LA GRAVEDAD DE LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

Si bien con el Ministro del Interior he tenido diferencias en muchos temas, no tengo temor a decir que en algunas ocasiones he comprendido la tensión bajo la cual se encuentra sometido. No obstante en esta oportunidad creo como legislador no puedo dejar pasar por alto una acción de la máxima gravedad. La reunión pública que sostuvo con Pedro Orthustegui, Presidente de la Asociación de Fiscales para tratar –según se informó- materias propias de la labor operativa de los fiscales e incluirlo en conversaciones para mejorar el despliegue en terreno de los persecutores.

En la reunión nada quedó al azar, fue todo prolijamente planificado. El sentido, alcance y consecuencias fueron deliberadamente preparados. El sentido de la reunión: Obviamente dar un golpe público al Fiscal Nacional y mostrar una institución fracturada donde los funcionarios “de terreno” apoyan al ministro del interior y no al jefe de servicio. Orthustegui –probablemente sin alcanzar a comprender el alcance que tendría su encuentro con el secretario de estado- llegó sólo a la reunión, sin su directiva. Hablaron de muchas cosas y al momento de finalizar la reunión vino el “detallito” de la foto juntos. El decano de los periódicos lo retrata bien. Ambos de pié, el dirigente gremial con las manos atrás como alumno hablando con el profesor y el Ministro sonriente denotando una cercanía con su interlocutor. Al costado una foto oscura del Fiscal Nacional, sólo, firmando papeles sentado en su escritorio. Es decir, a un lado el “equipo de terreno” y al otro el “de escritorio”.

La gravedad de la acción del ministro del Interior radica en que premeditadamente usó al interlocutor gremial de los fiscales para afectar la unidad del ministerio público al excluir al jefe superior del servicio, el Fiscal Nacional, a sabiendas que la única misión de la asociación de fiscales es velar por el mejoramiento de las condiciones laborales de los fiscales y carece de cualquier tipo de representación para intercambiar opiniones sobre política criminal.

De hecho, según el artículo 13 de la LOC del Ministerio Público el Fiscal Nacional es el jefe superior del servicio y responsable por su funcionamiento y dentro de sus facultades está la de emitir instrucciones sobre criterios de actuación en materias propias de la persecución penal. En cualquier caso, el órgano asesor del Fiscal Nacional y a quien corresponde opinar sobre los criterios de actuación es el Consejo general integrado por la totalidad de los fiscales regionales (artículo12). Si el Ministro del Interior tiene observaciones sobre la forma en que se ejerce la acción penal, lo que corresponde es que en reserva y con fundamentos exponga tal situación a la máxima autoridad de la institución persecutora o pida ser oído por el Consejo general del Ministerio Público, instancia donde podrá intercambiar visiones y coordinar acciones orientadas al logro del objetivo común.

Nunca más debe intentarse lesionar la autoridad por el sólo hecho de diferir de su visión, no es sano para el gobierno, para la política ni menos para el país.

Es posible y más que probable que existan divergencias entre las instituciones del estado. De hecho en el ejercicio de mi cargo tuve algunas divergencias con el Fiscal Nacional. La diferencia es que la forma de solucionarlas no era ni creando conflictos por la prensa ni intentando lesionar su autonomía; sino por la vía del diálogo en el entendido que cada órgano cumple su rol y que para el éxito de los ciudadanos se requiere coordinación interinstitucional. Esa es la capacidad que los ciudadanos esperan de sus autoridades, ponerse de acuerdo para mejorarles las condiciones de vida.

Ciertamente el sistema preventivo, persecutor, sancionador y rehabilitador admiten perfeccionamientos pero en cada caso deben hacer con las respectivas instituciones intervinientes y no contra ellas o prescindiendo de las mismas. Se trata de un trabajo de equipo.

Espero que quede claro que mi opinión no busca una defensa corporativa de ninguna institución, sino más bien apela al debido respeto por las instituciones ya que sobrepasadas que sean lo que se pone en riesgo es la separación de funciones, la autonomía y la garantía de imparcialidad en la persecución penal o en la administración de justicia según sea el caso.

El Ministro del interior debe enmendar el rumbo y concentrar sus esfuerzos en sumar apoyos, incluir instituciones a fin de ampliar el equipo destinado a mejorar las condiciones de paz y tranquilidad de nuestro país. Esa es su misión y su deber.

FÚTBOL Y POLÍTICA

“Los personajes mencionados en este artículo son solo creación de su autor no poseen existencia real y toda semejanza con la vida real es sólo una mera coincidencia“.

En el fútbol hay 2 tipos de jugadores. Los que se atreven y los que no se atreven. De los últimos poco se conoce por su falta de audacia y nula influencia en los resultados colectivos. Respecto de los que se atreven debemos distinguir, los que quieren ser útiles y los que sólo quieren ser importantes. Estos últimos son los que más figuran, los que sacan aplausos en el corto plazo y con una jugada pequeña logran ponerse en primera plana. Se agrandan en los primeros minutos y poseen un elevadísimo concepto de sí mismos. Generalmente hacen “una jugada de más”. Son los que no aceptan compartir los triunfos, en cambio endosan la responsabilidad de las pérdidas. Buscan culpables en todo y por todo y carecen de sentido común para evaluar las situaciones. No escatiman en golpear a sus adversarios cuanto logran burlar su marca o simplemente cuando lo superan en capacidad.

Por su parte, los que atreviéndose tienen conciencia y disposición de ser útiles no siempre brillan desde el comienzo pero de a poco se transforman en un 8 o un 10 por donde resulta imprescindible que pase el balón. Son armadores, con visión, con la pausa necesaria para entregar los pases para que -si se requiere- sea otro el que celebre en primera persona. Son “armadores” de juego. Los que saludan a otro efusivamente cuando aquél triunfa y participan del dolor del arquero batido. Los que no buscan excusas ni culpables por los errores propios y los que están dispuestos a aprender de sus propias caídas. Los que escuchan al “profe” y los que asumen que no tienen porqué saber todo tipo de técnicas ni jugadas y están dispuestos a aprender con humildad, aún del adversario. Los que entrenan mientras los otros dan entrevistas. En fin, son los que tienen conciencia de que su trabajo es determinante para el equipo y, por tanto no tiene miedo a perder cámara o sacrificar imagen propia en función del colectivo.

En la política pasa igual y hace más de medio siglo lo dijo Churchill: “el problema de esta era es que hay pocos que quieren ser útiles y muchos que sólo quieren ser importantes”. Frase plenamente vigente en este país en pleno siglo XXI. Hoy hay quienes siendo convocados a ser parte de un equipo o liderarlo, han optado por ser más importantes que útiles. En desmedro del proyecto colectivo. Pasa en el gobierno y también en la oposición. Es una tentación humana privilegiar el proyecto individual ante el colectivo. Brillar sólo en vez de compartir los triunfos. En la oposición eso es un problema porque impide reagrupar fuerzas para presentar un proyecto común para reconquistar a los electores y su consecuencia directa es la dispersión y la falta de cohesión. Para el gobierno resulta peor aún, porque es el llamado a gobernar, a conducir, a dar gobernanza a la nación. Cuando hay más “importantes” que “útiles” entonces puede haber una constelación de estrellas sin coherencia ni visión común, sin relato. El resultado, destellos impactantes de corto plazo con escasa influencia en los destinos de una nación. Al gobierno le falta un 10 o un 8 que sea capaz de articular, hacer la pausa, dar juego, hacer tiempo, defender y atacar, pero siempre en fair-play. Lo que hemos visto hasta hoy es un equipo donde algunos incluso patean contra su propio arco, donde el 5 pretende ser 10 y el llamado a ser 10 ya no supo hacerlo, la hinchada propia y la contraria se dieron cuenta y sólo esperan que el profe se atreva a reemplazarlo. Debe hacerlo porque el árbitro ya se percató que el 10 sólo pretende ser “importante “a cualquier precio. Detectó que su forma de ganar es golpeando al rival o tratando de quebrar al equipo contrario. Que lo hace por debajo cuando el árbitro se da vuelta. Se percató que anda más preocupado de generarle problemas al adversario que de hacer las cosas bien. Y lo más delicado, es que a más de 14 meses no ha dado un solo pase gol. Los escasos goles del equipo han pasado por ministro(a)s útiles y menos importantes pero con sentido de lo colectivo. Al profe no le sirve que la pelota pase por el lado del 10 y al equipo le dé lo mismo tocársela y, al contrario algunos prefieran no tocársela por miedo a perderla o generar un conflicto con el adversario, con el árbitro e incluso con los propios jugadores e hinchas.

En fin, las eliminatorias se están jugando y aún falta mucho por hacer, lo cierto es que si no refuerzan el equipo con un 10 talentoso la situación seguirá complicándose, ya no sólo para su equipo, sino para el país, porque la cantidad de jugadores golpeados está generando problemas con otros intervinientes porque el 10 ha sido agresivo con muchos, transformándose en una fuente de conflictos más que de soluciones.

NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

Las cifras de denuncias de delitos de mayor connotación social correspondientes al 3er trimestre de 2011 vuelven a sembrar el temor de analistas y entendidos en relación a la eficacia de las políticas públicas del actual gobierno en materia de prevención y control delictual. Si bien las denuncias no constituyen un indicador exacto de los delitos; ciertamente un incremento de esta magnitud (+ 10,1%) debe llevar a la autoridad a enmendar el rumbo rápidamente para evitar la afectación de mayor número de personas y hogares.

Al observar las cifras surge como primer análisis de preocupación que las denuncias de delitos que más aumentan son las correspondientes a delitos violentos. Así, del total de denuncias recibidas, el robo con fuerza llega al 37,3 % con un incremento de +10,8% respecto de igual período del año 2010. Dentro del robo con fuerza se observa un incremento de los robos en lugar habitado (+33,9%), en lugar no habitado (+22,3%) y robo de vehículos (+14,5%) sembrando una señal de intranquilidad en la seguridad de hogar y comercio.

Los incrementos de los robos con violencia en 17,9%, robos por sorpresa 2,9%; violaciones +11,5% y violencia intrafamiliar en 9,9% constituyen una luz naranja que el gobierno debe saber leer para implementar una política preventiva agresiva y focalizada en la protección de hogares, personas y comercio.

Dado que la confianza en el sistema de justicia criminal tiende a no variar en el corto y mediano plazo, podemos afirmar que este crecimiento se debe a un aumento real de la delincuencia. Estos resultados son además consistentes con los aumentos observados en las últimas mediciones de victimización disponibles. Según el índice paz ciudadana-Adimark la proporción de hogares victimizados creció en un 14,8% durante el primer semestre 2011.

Respecto de la cifra de homicidios y su alza a 27,8% me permito señalar que a pesar de que pueda aparecer llamativa, técnicamente no es acertada y deberían excluirla de la entrega de este tipo de cifras, ya que quienes determinan técnicamente la ocurrencia de un homicidio no son ni las policías ni el Ministerio público, sino que el Ministerio de salud ya que un caso que pudo ingresar a las policías o al Ministerio público como homicidio, puede derivar judicialmente en muerte accidental, cuasidelito o viceversa. De hecho la única estadística aceptada en organismos internacionales es la que emana de la autoridad de salud.

Para algunos estas cifras deben significar un regocijo al dejar en evidencia la incompetencia de quienes tienen a su cargo la prevención delictual. Para otros resulta más fácil exculparse sindicando como responsables a fiscales y jueces. Ni lo uno ni lo otro resulta del todo cierto ni mejorará las condiciones de seguridad de las familias si la autoridad no asume que la realidad delictual no cesa ante su estrategia disuasiva y por el contrario se incrementa de manera peligrosa.

Observo con preocupación las autocomplacientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del delito quien parte exculpándose responsabilizando a jueces y fiscales y al ser contrastado con cifras que no sustentan técnicamente su afirmación decide culpar del alza delictual a las manifestaciones y el uso de carabineros para labores diversas de la seguridad preventiva. Acepto el argumento en la comuna de Santiago y excepcionalmente en otra comuna; pero no es aceptable como argumento general. ¿Qué labor de orden público pueden cumplir los carabineros de La Calera, de la región de Tarapacá o Los Ríos, de la comuna de Vitacura o Cerrillos, donde las alzas superan los 2 dígitos? Ninguna. Consultado Carabineros por eventuales traslados desde dichas comunas para cumplir esas funciones, la respuesta es categórica. No ha habido traslados para esos fines.

Finalmente no puedo dejar pasar el hecho que las cifras aparezcan publicadas en algunos medios de comunicación y la autoridad se refiera a ellas y aún no se encuentren disponibles las cifras oficiales en la web del ministerio del interior, situación que afecta la transparencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública como mecanismo de simple información o análisis de cifras o variables que a la fecha de esta columna no han sido publicadas.

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades hoy renuevo mi compromiso de cooperación para con las autoridades en la superación del flagelo. Las cifras no son un fin en sí mismo, constituyen un instrumento de orientación de políticas públicas orientadas a resultados y es justamente eso lo que la autoridad debe entender y utilizar a su favor como herramienta de gestión y no descalificar a quienes con un prisma diverso opinamos para aportar a la solución de un problema que no puede ni debe tener sesgos de ninguna especie.

VIOLENCIA, DELINCUENCIA, GOBIERNO Y JUECES

El ambiente está malo. A la crispación política entre gobierno y oposición no se le ve buena salida. Por su parte los estudiantes insisten en no transar sus demandas y el populismo golpea a la puerta. En este cuadro el gobierno haciendo gala de su incapacidad política y sale a granjearse un nuevo conflicto. Ahora con los jueces al cuestionarlos por las “excesivas libertades” en las causas de infracción al orden público. Los jueces respondieron sin anestesia y con cifras irrefutables. 8 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva son concedidas por el poder judicial. Es decir, del supuesto garantismo estructural de los jueces…nada.

No contento con la respuesta el Ministro de Justicia en un hecho inédito en la política chilena sale a amenazar a los jueces al sugerir que los ascensos judiciales serían condicionados a buenos fallos en materia de orden público. Es decir, el ministro se permite intentar condicionar los fallos judiciales para promover jueces, olvidando lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política que prohíbe al presidente de la República y a miembros del Congreso nacional avocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de sus fallos. Un escándalo de proporciones. La Asociación de Magistrados y el pleno de la Corte Suprema rechazaron categóricamente sus declaraciones al considerarlas como un intento por subordinar a un poder autónomo del estado.

Tozudez es la palabra que describe al Ministro de Justicia Teodoro Ribera. No es aceptable que una autoridad política se permita tal nivel de imprudencia e incluso se ponga al borde de la inconstitucionalidad con su sugerencia. O el ministro se retracta o renuncia. Pero una autoridad sin diálogo con el poder del estado materia de su cartera, parece insostenible.

¿Cuál será la razón para tal aberración? Para mi parece obvio. Las encuestas que tiene el gobierno dan un creciente nivel de rechazo a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto de orden público y la delincuencia. Entonces, con sus declaraciones, el gobierno busca excusar su incapacidad y endosar la responsabilidad por la falta de eficacia en la sanción de los encapuchados en otro poder del estado. El Poder Judicial. Así, al “endurecer el discurso” podrían recuperar algunos puntos en la evaluación pública y “reconquistar” al electorado propio que a diario aumenta su insatisfacción. Lo que no esperaban era que el Poder Judicial saliera a defenderse mostrando cifras que avalan que el problema no radica en el “garantismo estructural” de los jueces; sino más bien en la incapacidad del gobierno y sus agencias policiales para identificar a los violentistas y de probar en juicio su participación en los hechos de violencia.

Lo que se requiere entonces no es una modificación legal que incremente las penas ni un condicionamiento de asensos judiciales por los fallos, sino una reformulación del actual sistema de información preventiva a fin de lograr identificar a los violentistas y, una vez detenidos, acompañar profesionalmente en juicio los elementos probatorios suficientes para crear convicción judicial respecto de la participación de los detenidos en los hechos de violencia.

Si bien la estrategia diseñada pudo haber tenido efectos positivos para alguna encuesta, la contundente respuesta judicial permite avisorar un nuevo flanco del gobierno. Su falta de visión para solucionar un problema de alta sensibilidad ciudadana. La violencia y la delincuencia. Ambos temas en los cuales este gobierno sigue al debe y más allá de las construcciones mediáticas, los ciudadanos –transversalmente- lo sienten y en su entorno lo hacen saber.

LA TOMA DEL SENADO

Que el ambiente está que arde no cabe ninguna duda. De la incapacidad del gobierno para dialogar y resolver políticamente sus conflictos tampoco. Esta incapacidad ha ido calentando los ánimos en la sociedad.

Los estudiantes observan con desconfianza el futuro del debate por la educación. Los vecinos angustiados por los desmanes y agresiones de sus hogares y barrios. Los carabineros exhaustos, molestos y preocupados por las largas jornadas de enfrentamiento y creciente agresividad en las manifestaciones. Los parlamentarios de la alianza preocupados por la constatación en terreno de la decepción generalizada de los ciudadanos para con este gobierno. La oposición se siente agredida por la descalificación permanente de parte del gobierno y por su propio “fuego amigo”. Molestia en el Poder Judicial por el cuestionamiento de sus fallos y enojo en el Ministerio Público por la negativa de la autoridad de financiar su plan de fortalecimiento. Los empresarios preocupados por la potencial “generalización” del debate sobre el lucro; y decepcionados de la falta de capacidad de conducción política de la actual autoridad.

En este ambiente de falta de diálogo, recriminaciones cruzadas y “pasadas de cuenta” se produce un hecho que aún teniendo precedentes históricos, requiere de un breve análisis. La toma del Senado.

