lunes, 22 de noviembre de 2010

POLÍTICA DE ACUERDOS ELECTORALES

Extraño resulta observar la obsesión de ciertos dirigentes por plantear la reconfiguración de la política de alianzas electorales. Sobre todo, si consideramos que cada vez que la centroizquierda inicia debates sobre su política de alianzas surgen quiebres y divisiones internas que atentan contra la conformación de mayorías.

Pero más incomprensible aún es el hecho de que lo planteado no responda a ninguna lógica socio electoral. Los últimos resultados electorales demuestran que un mayoritario sector de ciudadanos se considera de centroizquierda o de centroderecha, dejando cada vez menos votos a repartir para los extremos.

Si aquellos sostienen que la irrupción del ex diputado socialista y su 20% en primera vuelta constituye un giro hacia la izquierda del electorado, creo que están absolutamente errados. El 20% obtenido se debió a múltiples factores.

Un porcentaje de ellos, por la novedad del candidato (sin importar quien fuera). Otro porcentaje respondió a la sanción de un sector de la ciudadanía que históricamente votó por la Concertación pero que nos castigó por un sinnúmero de razones (ideológicas y programáticas para algunos, rechazo a la forma de ejercer el poder de ciertos dirigentes de partidos, para otros; el impacto del Transantiago o la falta de audacia en las políticas públicas, etc.). En tanto, otro porcentaje fue para rechazar al candidato concertacionista y su forma de nominación; y algún porcentaje por la adhesión al propio candidato. 

Es decir, objetivamente el 20% obtenido no es posible enfrascarlo ni a su favor como adhesión personal ni menos aún como electorado de izquierda. ¿Por qué un porcentaje de los que votaron por el candidato díscolo en primera vuelta –si supuestamente son de izquierda- optaron por Piñera en la segunda? Porque nunca fueron de izquierda sino que no querían más de lo mismo ni en la derecha ni en la Concertación. Pero enfrentados al dilema de dos candidatos tradicionales, el que más los representaba era el hoy Presidente de la República.

A este escenario debemos sumar la ofensiva de la derecha piñerista por intentar instaurar el concepto de “la Nueva Derecha” como una hábil estrategia de toma del centro político destinada a desdibujar la oferta electoral democratacristiana, construyendo una nueva mayoría y, de paso, relativizar la importancia de sus aliados más conservadores.

Con ello se busca dar protagonismo a una alicaída derecha liberal que observa cómo incluso al interior de RN no logra dominar los espacios de poder. Su objetivo: captar una nueva masa de electores que les permita evitar que la Presidencia de Sebastián Piñera constituya un paréntesis en la historia presidencial chilena y retorne la Concertación.

La prediseñada estrategia clava banderas tradicionalmente concertacionistas a fin de correr el cerco a la Concertación para obligarlos a radicalizar el discurso y, por ende, perder el electorado de centro. ¿Estamos dispuestos a cederle a la derecha el centro político cuando una importante masa electoral avanza por el ancho camino del medio? ¿Resulta electoralmente lógico radicalizar posiciones en un momento donde supuestamente lo más relevante es la unidad y la constitución de mayorías? ¿Vamos a claudicar de nuestra actual política de alianzas en pos de levantar banderas radicalizadas para constituirnos en una eterna minoría?

Alguien le ha preguntado a las bases de sus respectivos partidos si quieren seguir siendo minoría por los próximos 20 años? ¿O es que acaso existe una agenda distinta –legítima por cierto- pero no explicitada de parte de algunos por reordenar el mapa político chileno en función de sus intereses o visiones particulares? Ciertamente la Concertación como coalición política debe cambiar.

Debemos hacer nuevas alianzas, pero no las tradicionales. No pensar que debemos sentar a 5 o 6 dirigentes de partidos políticos o proyectos de tal y acordar el cuoteo de cupos para las elecciones municipales. La Concertación si quiere volver a ganar una elección debe partir por retornar al lugar de donde nunca debimos salir. A las bases, pero no sólo la de los partidos, me refiero donde la gente, esa de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los movimientos de barrio.

