miércoles, 28 de septiembre de 2005

DELINCUENCIA Y CAMPAÑAS

Los candidatos de la Alianza discuten sobre delincuencia. Bienvenido el debate en un tema prioritario para la población. Sin embargo, los ofertones, las formulas mágicas y la sobre simplificación del fenómeno, le hace daño al objetivo nacional de mayor seguridad.

La discusión pública se centra sólo en el funcionamiento del sistema represivo. Piñera acusa que los delincuentes no están en la cárcel por la mano blanda de los jueces, mientras Lavín dice otro tanto del Gobierno. Veamos como ha estado la mano: Chile tiene hoy 38 mil presos, casi el doble de encarcelados que hace diez años. Esto es. más del doble de presos por habitante de los que tiene Inglaterra y más de dos y media veces los que encarcelan Argentina o Francia. Se reclama también la proporción de delitos que quedan impunes. En esta materia, la comparación con el pasado nos muestra que también nos hemos ido poniendo más severos y eficaces y las comparaciones internacionales tampoco nos exhiben como blandos. En perseguir y sancionar al delincuente somos más severos que antes y más que otros países

Lo realmente novedoso es que, por primera vez, la reforma procesal penal, transparenta lo que hacemos. Juicios y cifras están a la vista, un periodismo más activo hace seguimiento de los casos y la celeridad del proceso penal permite saber de resultados antes que olvidemos el delito. Se descubren casos en que los criterios de los jueces pugnan con la percepción socialmente dominante de lo justo. No son la mayoría. Se ha abierto un debate al que no estábamos acostumbrados y en el que los Tribunales, por cumplir una función pública, están y seguirán sometidos al escrutinio y crítica ciudadana. Por supuesto hay cosas que corregir. La sanción de los delitos menores no funciona bien en la reforma. Ello se detectó hace más de dos años y la respuesta se debate hace un año y diez meses en el Congreso. De haberse aprobado antes estos cambios, nos habríamos ahorrado muchas de las denuncias críticas respecto de los robos en Santiago.

La magnitud de la delincuencia de aquí al 2010 no dependerá sólo de cuan dura esté la mano. Encarcelar no es suficiente para disminuir el delito. Inglaterra tiene menos de un séptimo de los presos que Estados Unidos, y aún así, la mitad de los robos con violencia que en éste, un tercio de los hurtos y menos de un quinto de los homicidios. Chile tiene más del doble de presos por habitante que Argentina y más delitos contra la propiedad. No cometamos el error, ni aún en período de campañas, de querer enfrentar un fenómeno multicausal y complejo de manera unidimensional y simplificada, pues corremos el riesgo de inscribirnos en el récord Guiness como el país con más presos por habitante, sin haber logrado bajar ni las tasas de delincuencia, ni los índices de temor

La delincuencia depende tanto del control penal como del número de hijos no deseados, de la educación preescolar, de la deserción escolar, del nivel del consumo de drogas, del modo en que construimos ciudad, de la desigualdad social o del modo en que nos representamos el éxito. Si bien la política criminal no puede determinar las de control de natalidad, educación, vivienda o cultura, existen algunas políticas que resultan decisivas para el futuro de la delincuencia en Chile. Particular atención merecen aquellas destinadas a disminuir el consumo de drogas, las que enfrentan la violencia contra mujeres y niños, las de retención escolar de niños en riesgo, las de convivencia escolar, las de integración social que refuerzan comunidades fuertes en barrios y poblaciones, las que procuran recuperar espacios públicos para la recreación y el deporte, las de capacitación e inserción laboral de jóvenes y las que determinan el modo en que los Carabineros patrullan las ciudades.

En todas estas políticas, el país tiene experiencia y reflexión acumuladas. ¿cómo va a tratar el SENAME de aquí al 2010 a los niños de la calle para que no ingresen a carreras delictuales? Hoy, que sabemos la íntima relación entre la dependencia de las drogas y la comisión de delitos, ¿Cuánto gastaremos en los próximos 4 años en el CONACE? ¿Qué cambios haremos al “Comuna Segura” para fortalecer más y mejor la integración social, propender a comunidades fuertes y recuperar espacios públicos? ¿Cómo lo hacemos mejor al intervenir en las poblaciones dónde se han formado un número no despreciable de los delincuentes que ya mayores apresamos? ¿A qué lugares extenderemos el Plan Cuadrante y como lo perfeccionaremos?