Un grupo de ciudadanos, militantes y operadores sociales decide tomarse la sede del Senado de la República. Reduciendo a un carabinero logran ingresar, interrumpen una sesión de trabajo y permanecen durante algunas horas. El episodio finaliza con la salida “voluntaria” y pacífica de los manifestantes. Si bien el resultado final es positivo al no generarse enfrentamientos, no se puede dejar pasar e hecho de validar las tomas como mecanismo de presión.

Por muy legítimas que sean las reivindicaciones, las formas de exigirlas deben ser con pleno respeto a las garantías individuales y al funcionamiento institucional. La libertad ambulatoria, la integridad física y el respeto a las instituciones se vieron mermadas con la acción realizada en el Senado. Irrumpir en una institución requiere primeramente de una decisión anticipada y planificada. Requiere concoer la seguridad existente, la agenda en desarrollo y la posibilidad de contar con presencia mediática para difundir la acción. Es decir, esta acción no fue espontánea. Fue debidamente planificada por sus organizadores. La toma de una institución denota en quien la realiza la falta de confianza y respeto por la institución que se afecta. Denota la molestia por la incapacidad de resolución de un problema, sea personal o colectivo. Situación que por lo general se encuentra dentro del ámbito de ejecución y, por tanto del poder ejecutivo.

Al tratarse de la toma del Senado de la república es importante considerar que se trata de una institución fundamental de la democracia donde confluye un grupo de ciudadanos elegidos democráticamente por los ciudadanos (aunque excepcionalmente algunos no), para que los representen en la elaboración de leyes. Es decir, en la dictación de normas de conducta que regulen a la sociedad en su conjunto sirviendo de base para plasmar la visión que se tiene de la sociedad. En un sistema de democracia representativa, atentar contra el Senado o la Cámara de Diputados es atentar directamente contra los ciudadanos, ya que quienes allí laboran lo hacen por cuenta de sus electores. Interrumpir su trabajo para intentar imponer una visión sobre la educación es igualmente violento que no ser escuchados por las autoridades. Si la clase política ha criticado la falta de diálogo entre autoridades y estudiantes, entonces no resulta coherente aceptar sin mediar diálogo alguno que un grupo de militantes y organizadores de marchas se tomen una institución representativa de los ciudadanos y condicionen su salida pacífica a la adopción de compromisos destinados a garantizar la defensa de su visión sobre un determinado tema. Legitimar ese tipo de actos podría llevar a aceptar que la presión sobre las instituciones sea la forma de resolver las divergencias que coexisten en una sociedad. La coacción de quien debe decidir para obligarlo o al menos condicionar el sentido de su decisión no puede ni debe ser aceptado, ya que de lo contrario se estaría legitimando una forma de conducción de la sociedad basada en la amenaza y la agresión de sus representantes.

El sistema de democracia representativa debe ser mejorado para lograr mayor representatividad de la ciudadanía. Pero ningún perfeccionamiento será suficiente para aquellos que pretenden imponer su visión por la vía de la coerción o amenaza. Debemos ser capaces de acelerar el proceso de cambios de nuestro sistema de representación política. Para ello se requiere que de una vez por todas y sin miramientos particulares, los líderes de los cuerpos intermedios que participan de las decisiones del país (partidos políticos) se pongan de acuerdo en función de una reforma del sistema de elección, reemplazos, partidos, transparencia y regulación de la actividad política, ya que de lo contrario el creciente descrédito de la actividad podría masificar la sensación de “la política por mano propia” y, afectar de manera definitiva a las instituciones republicanas de representación ciudadana.

INVOCAR LA LEY DE SEGURIDAD DE ESTADO

El gobierno ha anunciado la aplicación de la ley de seguridad del estado para enfrentar la quema de un bus del transantiago.

Lo primero que creo se debe despejar es mi condena hacia la violencia en cualquiera de sus formas y, la distinción clara entre las movilizaciones sociales y la delincuencia como saqueos, destrucción de propiedad y quema de vehículos o buses. Mientras lo primero constituye un derecho fundamental que debemos proteger, lo segundo no debe ser justificado por ningún sector ya que por un lado afecta a la movilización social y por el otro genera daños y temor en la ciudadanía.

Ciertamente el anuncio del gobierno tiene un alto sentido mediático. Busca endurecer el discurso ante una ciudadanía que observa con preocupación la creciente ocurrencia de hechos de violencia en las diversas ciudades y aprovecha de entregar un mensaje a sus electores -amantes del orden- que ven con estupor un gobierno incapaz de salvaguardar uno de sus bienes más preciados, el orden público.

Lo cierto es que al invocar la ley de seguridad del estado, el gobierno opta por utilizar un instrumento punitivo excepcionalísimo, la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. En particular se invoca el artículo 6° letra c), que ubicado en el Título relativo a los Delitos contra el orden público, prescribe:

“Cometen delito contra el orden público:

c): “Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho, por cualquier medio, destruyan, inutilicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y de distribución, o los que, en la misma forma, impidan o dificulten el acceso a dichas instalaciones, medios o elementos; (…)”

Para evitar confusiones que han aparecido en algunos medios de comunicación, la invocación de la norma que anunció el gobierno se refiere exclusivamente al hecho de la quema del bus del transantiago; lo que se traduce en la práctica en la presentación de una querella criminal interpuesta por el ministerio del Interior (Intendencia).

Si el objetivo real es evitar la impunidad de este tipo de hechos, a mi juicio el gobierno equivoca el punto, toda vez que no estamos en presencia de una falta de tipo penal para el caso particular ni de un tipo penal con baja penalidad como veremos a continuación:

El delito consignado en la letra c) del artículo 6° de la ley 12.927 posee una sanción que de conformidad al artículo 7° inciso quinto de la misma ley va desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo; es decir, desde los 3 años y 1 día hasta 10 años de presidio.

Al tratarse el hecho que se persigue de un incendio de un bus, podría perfectamente invocarse la norma contenida en el artículo 477 del Código Penal para el delito de incendio, la que en su numeral 1° consigna la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 UTM si el daño causado a terceros excediere de 40 UTM. Es decir, el tipo penal de incendio contemplado en el Código Penal contempla una sanción similar (3 años y 1 día a 10 años de presidio) la diferencia de esta norma es que además de la sanción privativa de libertad, se contempla una multa pecuniaria al condenado.

En consecuencia, si el objetivo del gobierno es incrementar la pena de los hechores de la quema del bus, al invocar la ley de seguridad del estado no lo logrará ya que como vimos, el delito de incendio y la norma invocada tienen igual sanción punitiva.

Despejado el tema de la penalidad entonces corresponde analizar el verdadero problema que enfrenta el actual gobierno. A mi juicio el problema real de las autoridades no radica en la inexistencia de un tipo penal o la baja penalidad de los delitos asociados a la quema de un bus; sino que está en la incapacidad institucional del estado para lograr la identificación de los autores de estos delitos. En efecto, ya nos hemos acostumbrado a observar el actuar impune de encapuchados o de personas que queman vehículos o buses. ¿Por qué no es posible lograr su identificación? Mi percepción es que los violentistas han cambiado sus técnicas a fin de evadir su identificación y captura, mientras el sistema de inteligencia no ha evolucionado con igual rapidez. En consecuencia, el esfuerzo del gobierno debe centrarse en mejorar la gestión de información, la coordinación de los diversos actores institucionales a fin de lograr la identificación y captura de esa pequeña minoría que produce daños y violencia. No se saca nada con realizar detenciones masivas de participantes en manifestaciones ya que un gran porcentaje queda en libertad por falta de pruebas. Lo que se requiere es que se aísle, identifique y detenga a los violentistas, los que saquean, queman y destruyen sin importar la causa de la manifestación. Esos que utilizan las manifestaciones o fechas conmemorativas para intentar un manto de impunidad a sus hechos delictuales. Se requiere mejorar la eficacia de la inteligencia nacional.

Cabe recordar que este ministerio del interior, como ningún otro en 20 años, cuenta con todas las facultades para coordinar a las policías y a la ANI, ya que la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ubicó bajo se dependencia las instituciones policiales. Es decir, hoy el ministerio del interior tiene más herramientas y menos resultados.

Un segundo orden de problema radica en la incapacidad o impericia probatoria de los desmanes o daños causados por los detenidos. En efecto, en conversación con fiscales he podido constatar que la nula calidad probatoria de los partes policiales que acompañan las actas de detención atenta contra la efectiva persecución penal. Esto resulta especialmente delicado ya que como corresponde en un estado de derecho, las imputaciones deben ser probadas en juicio y, sin ellas, o la persecución se debilita o la justicia termina por absolver. No se trata con incrementar el número de detenidos; sino por el contrario, a lo mejor sería conveniente focalizarse en quienes efectivamente cometen delitos acompañando medios de prueba para hacer efectiva su responsabilidad penal ante el órgano jurisdiccional.

