sábado, 15 de enero de 2011

EL SUBTEXTO DEL CAMBIO DE GABINETE

A estas alturas ya nadie se debió sorprender de un cambio de gabinete. Los problemas de conducción en algunas áreas de gestión eran evidentes. Las carteras de trabajo, transportes, defensa y energía hacían agua por todos lados.

Camila Merino era cuestionada por su escasa capacidad de articulación, conducción de equipos internos y constantes errores comunicacionales en el episodio del cierre de la mina San José. Los líos con el consejo de transparencia y la contraloría, y sus malos modos, terminaron por sellar la suerte de Ravinet. Respecto del ex ministro de energía, este abandona el gabinete con un triste record: 3 black out con confusas explicaciones, mala percepción en la industria, nulo avance legislativo, falta de visión energética y pésimo manejo del conflicto de Magallanes, lo que quedará en el currículum de don Ricardo Rainieri en 10 meses de gestión en el sector público. Más inesperada fue la salida de Felipe Morandé. Quizás sus escasos avances en el PTS o su próxima derrota ante el Tribunal Constitucional por el decreto de TV digital, habrían influido en su partida no voluntaria. Se echó de menos la salida del titular de Obras Públicas quien no ha cumplido el rol que se esperaba. Escasos avances en la promoción de obras públicas y manifiesta incapacidad de liderazgo de los equipos internos. Además, según lo dicho por el Ejército, fue justamente ésta autoridad quien visó la compra de la famosa casa para un general la que luego fuera objetada por Contraloría.

Previo al análisis del subtexto del cambio de gabinete, dejo de manifiesto que la decisión presidencial (según mi opinión) parece acertada y oportuna, y da cuenta de su capacidad de observar las falencias en sus equipos de trabajo y de enmendar rumbos en el año decisivo para su gobierno.

Salen 3 técnicos de carteras sectoriales y se escoge en dos de ellas a políticos de gran experiencia. Un operador y articulador por naturaleza como Andrés Allamand reemplazará a Jaime Ravinet y una aguerrida Evelyn Matthei asumirá la cartera de trabajo.

La llegada de Allamand tiene varios efectos. En primer orden su ingreso al gobierno sirve al Presidente para aplacar sus constantes cuestionamientos públicos al manejo gubernamental. Luego, fortalecerá la capacidad articuladora del gobierno en medio de los cuestionamientos hechos por el mundo político (en particular la UDI) al manejo del actual jefe de gabinete. En este sentido, su llegada creo no pasará desapercibida en la toma de decisiones. Podrá estar instalado físicamente fuera de palacio, pero Allamand se las arreglará para influir en las decisiones presidenciales. Su esfuerzo de influencia estará centrado en el diseño estratégico del gobierno y para ello su amplia capacidad de articulación política le da ventaja por sobre cualquier otro miembro del gabinete y comité político. Sin duda quien verá disminuida su influencia política será el actual ministro del interior, quien con la llegada de Allamand tendrá al interior de su equipo a un “panzer” con mayor experiencia y capacidad política. Quizás esto le permita dedicarse a lo que parece acomodarle, la seguridad ciudadana y avanzar con mayor rapidez en un tema donde está al debe y la ciudadanía lo evalúa cada vez peor. La cartera de defensa le permite a Allamand hacerse cargo de un tema ajeno a la coyuntura donde se habla de política de estado y se promueven debates fuera de la pasión y disputa política. Los desafíos serán la modificación de la ley reservada del cobre y la reforma previsional del sector, donde deberá desplegar sus capacidades para ampliar los efectos de dichas modificaciones, minimizando los conflictos con el sector castrense, que ve con preocupación los alcances de dichas modificaciones. Si lo realiza con moderada inteligencia, debiera esperarse un alza de su imagen pública en las próximas encuestas tal como ha ocurrido con todos los ministros de defensa.

