Señor Presidente:
El Proyecto original enviado por la Presidenta Michelle Bachelet consignaba en su mensaje “Más y mejor TV para todos”. Esto enrazón de la creciente influencia de la televisión en nuestra sociedad. Según cifras de la Subtel el 68% de los hogares de Chile sólo accede a televisión de señal abierta. Si el análisis lo acotamos a los hogares de menores ingresos dicho porcentaje aumenta a 78%. Es decir casi 8 de cada 10 de los hogares más pobres de Chile sólo recibe señal abierta; y, por tanto su calidad de acceso y contenidos resultan fundamentales para una parte sustantiva de nuestra nación.
Son los mismos chilenos los que en recientes encuestas atribuyen una creciente evaluación negativa respecto de los contenidos de la televisión abierta, debido a su mala calidad de programación o la centralización programática (programas similares en diferentes canales a la misma hora). Es decir, los ciudadanos usuarios de televisión demandan por mayor calidad y mejores contenidos televisivos. Esta ley era una buena oportunidad.
Para lograr lo anterior, el proyecto original consignaba un conjunto de principios que conducían a un objetivo común. Garantizar el acceso gratuito a Televisión Digital Terrestre y fomentar la proliferación de canales locales o regionales que aporten a la difusión de identidades locales.
En qué estamos hoy? Después de 3 años de tramitación el proyecto de ley llega a esta sala con avances pero también con elementos negativos que debemos corregir en beneficio de los millones de usuarios que ven con expectativas la pronta dictación de este cuerpo legal.
El actual proyecto contempla un sistema concesional que permite una concesión única entregada por el Consejo Nacional de Televisión y distingue dos tipos de concesionarios, a saber:
Concesionarios con medios propios: Los que son reconocidos por la ley y se les concede una concesión por 20 años y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 3º transitorio gozan de un sistema preferente de renovación de su concesión, la que establece que aún cuando el concesionario no concurra a solicitar su renovación el estado debe garantizarle los medios para continuar sus transmisiones. Es decir, por ley avalamos incluso la eventual negligencia de los concesionarios y el estado se obliga a mantener condiciones para que estos sigan transmitiendo, transformando en la práctica esta concesión de 20 años en una concesión indefinida, situación que no avalaré con mi voto.
Concesionarios sin medios propios: Se les conceden concesiones por 5 años y sin el derecho preferente de renovación. Es decir, el derecho preferente de renovación es censitario, toda vez que se les reconoce sólo a los concesionarios que tienen medios propios y no a aquellos que no los poseen. Una discriminación poco feliz.
De igual forma el actual proyecto permite que los concesionarios utilicen el 50% del espectro objeto de concesión para transmitir TV en formato de pago. Obligándo al concesionario a realizar oferta pública respecto del “remanente” de espectro. Remanente? ¿Qué concesionario reconocerá tener remanente para obligarse a licitar y aumentar su competencia y aumentar la disputa de la parrilla publicitaria? No será mejor callar frente a la existencia de dicho remanente a fin de evitar mayor competencia?
Veamos algunos casos similares en otras industrias nacionales. Recuerdo el caso de la “deuda subordinada” de ciertos bancos nacionales contraída en la crisis de principios de los 80. Se trataba de una deuda “Subordinada” que obligaba a pagar al Banco Central cuando existieran utilidades. ¿Durante cuántos años algunos bancos emitían acciones a fin de no reconocer utilidades y así no tener que pagar la deuda “subordinada”?
Otro ejemplo lo constituyen los operadores móviles virtuales quienes a pesar de tener existencia legal, llevan 3 años tratando de entrar al mercado, con juicios ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y hoy incluso con un proceso incoado ante la Corte Suprema.
Cuando el legislador deja abierta la puerta para que un mercado se auto regule y auto imponga determinadas obligaciones, -salvo honrosas excepciones- éstas no se cumplen, en desmedro de la competencia y de los usuarios y consumidores finales. Por ello es que creo que a este respecto es un DEBER DEL ESTADO EL GARANTIZAR EL ACCESO AL ESPECTRO PARA LOS CONCESIONARIOS SIN MEDIOS PROPIOS, SEAN LOCALES, REGIONALES O COMUNITARIOS.
De igual forma el proyecto reconoce sólo a actuales operadores nacionales, otorgándoles los medios necesarios para continuar sus operaciones; pero nada dice respecto de los operadores menores locales que actualmente operan dentro el marco de la ley. Generándo una diferencia sustantiva que afecta la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de una actividad económica, razón por la cual HAGO RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE ESTE ARTÍCULO.