En conclusión, coincido con el gobierno y con los dirigentes estudiantiles en orden a condenar la violencia que estamos viendo a diario. Hago un llamado a la autoridad a no equivocar el foco de discusión y concentrar los esfuerzos en coordinar los sistemas de información a fin de prevenir (en lo posible) la ocurrencia de delitos o, una vez acaecidos, lograr la pronta identificación de los responsables. Contar con mecanismos que permitan adjuntar los elementos probatorios que acrediten la participación activa de los detenidos en los hechos que se les imputan a fin de facilitar la labor persecutoria de los fiscales y el rol de administración de justicia de los jueces.

Más allá de la dispar evaluación política que se pretenda hacer de los últimos 20 años. Existe consenso que Chile ha transitado por el camino de la paz y la tranquilidad y los que pensamos de una u otra forma hemos podido avanzar en superar nuestras diferencia por la vía del dialogo y la movilización social.

No es aceptable que nos estemos acostumbrando a escenas de violencia, ya que ello altera el normal desarrollo de la vida individual y familiar de nuestros compatriotas. El gobierno fue elegido para gobernar y, dentro de esa función está la de conducir el país en paz y tranquilidad. Ciertamente ha habido impericia política para enfrentar el tema de fondo y el despertar de la ciudadanía; pero no resulta aceptable que para controlar un problema social, se utilice una fórmula policial, con el desgaste de los funcionarios policiales y el riesgo permanente de agresiones y lesiones recíprocas.

Es hora de que el gobierno comprenda que el camino del control de la violencia no va por el lado del incremento de penalidades, sino por el mejoramiento de la gestión y eficacia de detección, individualización y captura de esos aislados sujetos que hacen de la violencia y el delito su actividad habitual.

INDULTO, MI VOTO EN CONTRA

Hoy se votó en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Presidente Sebastián Piñera destinado a indultar a cerca de 6.000 personas condenadas por diversos delitos que hoy se encuentran privados de libertad o sujetos a alguna medida alternativa o beneficio extra penitenciario (Boletín 7533-07).

El objetivo del proyecto es disminuir los altos niveles de hacinamiento en las cárceles nacionales conmutándoles las penas privativas o restrictivas de libertad por sanciones en el medio libre (en la calle). Es cierto que nuestras cárceles están hacinadas, pero esto no es casual. Chile se encuentra dentro de los 3 países con mayor población penal de América latina y ocupa el lugar 35 en el mundo, lo que no nos debe enorgullecer, sino más bien preocupar. Pero ¿será la solución al hacinamiento carcelario el indulto propuesto por el gobierno? No lo creo. La solución a este hacinamiento pasa en primer lugar por reforzar la prevención social a fin de evitar que nuevos actores (cada vez más jóvenes) se incorporen en la carrera del delito. En segundo orden crear un sistema de medidas alternativas eficaz que permita condenar a un delincuente a medidas restrictivas de su libertad pero en el medio libre con garantía de que será fiscalizado y se evitará su reincidencia contra algún connacional. En tercer orden, se requiere retomar la construcción de recintos penales donde se separen los condenados en atención a su peligrosidad, para evitar el contacto criminógeno, comúnmente conocido como la “escuela del delito”. Masificar las cárceles donde exista actividad y formación destinada a quebrar la carrera criminal a través del trabajo, educación y apoyo espiritual para quien lo requiera. Fortalecer los Centros de Educación y Trabajo para dar una alternativa lícita de superación personal y familiar. Lamentablemente nada de ello se está realizando.

La construcción de recintos penales se encuentra retrasada en evaluación interminable y los proyectos no avanzan. Los perfeccionamientos al sistema de sanciones alternativas, recién está en tramitación legislativa y su implementación se proyecta lenta y compleja. Es decir, el indulto de éste proyecto entrará en vigencia antes de la existencia de un nuevo y mejor sistema de control de medidas alternativas lo que me permite advertir que muchos de quienes gozarán de este beneficio no estarán sujetos a un sistema moderno y eficaz de fiscalización. Los presupuestos destinados a educación y trabajo al interior de los recintos penales no aumentaron entre 2010 y 2011 y tampoco lo hacen en el presupuesto presentado por el gobierno para el año 2012.

Es decir, estamos frente a una medida reactiva al drama del incendio de la cárcel de San Miguel que dejó 81 internos fallecidos. Drama que nunca debió ocurrir pero que no puede dar origen a legislación reactiva que ponga en riesgo la seguridad de la gran mayoría de la gente honesta de nuestro país.

La forma utilizada por el gobierno del Presidente Piñera para materializar el “uso racional de la cárcel” es un indulto general por ley, endosando en el Congreso Nacional la responsabilidad por eventuales actos delictivos de un indultado. ¿Qué pasará si alguno de los beneficiados por este indulto delinque nuevamente? ¿la autoridad de gobierno asumirá su responsabilidad por motivar la salida masiva de internos a la calle? No lo creo.

Debo señalar que por la falta de una política penitenciaria orientada a la sanción y rehabilitación VOTÉ EN CONTRA de este proyecto.

Creo en la rehabilitación y en la reinserción de quienes han delinquido, pero no creo que la forma de descongestionar las cárceles sea indultando condenados y sacándolos a las calles.

OPERACIÓN TRANSPARENCIA

Impactado y decepcionado es la palabra que me describe en estos momentos.

He tomado razón de una operación del gobierno para disparar al corazón de la ley de transparencia. En efecto, solapadamente el Ministro Larroulet inició conversaciones destinadas a lograr apoyo político para no renovar a 2 consejeros del Consejo de Transparencia. Se trata del actual Presidente del Consejo, el académico y ex diputado de RN, Raúl Urrutia y del consejero y ex presidente de dicha entidad el abogado y académico Juan Pablo Olmedo.

Las razones de Larroulet son simples. No les perdona que ejerzan sus cargos con independencia del poder político. El historial no es reciente. El primer round entre ellos se produjo en el marco de la discusión del presupuesto del año 2011 cuando el Consejo de Transparencia solicitó reiteradamente recursos para crear un portal autónomo con información sobre (in)cumplimientos de la ley de transparencia en los servicios públicos. Ante la negativa del Ministro Segpres, el Consejo decidió hacer pública su discrepancia dando origen a un enfrentamiento a través de los medios de comunicación debiendo intervenir algunos legisladores para lograr un incremento presupuestario para fortalecer las funciones autónomas del Consejo de transparencia. Luego las divergencias en la visión sobre protección de datos personales profundizaron sus diferencias. Mientras el consejo sostiene la posición de asumir esa función en los ámbitos públicos y privado. Larroulet es un conocido defensor de la no regulación en esta materia ya que sostiene “es el mercado” quien debe autoregularse.

Un tercer enfrentamiento relevante se produjo hace algunas semanas cuando a petición de un alcalde, el Consejo de transparencia solicitó al Subsecretario del Interior copia de los mails con las instrucciones entregadas al gobernador de Melipilla para la asignación de fondos de reconstrucción. La situación encendió las alarmas en palacio por el riesgo que podría significar entregar copia de mails a una institución como el consejo de transparencia. La dilación en la respuesta de parte del Ministerio del Interior confirmó las sospechas del mundo político, periodístico y, en particular del Consejo de transparencia. A través de la Secretaría General de la Presidencia se estaba articulando la posición oficial del gobierno. Fue Larroulet quien designó a su hombre de confianza, el abogado Sebastián Soto, para que redactara una respuesta negativa al consejo de la transparencia afirmando que no darían a conocer el contenido de dichos e mails por considerarlos “privados” a pesar se tratarse de instrucciones de una autoridad pública a otra autoridad pública, respecto de fondos públicos, enviados desde un computador del estado y a través de una cuenta entregada por el estado que opera sus comunicaciones por un servidor público.

Así las cosas el tema se judicializó y actualmente mantiene enfrentados al Gobierno con el Consejo de Transparencia. Lo que correspondía entonces era que el gobierno argumentara en tribunales sus diferencias con el consejo y no que recurriera a la más autoritaria de las formas que posee una autoridad. Cesar en sus funciones (técnicamente no renovar su mandato) a quienes piensan distinto y no se dejan presionar. Para lograr su cometido Larroulet inició contactos con algunos senadores de la concertación y de la alianza para dividir al Senado ya que es éste órgano el que debe aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. Obviamente hubo algunos Senadores que tentados por la posibilidad de “poner a un operador propio” se abrieron a la posibilidad. Pero espero eso se revierta dentro de las próximas horas.

Es de esperar que el Presidente de la República Sebastián Piñera tome conciencia de la gravedad de esta situación. No se trata de un gobierno de turno, se trata entonces de que de su decisión dependerá si la ley de transparencia y sus instituciones sobreviven o bien se da la señal de que los consejeros deben sumisión al poder político lo que terminará por destruir lo avanzado entre todos hasta hoy.

DEL TEMOR A LA PROVOCACIÓN

En una reciente e interesante reunión donde debatíamos sobre la necesidad de un reordenamiento político en atención a la nueva realidad nacional, un contertulio se manifestó “asustado” por la agitación social del país. Manifestó su temor por los altos grados de beligerancia de los manifestantes, la incapacidad del gobierno de entender la profundidad del proceso y la incapacidad de la oposición de canalizar las reivindicaciones estudiantiles.