La llegada de Evelyn Matthei se entiende para incorporar a alguien que forma parte del corazón de la UDI y con ello cooptar a la tienda de calle Suecia, evitando seguir con los constantes cuestionamientos al “gobierno de Piñera” y no al “gobierno de la Alianza.” La agenda laboral podría ser quizás una agenda compleja para ella donde deberá aprender a lidiar y tolerar a las diversas organizaciones sindicales, empresariales y, en muchas ocasiones a las autoridades de Hacienda, cuyas agendas se cruzan y en no pocas ocasiones de manera inversa. Sus principales riesgos son su desconocimiento del funcionamiento del aparato del estado y su carácter agresivo y frontal, lo que le puede granjear conflictos no sólo con la oposición, sino con los sindicatos y autoridades de gobierno.

Ambas incorporaciones permiten aventurar que el Presidente de la República dio por superado su “gabinete ideal” para dar paso al “gabinete necesario”, donde los doctorados no constituyen fuente de encantamiento ni garantía de buen servicio público. Llegó la hora de la política y de que los que la han ejercido, demuestren que se encuentra vigente y es capaz de dar conducción en este gobierno. Se fortalece el concepto de la nueva derecha y se materializa reconstituyendo lo que fue la otrora “patrulla juvenil”. Demostrar que se pueden hacer alianzas con militantes de una y otra tienda, más allá de sus estructuras orgánicas, buscaría fundar esta tesis de nuevos estilos, apertura y lealtad transversal.

Con Allamand y Matthei, suman 5 los aspirantes al sillón presidencial de la alianza y todos se encuentran en el gabinete de Sebastián Piñera. Con ello el presidente controlará los tiempos del desafío presidencial, dilatando su inicio y evitando la disminución de su influencia política. Esto transforma a este gabinete en una constelación de individualidades con aspiraciones igualmente egoístas, lo que los hará luchar por realizar una buena función para destacar. Pero a su vez, podría aparejar problemas al presidente cuando alguno de ellos decida no avanzar en las metas sectoriales conflictivas, por temor a dañar su imagen y con ello su carrera presidencial, endosando los costos en alguno de los rivales o incluso en el mismo mandatario. Veremos si esta constelación de individualidades es capaz de formar un buen equipo o primarán las legítimas aspiraciones individuales.

La designación de Lawrence Golborne como biministro de Minería y Energía, si bien no es nada nuevo (Jorge Rodríguez Grossi llegó a ser triministro de economía, minería y energía), en las actuales circunstancias podría ser un salvavidas de plomo. La crisis del gas en Magallanes constituye un desafío y un riesgo para el mejor alumno del gobierno. Su participación en el directorio de Enap que tomó la decisión del alza en las tarifas del gas de Magallanes no pasará desapercibida al momento de las evaluaciones ciudadanas. Con sus nuevos compañeros de ruta, la pista sin duda se le estrecha, ya que no le darán tregua alguna y utilizarán todas las artes conocidas para incrementar sus propias popularidades en desmedro de la suya. Pudo ser su disparado apoyo popular lo que haya inquietado al grupo presidencial, y haya motivado su desembarco como biministro en medio del conflicto de Magallanes y a escasos 4 días de la interpelación programada a su antecesor. El gas de Magallanes, cierre de faenas mineras, inestabilidad de generación para 2014, desarrollo de ERNC y venta de activos de Codelco, serán algunos de los desafíos que deberá enfrentar el niño símbolo del rescate de la mina San José.

Un riesgo adicional de este nuevo diseño, lo constituye el hecho que las dos nuevas incorporaciones han hecho su vida política en el parlamento, donde el individualismo y la iniciativa personal constituyen la piedra angular de la gestión parlamentaria y difieren sustancialmente del sentido de cuerpo que requiere un gobierno. Mi experiencia es que salvo un par de excepciones, los originarios del parlamento demoran mucho en entender este concepto (algunos nunca lo logran) constituyéndose más en un problema de gobierno que una solución al mismo, debido a que opinan sobre temas que en un equipo les son ajenos y que complican a la autoridad central.