El actual proyecto le concede por ley 6 Megas para transmitir a los actuales operadores nacionales. A este respecto, Señor Presidente, déjeme decir que la cantidad de megas (6) de que actualmente gozan, dice relación con las necesarias en el espectro analógico para desarrollar su actividad actual (1 canal). Con el cambio a la Televisión Digital, y por mejoramientos tecnológicos, cada señal requerirá aproximadamente de 1,5 o 2 megas para transmitir un canal. Entonces, asignarles 6 megas parece excesivo ya que podrán crear 3 o 5 canales, superando con creces las necesarias para transmitir en sus actuales condiciones y mejorando de manera desmesurada su posición en el mercado de la televisión. Lo que es un subsidio o regalo del estado (de todos los chilenos como titulares) a un grupo de privados. En mi concepto señor Presidente esto restringe el derecho a la libertad d expresión toda vez que unos pocos contarán con concesiones prácticamente indefinidas y con mayor espectro que el que actualmente gozan en desmedro de aquellos que legítimamente quieran participar de este nuevo mercado, ya que nacerá con desigualdades estructurales a favor de unos pocos.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto original, lo constituía la gratuidad. El texto actual consigna que el 50% gratuito deberá ser en Alta definición (HD) a fin de mejorar la calidad de imagen y sonido de la televisión abierta. Es decir el 68% de los chilenos podría ver más de lo mismo pero con mejor imagen y sonido (siempre y cuando sus tv sean mayores a 40 pulgadas) porque allí se notará mayormente la diferencia de imagen.
A esto debemos sumar que al igual que en la actualidad, el proyecto en análisis no contempla normas mínimas de calidad de las transmisiones de televisión abierta, lo que no genera incentivos para invertir en la red abierta y es así como hoy existen vastos sectores del centro de santiago que a menos de 20 cuadras del palacio de la Moneda donde la señal abierta se ve con lluvia o simplemente no se puede recepcionar. Necesitamos norma de calidad que garantice a la gran mayoría de los televidentes la calidad de recepción de su señal a fin de garantizar el acceso a tan importante servicio básico.
Respecto del espectro de pago (el otro 50%) obviamente contendrá mejores contenidos para incentivar su recepción y por tanto su pago. Para decirlo en fácil, si este proyecto se aprueba tal como esta hoy, es muy probable que el canal en su señal de pago transmita la teleserie, película y programa de moda; mientras que la señal abierta del mismo canal transmitirá contenidos antiguos o de menor demanda, condenando al 68% de los chilenos y a los 78% de los chilenos más pobres a ver contenidos de menor calidad o de mayor antiguedad.
Otro objetivo del proyecto era promover los canales regionales y locales. A este respecto siento el deber de advertir que el actual texto del proyecto los define en función del territorio de transmisión y no del origen de los contenidos, lo que desnaturalizará el sentido del proyecto. Así, según el actual texto, podrían ser considerados como canales locales o regionales aquellos que transmitan en una región o comuna siendo incluso meros retransmisores de programas nacionales e internacionales y no constituir aporte alguno a la identidad regional.
Finalmente, Señor Presidente quiero advertir a nuestros colegas, Diputadas y Diputados que estamos legislando a ciegas. En efecto. A esta fecha el Ministerio de Transportes y telecomunicaciones no publica el “Plan de Radiodifusión Televisiva” que es el que establecerá (por decreto) la cantidad real de canales que podrán existir, lo que será determinante para este proyecto. Así, resulta cierto que el texto del proyecto contempla que al menos el 40% del espectro disponible deberá ser para canales locales. ¿40% de qué? 40% del espectro que aún no conocemos por la falta del plan de radiodifusión televisiva. Es decir, no sabemos si el 40% será de 2 canales, de 10 o de 20, lo que obviamente altera completamente el verdadero propósito del proyecto. Por ello es que pido formalmente al gobierno de Chile que publique prontamente el Plan de Radiodifusión televisiva a fin de avanzar en una legislación que cuente con todos los elementos necesarios para mejorar la industria de la televisión.
Para terminar, quiero hacer un llamado a corregir éstos déficit para evitar aprobar un proyecto que lejos de cumplir sus objetivos iniciales consigna una desigualdad estructural en materia de acceso a la información, igualdad ante la ley y libre expresión. Hoy es el momento de lograr cambios en este mercado, pero estos debemos hacerlos pensando en el desarrollo de Chile, de sus televidentes y de su democracia, donde la televisión, su calidad de acceso y contenidos pueden ser determinantes en el futuro de nuestro país y en particular de las nuevas generaciones.
He dicho señor Presidente.