En el rápido devenir de las imágenes resulta más fácil y popular informar o condenar el último hecho de sangre que hablar de cualquiera de estas políticas, pero no olvidemos que el poder de un futuro Gobierno para incidir en la seguridad de los chilenos radicará en la orientación que decida darles.

En materia de delincuencia, al igual como en el desempleo, la competitividad país o la superación de la indigencia no hay ni formulas mágicas, ni atajos rápidos. No nos quedará otra que trabajar con planes inteligentes, enorme coordinación, responsabilidades acotadas y evaluaciones públicas y rigurosas. Ojalá la campaña no nos haga olvidar esto.

jueves, 22 de septiembre de 2005

POR QUÉ NO A LAS POLICÍAS MUNICIPALES













Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de instaurar la modalidad de policías municipales en nuestro país. El aceptar la instauración de policías municipales implica en primer término que el Estado se desprendería de una de sus mas importantes funciones, como es la de brindar seguridad de manera equitativa a la población a través de una institución seria, responsable, técnica, unitaria y profesionalmente preparada para ejercer la fuerza dentro de un estado de derecho democrático y de los principios de transparencia y legalidad.
En segundo orden implicaría desmembrar la actual estructura policial de carácter nacional y jerárquica, que garantiza ciertos niveles de independencia en su actuar y son sometidos a un control jerárquico desde el mando institucional y la autoridad civil.
En tercer lugar, la consagración municipal de cuerpos de seguridad conllevaría una inmediata discriminación de la calidad de los servicios de seguridad sobre la base de los ingresos municipales, toda vez que sólo los Municipios con más recursos tendrían la opción de optimizar sus servicios de seguridad; en contrapartida, los municipios de escasos recursos verían deteriorados sus niveles de protección debido a la imposibilidad presupuestaria de costear dichos servicios, lo cual implicaría extender las desigualdades planteadas por los obispos a un aspecto tan relevante de la vida cotididiana como lo constituye la oferta de tranquilidad y seguridad para las familias de nuestro país.[1]
En cuarto lugar, porque un servicio de seguridad policial de carácter nacional, regido por normas constitucionales y dependencia centralizada del Estado, permiten garantizar que el actuar se realizará dentro de los marcos de la legalidad y ajenos a cualquier influencia de alguna autoridad local, frente a un cuerpo municipal donde el Alcalde se erigiría como el principal actor y empleador de la policía con los riesgos asociados para la independencia en el actuar policial y en la equidad en la administración del ejercicio de la fuerza policial.
En quinto lugar porque la división político administrativa del país no es aplicable al fenómeno de la seguridad interior, ya que al existir multiplicidad de policías con límites territoriales se producirían contiendas de competencia o jurisdicción, existiendo multiplicidad de criterios para enfrentar el fenómeno delictivo, lo que atentaría contra la eficacia policial.
Por último porque un Estado eficiente realiza ofertas de servicios de forma unívoca, es decir, servicios que otorguen al ciudadano pretaciones claras y determinadas, donde la comunidad tenga la certeza de qué servicio le prestará cada institución. Mientras que la proliferación de policías apunta en la dirección opuesta brindando al ciudadano ofertas equívocas donde éste deberá dilucidar las competencias de cada uno de los servicios policiales prestandose para confusiones y descoordinaciones lo que se traduciría en aumento de la sensación de inseguridad.
1] Mientras la comuna de Vitacura puede invertir $301.000 por habitante, la comuna de Lo Prado sólo pude invertir $42.000 por habitante y Los Vilos $27.000. (Fuente: Estudio de Ingresos municipales. Subdere)

sábado, 17 de septiembre de 2005

PROGRESISMO Y SEGURIDAD PÚBLICA

¿Por qué la seguridad es un tema progresista?

La seguridad propiamente tal y sin apellidos está constituida por un conjunto de acciones, normas, circunstancias y sensaciones que los individuos poseen respecto del grado de protección que recibirán del sistema frente a un hecho o acto adverso que ponga en riesgo su desarrollo normal y armónico.

En tal sentido un individuo sentirá que existe seguridad social en la medida que frente a un hecho o acto que le afecte personalmente o a su familia, sienta que existe un sistema de protección social que le ayudará a superarlo o minimizar sus efectos adversos, sean estos de recuperación de salud o de solvencia de los gastos asociados.