Debemos volver a sentir el contacto directo con la ciudadanía. La alianza que debemos hacer es con los sectores que hoy no se sienten interpretados por ningún partido político ni de centro ni de izquierda; ni con la política en su conjunto. Debemos aliarnos doctrinariamente con los ciudadanos que sufren por el sobreendeudamiento y los abusos del sistema financiero. Con aquellos que se desvelan por no encontrar trabajo por estar en Dicom, por aquellos padres que ven como sus hijos carecen de oportunidades educativas.

En fin. Esta Concertación debe abrir un profundo debate sobre las banderas que levantaremos para este nuevo Chile. Un debate de ideas, de contenido y sentido de país. Y para que esas ideas, planes, programas constituyan un manifiesto común debemos retornar al sentido que nos dio origen, reconocernos diversos con un objetivo común, lograr reconquistar la confianza ciudadana sobre la base de propuestas de futuro y que éstas tengan viabilidad política. Para ello requerimos de la constitución de mayorías que no obtendremos si se insiste en anteponer las diferencias a las coincidencias y la división por sobre la unidad electoral.

Si el objetivo es reconquistar la mayoría, parece acertado exigir cambios en las formas de enfrentar las alianzas con miras a los procesos electorales, ya que el actual escenario parece insuficiente. Pero esos cambios deben plantearse para expandir el ámbito de representación y no para reducirlo. Excluir a un sector que hoy por hoy constituye el limite de las coaliciones existentes parece arriesgado por su eventual cooptación por parte de la nueva derecha, lo que consolidaría el escenario minoritario. Así entonces, crear una nueva fuerza que camine por la ruta de la minoría no parece políticamente acertado, salvo en cuanto se persiga un objetivo diverso y desconocido hasta ahora".

También puedes encontrar esta columna en El Dínamo

jueves, 11 de noviembre de 2010

INTERVENCIÓN EN SALA EN SESIÓN DE PRESUPUESTO 2011

Señora Presidenta:

El Gobierno de Sebastián Piñera asumió con un discurso basado en la eficiencia. Se nos prometió que el estado funcionaría como reloj y que llegaba a asumir un equipo de excelencia.

A 9 meses de haber asumido, salvo el rescate de los mineros, la evaluación en esta materia es claramente negativa. En los instantes en que discutimos el presupuesto para el año 2011, existen al menos 9 servicios públicos cuyas autoridades han sido y serán incapaces de gastarse el presupuesto 2010. Es decir, a pesar de las necesidades de los ciudadanos, este gobierno no podrá ejecutar la totalidad de los recursos asignados para este año. ¿Se imagina que en una empresa no se logren las metas planificadas no por falta de recursos sino por falta de capacidad de ejecución? Bueno. Es lo que pasa en Chile y, en nuestro estado el año 2010.

¿Qué nos depara el año 2011?

Los analistas coinciden (con matices) que el año 2011 estará marcado por un ritmo de crecimiento cercano al 5.5%, un aumento en los puestos de trabajo y un alza de los ingresos estructurales del estado por el incremento del precio del cobre que traerá mayores recursos al fisco. Sólo a modo de ilustración es posible advertir que por cada centavo adicional que obtenga el precio del cobre por sobre lo presupuestado, el Fisco percibirá U$60 millones. Adicionalmente, el presupuesto presentado por el gobierno al Congreso para su aprobación alcanza a los U$53.500 millones. Es decir, si hay algo que no faltará en nuestro país, son recursos.

El punto entonces estará en el énfasis que la actual autoridad de gobierno le dará al próximo presupuesto y ahí es donde tenemos diferencias.