Ante tal declaración me correspondió señalar que lejos de asustarse, debía estar feliz por el despertar de la sociedad, por la decisión autónoma de salir del letargo en el cual se encontraba y de reivindicar derechos justos y compartidos por la gran mayoría de nuestros compatriotas. Luego comencé a entender que el miedo que afectaba al contertulio radicaba en que pertenecía a una generación nacida en democracia, criada en dictadura y cuya experiencia política y laboral estaba circunscrita a la democracia post 1990. Es decir, los debates de ideas, visiones de sociedad estuvieron limitadas por “lo posible”. Donde las legítimas diferencias existentes en nuestra sociedad eran postergadas por lo urgente de consolidar el diálogo como forma de solución de controversias y el asentamiento del régimen democrático. Un período donde si bien fue posible plantear las diferencias, las soluciones eran en la medida de la capacidad de llegar a acuerdos con las fuerzas opositoras. Del “Avanzar sin transar” de Frei Montalva, nos saltamos al “Transar para avanzar” de la década de los 90.

Si, tal como lo lee. El marco jurídico constitucional que dominó la transición (y se mantiene vigente) fortalece el statu quo al exigir para cambios estructurales mayorías excesivas en el parlamento (2/3, 3/5 o 4/7). Si a ello agregamos la existencia de un sistema de elección parlamentaria binominal que potencia dos grandes bloques excluyendo otras fuerzas menores y que dentro de estos dos bloques sobrerepresenta a la minoría en detrimento de la mayoría, entonces, el engranaje es perfecto para mantener las cosas como fueron diseñadas. No hay plebiscitos, el sistema de votación es restrictivo al exigir trámites de inscripción previa, prohibir el voto de chilenos en el extranjero y las modificaciones a la constitución (donde se originan estas ataduras) resultan imposibles sin amplios acuerdos legislativos.

Esto no da para más y la gente lo percibe. Hay quienes han convencido a la ciudadanía que las llamadas “reformas políticas” no tienen que ver con sus intereses y que son cosa de “los políticos”. ¿Sabía usted que si termináramos con los quórums especiales para la modificación de leyes orgánicas, se podría haber modificado la LOCE y haber terminado con el lucro en la educación superior? O que si termináramos con este rol subsidiario del estado se podría haber instaurado un sistema de transporte realmente público y no un Transantiago donde los operadores privados demuestran a diario su ineficacia e ineficiencia. En fin, las reformas al sistema político deben hacerse cuanto antes para evitar un colapso de la política y con ello un mayor descrédito de lo público y lo colectivo que permite redistribuir en un ambiente natural (y provocadamente) desigual.

Al ver en las calles a miles de ciudadanos reclamando contra la instalación de una central termoeléctrica en Punta de Choros; o los cientos de miles que marcharon en oposición al mega proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. Al observar el movimiento de estudiantes secundarios y universitarios que logran paralizar el año escolar por más de 3 meses con manifestaciones masivas y con discursos coherentes, resulta que la política debe asumir que la ciudadanía despertó y que los partidos políticos (todos) fueron desplazados. Una ciudadanía que se cansó de esperar que “el sistema” les resuelva sus demandas. Que está consciente de las ataduras jurídicas existentes y que no aceptan que sus representantes sean elegidos por cúpulas estructuralmente desconectadas de lo que pasa en la calle. En fin, lo que estamos viendo no debe asustar a nadie, debe provocarnos. A quienes estamos en la vida pública debe darnos la fortaleza y la audacia suficiente para impulsar las reformas necesarias para canalizar las reivindicaciones sociales y ciudadanas. Los grandes cambios han surgido desde la sociedad y los movimientos sociales; y la política ha sabido darles adecuada atención, conducción y solución. Es hora de la política. De esa actividad seria y responsable, audaz y constructiva. Es hora de que la política comprenda que los ciudadanos de esta democracia cada día más madura (aunque no robusta) exigen derechos que antes desconocían poseer; exigen en la calle más participación y cambios al sistema para terminar con los abusos, desigualdades avergonzantes y falta de espacios de participación. Es hora de dejar los temores y las preocupaciones de lado y ocuparse del proceso haciendo los acuerdos necesarios que viabilicen reformas estructurales al sistema de administración política para, desde allí, realizar las transformaciones sociales y económicas que este país requiere para lograr avances homogéneos como sociedad.

DE LA VIOLENCIA, LUMPEN, SENSIBILIDAD Y LA NUEVA FORMA DE (DES)GOBERNAR

Hemos visto las peores imágenes en mucho tiempo. Departamentos saqueados, locales comerciales y oficinas calcinadas, autos quemados, propiedad pública destruida, enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Violencia excesiva, carabineros heridos, un joven muerto y un ambiente generalizado de polarización y temor.

Chile no puede seguir así. Nuestra convivencia pacífica no puede ser cuestionada por las legítimas diferencias o reivindicaciones. La violencia no puede tener cabida en nuestra sociedad democrática. Observo un gobierno que en lo general parece no tener la sensibilidad suficiente para comprender el fenómeno social que se ha expresado en las calles durante los últimos meses. Fue Punta Choros, luego Hidroaysén, la educación y un choreamiento generalizado por los abusos del mercado y la sordera política.

Millones de ciudadanos sin adscripción política uniforme han salido a las calles a manifestar su descontento con decisiones u omisiones. Frente a esta demanda social el gobierno se limita a dar respuestas técnicas. El idioma es distinto. Al conversar con algunas autoridades de gobierno me he podido dar cuenta de que no es que sean malas personas sino que sencillamente no comprenden (o no están dispuestos a comprender por el costo que aparejaría) que estamos frente a un movimiento social generalizado que busca modificar bases estructurales de nuestra convivencia, donde se termine con los abusos del mercado; la educación sea de verdad una forma de promoción social sin necesidad de hipotecar la vida para financiarla; y la política sea legítimamente representativa sin estas coerciones de entrada que aún posee el sistema para inhibir la participación mayoritaria de los ciudadanos en la actividad pública.

En lo particular del control de la seguridad y el orden público, la autoridad está pagando su pecado original. La arrogancia. Fueron Hinzpeter y Ubilla los que al día siguiente de la conmemoración del día del joven combatiente se ufanaron con gran despliegue comunicacional para señalar que había “cambiado la mano”. Que ahora si que había seguridad y que los vándalos no aparecerían con este gobierno porque aquí había “conducción y seguridad”. ¿Qué explicación tienen hoy esas autoridades? La situación ha sido grave y vergonzosa. Esto está instalado, incluso entre sus votantes. El nivel de violencia, desmanes y daños revela que el gobierno fue sobrepasado y que efectivamente algo cambió. Lo que antes se circunscribía a 2 o 3 fechas en el año, el 2011 lo hemos sufrido durante los últimos 2 meses. Ya se ha tornado común amanecer entre imágenes de barricadas, piedrazos y enfrentamientos. Recuerdo nítidamente que cada vez que había un asalto o incidentes aparecían en televisión y en los diarios impresos Juan Antonio Coloma, Carlos Larraín y Alberto Espina acusando que “el gobierno había perdido la batalla contra los delincuentes” o que “el gobierno era incapaz de controlar al lumpen”. ¿Dónde están hoy aquellos que enarbolaban banderas de control en medio de esta situación de abierto descontrol? Brillan por su ausencia e intentan justificar lo injustificable.

¿Será incapacidad, falta de visión o un acto deliberado de la autoridad destinado a deslegitimar las manifestaciones a través de las imágenes de violencia? Quizás están esperando que en las próximas encuestas caiga la adhesión a los movimientos ciudadanos y así mantener el sistema sin las modificaciones estructurales que pueden dar cuenta o resolver las demandas ciudadanas expresadas pacíficamente en la calle. Al decir de Tony Judt… Algo va mal.

LA HORA DE LA POLÍTICA

Empiezo a escribir estas palabras hoy 9 de Agosto de 2011, habiéndose realizado una nueva marcha donde miles de estudiantes marcharon contra el lucro en la educación. Lejos de decaer –como lo vaticinó el gobierno- el movimiento estudiantil volvió a demostrar que se encuentra vivo y dispuesto a seguir con sus reivindicaciones, encontrándose como contrapartida con un gobierno que responde sectorialmente, sin abordar las reales demandas y por si fuera poco con un tono descalificador y agresivo.

Ya durante el fin de semana observamos declaraciones destempladas e irresponsables que se referían como “inútiles y subversivos” a quienes lideran o adhieren a dicho movimiento. Así, lejos de aportar al debate, se contribuye a crear un clima de confrontación y descalificación, intentando generar la sensación de que existen “buenos y malos”: nada más lejos del sentido de la política.

