LA GRAVEDAD DE LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

Si bien con el Ministro del Interior he tenido diferencias en muchos temas, no tengo temor a decir que en algunas ocasiones he comprendido la tensión bajo la cual se encuentra sometido. No obstante en esta oportunidad creo como legislador no puedo dejar pasar por alto una acción de la máxima gravedad. La reunión pública que sostuvo con Pedro Orthustegui, Presidente de la Asociación de Fiscales para tratar –según se informó- materias propias de la labor operativa de los fiscales e incluirlo en conversaciones para mejorar el despliegue en terreno de los persecutores.

En la reunión nada quedó al azar, fue todo prolijamente planificado. El sentido, alcance y consecuencias fueron deliberadamente preparados. El sentido de la reunión: Obviamente dar un golpe público al Fiscal Nacional y mostrar una institución fracturada donde los funcionarios “de terreno” apoyan al ministro del interior y no al jefe de servicio. Orthustegui –probablemente sin alcanzar a comprender el alcance que tendría su encuentro con el secretario de estado- llegó sólo a la reunión, sin su directiva. Hablaron de muchas cosas y al momento de finalizar la reunión vino el “detallito” de la foto juntos. El decano de los periódicos lo retrata bien. Ambos de pié, el dirigente gremial con las manos atrás como alumno hablando con el profesor y el Ministro sonriente denotando una cercanía con su interlocutor. Al costado una foto oscura del Fiscal Nacional, sólo, firmando papeles sentado en su escritorio. Es decir, a un lado el “equipo de terreno” y al otro el “de escritorio”.

La gravedad de la acción del ministro del Interior radica en que premeditadamente usó al interlocutor gremial de los fiscales para afectar la unidad del ministerio público al excluir al jefe superior del servicio, el Fiscal Nacional, a sabiendas que la única misión de la asociación de fiscales es velar por el mejoramiento de las condiciones laborales de los fiscales y carece de cualquier tipo de representación para intercambiar opiniones sobre política criminal.

De hecho, según el artículo 13 de la LOC del Ministerio Público el Fiscal Nacional es el jefe superior del servicio y responsable por su funcionamiento y dentro de sus facultades está la de emitir instrucciones sobre criterios de actuación en materias propias de la persecución penal. En cualquier caso, el órgano asesor del Fiscal Nacional y a quien corresponde opinar sobre los criterios de actuación es el Consejo general integrado por la totalidad de los fiscales regionales (artículo12). Si el Ministro del Interior tiene observaciones sobre la forma en que se ejerce la acción penal, lo que corresponde es que en reserva y con fundamentos exponga tal situación a la máxima autoridad de la institución persecutora o pida ser oído por el Consejo general del Ministerio Público, instancia donde podrá intercambiar visiones y coordinar acciones orientadas al logro del objetivo común.

Nunca más debe intentarse lesionar la autoridad por el sólo hecho de diferir de su visión, no es sano para el gobierno, para la política ni menos para el país.

Es posible y más que probable que existan divergencias entre las instituciones del estado. De hecho en el ejercicio de mi cargo tuve algunas divergencias con el Fiscal Nacional. La diferencia es que la forma de solucionarlas no era ni creando conflictos por la prensa ni intentando lesionar su autonomía; sino por la vía del diálogo en el entendido que cada órgano cumple su rol y que para el éxito de los ciudadanos se requiere coordinación interinstitucional. Esa es la capacidad que los ciudadanos esperan de sus autoridades, ponerse de acuerdo para mejorarles las condiciones de vida.

Ciertamente el sistema preventivo, persecutor, sancionador y rehabilitador admiten perfeccionamientos pero en cada caso deben hacer con las respectivas instituciones intervinientes y no contra ellas o prescindiendo de las mismas. Se trata de un trabajo de equipo.

Espero que quede claro que mi opinión no busca una defensa corporativa de ninguna institución, sino más bien apela al debido respeto por las instituciones ya que sobrepasadas que sean lo que se pone en riesgo es la separación de funciones, la autonomía y la garantía de imparcialidad en la persecución penal o en la administración de justicia según sea el caso.