Al observar las partidas que sufren reducciones es posible advertir la falta de sensibilidad social del actual gobierno y la incongruencia entre lo prometido y la actual propuesta de presupuesto, ya que en gran parte, los recortes propuestos disminuyen aportes al gasto social, congelando, reduciendo o eliminando programas de alto impacto social. A cambio, intentan incrementar desmesuradamente el gasto en honorarios para poder costear los altos sueldos de los nuevos asesores y los que intentarán atraer.

Algunos ejemplos:

  1. SENAME.

Se habló mucho de proteger a los menores en condición de vulnerabilidad social. Muchas veces se ejemplificó con el “cisarro” y se prometieron recursos para prevenir conductas delictivas o violentas de menores de edad.

En el presupuesto 2011 no existe un fortalecimiento en esta área, ya que el presupuesto se mantiene casi constante, destacándose la eliminación de programa de prevención, contemplado en la glosa 05 el año 2010, que incluía $3.233.790 miles destinados al desarrollo de proyectos de prevención general, a través de los Centros Comunitarios por los Derechos Infanto Juveniles (CIJ).

  1. EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL.

En Chile miles de jóvenes quieren estudiar en establecimientos técnico profesionales para obtener una pronta calificación y poder incorporarse al mundo laboral como forma de apoyar económicamente a sus familias.

En esta materia en el presupuesto 2011 experimentan bajas todas las áreas que a continuación se indican, habiéndose logrado en virtud del acuerdo que se aumentaran los recursos en equipamiento en “2.000.000 miles

  • El programa de Transferencia de Capital para equipamiento de establecimientos de Educación Técnico Profesional, experimenta una caída del 51%, pasando de 21.221.539 miles a 10.330.000 miles.
  • Por su parte el programa de Articulación de la Formación Técnica que el presupuesto 2010 contaba con 507.500 miles, desaparece el año 2011.
  • ·También desaparece el programa de fomento y desarrollo de prácticas profesionales que el año 2010 contaba con 811.883 miles.
  • ·Transferencia Corriente Perfeccionamiento Docente Técnico Profesional, decrece en un 55%, pasando de 1.549.500 miles a 697.275 miles.
  • En tanto la bonificación para práctica de profesionales de la educación media y técnico profesional, cae en un 52,7%, pasando de 5.525.458 miles a 2.612.009 miles.

 

  1. JUNAEB
    La Junta nacional de Auxilio Escolar y becas es una institución fundamental para el apoyo en alimentación escolar de los menores de más escasos recursos. Lamentablemente el presupuesto 2011 en el Programa 03, Becas y Asistencialidad Estudiantil, se reducen sustancialmente:
  • En tanto la bonificación para práctica de profesionales de la educación media y técnico profesional, cae en un 52,7%, pasando de 5.525.458 miles a 2.612.009 miles.
  • Los recursos para el Programa de Campamentos Recreativos para escolares, el que cae su presupuesto en un 88%, pasando de 7.205.171 miles a 847.305 miles. Es decir, el gobierno de Piñera opta por prácticamente eliminar los recursos para que los niños de escasos recursos puedan ir de campamento, lo que en la práctica es dejarlos sin vacaciones, ya que dada su vulnerabilidad social ésta instancia constituía su espacio recreativo. 
  • La Bonificación de Prácticas Profesionales de Educación, la que cae un 52,7%, pasando de 5.525.458 miles a 2.612.009. Se reduce a la mitad los montos para fomentar la contratación de jóvenes en prácticas profesionales, lo que afectará directamente al segmento de mayor vulnerabilidad y falta de oportunidades, los jóvenes.

 

 

  1. PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGAS:

Durante la campaña, la prevención del consumo de drogas fue uno de los temas de mayor manoseo electoral. El candidato Piñera comprometía fondos adicionales para prevenir el consumo de drogas. Hoy vemos como ya en el gobierno, la realidad es diversa.

En el Programa 04 del Capítulo 01, Partida 05 del CONACE, se reducen los recursos para prevención de drogas, tanto en el Programa Municipal Previene como los programas en esta línea a nivel regional. El primero reduce su presupuesto en un 39%, pasando de 5.079.054 miles a 3.104.907 miles. El segundo, en tanto, experimenta una reducción del 26%, pasando de 3.862.067 miles a 2.858.998.

