Las economías modernas poseen un sistema que registra el comportamiento de pago de los ciudadanos. En general, se trata de una institucionalidad pública con normas regulatorias de rango legal, y sujetas al control de legalidad de actos de administración, de parte de otras instituciones públicas. Su ámbito de aplicación alcanza la formación, administración, procesamiento y protección de los datos personales de los ciudadanos, en particular, los relativos a sus actividades comerciales o crediticias.
En cuanto a la temporalidad de la información crediticia de los ciudadanos, estas agencias mantienen ésta actualizada por rangos de tiempo, que varían entre los 5, 10, 15 y 20 años. Esto permite que los administradores de la agencia y sus analistas, observen el comportamiento de pago de los ciudadanos en un horizonte de largo plazo, pudiendo advertir comportamientos globales y eventuales coyunturas que afectaron su capacidad de pago, pudiendo proyectar con mayor justicia y objetividad una opinión respecto de la disposición de pago que posee un individuo. Dicho de otro modo, estas bases de datos contienen la información histórica, tanto positiva como la negativa, pudiendo el analista sacar conclusiones basadas en el comportamiento general y no sólo basado en incumplimientos momentáneos.
Otra diferencia con nuestro sistema, es que dicha información no es de acceso público. En efecto, en las economías modernas el sistema se basa en el principio de la “finalidad del dato”. Es decir, sólo pueden acceder a los antecedentes comerciales de un ciudadano, quien justifique un fin legítimo sobre ellos (contratos, suscripciones, otorgamiento de créditos, recepción de documentos a futuro, etc.) Justificado el fin, la agencia da traslado al ciudadano cuyos antecedentes han sido solicitados, y éste tiene la facultad de aceptar o rechazar el acceso del solicitante a su propio riesgo. Es decir, si un ciudadano no acepta que un solicitante acceda a sus antecedentes, obviamente está asumiendo que dicha persona, al no conocer sus antecedentes pueda negarse a la aceptación de un documento de garantía u otra contratación que pretendía realizar.
Como se observa, el sistema de administración y manejo de antecedentes comerciales de las economías desarrolladas es completo y desde el punto de vista de su accesibilidad es restrictivo, toda vez que parte del supuesto que los datos personales son parte de la propiedad de cada sujeto y su uso debe ser para efectos de la seguridad mercantil de ciertas instituciones o personas que justifiquen su conocimiento y no de uso o tráfico común.
En Chile, la regulación de la protección de datos personales es precaria, y en general de escasa aplicación práctica. Si bien las normas contienen cierta regulación y se consigna la protección de los datos personales, la cantidad de omisiones es tal, que deja abierta la puerta para la peligrosa situación que vivimos hoy.
No es un secreto que los bancos e instituciones financieras manejan bases de datos que reflejan el comportamiento de pago de sus clientes. Situación de suyo legítima, toda vez que la colocación de recursos debe ampararse en capacidad de pago de sus clientes. No obstante, el manejo reservado que se hace de ellas, difiere sustancialmente de lo que pasa con las bases de datos de acceso público disponibles en el mercado.
El surgimiento de Dicom como empresa privada, hoy multinacional, y su lucrativo negocio de la venta de antecedentes de terceros, está generando consecuencias originalmente insospechadas y socialmente nefastas para las personas, familias, emprendedores y para toda la sociedad. En efecto, el uso y abuso de dicha información de parte de terceros, está significando que en Chile sea más grave “estar en Dicom” (poseer antecedentes de incumplimientos comerciales), que poseer antecedentes penales. De partida, dicha empresa maneja información parcial y coyuntural, sólo relativa a incumplimientos y nada exhibe respecto del buen comportamiento comercial o pagos. Esta situación, obviamente condiciona el juicio que se hace al solicitante de la información, ya que lo único que observa, son los incumplimientos comerciales y no la consolidación positiva y negativa de la información. Luego, la información exhibida es de irregular temporalidad, lo que también condiciona los análisis y proyecciones de riesgo de los ciudadanos morosos.