El Ministro del interior debe enmendar el rumbo y concentrar sus esfuerzos en sumar apoyos, incluir instituciones a fin de ampliar el equipo destinado a mejorar las condiciones de paz y tranquilidad de nuestro país. Esa es su misión y su deber.

FÚTBOL Y POLÍTICA

“Los personajes mencionados en este artículo son solo creación de su autor no poseen existencia real y toda semejanza con la vida real es sólo una mera coincidencia“.

En el fútbol hay 2 tipos de jugadores. Los que se atreven y los que no se atreven. De los últimos poco se conoce por su falta de audacia y nula influencia en los resultados colectivos. Respecto de los que se atreven debemos distinguir, los que quieren ser útiles y los que sólo quieren ser importantes. Estos últimos son los que más figuran, los que sacan aplausos en el corto plazo y con una jugada pequeña logran ponerse en primera plana. Se agrandan en los primeros minutos y poseen un elevadísimo concepto de sí mismos. Generalmente hacen “una jugada de más”. Son los que no aceptan compartir los triunfos, en cambio endosan la responsabilidad de las pérdidas. Buscan culpables en todo y por todo y carecen de sentido común para evaluar las situaciones. No escatiman en golpear a sus adversarios cuanto logran burlar su marca o simplemente cuando lo superan en capacidad.

Por su parte, los que atreviéndose tienen conciencia y disposición de ser útiles no siempre brillan desde el comienzo pero de a poco se transforman en un 8 o un 10 por donde resulta imprescindible que pase el balón. Son armadores, con visión, con la pausa necesaria para entregar los pases para que -si se requiere- sea otro el que celebre en primera persona. Son “armadores” de juego. Los que saludan a otro efusivamente cuando aquél triunfa y participan del dolor del arquero batido. Los que no buscan excusas ni culpables por los errores propios y los que están dispuestos a aprender de sus propias caídas. Los que escuchan al “profe” y los que asumen que no tienen porqué saber todo tipo de técnicas ni jugadas y están dispuestos a aprender con humildad, aún del adversario. Los que entrenan mientras los otros dan entrevistas. En fin, son los que tienen conciencia de que su trabajo es determinante para el equipo y, por tanto no tiene miedo a perder cámara o sacrificar imagen propia en función del colectivo.

En la política pasa igual y hace más de medio siglo lo dijo Churchill: “el problema de esta era es que hay pocos que quieren ser útiles y muchos que sólo quieren ser importantes”. Frase plenamente vigente en este país en pleno siglo XXI. Hoy hay quienes siendo convocados a ser parte de un equipo o liderarlo, han optado por ser más importantes que útiles. En desmedro del proyecto colectivo. Pasa en el gobierno y también en la oposición. Es una tentación humana privilegiar el proyecto individual ante el colectivo. Brillar sólo en vez de compartir los triunfos. En la oposición eso es un problema porque impide reagrupar fuerzas para presentar un proyecto común para reconquistar a los electores y su consecuencia directa es la dispersión y la falta de cohesión. Para el gobierno resulta peor aún, porque es el llamado a gobernar, a conducir, a dar gobernanza a la nación. Cuando hay más “importantes” que “útiles” entonces puede haber una constelación de estrellas sin coherencia ni visión común, sin relato. El resultado, destellos impactantes de corto plazo con escasa influencia en los destinos de una nación. Al gobierno le falta un 10 o un 8 que sea capaz de articular, hacer la pausa, dar juego, hacer tiempo, defender y atacar, pero siempre en fair-play. Lo que hemos visto hasta hoy es un equipo donde algunos incluso patean contra su propio arco, donde el 5 pretende ser 10 y el llamado a ser 10 ya no supo hacerlo, la hinchada propia y la contraria se dieron cuenta y sólo esperan que el profe se atreva a reemplazarlo. Debe hacerlo porque el árbitro ya se percató que el 10 sólo pretende ser “importante “a cualquier precio. Detectó que su forma de ganar es golpeando al rival o tratando de quebrar al equipo contrario. Que lo hace por debajo cuando el árbitro se da vuelta. Se percató que anda más preocupado de generarle problemas al adversario que de hacer las cosas bien. Y lo más delicado, es que a más de 14 meses no ha dado un solo pase gol. Los escasos goles del equipo han pasado por ministro(a)s útiles y menos importantes pero con sentido de lo colectivo. Al profe no le sirve que la pelota pase por el lado del 10 y al equipo le dé lo mismo tocársela y, al contrario algunos prefieran no tocársela por miedo a perderla o generar un conflicto con el adversario, con el árbitro e incluso con los propios jugadores e hinchas.