  1. PROGRAMA PRO EMPLEO.

Es cierto que las expectativas de crecimiento son auspicviosas. Pero es igualmente verdadero y conocido el hecho que el último impacto de la recuperación económica y el crecimiento es el empleo; y, en particular de aquellos que han estado desempleados durante mucho tiempo. Por ello es que resulta completamente paradójico que el gobierno reduzca en un 53,4% el presupuesto destinado al programa Pro-empleo que va en ayuda de aquellos que aún no encuentran una oportunidad laboral, con un sueldo mínimo que permite subsistencia personal y una ayuda al presupuesto familiar. Desempleados y cesantes, entiendan claro el mensaje de este gobierno. En el presupuesto 2011 tiene menos espacio y por tanto menor cobertura ya que el programa de Bonificación a la Mano de Obra cae de 10.978.354 miles a 5.116.979 miles. Por cada 150.000 pesos menos hay un jóven padre, una madres soltera o un adulto dueño de casa que quedará en la calle a la espera de que el Mercado laboral lo pueda absorver; mientras pasarán hambre.

  1. INJUV:

En materia de juventud el compromiso era fomentar la participación, la inclusión y el desarrollo de oportunidades. Muy bien, parece que ello no lo plasmaron en el presupuesto 2011 y probablemente aguardarán para incrementarlo en el año preelectoral, lo que me parece poco transparente.

Así, baja su presupuesto en un 8,8%, destacando la desaparición de los siguientes programas:

  • Programa de apoyo a las iniciativas juveniles que el año 2010 contaba con un presupuesto de 531.235 miles.
  • Programa Juventud, Cultura y Recreación que el año 2010 contaba con un presupuesto de 933.717 miles
  • Programa de Empleabilidad y Competencias Juveniles que le 2010 contaba con un presupuesto 174.041.
  • Programa Nacional de Capacitación para Líderes Juveniles Bicentenario que el 2010 contaba con un presupuesto de 46.411 miles
  1. TRANSPARENCIA:

El Consejo de Transparencia no ha recibido los recursos necesarios para poder implementar un portal con la información necesaria para avanzar en el cumplimiento de las funciones encomendadas por ley. Esta solicitud implicaría incrementar en $358 millones.

Lamentablemente el gobierno no ha accedido a dicho financiamiento lo que pone en riesgo la posibilidad de permitir al consejo de transparencia implementar el referido portal con el consiguiente riesgo de someter al fiscalizador a la voluntad del fiscalizado, lo que no es otra cosa que coartar la posibilidad de llevar a delante la función para la cual se creó el Consejo, la transparencia del estado.

8- SEGURIDAD:

El proyecto de presupuestos contempla mayor cantidad de recursos para programas preventivos lo cual me parece correcto. Pero no puedo dejar de hacer presente que me parece improcedente que la elección de las comunas beneficiarias queden a la libre elección de la autoridad sin considerar elementos técnicos, objetivos y públicos de vulnerabilidad social y delictiva. La tendencia mundial y nacional avanza hacia mayores niveles de transparencia y objetividad en la aplicación de políticas públicas. Por ello presentaré una indicación para que la elección de las comunas beneficiarias para los programas Barrio en Paz y Fondo de Seguridad Comunal sean en base a indicadores delictuales serios y publicos. De igual forma creo que Chile en los últimos años ha ganado prestigio intrnacional por la seriedad de sus estadísticas y ésto es un patrimonio nacional que debemos defender. Por ello es que debe quedar consignado en el presupuesto que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) -más conocida como encuesta de victimización- la siga realizando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ya que se trata del organo emisor oficial del estado de Chile y el único organismo reconocido por la OCDE para la elaboración de estadísticas oficiales de nuestro país. Para ello también presentaré una indicación que asegure que independiente del gobierno de turno, sea el INE el encargado de realizar tan importante encuesta para los ciudadanos; ya que de ella depende la orientación de la política pública de seguridad para los que más sufren el flagelo del delito.