Al decir de los medios de comunicación, cerca de 1.300 efectivos de carabineros custodiarían en un planificado operativo “preventivo” la tranquilidad de la marcha, y así fue durante casi toda la jornada. Pero lamentablemente al final, un grupo de infiltrados generó desmanes e incidentes. A diferencia de otras ocasiones, los incidentes fueron transmitidos en directo por la televisión: se pudieron ver imágenes de una turba abriendo, arrastrando y atacando un vehículo particular, un grupo saqueando un departamento o a un pequeño comercio, otros rompiendo señaléticas, paraderos de buses y todo lo que se encontrara a su paso. Las acciones y sus imágenes perduraron por un largo rato y dieron la vuelta al mundo emulando los incidentes del Reino Unido. Los camarógrafos tenían un triste espectáculo en vivo que revelaba simultáneamente la profunda rabia que algunos llevan contra el sistema, así como el fracaso más estrepitoso de un operativo de seguridad que no logró controlar a una minoría violenta y destructora.

De la reivindicación de la educación pública ya no se habló durante el día. El tema que dominó las pantallas nacionales, internacionales y las redes sociales fue la violencia inusitada de la jornada. De la vigencia del movimiento estudiantil con miles de estudiantes que marcharon pacíficamente enarbolando creativos carteles y simulando actuaciones que ilustraban la desigualdad y el abandono a la educación pública, nada se vio. Las escenas de violencia en cambio, sirven y servirán a quienes no creen en el derecho a manifestarse y pretenden afectar la simpatía ciudadana hacia el movimiento por la educación pública.

Que nadie se confunda: manifestación no es sinónimo de violencia, ni protesta de agresión, tampoco diferencias de descalificación. Una sociedad que no sabe disentir es una sociedad que marcha por el estrecho camino de la intolerancia y que no se valora a sí misma. Podemos (y debemos) reconocernos diferentes. Legítimamente creemos en diversas vías para llegar a la solución de los problemas o desafíos que tenemos como sociedad. Pero esas diferencias, por muy profundas que sean, no tienen por qué significar ataques, agresiones o descalificaciones. Algo huele mal en el ambiente. Con o sin intensión en vez de abordar la necesidad urgente de generar igualdad de oportunidades a través de la educación pública como el desafío colectivo y transversal que es, mostramos a niños y niñas que el conflicto implica violencia, que poder es sinónimo de autoritarismo, que las diferencias son un problema, y no parte de nuestra riqueza como país.

Las sociedades en el mundo están enfrentando profundos procesos de cambio y las estructuras tienen que adaptarse a las nuevas realidades y necesidades. Tradiciones y mecanismos antes incuestionados, hoy son puestos en duda por los pueblos, proponiendo modificaciones, expresando nuevos paradigmas. Estamos en presencia de un proceso de evolución democrática e inquietud social que reclama reformas estructurales: en la política y en su forma de representación; en la economía y la frialdad del modelo; en la educación y su concepción economicista y excluyente. Los modelos de desarrollo que durante muchos años sirvieron de base al crecimiento sin mayores cuestionamientos hoy son puestos en jaque.

Y es en esta contingencia en que los se dedican a sus actividades privadas velan por sus intereses y sólo ven en este clima una amenaza a ellos, que quienes ejercemos roles en la política y creemos en lo público y lo colectivo tenemos la responsabilidad de escuchar y actuar en concordancia con el mensaje que la ciudadanía nos envía. Con todo lo complejo de la situación, tenemos también la oportunidad de revitalizar el sentido profundo de la política impulsando un proceso destinado a canalizar institucionalmente las demandas ciudadanas. Sólo si estamos dispuestos a revisar y generar cambios en aspectos estructurales del sistema, será posible reivindicar y ejercer nuestro rol de conducir y aportar a la construcción de una salida seria, responsable y perdurable en el tiempo a este y otros conflictos. Y atención, ello está lejos de confundir entendimiento con sumisión o renuncia a nuestro rol opositor. Las democracias se fundan en el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías. No hay democracia sin oposición, pues ello es lo que permite la generación de acuerdos y reconocimiento de la diversidad, previniendo el autoritarismo o la aplicación mecánica de medidas tecnocráticas.

La capacidad de articular acuerdos es un deber de quienes estamos en la vida política. No esperen que venga un empresario a salvar la situación. Ni tampoco que un iluminado lleno de doctorados nos diga qué hacer. Esta es tarea para todos aquellos que entendemos el sentido republicano de la palabra democracia. Para quienes creemos que un buen sistema político es un medio –siempre perfectible- que reconoce el disentimiento y el respeto por el derecho de otros a expresar sus diferencias como un aspecto natural de la convivencia cívica. Puedo tener profundas diferencias con quienes hoy nos gobiernan (y ciertamente que las tengo) pero no por ello avalo hechos de violencia. No tengamos miedo al conflicto y la diferencia. Ni a las transformaciones estructurales. Pero no pensemos tampoco que ellas pueden llevarse adelante por medio de la violencia ni la agresión. Así como condené de inmediato la cobarde acción de poner en las redes sociales datos personales de Camila Vallejos con el fin de amedrentarla en su rol dirigencial, hoy levanto la voz para condenar sin ningún tipo de miramientos la violencia de que hoy sufrimos como país, y que sin duda es causada por grupos minoritarios. El movimiento estudiantil, los profesores, la política en su conjunto y los ciudadanos merecemos respeto, cuidado y garantías para un diálogo inclusivo. Juntos debemos decir NO a la violencia, que no distingue colores ni credos. Con violencia se ha intentado acallar a los grandes del mundo: Gandhi, Luther King, Kennedy entre otros, fueron víctimas de aquellos que por carecer de argumentos o por su irremediable autoritarismo, usaron la violencia para imponerse.

En Chile también vivimos en el pasado reciente un periodo de violencia y abusos que la mayoría condenamos y no queremos reeditar. Urge para ello reivindicar la noble actividad política, para que se constituya y valide como el espacio de diálogo que acoge a las diferencias en pro de un camino de transformaciones estructurales donde ciudadanos y ciudadanas sean el centro de nuestra política pública.

VICTIMIZACIÓN 2011 UNA LECTURA SOCIAL

Con alarma hemos recibido las nuevas cifras sobre victimización arrojadas por la Fundación Paz Ciudadana. En los últimos seis meses, cerca de 2 de cada 5 hogares fueron víctimas de un delito. Respecto de la medición anterior (dic-2010) la proporción de hogares victimizados aumenta en 4,9 puntos porcentuales (de 33,0% a 37,9%) lo que equivale a un aumento real de 14,8%. Al mismo tiempo, desde la medición de julio de 2010 se observa un alza de 36,5 a 37,9%. Esta situación revela la volatilidad de los indicadores y pone en duda la supuesta baja reflejada en la ENUSC 2010 que es elaborada por organismos del gobierno.

En términos de resultados es importante destacar que las nuevas cifras son plenamente coherentes con los indicadores de las tasas de denuncias registradas por las policías y la cantidad de ingresos registrados por el Ministerio Público. Todos los indicadores demuestran que en vez de mantener la tendencia a la baja de la victimización que se venía registrando desde 2007, lamentablemente hemos retrocedido comenzando una escalada ascendente en materia delictual.

Desde una perspectiva social, se observa con preocupación el crecimiento delictual en los hogares de mayor vulnerabilidad : el 39,3% de los delitos se concentra en hogares de sectores medios y bajos de la sociedad.

La región más afectada es la Metropolitana, donde se registra un 38,7% de los delitos, y dentro del Gran Santiago, la zona surponiente, (Maipú, Estación Central, Cerrillos, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, entre otros) es la más afectada, concentrando el 43% de la victimización y el 70,7% de la revictimización. Es decir: 4 de cada 10 hogares de dicho sector han sido víctima de un delito y 7 de cada 10 que ya lo ha sido, ha vuelto a sufrir la delincuencia por segunda o tercera vez. Ello consolida la desigualdad delictual y deja en total indefensión a estas familias que por experiencias tan cercanas como cotidianas saben que es altamente probable que la delincuencia los afecte nuevamente, con las consiguientes consecuencias emocionales para niños y adultos.

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La desigualdad del delito radica en que los victimarios optan por atacar viviendas de sectores medios y bajos a raíz de al menos dos elementos muy concretos: en primer lugar, son conscientes de que dichas familias abandonan el hogar durante una larga jornada laboral y carecen de recursos para adquirir medios de seguridad privada ; y en segundo término este sector concentra a numerosas parejas jóvenes, con capacidad de crédito y con hijos preadolescentes, lo cual les ha permitido adquirir « gadgets » electrónicos muy apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reducción en el mercado informal. Todo ello transforma a esos hogares en los preferidos de los delincuentes.

Una de las cifras entregadas por este estudio que debe encender las luces rojas de las autoridades lo constituye el alza en las cifras de revictimización, donde los hogares que declaran haber sufrido más de un delito pasan de 24,5% a un 24,9%. Si bien en términos aislados este aumento no es significativo, el indicador viene mostrando incrementos continuos desde junio de 2008 lo que consolida a la fecha, un alza de 6,1 puntos porcentuales, y lo que equivale a un incremento de un 32,4% en sólo 3 años. Y , ojo, porque estadísticamente hablando, esto se traduce en implican que si un hogar ha sido víctima de un delito, lo más probable es que vuelva a serlo dentro de los 6 meses siguientes, salvo que el vecino o vecina pueda adoptar medidas preventivas que sean visibles al delincuente y lo inhiban de ingresar nuevamente a su hogar.