En fin, las eliminatorias se están jugando y aún falta mucho por hacer, lo cierto es que si no refuerzan el equipo con un 10 talentoso la situación seguirá complicándose, ya no sólo para su equipo, sino para el país, porque la cantidad de jugadores golpeados está generando problemas con otros intervinientes porque el 10 ha sido agresivo con muchos, transformándose en una fuente de conflictos más que de soluciones.

NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

Las cifras de denuncias de delitos de mayor connotación social correspondientes al 3er trimestre de 2011 vuelven a sembrar el temor de analistas y entendidos en relación a la eficacia de las políticas públicas del actual gobierno en materia de prevención y control delictual. Si bien las denuncias no constituyen un indicador exacto de los delitos; ciertamente un incremento de esta magnitud (+ 10,1%) debe llevar a la autoridad a enmendar el rumbo rápidamente para evitar la afectación de mayor número de personas y hogares.

Al observar las cifras surge como primer análisis de preocupación que las denuncias de delitos que más aumentan son las correspondientes a delitos violentos. Así, del total de denuncias recibidas, el robo con fuerza llega al 37,3 % con un incremento de +10,8% respecto de igual período del año 2010. Dentro del robo con fuerza se observa un incremento de los robos en lugar habitado (+33,9%), en lugar no habitado (+22,3%) y robo de vehículos (+14,5%) sembrando una señal de intranquilidad en la seguridad de hogar y comercio.

Los incrementos de los robos con violencia en 17,9%, robos por sorpresa 2,9%; violaciones +11,5% y violencia intrafamiliar en 9,9% constituyen una luz naranja que el gobierno debe saber leer para implementar una política preventiva agresiva y focalizada en la protección de hogares, personas y comercio.

Dado que la confianza en el sistema de justicia criminal tiende a no variar en el corto y mediano plazo, podemos afirmar que este crecimiento se debe a un aumento real de la delincuencia. Estos resultados son además consistentes con los aumentos observados en las últimas mediciones de victimización disponibles. Según el índice paz ciudadana-Adimark la proporción de hogares victimizados creció en un 14,8% durante el primer semestre 2011.

Respecto de la cifra de homicidios y su alza a 27,8% me permito señalar que a pesar de que pueda aparecer llamativa, técnicamente no es acertada y deberían excluirla de la entrega de este tipo de cifras, ya que quienes determinan técnicamente la ocurrencia de un homicidio no son ni las policías ni el Ministerio público, sino que el Ministerio de salud ya que un caso que pudo ingresar a las policías o al Ministerio público como homicidio, puede derivar judicialmente en muerte accidental, cuasidelito o viceversa. De hecho la única estadística aceptada en organismos internacionales es la que emana de la autoridad de salud.

Para algunos estas cifras deben significar un regocijo al dejar en evidencia la incompetencia de quienes tienen a su cargo la prevención delictual. Para otros resulta más fácil exculparse sindicando como responsables a fiscales y jueces. Ni lo uno ni lo otro resulta del todo cierto ni mejorará las condiciones de seguridad de las familias si la autoridad no asume que la realidad delictual no cesa ante su estrategia disuasiva y por el contrario se incrementa de manera peligrosa.

Observo con preocupación las autocomplacientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del delito quien parte exculpándose responsabilizando a jueces y fiscales y al ser contrastado con cifras que no sustentan técnicamente su afirmación decide culpar del alza delictual a las manifestaciones y el uso de carabineros para labores diversas de la seguridad preventiva. Acepto el argumento en la comuna de Santiago y excepcionalmente en otra comuna; pero no es aceptable como argumento general. ¿Qué labor de orden público pueden cumplir los carabineros de La Calera, de la región de Tarapacá o Los Ríos, de la comuna de Vitacura o Cerrillos, donde las alzas superan los 2 dígitos? Ninguna. Consultado Carabineros por eventuales traslados desde dichas comunas para cumplir esas funciones, la respuesta es categórica. No ha habido traslados para esos fines.

