Señor Director:
En su edición de ayer, bajo el título “Un reglamento que duerme en La moneda”, un conocido empresario y asesor comunicacional se refiere a la existencia en la moneda de un reglamento para la aplicación de la ley de violencia en los estadios que según su parecer, de encontrarse vigente habría solucionado los problemas derivados del clásico entre colo-colo y universidad de Chile.
Mas allá de las legítimas aspiraciones políticas de su autor, creo necesario hacer presente que dicho reglamento si no ha sido aprobado por las autoridades correspondientes, no es precisamente por desidia u olvido; sino que en razón de que con posterioridad a su meritoria elaboración; una comisión de expertos del sector público, privado, deportivo, jurídico y de seguridad consideró que no era un buen instrumento regulatorio, ya que junto con adolecer de vacíos estructurales, su capacidad de disuasión sería considerablemente menor, transformándose en una iniciativa más sin aplicación práctica. Por ello es que sin mediar acción violentista alguna y sin publicidad, iniciamos en conjunto con diputados de la concertación y de la oposición, carabineros y ANFP un proceso de modificación de la actual ley 19.327 sobre violencia en los estadios, la que recoge iniciativas y experiencias internacionales y supera vacíos prácticos planteados por las policías y los expertos. Entre otras modificaciones, dicha iniciativa, -ya aprobada en la Cámara y en actual discusión en el senado- contempla la responsabilidad de los clubes deportivos en la organización del espectáculo, y la sanción con pérdida de puntos del campeonato nacional frente a la negligencia inexcusable de incumplimiento de medidas preventivas. De igual forma considera la inhabilitación de ingresar a recintos deportivos como medida cautelar, a fin de evitar tener que aplicar dicha medida sólo con posterioridad a una condena judicial. Por su parte se faculta a las policías a realizar revisiones preventivas y se elimina el concepto de barra, el que actualmente no hace otra cosa que reconocer la existencia de un grupo de personas, que jurídicamente exigen derechos pero no ofrecen ningún tipo de responsabilidad colectiva. Es decir, las normas en discusión abordan el problema de fondo y no sólo intentan “reglamentar” una actividad que requiere de normas claras, fuertes y precisas.
El objetivo es común. Que los estadios vuelvan a recuperarse para las familias y saquen de una vez por todas a aquellos que hacen de la violencia su actividad habitual; para ello se requieren esfuerzos colectivos permanentes independiente de su impacto mediático coyuntural
Entendiendo las pretensiones del redactor de la referida columna, creo que las políticas de estado deben ser profundas y permanentes y no pueden estar sujetas a los vaivenes de las coyunturas mediáticas; ayer fueron los femicidios, hoy la violencia en los estadios, mañana será… lo que el rating mande. Así no se hace política.