La concentración de la revictimización en el segmento social medio y bajo constata desde otra perspectiva la profunda desigualdad de nuestra sociedad, esta vez en relación a la seguridad pública. En los sectores más afectados el delincuente observa que la falta de las llamadas medidas de prevención situacional, (como falta de iluminación, sitios eriazos desatendidos, o la nula presencia policial y que son de responsabilidad tanto de la Administración Central como del Municipio) constituyen factores que facilitan su actividad y que sus actos queden impunes. La carencia de recursos de los municipios más vulnerables los pone en una clara situación de desventaja para invertir en medidas de prevención situacional en sus entornos.

Tema aparte es la falta de proporcionalidad en la distribución policial en el territorio. lo que queda de manifiesro al observar que mientras en Maipú se dispone de 1 carabinero cada 2.200 habitantes, en el sector oriente de la capital el promedio alcanza 1 cada 1.100. Es por lo anterior que ya transcurridos varios años de implementación del plan cuadrante, la autoridad debiera revisar los resultados de dicha metodología y propender a reponer la policía de proximidad asignándoles unidades territoriales de menor extensión y aumentando su número en razón de la densidad poblacional e indicadores de vulnerabilidad social.

Frente al aumento del delito y revictimización, el estudio de Paz Ciudadana muestra que consecuentemente también aumentó el miedo o alto temor, llegando a 13,9% y concentrándose, nuevamente, en el segmento más vulnerable de la población. Las cifras son elocuentes. Mientras el miedo se instala en el 18,6% de las familias de estratos bajos, éste indicador cae a 13,3% en los niveles medios y disminuye a 11,1% en los niveles altos. Esto podría estar reflejando un mayor impacto de los niveles de delito en los sectores mas vulnerables, pues Sin desmerecer el temor que por cierto también experimentan las familias de sectores altos, mientras estos pueden tomar medidas para salir a trabajar y estudiar sin dejar abandonada su residencia (debido al personal de servicio) o implementar medidas de autoprotección (como seguridad privada, alarmas, cercos eléctricos, etc) ; quien reside en un hogar de un sector vulnerable no cuenta con dichas alternativas, la presencia policial es escasa e inoportuna, y adicionalmente el delincuente frecuentemente habita en el mismo sector, aprovechando el delito de oportunidad o derechamente intimidando y amenazando a los vecinos.

En mi opinión y debido al incremento sostenido del fenómeno de la revictimización de hogares en nuestro país, la autoridad debe adoptar una política pública especializada en prevenir la revictimización en sectores vulnerables, que contemple tanto los aspectos directos como indirectos de dicho fenómeno:

En primer orden cuando un hogar resulta victimizado es fundamental distinguir si lo fue con sus habitantes en el interior o en momentos en que el lugar deshabitado. En los primeros casos, lo fundamental es la atención inmediata y apoyo sicológico posterior de la familia afectada diferenciando los requerimientos de niños y adultos, a fin de superar de manera adecuada el trauma emocional por la experiencia vivida.

Luego la autoridad central debiera coordinar esfuerzos con su contraparte local (municipio) a fin de realizar articuladamente acciones preventivas de entorno como mejoramiento de iluminación de calzadas, cierre de sitios eriazos, poda de árboles que impidan visibilidad, u otra medida de prevención situacional pertinente en el entorno del domicilio afectado. De igual forma la autoridad deberá orientar al vecino o vecina afectada para adoptar alguna medida adicional de seguridad que contribuya a resguardar su hogar. Para reducir la desigualdad en el acceso a este tipo de medidas, se debiese implementar un fondo especial de ayuda a la prevención de la revictimización en los hogares de escasos recursos y que permitan financiar estrategias que han aplicado con buenos resultados algunos municipios (alarmas comunitarias, botones de pánico, mejoramiento de cierres, entre otras).

Junto a lo anterior, la autoridad policial del lugar debiera adoptar rondas preventivas durante un adecuado período de tiempo con el objeto de incrementar objetivamente los niveles de seguridad y evitar una nueva victimización del hogar afectado. Ello también implicaría una medida concreta para apoyar la recuperación emocional de las víctimas al poder constatar concretamente que a partir de su caso los organismos públicos responsables de la seguridad, algo hicieron,

Conclusión:

Los datos de revictimización reflejan un aumento en la cantidad de delitos declarados por los hogares lo que podría estar indicando un aumento de la actividad delictual.

Podría ser simplista quedarnos con una conclusión política respecto de la incapacidad evidente de los encargados de implementar las políticas públicas a este respecto, por lo que he optado por dar una mirada más profunda del fenómeno que estamos viviendo como sociedad. No obstante, un aspecto complejo de las cifras reveladas es que este incremento de la delincuencia y la revictimización se produce en medio de un ciclo expansivo de la economía, lo que hace de nuestro país un caso anómalo en la región y en el mundo. En efecto, hoy Chile ostenta altos y sostenidos niveles de crecimiento, caída sostenida del desempleo y un supuesto incremento del poder adquisitivo de la población. Pero nuestro modelo económico muestra signos de agotamiento, pues este mismo sistema no está generando los mecanismos necesarios para la integración social. Es un tipo de crecimiento que produce importantes externalidades negativas para una gran masa poblacional en cuanto profundiza los niveles de inseguridad, creando crecientemente una sociedad de miedos e inseguridades: Inseguridad económica generada por abusos del sistema financiero, una precaria condición en el ejercicio de los derechos como consumidores; inseguridad de poder dar a la familia acceso a servicios básicos como la salud o la educación; e Inseguridad respecto de la protección de nuestra integridad física, sicológica y de nuestros bienes, sea en el espacio colectivo o en el hogar.

Se genera así una dinámica marcada por el miedo y su consecuencia más visible es sin duda la pérdida de capital social, es decir, de la capacidad que tenemos todos y todas de cooperar para generar mayores niveles de bienestar y paz social. Esto está provocando un círculo vicioso que termina en mayor repliegue y desconfianza social donde predomina el individualismo por sobre lo colectivo, lo social y lo público; la competencia por sobre la cooperación. La teoría de las ventanas rotas -que tanto citan los expertos-, ya nos advertía sobre esta paradoja: No es la delincuencia la que genera la inseguridad; son los mayores niveles de inseguridad –y agregaría desigualdad- los que generan delincuencia.

El tejido social está dañado porque para una gran parte de la población los costos de este modelo parecen ser más altos que sus beneficios. Se requiere entonces de manera urgente, de un proyecto país que nos permita salir progresivamente de este círculo vicioso y lograr que estas cifras macroeconómicas que tanto orgullo nos provocan en la comunidad global, tengan un correlato interno de igualdad, y protección para los sectores más vulnerables, sea por vía de ingresos directos o por focalización de la política social destinada a apoyar a quienes este sistema de mercado no acoge.

Urge entender que la delincuencia no es una causa sino una consecuencia, un síntoma. El sistema penal, por esencia reactivo, no puede ser la única respuesta a estos problemas. No basta tampoco con replicar programas aislados o intentar refundarlo todo en cada cambio de administración ya que las políticas de seguridad requieren para su éxito de estabilidad en el tiempo y evaluación permanente. Debemos ser capaces de « socializar » las políticas de seguridad en el sentido de ampliar y masificar la batería de herramientas de prevención. Educación, empleabilidad, oportunidades de emprendimiento. En fin, diseñar, aplicar y replicar y dar mayor cobertura a, modelos de intervención social que otorguen reales oportunidades a quienes hoy dada sus actuales condiciones de vida y referentes cercanos arecen de esperanzas para su futuro o el de sus hijos. Anualmente 100.000 jóvenes en edad escolar se encuentran fuera de la educación formal constituyendo además de un problema social, un elemento que incrementa el riesgo social de esos niños y jóvenes. En una edad en que por definición los y las jóvenes operan desde un enfoque aspiracional, un argumento de muchos de ellos es que la educación que reciben no les garantizará luego el acceso a una mejor fuente laboral que la que pueden encontrar siendo adolescentes. En cambio, tener una remuneración propia tempranamete les permite además de aportar al sustento familiar, acceder a una serie de bienes de consumo que sienten apoyan la conformación de su propia identidad y un mejor posicionameinto en su entorno social.

Este es el momento para dar un salto, es necesario tomar conciencia de que la inseguridad en nuestro país es un tema transversal que involucra todas las aristas de la política pública. Se requiere de un proyecto que transforme el crecimiento en una palanca para el desarrollo; pero que a su vez se tomen las medidas para que cuando el crecimiento disminuya o se detenga, la inversión social se encuentre garantizada. Se trata de que como conductores de las políticas públicas generemos un proyecto que no se refugie ni tema a las miradas ortodoxas e ideológicas. Es factible construir un proyecto que otorgue certezas y tranquilidad a los ciudadanos, donde frente a los abusos financieros exista una institucionalidad que proteja al más débil, que frente a la inseguridad o ausencia de servicios básicos exista un sistema que corrija dichas falencias y garantice a las familias acceso a la vivienda, educación y salud de calidad; o que frente a la inseguridad y hechos de delincuencia exista un sistema previsto que contemple el castigo proporcional a los hechores pero a su vez que ayude a evitar nuevas experiencias negativas.