En resumen. Estamos en presencia de un presupuesto inorgánico, carente de relato y que no apunta a la satisfacción de necesidades. Los compromisos contraídos y las promesas realizadas no ven correlato en esta formulación presupuestaria donde los estudiantes de educación técnica, los jóvenes, los niños de escasos recursos y los menores en riesgo social, parecen no ser la prioridad de este gobierno. La transparencia resulta desmejorada y sometida a la voluntad de los gobernantes, lo que atenta contra el principio de separación de roles que tanto ha beneficiado a nuestro país los últimos años.

Como verá señora Presidenta, mi abstención en algunas partidas del presupuesto no dice relación con peleas ni descalificaciones que hemos visto estos dias y que tanto mal le hacen a la actividad política; sino con temas de fondo respecto de los cuales siento un deber ético de hacer presente al nuevo gobierno a través de esta intervención en el hemiciclo ya que fuí elegido para defender a los ciudadanos y creo que el presupuesto tal como está planteado atenta contra los que menos tienen.

Muchas gracias.

martes, 9 de noviembre de 2010

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


Quizás esta nomenclatura le parezca ajena o lejana. No se equivoque, de ella depende el nivel de privacidad de su información personal. Quizás hasta su acceso al mercado laboral, crediticio, educacional y por de pronto su reconocimiento, honra y posición social.

El creciente desarrollo de la industria del tratamiento de datos ha generado un desbalance entre el principio de la libre circulación de los mismos y la protección de la vida privada de las personas y, por tanto de los datos  personales y sensibles de los ciudadanos. Hoy por hoy, resulta común ver en internet avisos de venta de bases de datos con indicación de domicilios, Rut, actividad laboral, formación académica y, en algunos casos, hasta con enfermedades o afecciones, dependencia farmacológica. En fin, un conjunto de información que permite segmentar a cada ciudadano en razón de su comportamiento mercantil, afecciones de salud o patrones de consumo, por mencionar algunos. Hay de todo y para todos. Basta con cancelar lo que piden para tener acceso a ellos y conocer la intimidad de millones de personas hasta ese momento desconocidos.

Al observar la experiencia comparada surge, como primera reflexión una cierta angustia al observar que mientras Chile discute sobre la conveniencia de proteger los datos personales y consignar una autoridad para ello, en Europa la discusión versa sobre cómo enfrentar el fenómeno de la administración de datos en las redes sociales como yahoo, facebook, twitter, el tratamiento de imágenes en flickr y un sinnúmero de plataformas y redes de uso virtual masivo. O bien cómo se adelantan al impacto del cloud computing de creciente masificación en el mundo tecnológico y que crea una especie de disco duro virtual donde se almacenarán millones y millones de datos, documentos e imágenes en el mundo. Esto en Europa es posible en razón de que hace más de 30 años los europeos decidieron sobre la necesidad de dar protección a los datos personales. Así, hacia el año 1982, la popular “Ley del Censo” de Bonn, Alemania, ya reconocía el principio de la “autodeterminación informativa” y con él el derecho de los ciudadanos a conocer quien tiene sus datos, cómo los obtuvo, para qué los almacenó y cuál será su uso. Es decir, en Chile tres décadas más tarde comenzamos una discusión que no por atrasada resulta innecesaria; sino muy por el contrario urge iniciar y resolver con seriedad, responsabilidad y prontitud.