Por otra parte, el acceso universal a la información, es otro aspecto que comenzó a afectar a quienes aparecen con antecedentes de morosidad, ya que al tratarse sólo de información negativa y de acceso universal, cualquier ciudadano puede solicitarla y hacerse un juicio basado en la información negativa y, por ende coartar las posibilidades de actividades comerciales, de garantía e incluso laborales del consultado.
Desde el punto de vista social, el uso y abuso de las bases de datos de antecedentes comerciales, está condicionando el desarrollo y emprendimiento de muchas personas, familias, micro y pequeñas empresas. El comercio público de sus datos (con las deficiencias señaladas) perjudica de manera invariable a un creciente sector de la sociedad. Hoy por hoy, muchos padres o madres no pueden matricular a sus hijos en colegios particulares subvencionados o de educación superior privada, porque no les aceptan documentar con títulos de crédito al “estar en Dicom”. De igual forma se les niega el acceso a un teléfono móvil, o a la atención de urgencia en alguna entidad de salud privada al no poder documentar con letra de cambio o pagaré. Pero lo que sin duda resulta más grave, es que en la actualidad algunas empresas y entidades públicas están exigiendo los antecedentes de Dicom para otorgar oportunidades laborales, lo que se ha transformado en una forma de marginación social a quienes se encuentren en dicho registro. Es decir, la sociedad les está enviando el mensaje de que si no pagan sus deudas, no pueden acceder al trabajo. Siendo imposible que alguien pague sus deudas, si carece de fuente laboral al tener antecedentes de incumplimientos mercantiles. Es un círculo vicioso que condena a la persona, familia y a un segmento social a vivir al margen del sistema crediticio y laboral formal, fomentando la informalidad e incluso en algunos casos desesperados, la ilegalidad parta sobrevivir.
Nuestro derecho civil descansa sobre un principio básico, la buena fe. Más allá del fomento de algunos a la desconfianza generalizada, debemos mantener la institución que Andrés Bello plasmara en nuestro Código Civil. Quien contrae una obligación comercial, por regla general, es porque se encuentra en condiciones de pagarla y está dispuesto a ello. El problema surge cuando imponderables aparecen y afectan la capacidad de pago. El accidente o enfermedad catastrófica de algún miembro de la familia, la muerte del proveedor o la cesantía involuntaria. Se trata entonces, de personas que regularmente han pagado sus obligaciones, quieren pagar pero no pueden: esa gente no merece una condena a la marginalidad comercial, sino un apoyo para empezar de nuevo y reemprender. Eso es lo que estamos proponiendo. No se trata de una condonación de deudas, ya que hay muchos acreedores que requieren de esos pagos para salir adelante. Se trata sólo de borrar los antecedentes de DICOM por única vez,a fin de evitar que su uso indiscriminado incremente los márgenes de segregación social y siga incrementando los niveles de cesantía de personas por el hecho de poseer deudas.
En Chile, actualmente es posible borrar por una única vez en la vida los antecedentes penales (crímenes y simples delitos) que comete una persona. ¿Por qué entonces no podrían borrarse por única vez las morosidades? Ser deudor no puede ser sinónimo de ser delincuente, hay muchos y muchas, que quieren pagar y no pueden porque el sistema los margina por el sólo hecho de tener un documento impago, morosidad o un simple retraso.
El Movimiento ACCION agrupa a miles de ciudadanos de diversos pensamientos, credos, posiciones, orígenes y lugares de residencia. Tiene por objetivo poner las manos en acción para modificar algunos aspectos de la sociedad que nos están perjudicando y hacer una sociedad más integradora, no sólo en el discurso, sino con hechos. A través de esta campaña, el movimiento ACCION te convoca a recolectar firmas para pedirle al gobierno que envíe un proyecto de ley, que permita eliminar por única vez los antecedentes del Dicom y que junto a ello se establezca una regulación a futuro que termine con el manejo indiscriminado de tus antecedentes comerciales.
La invitación está hecha, el desafío es enorme pero el objetivo es noble y beneficiaría a millones de compatriotas de cara al Bicentenario. Súmate aACCION y Firma para borrar tu Dicom.