Finalmente no puedo dejar pasar el hecho que las cifras aparezcan publicadas en algunos medios de comunicación y la autoridad se refiera a ellas y aún no se encuentren disponibles las cifras oficiales en la web del ministerio del interior, situación que afecta la transparencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública como mecanismo de simple información o análisis de cifras o variables que a la fecha de esta columna no han sido publicadas.

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades hoy renuevo mi compromiso de cooperación para con las autoridades en la superación del flagelo. Las cifras no son un fin en sí mismo, constituyen un instrumento de orientación de políticas públicas orientadas a resultados y es justamente eso lo que la autoridad debe entender y utilizar a su favor como herramienta de gestión y no descalificar a quienes con un prisma diverso opinamos para aportar a la solución de un problema que no puede ni debe tener sesgos de ninguna especie.

VIOLENCIA, DELINCUENCIA, GOBIERNO Y JUECES

El ambiente está malo. A la crispación política entre gobierno y oposición no se le ve buena salida. Por su parte los estudiantes insisten en no transar sus demandas y el populismo golpea a la puerta. En este cuadro el gobierno haciendo gala de su incapacidad política y sale a granjearse un nuevo conflicto. Ahora con los jueces al cuestionarlos por las “excesivas libertades” en las causas de infracción al orden público. Los jueces respondieron sin anestesia y con cifras irrefutables. 8 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva son concedidas por el poder judicial. Es decir, del supuesto garantismo estructural de los jueces…nada.

No contento con la respuesta el Ministro de Justicia en un hecho inédito en la política chilena sale a amenazar a los jueces al sugerir que los ascensos judiciales serían condicionados a buenos fallos en materia de orden público. Es decir, el ministro se permite intentar condicionar los fallos judiciales para promover jueces, olvidando lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política que prohíbe al presidente de la República y a miembros del Congreso nacional avocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de sus fallos. Un escándalo de proporciones. La Asociación de Magistrados y el pleno de la Corte Suprema rechazaron categóricamente sus declaraciones al considerarlas como un intento por subordinar a un poder autónomo del estado.

Tozudez es la palabra que describe al Ministro de Justicia Teodoro Ribera. No es aceptable que una autoridad política se permita tal nivel de imprudencia e incluso se ponga al borde de la inconstitucionalidad con su sugerencia. O el ministro se retracta o renuncia. Pero una autoridad sin diálogo con el poder del estado materia de su cartera, parece insostenible.

¿Cuál será la razón para tal aberración? Para mi parece obvio. Las encuestas que tiene el gobierno dan un creciente nivel de rechazo a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto de orden público y la delincuencia. Entonces, con sus declaraciones, el gobierno busca excusar su incapacidad y endosar la responsabilidad por la falta de eficacia en la sanción de los encapuchados en otro poder del estado. El Poder Judicial. Así, al “endurecer el discurso” podrían recuperar algunos puntos en la evaluación pública y “reconquistar” al electorado propio que a diario aumenta su insatisfacción. Lo que no esperaban era que el Poder Judicial saliera a defenderse mostrando cifras que avalan que el problema no radica en el “garantismo estructural” de los jueces; sino más bien en la incapacidad del gobierno y sus agencias policiales para identificar a los violentistas y de probar en juicio su participación en los hechos de violencia.

Lo que se requiere entonces no es una modificación legal que incremente las penas ni un condicionamiento de asensos judiciales por los fallos, sino una reformulación del actual sistema de información preventiva a fin de lograr identificar a los violentistas y, una vez detenidos, acompañar profesionalmente en juicio los elementos probatorios suficientes para crear convicción judicial respecto de la participación de los detenidos en los hechos de violencia.

Si bien la estrategia diseñada pudo haber tenido efectos positivos para alguna encuesta, la contundente respuesta judicial permite avisorar un nuevo flanco del gobierno. Su falta de visión para solucionar un problema de alta sensibilidad ciudadana. La violencia y la delincuencia. Ambos temas en los cuales este gobierno sigue al debe y más allá de las construcciones mediáticas, los ciudadanos –transversalmente- lo sienten y en su entorno lo hacen saber.