En el marco de un encuentro académico se me solicitó manifestar mi opinión sobre la institucionalidad necesaria para supervigilar la evolución de esta industria en nuestro país. Sería simplista de mi parte adscribir a una institucionalidad en particular sin mayores fundamentos y enmarcar mi propuesta en los aspectos administrativos o de forma. Pero creo responsable aplicar mi ya reiterada (o reiterativa) “tesis de la estructura consecuencial”. Según ella, las estructuras que han de crearse en el sector público (y también en la empresa) deben responder o ser consecuencia de un objetivo o meta delineados previamente. Seguido de una estrategia prediseñada y clara para obtenerlo. Es decir, no parece lógico que el estado siga diseñando instituciones y las metas u objetivos a lograr sean sólo la consecuencia de lo que la estructura permite. De lo que se trata es de invertir el proceso creando estructuras que sean funcionales a los objetivos o metas planteados previamente. “La estructura es “y” porque es la adecuada para lograr el objetivo “x””. De esa forma estaremos creando estructuras públicas asociadas a un profundo proceso de reflexión político y administrativo con mayores niveles de eficacia y eficiencia en el logro de metas país.

En tal sentido –y para ser consecuente-  corresponde entonces observar el objetivo buscado con la nueva propuesta de institucionalidad en materia de protección de datos y, para definir el objetivo debemos necesariamente tomar posiciones en orden a la concepción del derecho sustantivo sobre el mismo. Es decir, qué entendemos o queremos entender por protección de datos personales y cómo concebimos su origen.

En el mundo existen principalmente dos miradas respecto del tema (sumado a un sinnúmero de visiones eclécticas que deambulan por el ancho camino del centro). La visión americana (USA) según la cual los datos personales constituyen un derecho incorporal y, como tal, es parte integrante del derecho de propiedad que cada ciudadano posee sobre los mismos. Vale decir, el derecho  a la protección de los datos personales, sería entonces un derecho consecuencial derivado del derecho de propiedad (número 24 del artículo 19 de nuestra Constitución) y; como tal, sujeto de todas las acciones constitucionales y legales que amparan la propiedad. Según esta visión no existe un derecho autónomo a la protección de los datos personales, sino sólo el derecho de propiedad del cual emana éste, bajo la reflexión lógica que el dato es propiedad del sujeto de derecho, sea éste una persona natural o jurídica.

Como contrapartida observamos la concepción europea del derecho a la protección del dato personal. Según estos, se trataría de un derecho en sí mismo, un derecho autónomo. Esta visión supone la existencia de un conjunto de derechos inherentes a la persona (natural o jurídica) dentro de los cuales estaría su libertad para disponer de sus datos personales, siendo aquellos que sirven para individualizar a una persona de otra dentro de la sociedad. Así entonces, este derecho estaría amparado por su propia garantía constitucional explícita (reconocimiento constitucional del derecho) o, sería parte activa de un conjunto de garantías fundamentales como la libertad, honra, vida privada, y otras.   

La definición respecto de la concepción de este derecho no es menor y acarrea consecuencias. Así, tratándose del “tráfico transfronterizo de datos”[1], resulta relevante esta distinción, toda vez que los países europeos sólo lo aceptan con los países “adecuados”[2] y, por tanto, el riesgo de quedar fuera de éstos, puede significar importantes consecuencias prácticas, tales como no acceder a información relevante de transacciones económicas para efectos de investigaciones de lavado de activos o terrorismo, intercambio de información policial, intercambio de información de deudores tributarios, en fin, un sinnúmero de datos que pueden ser relevantes en investigaciones desarrolladas en nuestro país.

Para el modelo europeo, no es suficiente la consagración del derecho de protección de datos, (derecho sustantivo) para considerar a un país como “adecuado”. Junto con ello, exigen que los países instituyan acciones jurídicas eficaces para que los ciudadanos, potencialmente afectados, puedan recurrir en contra del mal uso de los mismos y a ello agregan la exigencia de crear instituciones encargadas de promover el respeto de este derecho, proteger a los titulares de los datos, velar por el correcto tratamiento de los mismos y sancionar el mal uso de ellos.