La decisión de incorporar al gabinete a dos figuras que estaban ejerciendo funciones en el congreso nacional, por de pronto significa un cambio de postura de algunos dirigentes de la coalición de gobierno. Algunos de los que criticaron duramente la llegada de Carolina Tohá al gobierno de Bachelet hoy callan en señal de apoyo. Los mismos que recurrieron al Tribunal Constitucional hoy nada dicen. Respecto de la constitucionalidad, no hay duda, se puede hacer y así fue resuelto por el órgano competente. Respecto de la conveniencia de hacerlo es legítimamente debatible, pero no hay que perder de vista el sentido de la facultad presidencial. La designación de sus ministros es una facultad privativa, exclusiva y soberana del Presidente de la República por lo que sobre esto se puede opinar pero no cuestionar, ya que en un estado republicano sólo a él compete tal decisión.

Es de esperar que estos cambios infundan un nuevo aire a este gobierno, que a pesar de llevar sólo 10 meses de gestión ya parece superado por circunstancias como la reconstrucción, conflicto en Rapa Nui, inseguridad y ahora la verdadera revolución pingüina en Magallanes.

Por el bien de Chile, es de esperar que le vaya bien a este equipo, ya que las incorporaciones representan –más allá de las naturales diferencias que tenemos- la reivindicación de la política en el arte de gobernar las democracias del siglo XXI.

domingo, 9 de enero de 2011

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

En recientes notas de prensa se señala que la venta de las acciones públicas en las sanitarias es una continuación de lo hecho por la Concertación. Es necesario precisar los elementos diferenciadores entre el proceso realizado en la década de los 90 y el actual, donde el gobierno pretende enajenar la totalidad de los derechos del Estado en dichas entidades.

El proceso original buscaba mejorar el servicio a los usuarios. Para ello se necesitaba financiar las inversiones necesarias y el Estado no contaba con recursos suficientes para abordar esa enorme tarea. En pocos años se logró el 100% de cobertura de agua potable, un 95% de cobertura de alcantarillado y un 85% de las aguas tratadas, disminuyendo el riesgo de enfermedades producidas por contaminación y ubicándonos al nivel de los países desarrollados. La decisión fue polémica, generó un amplio debate y tuvo detractores en la propia Concertación, pero finalmente se aprobó en el Congreso e incluyó un marco regulatorio para contener abusos en la posición monopólica. Se fortaleció la Superintendencia de Servicios Sanitarios para mejorar la fiscalización y el Estado conservó un porcentaje de la propiedad para representar al gobierno en un tema esencial para la comunidad y estratégico para el país.

Hoy no hay proceso ni debate alguno. Se trata sólo de vender rápido las acciones del Estado en estas empresas. Más allá de su equívoca justificación sin exigir regulación adicional ni preservación del interés general.

Hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la Región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable. Esto exige una revisión previa y urgente de la normativa del proceso de fijación tarifaria para evitar sobreprecios a millones de usuarios de un producto esencial como el agua potable. Vender la participación del Estado en las sanitarias sin abordar este problema es una irresponsabilidad que puede perjudicar a millones de ciudadanos.

El estatuto de las sanitarias exige un quórum del 75% de los accionistas para que las empresas puedan vender sus derechos de agua o destinarlos a un uso distinto del consumo humano. Al vender su participación, el Estado perderá todo control sobre los derechos de agua de dichas sanitarias.

¿Está el gobierno de Sebastián Piñera dispuesto a vender las acciones del Estado de Chile sin resolver previamente estos puntos arriesgando a millones de usuarios a cobros excesivos y sin un debate democrático del tema?