La seguridad laboral la sentirán los trabajadores en la medida de que sientan que existen las condiciones básicas par desarrollar de óptima manera sus funciones laborales y, que, frente a un abuso del empleador existen los mecanismos administrativos y jurídicos para requerir protección.

En tal sentido entonces, la seguridad pública (objetiva) está constituida por el conjunto de medidas preventivas, correctivas, sancionadoras, jurisdiccionales y rehabilitadoras que la sociedad adopta para brindar mayores niveles de protección a los individuos y sus familias para el natural desarrollo de sus vidas.

La seguridad pública (subjetiva) está constituida por el conjunto de sensaciones y percepciones de los individuos en relación con los grados de protección y tranquilidad de que gozan en su proceso de desarrollo.

Entendida de tal forma, la seguridad pública entonces tiene como objetivo principal dotar al ciudadano de mayores y mejores condiciones de tranquilidad, para que estos puedan desarrollarse libremente dentro de un Estado democrático.


El progresismo o la concepción moderna de las funciones públicas implica tener plena conciencia de la importancia que el Estado reviste para los mas desposeídos. En efecto, una gran parte de nuestros compatriotas carece de las condiciones básicas para enfrentar la vida de manera adecuada; debiendo el Estado asumir la función de apoyar mediante planes y programas focalizados a fortalecer el proceso de inclusión social.

De igual forma, implica declarar irrenunciable ciertos roles que el Estado en un país democrático progresista debe cumplir, dentro de los cuales se encuentra la función u obligación de brindar seguridad a los habitantes.

Hoy por hoy, la necesidad mas imperiosa por mayores niveles de protección lo tienen los habitantes de los sectores mas desposeídos. Esto en razón de antiguas políticas urbanas de segregación social y excesiva densidad poblacional, donde conviven poblaciones que carecen de alternativas laborales estables, bajos niveles de escolaridad, carencia de espacios públicos e infraestructura deportiva y otros factores que contribuyen a que estos barrios sean zonas de alto riesgo social.

Los factores anteriormente descritos y otros adicionales, contribuyen a que en dichas aglomeraciones urbanas coexistan altas condiciones de riesgo social que facilitan el ingreso a temprana edad en la actividad delictual o drogadicción, afectando en gran parte a sus propios residentes, lo que aumenta la sensación de impunidad e inseguridad ya que el delincuente es parte del barrio, está presente frente a su núcleo familiar; aún cuando no cometa un delito, es un delincuente omnipresente.

Es por ello, que una mirada progresista del país, implica necesariamente ir en auxilio de los mas desposeídos, que viven a diario el flagelo de la delincuencia y que muchas veces observan con impotencia como sus familiares o vecinos participan de la actividad delictual, sea por necesidad u otras causas.


Seguridad ciudadana v/s seguridad pública:

El concepto de seguridad pública evoca mayor fuerza y exactitud que el de seguridad ciudadana. Mientras el primero es mas amplio e involucra un conjunto de funciones policiales que siendo propia de las instituciones policiales no caben dentro del concepto la lucha contra la delincuencia restringido de seguridad ciudadana. (control y cuidado de fronteras, prevención accidentes de tránsito, rescates en catástrofes y accidentes cordilleranos y otras)

Utilizar el concepto de seguridad ciudadana implica una natural diferenciación entre los habitantes que poseen dicha condición jurídica y aquellos que carecen de ella.

Así, en estricto rigor, sólo quedarían incluidos dentro de una política de seguridad ciudadana, aquellos que fueren chilenos, mayores de 18 años y no hubieren sido condenados a penas aflictivas. Quedando excluidos los extranjeros residentes, los menores y los procesados por el tipo de delitos descrito. Situación absolutamente ilógica, toda vez que el Estado invierte importantes recursos para la implementación de programas destinados a la prevención social orientado a menores de edad, sean chilenos o extranjeros, bastando sólo ser residentes de nuestro país; a los procesados por delitos que merecen pena aflictiva (mas de 3 años) a través de los programas de rehabilitación intrapenitenciario y la construcción de nuevos recintos penales para albergar a los reclusos.