Nuestra actual ley 19.628 sobre protección de datos personales, -en mi opinión- constituye un híbrido que si bien reconoce la existencia de la protección de los datos personales como un derecho consecuencial, crea acciones de protección (habeas data) y establece mecanismos para enmendar errores, rectificar, bloquear o eliminar datos; por omisión; deja abierta la puerta para que los administradores de bases de datos puedan realizar lo que se denomina el “tratamiento desleal de los datos personales” en virtud del cual los ciudadanos ignoran quién tiene sus datos, cómo los obtuvieron y para qué los almacenan. Con ello, por más acciones de protección que disponga la ley, éstas aparecen insuficientes o inoperantes cuando el titular ignora que alguna persona o institución está haciendo tratamiento de los mismos. De igual forma, nuestra normativa confunde la protección de datos con la protección de sus titulares. No consagra el principio de la finalidad del dato. Crea un concepto vago de las fuentes de acceso público, establece un débil régimen sancionatorio de los infractores de la norma, no regula de manera adecuada el dato apreciativo y permite el acceso universal a ciertos datos. Por tanto, resulta evidente la débil arquitectura de protección de los afectados.

Hay quienes sostienen que el derecho a la protección de datos personales emana de la protección de la vida privada[3]. Concebirlo así, sería restringirlo en exceso. Ciertamente el tratamiento de datos personales sin consentimiento vulnera el derecho a la vida privada al exponer de manera injustificada antecedentes que los sujetos pueden considerar reservados o sensibles. Pero concebir su origen exclusivamente en esta garantía sugiere aceptar la teoría del derecho consecuencial de esta garantía fundamental. Sería olvidar que su vulneración puede afectar otros derechos fundamentales asegurados por nuestra carta fundamental. En efecto, la publicación de datos sensibles puede afectar el derecho al trabajo[4], la salud, la honra, en fin, un conjunto de garantías que, exceden con creces la sola afectación de la vida privada.

Veamos un caso concreto. Un ciudadano chileno afectado por una discapacidad visual permanente que de conformidad a las normas electorales de Chile y en beneficio del voto asistido se encuentra inscrito en el registro electoral. En dicho registro, además de consignarse el nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, profesión u oficio, se consigna su discapacidad (para efectos de facilitar su sufragio). Según reciente fallo del Consejo de la Transparencia dicho registro es de carácter público y, por tanto, cualquier ciudadano puede acceder a él. Por tanto, resultará común que incluso las discapacidades contenidas en registros de carácter público puedan ser conocidas por todos y, lo que parece más grave, transadas en el mercado pudiendo incluso ser adquiridas por empresas de venta de productos especializados para determinadas discapacidades. Una reflexión profunda nos debe llevar a concluir que dicho registro fue construido con una finalidad. Proveer al órgano del estado encargado de la organización de los actos electorales públicos de la información necesaria para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de sufragio. Para ello, la ley (como fuente originaria) permitió el tratamiento de dichos datos y no para otro fin. Por tanto todo uso diverso debiera ser prohibido o al menos restringido, ya que su comercialización puede dar origen (de hecho lo da) a un tratamiento desleal consecuencial de los datos personales, ya que estos terminan en empresas o administradoras de bases de datos ignoradas por el titular de los mismos y adquiridas por medios inaccesible a su titular lo que le impide a  éste último oponerse a su tratamiento por no haber sido consultado para ello.

Dicho lo anterior, creo que debemos iniciar prontamente una reflexión profunda sobre el tema a fin de evitar que dicha discusión sea sobrepasada por la realidad de la evolución tecnológica y su decisión sea de suyo inútil y extemporánea. En tal sentido quiero expresar que desde mi personal visión, el derecho a la protección de los datos personales debiera ser incorporado como derecho principal, no dependiente -aunque relacionado- con otras garantías fundamentales. Un derecho sustantivo de rango constitucional que se encuentre amparado por acciones especiales de protección. Un derecho autónomo.

