Con el advenimiento de la democracia a comienzos de la década del 90, el país comenzó a enfrentar quizás el desafío más complejo de su historia. Ser capaces de reconstruir las confianzas básicas entre los diversos actores sociales para dar conducción pacífica y productiva a nuestra nación.
La traumática experiencia previa que dividió a los chilenos, hacía prácticamente inviable las posibilidades de crear instancias de conversaciones sobre aspectos tan relevantes como la pacificación del país, la reconstrucción de la democracia como forma de gobierno y el respeto por la institucionalidad y al estado de derecho.
Pero los esfuerzos de un sinnúmero de dirigentes políticos, sociales, empresariales y eclesiásticos permitieron darle rumbo al proceso democratizador.
Los años 90 estuvieron marcados por los esfuerzos colectivos por retomar el diálogo como forma de resolución de las divergencias y controversias en la sociedad nacional, proceso que a poco andar ganó adeptos que querían un Chile -aunque con legítimas divergencias- con unidad en temas básicos de gobernabilidad.
Pero no todos los sectores apoyaban este proceso. Hoy, a casi 20 años de entonces, corresponde recordar que en aquella época, existían en nuestro país grupos, células y movimientos que reivindicaban la violencia como forma de manifestación. Siglas que identificaban a diversos grupos u organizaciones aparecían por doquier tras cada asalto a entidades bancarias o atentados a autoridades o unidades policiales. Como no recordar la muerte de un Senador de la república; o de funcionarios policiales que cumplían funciones de seguridad del intendente metropolitano o de ciudadanos anónimos en poblaciones del país. Todas igualmente condenables. Se trataba entonces de grupos subversivos descolgados de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Mientras los primeros habían gestado la lucha contra la dictadura; los segundos habían quedado al margen de los servicios de seguridad del régimen militar. Unos y otros atentaban contra chilenos y chilenas, causando temor en la población. Esta minoría intentaba poner en jaque el sistema a fin de lograr sus particulares objetivos; y, respecto de los cuales, se requería un acuerdo nacional que permitiera un accionar rápido y eficaz en pos de la paz social.
Los acuerdos dieron sus frutos. Una vez más Chile estuvo a la altura de las demandas de la sociedad por vivir en paz y tranquilidad. Los actores de la época fueron capaces de ir disminuyendo progresivamente la violencia política, al punto de aislar como sociedad a aquella minoría violenta, terminando con la desarticulación de quienes causaban el temor ciudadano.
Poco a poco, la democracia logró ir consolidando las condiciones de tranquilidad social, donde comenzó a coexistir el derecho de manifestarse con el derecho a la tranquilidad y el respeto al orden público. La ciudadanía, comenzó progresivamente a descubrir que le asistía el derecho de manifestarse en los espacios públicos con pleno respeto a la integridad física y a la propiedad pública y privada ajena. Así, hacia comienzos de la segunda mitad de la década de los 90, Chile recibe el reconocimiento de la comunidad internacional, por su apertura al mundo y las envidiables condiciones de paz social. Inversiones extranjeras, convenciones internacionales, cumbres de jefes de Estado y Gobierno, disminución de las condiciones de riesgo internacional; solicitud de intercambio de experiencias en seguridad; son algunos de los indicadores que comienzan a incrementarse en virtud de un conjunto de factores, dentro de los cuales la paz y la tranquilidad jugaron un papel fundamental.
La traumática experiencia previa que dividió a los chilenos, hacía prácticamente inviable las posibilidades de crear instancias de conversaciones sobre aspectos tan relevantes como la pacificación del país, la reconstrucción de la democracia como forma de gobierno y el respeto por la institucionalidad y al estado de derecho.
Pero los esfuerzos de un sinnúmero de dirigentes políticos, sociales, empresariales y eclesiásticos permitieron darle rumbo al proceso democratizador.
Los años 90 estuvieron marcados por los esfuerzos colectivos por retomar el diálogo como forma de resolución de las divergencias y controversias en la sociedad nacional, proceso que a poco andar ganó adeptos que querían un Chile -aunque con legítimas divergencias- con unidad en temas básicos de gobernabilidad.
Pero no todos los sectores apoyaban este proceso. Hoy, a casi 20 años de entonces, corresponde recordar que en aquella época, existían en nuestro país grupos, células y movimientos que reivindicaban la violencia como forma de manifestación. Siglas que identificaban a diversos grupos u organizaciones aparecían por doquier tras cada asalto a entidades bancarias o atentados a autoridades o unidades policiales. Como no recordar la muerte de un Senador de la república; o de funcionarios policiales que cumplían funciones de seguridad del intendente metropolitano o de ciudadanos anónimos en poblaciones del país. Todas igualmente condenables. Se trataba entonces de grupos subversivos descolgados de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Mientras los primeros habían gestado la lucha contra la dictadura; los segundos habían quedado al margen de los servicios de seguridad del régimen militar. Unos y otros atentaban contra chilenos y chilenas, causando temor en la población. Esta minoría intentaba poner en jaque el sistema a fin de lograr sus particulares objetivos; y, respecto de los cuales, se requería un acuerdo nacional que permitiera un accionar rápido y eficaz en pos de la paz social.
