Chile cambió. No es 1541, no es 1950 ni 1990. Hoy, la ciudadanía tiene conciencia de sus derechos y los exige con más vehemencia.
Hoy gozamos de derechos básicos y surgen entonces las demandas por derechos de segunda generación. El derecho al entorno es consecuencia de la adquisición previa del derecho a la vivienda, conservación de las aguas, derecho a la seguridad social, en fin, nacen nuevos derechos sólo cuando se suponen adquiridos los primarios.
El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho de propiedad, el derecho a desplazarse libremente, son algunos de los que componen los llamados derechos territoriales, que son aquellos que los individuos exigen para mejorar su vida en sociedad, comunidad, vecindad o barrio.
Europa, cuna del reconocimiento de estos derechos y de la conservación patrimonial, creó un sistema de protección patrimonial, con institucionalidad, normas de protección, recursos para mantención y conservación, programas de fomento al reconocimiento y respeto ciudadano y medidas de difusión orgullosa de su patrimonio.
Chile, ad portas del centenario de la república y siguiendo la tradición europea, construyó monumentales edificaciones, el museo de bellas artes y la biblioteca nacional, el parque forestal, entre otras, a fin de instalar hitos urbanos que permitieran a los nacionales identificarse con su entorno.
Con el correr del tiempo, nuestro país crea normas e instituciones vinculadas a la protección del patrimonio, mas no un “sistema de protección” integral y permanente.
Y a eso debemos avanzar.
Las normas sobre protección patrimonial datan de la década del 70, bien intencionadas, pero carentes de la institucionalidad y recursos necesarios.
Monumento nacional (premio o gravamen?) experiencia e imposibilidades de mantención o conservación particular.
Santiago cambió. Pasamos de una zona residencial y poder cívico a una zona de concentración de servicios, instalación de industrias y entidades educacionales y construcción desmesurada de oferta inmobiliaria.
Santiago no es Las condes ni Puente Alto. Es la capital de la República, la cuna de la fundación de la patria y el centro cívico de la nación.
Autoridades deben comprender esta particularidad y deben estar a la altura de los desafíos.
Por ello es que al observar la evolución del ordenamiento territorial de la comuna surge una primera afirmación. Las autoridades locales, en mejor o menor medida, han observado de manera miope la comuna, intentando revitalizar sectores o cambiar destinos de uso de suelo, respondiendo a necesidades inmediatas, pero sin una visión integral del territorio con proyecciones de décadas de desarrollo, y no por meros períodos alcaldicios.
Una mirada integradora que sea capaz de ordenar el territorio, recuperando el concepto de barrio, con servicios de salud, educación, comercio, seguridad, proporcionales a la demanda vecinal. Construcciones a escala humana que eviten incrementar inorgánicamente la densidad poblacional que mal manejada aumenta los niveles de conflictividad vecinal y deteriora las relaciones sociales. Debe existir un desarrollo de proyectos con prevención de impactos viales, ambientales, lumínicos, de servicios básicos en los vecinos existentes.
De igual forma, los gobiernos se centran en la satisfacción de necesidades básicas (construcción de viviendas) más que en la conservación de las existentes.
Desarrollo es avance, pero tomando en cuenta el respeto por la historia. El avance sin lo otro es incultura, no desarrollo.
or lo anterior es que una primera propuesta es la creación de un sistema nacional de protección del patrimonio. Dónde se cuente con:
* Normas modernas y ágiles que faciliten el objetivo y no se transformen en verdaderas trabas administrativas para proteger el patrimonio.
* Proceso de participación ciudadana consignado como requisito de las solicitudes.
* Recursos necesarios para la conservación y mantención de edificios, viviendas y sitios históricos (subsidio especial)
* Programas de formación de capacidades laborales para el desarrollo de la industria de la protección patrimonial.
* Inserción en mallas curriculares escolares de hitos urbanos, historia y evolución patrimonial.
* Distinción de zonas históricas, con inversiones obligatorias de presupuestos municipales, regionales y sectoriales para su mantención y conservación.
Por lo anterior es que me encuentro trabajando en la elaboración de un proyecto de ley destinado a modernizar las leyes de protección al patrimonio que consigne un sistema de protección patrimonial estable y permanente en el tiempo, independiente de los gobiernos de turno y que aborde como política de estado, la conservación de zonas históricas.