Así, el concepto de seguridad pública, además de incluir las funciones policiales distintas de la lucha contra la delincuencia, es integrador en cuanto se aplica a todos los residentes del país, cualquiera sea su condición jurídica de nacional o extranjero. A mayor abundamiento cabe señalar que la utilización del concepto señalado es reconocido al interior de las instituciones uniformadas como de mayor conocimiento técnico de las materias propias de la seguridad.

jueves, 15 de septiembre de 2005

SEGURIDAD PÚBLICA E INSERCIÓN SOCIAL

Durante estos días algunos parlamentarios de oposición han iniciado una campaña destinada a promover la idea de que Chile es un país inseguro y que las políticas adoptadas para el combate a la delincuencia han sido sobrepasadas por el incremento de las tasas de denuncias.

En primer lugar creo necesario señalar que un estudio realizado por la revista internacional America Economía ubicó a la ciudad de Santiago en el primer lugar en el ranking de las mejores ciudades del mundo para hacer negocios, uno de cuyos principales indicadores es la seguridad que ofrece para sus habitantes, superando a ciudades como Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y otras capitales. Es decir, las opiniones objetivas de los organismos internacionales contravienen lo señalado por aquellos que pretenden hacer de la inseguridad una imagen país que no se condice con la realidad de Chile y que poco ayudan en la construcción de un país más seguro y un clima de tranquilidad y confianza internacional.

Lamentablemente aún persiste en algunos dirigentes de la derecha la idea que seguridad es sinónimo de represión. Una fórmula reducida para justificar sus incontrolables deseos de coerción y disminución de libertades o un desconocimiento profundo de la forma de enfrentar el flagelo delictual.

Lo cierto es que la seguridad debe ser abordada bajo una concepción más amplia, no por ello menos eficaz; que aborde las causas que generan la actividad delictual y las formas de enfrentarlas, mecanismos de prevención policial o fortalecimiento de las policías, instrumentos jurídicos modernos para la sanción a los delincuentes habituales, mecanismos de rehabilitación y de política carcelaria.

En efecto, al observar la encuesta nacional de victimización, surge que más del 60% de los encuestados señala como causas de la delincuencia al desempleo, pobreza y deserción escolar. Es decir, son los propios afectados los que le responden a la derecha señalando que más que aumento de penas y restricción de libertades, se requiere fortalecer las políticas sociales destinadas a disminuir las condiciones de riesgo que pueden gatillar el ingreso a la carrera delictual.

En ese orden de cosas, el programa Chile Solidario que a la fecha se encuentra implementado en 332 comunas de nuestro país, beneficiando a más de 115.000 familias, permite insertar dentro de la red pública a muchas familias que carecían de ayuda social, o bien la ayuda les era inorgánica. Hoy, estas familias al ingresar a la red social del Estado podrán enfrentar las causas de fondo de su condición de pobreza, accediendo a programas de salud, programas de vivienda y educación, con lo cual muchos de los hijos de estas familias tendrán una alternativa real a la delincuencia como modo de subsistencia, como lo serán la educación y oportunidades laborales.

En segundo orden, la creación de un incentivo económico del Estado a los municipios y sostenedores de establecimientos educacionales por cada joven desertor que logren reinsertar en el sistema educacional, constituye una medida concreta y eficaz para enfrentar uno de los tres aspectos señalados como las principales causas de la delincuencia, la deserción escolar.

Es decir, el gobierno le está entregando a cada sostenedor educacional una suma de dinero por cada joven que logren reinsertar en sus establecimientos educacionales, a fin de dar una oportunidad social a los jóvenes que hoy hacen de la delincuencia su actividad habitual. Hoy, más de 1.300 niños vinculados a las familias del programa Puente del Chile Solidario han sido reinsertados en establecimientos educacionales.

Como las anteriores iniciativas existen otras de igual o mayor impacto social que no es el objetivo de la presente columna detallar; como los programas de recuperación de espacios públicos, de prevención social como el comuna segura o barrios seguros, deporte y prevención social y otros. Sino mas bien dejar sentada la idea de que la lucha contra la delincuencia, vale decir, la política nacional sobre seguridad pública, no sólo debe contener aspectos sancionadores a quienes hacen de la delincuencia su actividad cotidiana, sino que también debe hacerse cargo de las causas que originan la delincuencia y dar alternativas de superación de ellas, en eso estamos y seguiremos avanzando.

Ciertamente las políticas de prevención social del delito no son tan atractivas para su difusión mediática, pero no por ello menos importantes, ya que a través de ellas nos hacemos cargo del fondo del problema, cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo cuando los hijos de esas familias puedan insertarse dentro de nuestro crecimiento y desarrollo como país desde su condición de ciudadanos libres y honestos; y no necesariamente desde un centro de reclusión que es donde algunos quisieran verlos.

sábado, 10 de septiembre de 2005

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SEGURAS

Santiago fue designada por la revista América Economía como la ciudad de América Latina y Miami con mejores condiciones para realizar negocios. Esta elección se ha visto confirmada con la proliferación de convenciones y reuniones internacionales realizadas en los últimos años en nuestra capital.