Los acuerdos dieron sus frutos. Una vez más Chile estuvo a la altura de las demandas de la sociedad por vivir en paz y tranquilidad. Los actores de la época fueron capaces de ir disminuyendo progresivamente la violencia política, al punto de aislar como sociedad a aquella minoría violenta, terminando con la desarticulación de quienes causaban el temor ciudadano.
Poco a poco, la democracia logró ir consolidando las condiciones de tranquilidad social, donde comenzó a coexistir el derecho de manifestarse con el derecho a la tranquilidad y el respeto al orden público. La ciudadanía, comenzó progresivamente a descubrir que le asistía el derecho de manifestarse en los espacios públicos con pleno respeto a la integridad física y a la propiedad pública y privada ajena. Así, hacia comienzos de la segunda mitad de la década de los 90, Chile recibe el reconocimiento de la comunidad internacional, por su apertura al mundo y las envidiables condiciones de paz social. Inversiones extranjeras, convenciones internacionales, cumbres de jefes de Estado y Gobierno, disminución de las condiciones de riesgo internacional; solicitud de intercambio de experiencias en seguridad; son algunos de los indicadores que comienzan a incrementarse en virtud de un conjunto de factores, dentro de los cuales la paz y la tranquilidad jugaron un papel fundamental.
Hoy, gracias a muchos actores públicos y privados, conocidos y anónimos, nuestra democracia es más robusta. Nadie se cuestiona el régimen político, aunque exista alguno que añore un “desalojo”, las alternativas son dentro del régimen democrático (aunque pareciera una reflexión obvia, a comienzos de los 90 no resultaba tan evidente). De igual forma, la ciudadanía se ha visto en un creciente proceso de empoderamiento social y político. Hoy, el ciudadano exige lo que antes sólo se atrevía a pedir. Reclama del sistema condiciones que antes no imaginaba. Vivienda, ya no sólo en su cobertura, sino con calidad, ubicación y condiciones de financiamiento. Salud, con cobertura, gratuidad, calidad y oportunidad. Educación, con calidad, infraestructura, tecnología, materiales y alimentación. Los trabajadores, exigen el mejoramiento de las condiciones laborales; un trato igualitario (O al menos similar) entre quienes cumplen funciones análogas en una misma empresa y pertenecen a entidades externas. Protección del medio ambiente por sobre las necesidades energéticas del país. Demandas de pueblos originarios, por contar con una política de reconocimiento e inclusión social de fondo y ya no meramente de asistencialidad. En fin, la sociedad actual ha cambiado. El ciudadano es más exigente y muchas veces las demandas de los grupos organizados suponen ingresos fiscales similares al de los países del primer mundo. Pero mas allá de la pertinencia de las demandas, lo importante es cuidar las formas en que hoy estos grupos las están planteando. Así, al observar los últimos hechos de violencia surge la necesaria reflexión en orden a que el sistema político y social en su conjunto debe plantearse. Cómo somos capaces de hacernos cargo como sociedad de estos cambios y cómo diseñamos un sistema que sea capaz de dar oportuna respuesta a las demandas sociales y aislar a aquellos que hoy, en otra época y bajo otras motivaciones, vuelven a reivindicar la violencia como forma de expresión. Es entonces cuando debemos plantearnos un desafío país. Lograr la coexistencia de los derechos de manifestación con los de preservación de la paz y la tranquilidad social. Este no será un desafío menor. Implicará orientar a los actuales dirigentes sociales en el sentido de exigir sus derechos con respeto al resto de los ciudadanos; a pedirle –como la ha señalado S.E. la Presidenta de la república- a la autoridad sectorial, sea local o nacional un contacto directo con la ciudadanía para palpar el sentir de la comunidad de manera oportuna; y, quizás lo de mayor relevancia sea educar a las futuras generaciones bajo los conceptos del respeto por la democracia y por sus habitantes. Los valores de la vida y la integridad de las personas, su rol como actores de la sociedad y el principio de la responsabilidad de los actos propios.
Chile ha caminado por la senda del diálogo y la razón durante casi 20 años. Hoy, que la sociedad ha cambiado, y se torna cada día más exigente y demandante, se requiere renovar el compromiso nacional con el camino de la paz y la tranquilidad en virtud del cual podremos seguir profundizando el proceso democratizador y modernizador que tantos frutos le ha dado a Chile y sus habitantes.