Necesitamos un proyecto país que la ciudadanía pide literalmente a gritos y que expresa en cada manifestación o en cada encuesta. Un proyecto que corrija las enormes desigualdades que provoca el juego del libre mercado si corre por sí solo.

Para ello es necesario dejar de lado la idea de que el Estado y el Mercado son por esencia opuestos y que se mandan solos. Somos las personas, quienes debemos establecer cómo complementarlos y se establezca entre ellos un carácter sinérgico: el buen funcionamiento de los mercados y la libertad de emprendimiento requieren del buen funcionamiento del aparato estatal como encargado de equilibrar relaciones de poder, velar por prevenir y terminar con los abusos y de implementar medidas eficaces y eficientes en pos de un mejoramiento de la calidad de vida de quienes por diversas razones se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Una sociedad más justa, menos desigual y más integradora, ciertamente es una sociedad con menos inseguridad, y ciertamente con más certezas, menos miedos y con mejores niveles de paz social. Es posible, pero requerimos para ello estar dispuestos a mirar la realidad desde diferentes ópticas, generar empatía para efectivamente entender esos puntos de vista diversos y poder dialogar en serio, para poder tomar decisiones que marquen tanto un rumbo como las estrategias para avanzar por él.

Felipe Harboe Bascuñan

ALZA DE DENUNCIAS DE DELITOS

Nuevamente hemos conocido estadísticas relativas a los delitos de mayor connotación social. Las nuevas cifras elaboradas por las policías (Carabineros e Investigaciones) y entregadas por el Intendente de la región metropolitana confirman lo que hemos venido advirtiendo desde hace algunos meses. Los delitos están aumentando (+13%) y con ello la inseguridad de las personas. Al observar los incrementos delictuales surge con preocupación que el alza se produce tanto en el espacio público con un incremento de 13% del robo por sorpresa; como en los hogares (Robo con fuerza en lugar habitado). A lo anterior hay que agregar un incremento en el robo de vehículos y atracos a cajeros automáticos.

Ciertamente lo que más debería ocupar a las autoridades encargadas de la seguridad es la integridad física de las personas tanto en el espacio público como en sus hogares. El incremento de las muertes a causa de las denominadas “balas locas” -que sólo durante el primer semestre les ha quitado la vida a 11 personas- debería ser materia de una ofensiva destinada a disminuir el poder de fuego (armas ilegales) en manos de particulares.

El reciente homicidio de un joven profesor en pleno centro de Santiago a manos de un grupo que intentaba robar un vehículo denota la creciente violencia asociada a los delitos contra la propiedad, donde para ellos la vida de un ciudadano puede ser el costo necesario para consumar un delito contra un vehículo. Los recientes atracos a viviendas con agresiones a las familias que las habitan o ataques sexuales sufridos por alguno de sus miembros, junto con causar profundos traumas en las víctimas, generan mayor alarma en la población y requieren de autoridades que por una parte utilicen el aparato del estado para ayudar en la superación de dichas experiencias (atención de víctimas) y, por la otra que puedan aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión antidelincuencia.

Durante la última discusión presupuestaria el Congreso Nacional otorgó al gobierno del Presidente Piñera el mayor presupuesto de la historia para el combate a la delincuencia. Además por una amplia mayoría transversal aprobamos el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por consiguiente el actual ministro del interior cuenta con más facultades que todos sus antecesores para coordinar la lucha contra el delito. Lamentablemente los resultados no acompañan los incrementos presupuestarios ni de facultades. Algo está fallando y se debe corregir.

Probablemente la autoridad equivoca el foco ya que el gobierno ha ingresado en la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a incrementar las penas para los que participen en robos de cajeros automáticos. Sin desconocer la importancia de dicho ilícito para la banca y el impacto en la alarma pública que genera, creo que los indicadores nos están señalando que son las personas en sus hogares y en sus desplazamientos en el espacio público los que deben ser objeto prioritario de preocupación y protección.

Por ello es que llamo a las actuales autoridades a redefinir sus prioridades, focalizar la protección en las personas, aumentar la eficacia y eficiencia en el combate al delito ya que de lo contrario los próximos indicadores seguirán evidenciando un incremento delictual y, con ello, mayor número de personas y familias habrán sido nuevas víctimas de esta condenable actividad.

DELINCUENCIA, CUANDO LA SENSACIÓN SE JUNTA CON LA RAZÓN

Hace pocos días conocimos nuevas cifras de delincuencia en nuestro país. Según dicho resumen de las estadísticas de carabineros y la PDI, los delitos se incrementaron en un 13% lo que sin duda prende una nueva alarma a las autoridades para que modifiquen su actual estrategia antidelincuencia y focalicen de una vez los esfuerzos en la protección de las personas, sea en el espacio público o en sus hogares, ya que de lo contrario me permito advertir –a través de este blog- que los delitos seguirán subiendo en nuestro país para mal de todos nosotros.

Hoy, la encuesta Adimark revela cifras lapidarias de la percepción ciudadana sobre la gestión del Presidente, el gobierno y de algunos de sus ministros. Al observar estas nuevas cifras resultan lógicas. Mientras el problema que más preocupa a los chilenos, la delincuencia, siga subiendo como lo dijeron las cifras anteriores, la percepción sobre el trabajo del gobierno seguirá cayendo.

Hoy nos enteramos que el 69% (casi 7 de cada 10 chilenos) reprueba la gestión del gobierno en materia de delincuencia. Mientras en Abril el 40% la aprobaba, ese apoyo en el mes de Junio se desploma 12 puntos llegando sólo al 28%. Esta percepción es absolutamente lineal con la caída de la evaluación del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter cuya aprobación desde Abril a Junio cae 13 puntos, de 67 a 54% de aprobación.

Los ciudadanos se dieron cuenta que lo que ayer la alianza criticaba y calificaban como ineficacia de los gobiernos de la concertación para controlar el delito, hoy cuando ellos mismos tienen las facultades y las herramientas para producir esos cambios nada han hecho. Por el contrario, no han sido capaces ni siquiera de mantener la disminución que venía ocurriendo; sino que más aún, los delitos, según cifras oficiales, están aumentando.

Complicada situación ya que el protagonismo que le ha dado personalmente el Presidente Piñera a este tema aporta a su caída en la credibilidad, la cual vuelve a caer 3 puntos respecto del mes pasado y contribuye de manera decisiva al aumento del rechazo ciudadano a su gestión presidencial que este mes llega al 60%.

A pesar de ser de oposición no podemos estar felices de esta alta desaprobación y falta de credibilidad. Aún faltan 2 años para el término del mandato presidencial y no es bueno para el país que nos sumerjamos en una crisis política por falta de liderazgo o conducción del gobierno, ya que ello aparejará consecuencias nefastas de imagen internacional y con ella, la reducción del ingreso de nuevas inversiones que pueden aparejar mayor y mejor empleo para nuestros compatriotas.

Muchos de nosotros, desde la vereda de la oposición hemos contribuido a aprobar proyectos de ley y hemos aportado ideas para mejorar ciertos aspectos donde existe evidente falta de gestión o desconocimiento, pero nos encontramos con un frontón que no está dispuesto a escuchar y que a quien se le ocurre disentir se le descalifica públicamente sin enfrentar los temas de fondo.

La vocera ha sobreutilizado la frase “no lo hicieron durante los últimos 20 años” llegando incluso a ser materia de burlas en las redes sociales lo que se traduce en su estrepitosa caída de evaluación en 15 puntos en los últimos 2 meses.

Ellos prometieron una nueva forma de gobernar. Prometieron eficacia y eficiencia, control del orden público y trancar la puerta giratoria de la delincuencia. La mayoría de los ciudadanos creyó en esas promesas y democráticamente los eligió. Hoy vemos que más que soluciones muchos se esmeran en elaborar “explicaciones” y empatar con lo que se hizo o se dejó de hacer con anterioridad. Señores, a ustedes los eligieron para gobernar y eso implica dar GOBERNABILIDAD a un país, situación que hoy está en duda debido a la evidente incapacidad de enfrentar el actual escenario político y social de nuestro país.

Hoy, este gobierno nos brinda un temor más a la ya larga lista de miedos ciudadanos que sienten millones de chilenos. Al ya tradicional temor al delito y la violencia, se suma el temor a ser víctima de abusos de parte de grandes casas comerciales, al temor de no poder pagar la educación de los hijos; el temor de caer en dicom y ser marginado de la sociedad y, como si no fuera suficiente, se agrega el temor a la falta de gobernabilidad para garantizar un país en paz y tranquilidad.