Se debe invitar a aportar ideas.
Un segundo aspecto, lo compone la necesidad de mantener y conservar aquello que el sistema de protección patrimonial, considere como histórico, monumento o patrimonio, para lo cual propondré la creación de un subsidio especial de mantención, conservación y mejoramiento de fachadas de viviendas históricas, edificios patrimoniales y restauración de monumentos e iglesias.
¿Qué sacamos con declarar zonas típicas si no se cuenta con los recursos necesarios para poder mantenerla o repararla? ¿Seguiremos viviendo de declaraciones, o debemos pasar a las acciones de conservación?.
En Chile hay 100 zonas típicas pero se requieren de inversiones inmediatas para conservarlas, de lo contrario presenciaremos una típica destrucción de zona protegida.
Las zonas típicas debieran ser incorporadas en una ruta histórica, con señalética e iluminación particular. Con diferenciaciones especiales en tránsito y en normas de construcción. Con incentivos tributarios efectivos al traslado de industrias y galpones que generen impactos en el entorno. Es decir, crear un mecanismo que influya de manera directa en el mejoramiento del entorno.
Mientras, en tiempos de crisis y ad portas del bicentenario, tenemos una oportunidad histórica de poder implementar un programa destinado a mejorar y reparar fachadas de viviendas y edificios históricos, proyecto que estamos proponiendo al Ministerio del Trabajo.
Un tercer aspecto es el rol que juega la ciudadanía en estos procesos.
El modelo de participación llegó para quedarse. El desarrollo urbano influye de manera directa en la calidad de vida de los vecinos, por ello es que la organización vecinal debe transformarse en una institución de reconocimiento legal con facultades en los procesos de solicitudes, tramitación, conservación y planificación de zonas de protección.
Ya no basta con agradecer la participación, es hora de dar reconocimiento explícito al derecho de los ciudadanos de decidir sobre estos instrumentos, que les pueden cambiar la forma de vida, incrementar o disminuir su patrimonio por las fluctuaciones en el valor de sus propiedades.
Hoy, el sistema imperante contempla que la soberanía popular a este respecto es indirecta, ya que quienes deciden son las autoridades municipales electas. Esto que en otros ámbitos parece acertado, pero, tratándose de modificaciones estructurales, cuyas consecuencias sociales, económicas, urbanas, excederán con creces el período de las autoridades no parece estar adecuado a la evolución y madurez de nuestra democracia.
Los alcaldes pasan y los problemas quedan y por tanto parece justo que la impresión de aquellos que sufren a diario las consecuencias de decisiones de esta naturaleza sea determinante.
Por este motivo, es que durante las próximas semanas presentaré el proyecto de Reforma Constitucional que modifica el artículo 118 de la Constitución, estableciendo que tratándose de modificaciones a instrumentos de planificación urbana (planos reguladores), el Alcalde deberá someterlo a plebiscito comunal cuyo resultado le será vinculante.
Es decir, terminamos con la facultad alcaldicia y pasamos a la obligatoriedad, que asistirá a la autoridad municipal de someter a consideración ciudadana las eventuales modificaciones a los planos reguladores, devolviendo al sistema de democracia directa estas decisiones en razón de las profundas consecuencias para la calidad de vida de los vecinos.
Chile avanza por la senda del desarrollo y, tal como señalé, no hay desarrollo posible sin respeto por la historia republicana. Así como hoy se comienza la reivindicación de nuestros adultos mayores, a través de la implementación de un sistema de protección social, que garantizará en el futuro pensiones para enfrentar la vejez; debemos ser capaces de crear un sistema que proteja nuestra historia urbana, sus hitos, sus edificios, sus iglesias, sus fachadas y sus calles que dada su antigüedad y carencia de inversiones se encuentran en mal estado y requieren de mantención y mejoramiento, pero no sujeto a la voluntad de los gobernantes, sino como parte de un SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL donde se aborde de manera integral este aspecto de conservación histórica a fin de llegar al tricentenario con el orgullo de haber conservado las principales estructuras que dieron origen a nuestra historia republicana.