Lo anterior se debe a que junto con el desarrollo de las condiciones de hospedería, transporte, telecomunicaciones y servicios, nuestro país ostenta una reconocida estabilidad política y financiera dentro del continente. Todos los indicadores anteriores son elementos relevantes al momento de seleccionar a nuestra capital como punto de encuentro o inversión de capitales. Sin perjuicio de ellos, el indicador que ha permitido ubicarnos en el primer lugar de América Latina, es el relacionada con la baja tasa delictual. Santiago es calificada como una ciudad segura por sus evaluadores, cuya tasa de homicidios es la mas baja de las urbes medidas, donde la policía goza de la confianza ciudadana y donde impera un sistema jurídico que da garantías a la población nacional e internacional.
En ese orden, resulta relevante realizar upgrades a nuestra construcción de ciudades a fin de mantener esta óptima percepción internacional y aumentar la llegada de capitales, divisas y visitantes a nuestro país.
Para ello, se requiere pasar de la construcción de viviendas a la construcción de barrios y ciudades, cuyos conceptos básicos tiendan a recuperar los microespacios urbanos, donde la comodidad de accesos y servicios sean fundamentales pero donde además se pueda contar con los servicios básicos para el óptimo desarrollo de la vida familiar. Uno de esos servicios lo constituye la seguridad pública entendida en forma amplia e integral. Así, las formas de construcción a escala humana, la creación de espacios públicos que llamen a la integración urbana, los sistemas de iluminación de plazas y parques, la iluminación de aceras o veredas, la utilización positiva de los sitios eriazos, la creación de pequeños locales comerciales que permitan el abastecimiento diario, la existencia de establecimientos educacionales y centros de atención de urgencias médicas, la implementación de sistemas de televigilancia y la construcción de unidades policiales de barrio son elementos que pueden impulsarnos hacia la creación de barrios y ciudades seguras.
En la actualidad para la aprobación de proyectos de desarrollos inmobiliarios se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental, según la cual se puede exigir medidas de mitigación de los impactos viales, fluviales, ambientales y otros.
¿Qué pasa con los impactos en seguridad?
La construcción de un proyecto con 3.000 viviendas, por cierto produce impactos en los accesos viales, en los servicios de necesidad pública, impactos ambientales; pero de igual forma apareja un impacto en seguridad. Así, 3.000 viviendas aparejará un promedio de 12.000 nuevos habitantes en el sector en desarrollo, los que serán nuevos usuarios del sistema de seguridad, los que exigirán un servicio oportuno y de calidad.
Para ello la Subsecretaría de Carabineros del Ministerio de Defensa Nacional, la Asociación Nacional de Desarrolladores inmobiliarios y la Cámara Chilena de la Construcción estamos trabajando en la implementación de un plan de trabajo público-privado orientado a satisfacer las necesidades de seguridad en los nuevos desarrollos inmobiliarios. Con ello, se construirán barrios seguros, capaces de hacerse cargo de las nuevas demandas del consumidor inmobiliario, ubicación, comodidad, servicios y seguridad.
Hoy el programa se desarrolla por acuerdo de voluntades de las partes involucradas.
La institucionalización de dicha forma de trabajo constituye un desafío futuro a fin de que al momento de evaluar cada desarrollo inmobiliario se observen integralmente los potenciales impactos que estos pueden aparejar, lo que permitirá al futuro comprador tener la certeza que junto a su vivienda se ofrecen las condiciones básicas para vivir en paz y tranquilidad.
Sólo así podremos hablar que estamos construyendo barrios y ciudades con miras al bicentenario, donde la seguridad natural constituya uno de los pilares del desarrollo urbano de nuestro país y el habitante pueda gozar ya no sólo de una vivienda sino de un barrio y una ciudad que lo inviten a compartir en los espacios públicos y fortalecer el capital social como herramienta de desarrollo de país, mostrando al mundo que la privilegiada ubicación actual de nuestra capital en el orden internacional es y será fruto de mejoras permanentes que nos mantendrán en dicho sitial por muchos años mas.