar, se vuelven defensores de la tenencia de armas de fuego. Invocan el mercado, la subsidiariedad del estado y un conjunto de frases ideológicamente gastadas que en nada apuntan a lo que el ciudadano quiere. Más seguridad, menos violencia.
Resulta curioso observar que lo planteado por un centro de estudio en los debates legislativos sea plenamente coherente con lo que plantea la industria que vende armas en nuestro país. Sin duda se trate de una coincidencia desde la óptica del desarrollo de un mercado, pero que en nada se hace cargo del sufrimiento que los familiares enfrentan cuando un menor resulta fallecido por la mala manipulación de las armas de sus padres o el sufrimiento de los familiares de los policías que pierden la vida intentando disminuir hechos delictuales.
Desde el gobierno, defenderemos el derecho a disminuir las armas en manos de particulares, delincuentes y honestos. Respecto de los primeros con la mayor dureza que el ordenamiento jurídico y la persecución penal permite. Pero respecto de los segundos, regulando con mayor restricción la tenencia de armas en manos de particulares, porque cada vez que se roban un arma de fuego en un hogar, el ciudadano deslinda responsabilidad haciendo una mera denuncia; mientras que las policías arriesgan sus vidas persiguiendo dichos objetos bélicos.