                Dicho lo anterior, la derivación normativa de la definición constitucional requiere, a mi juicio, de una profusa regulación que permita consignar elementos básicos como el tratamiento leal de datos, precisión del concepto de fuente de acceso público, determinación legal de la calidad de “sensible” de un dato, regulación del dato apreciativo, creación de un registro obligatorio de bases de datos, establecimiento de un riguroso sistema sancionatorio, constitución de una autoridad de protección de datos personales y la consagración de acciones de protección, sean administrativas y jurisdiccionales.

                Si ello debe hacerse a través de una institución con dedicación exclusiva o una dual que además regule lo relativo al acceso de información pública, ciertamente es un tema debatible y la experiencia comparada así lo demuestra. No obstante, en razón de mi razonamiento u adscripción al modelo de creación de un derecho autónomo y, las múltiples consecuencias jurídicas y económicas derivada de ello creo conveniente una institución con dedicación exclusiva por las siguientes razones:

La protección de datos personales y la transparencia en el acceso a la información pública constituyen dos caras de la misma moneda y, como tal serán antagónicas en un sinnúmero de ocasiones obligando a la autoridad a sacrificar o la primera o la segunda de ellas con consecuencias prácticas de alta complejidad.

La protección de datos personales se refiere principalmente al tratamiento que da el sector privado a los mismos; mientras que la transparencia en el acceso a la información pública se encuentra orientada exclusivamente al sector público, lo que marca la diferencia en el sujeto pasivo de ambas funciones.

La función de velar por la transparencia en el acceso a la información pública es de tal relevancia para la sociedad que incorporar en la misma institución una función diametralmente opuesta a la originaria y además de extrema complejidad y alcance podría poner en riesgo lo avanzado en materia de transparencia

El perfil de quienes ejerzan funciones en materia de protección de datos personales es sustantivamente diverso de aquellos encomendados de velar por la transparencia en el acceso a la información pública. Mientras los primeros deben tener experiencia informática y tecnológica y manejo de redes y experiencia en el sector privado; los segundos deben ser conocedores del derecho administrativo principalmente.

Si hemos de consagrar un derecho autónomo en nuestra Carta Fundamental para proteger los datos personales y equipararlo al principio de transparencia consignado en el artículo octavo de nuestra Constitución Política, entonces se requerirá de una institución de igual rango para proteger dicho derecho fundamental y no confundirla con otra que ya posee una obligación de aplicar un principio constitucional de manera exclusiva.

La experiencia comparada si bien es variada en esta materia, resulta determinante observar las recomendaciones y críticas que el comité Europeo de protección de datos personales ha realizado al ICO, organismo del Reino Unido encargado de velar por la protección de datos personales, transparencia en el acceso a la información pública y otras funciones anexas; en orden a mejorar sus estándares de protección de datos ya que –según el órgano europeo- no se está cumpliendo el mandato y se encuentra en serio riesgo de ser considerado “país no adecuado” en estas materias.

La experiencia española con la Agencia de Protección de datos personales, con dedicación exclusiva ha sido la que más jurisprudencia ha generado en este rubro. Con órganos internos encargado de realizar las indagaciones frente a denuncias, con acciones de protección y un severo régimen sancionatorio ha permitido ubicar  a España dentro de los países con mayor desarrollo de este derecho contemporáneo.

Cualquiera sea la visión a la cual adscriba el actual gobierno, lo cierto es que el debate sobre la protección de datos personales debe ponerse en la agenda prioritaria ya que de lo contrario seguiremos aún más rezagados en el contexto internacional y, lo que resulta peor, mantendremos a nuestros conciudadanos en un alto nivel de indefensión frente al tratamiento desleal de sus datos personales.



[1] Tráfico transfronterizo de datos es el acto por el cual una institución de un país entrega a otra institución de país diverso un conjunto de datos personales de sus ciudadanos para ser utilizados exclusivamente para el fin requerido.

[2] Se considera país “adecuado” el que posee la debida protección de los datos personales y otorga garantías que su entrega será tratada de conformidad a los estándares europeos de protección de datos personales.

[3] Numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República

[4] Numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República