Por lo dicho, es necesario diferenciar ambos procesos. Mientras el primer proceso se hizo por ley, el actual es por decreto. Mientras en el original se mantuvo presencia del Estado en las empresas ahora se entrega todo el control al mercado. Mientras en los 90 se generó un marco regulatorio, aquí se pretende vender sin hacer las correcciones evidentes que éste requiere, lo que afectará a los consumidores y los intereses permanentes del estado más allá del gobierno de turno.

martes, 4 de enero de 2011

PARQUE FORESTAL: PROBLEMA DE GESTIÓN EDILICIA

Pocos saben que el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes fueron obras de conmemoración del centenario de la República. La idea fue crear un espacio natural que diera continuidad natural al majestuoso edificio.

Por allí circularían los amantes de la cultura y la naturaleza, además de los transeúntes de la comuna capital. Sería un espacio abierto, dotado de flora acogedora y productora de sombras. Habría espacios de césped, de libre tránsito, para que las familias pudieran disfrutar de lugares de esparcimiento en medio de la ciudad. Fuentes de época refrescarían el caluroso ambiente propio de las ciudades capitales, donde el sonido del escurrir de sus aguas se transformaría en una melodía de paz y tranquilidad a escasos metros de la incesante circulación vehicular. En fin, tras el Parque Forestal no sólo hay historia, sino un concepto urbano digno de conocer y preservar.

Al conmemorarse el bicentenario de la República, el alcalde Pablo Zalaquett sorprende a la comunidad anunciando un proyecto de intervención del Parque Forestal, del que sólo se exponen algunos antecedentes parciales. Esta situación ha generado dudas y preocupaciones, en particular de los residentes del sector.

Más allá de los detalles de la intervención -que deberán ser analizados por urbanistas y paisajistas- estamos en presencia de un problema más complejo que tiene que ver con la concepción que posee la actual autoridad comunal de la forma de llevar adelante la gestión edilicia. Según ella los vecinos son objetos de política pública y, por tanto, no deben ser parte de la consulta ni la decisión. Sólo deben circunscribirse y asumir las medidas adoptadas por la autoridad de turno.

Esto no responde al estado actual de desarrollo de los derechos ciudadanos ni a una concepción moderna del derecho a la ciudad justa y la protección de su patrimonio.

La evolución democrática de nuestro país ha permitido incrementar la conciencia sobre los derechos que posee cada ciudadano, y hemos comenzado a exigirlos, tal como ocurrió en la Europa de los '60s. Hoy resulta común observar a las organizaciones de protección y defensa de los barrios; organizaciones en protección del ecosistema de alguna zona en particular.

Es decir, hoy existe conciencia del derecho a la conservación del patrimonio natural, sea inmaterial o arquitectónico; a la conservación del medio ambiente y también del derecho a participar de manera activa en las decisiones de autoridad que afectan (o afectarían) el normal desarrollo de la vida de barrios y ciudades.

La decisión de intervenir el pulmón verde de la comuna capital, donde confluyen artistas, vecinos y familias, al menos debe ser consultada a la comunidad residente. No es posible pensar que una autoridad crea que el mero anuncio de una medida de tal impacto no será fuente de conflictos, incluso cuando dicha decisión afectará la vida cotidiana de miles de residentes.

Un ejemplo de la misma concepción fue la remodelación de la Plaza de Armas, que años después pasó la cuenta electoral a su impulsor. Por lo anterior, desafío al alcalde Pablo Zalaquett a no temerle a la democracia y llevar adelante un proceso de consulta ciudadana, abierta, transparente y vinculante para que sean los propios vecinos los que decidan sobre su proyecto de intervención del Parque Forestal. A su vez, lo insto a instalar una gestión donde la opinión ciudadana tenga cabida no sólo ad portas de las elecciones sino durante todo el ejercicio de su mandato municipal.

La política y sus actores debemos asumir los cambios culturales del país y, por tanto, debemos promover un cambio de mentalidad de las autoridades donde los ciudadanos sean considerados como sujetos activos de las políticas públicas y, con derechos no sólo a opinar sino también a decidir sobre aquellos aspectos de la vida cotidiana que les han de afectar más allá de las autoridades comunales de turno.