Sr. Director

Señor Director:

En su edición de ayer, bajo el título “Un reglamento que duerme en La moneda”, un conocido empresario y asesor comunicacional se refiere a la existencia en la moneda de un reglamento para la aplicación de la ley de violencia en los estadios que según su parecer, de encontrarse vigente habría solucionado los problemas derivados del clásico entre colo-colo y universidad de Chile.

Mas allá de las legítimas aspiraciones políticas de su autor, creo necesario hacer presente que dicho reglamento si no ha sido aprobado por las autoridades correspondientes, no es precisamente por desidia u olvido; sino que en razón de que con posterioridad a su meritoria elaboración; una comisión de expertos del sector público, privado, deportivo, jurídico y de seguridad consideró que no era un buen instrumento regulatorio, ya que junto con adolecer de vacíos estructurales, su capacidad de disuasión sería considerablemente menor, transformándose en una iniciativa más sin aplicación práctica. Por ello es que sin mediar acción violentista alguna y sin publicidad, iniciamos en conjunto con diputados de la concertación y de la oposición, carabineros y ANFP un proceso de modificación de la actual ley 19.327 sobre violencia en los estadios, la que recoge iniciativas y experiencias internacionales y supera vacíos prácticos planteados por las policías y los expertos. Entre otras modificaciones, dicha iniciativa, -ya aprobada en la Cámara y en actual discusión en el senado- contempla la responsabilidad de los clubes deportivos en la organización del espectáculo, y la sanción con pérdida de puntos del campeonato nacional frente a la negligencia inexcusable de incumplimiento de medidas preventivas. De igual forma considera la inhabilitación de ingresar a recintos deportivos como medida cautelar, a fin de evitar tener que aplicar dicha medida sólo con posterioridad a una condena judicial. Por su parte se faculta a las policías a realizar revisiones preventivas y se elimina el concepto de barra, el que actualmente no hace otra cosa que reconocer la existencia de un grupo de personas, que jurídicamente exigen derechos pero no ofrecen ningún tipo de responsabilidad colectiva. Es decir, las normas en discusión abordan el problema de fondo y no sólo intentan “reglamentar” una actividad que requiere de normas claras, fuertes y precisas.

El objetivo es común. Que los estadios vuelvan a recuperarse para las familias y saquen de una vez por todas a aquellos que hacen de la violencia su actividad habitual; para ello se requieren esfuerzos colectivos permanentes independiente de su impacto mediático coyuntural
Entendiendo las pretensiones del redactor de la referida columna, creo que las políticas de estado deben ser profundas y permanentes y no pueden estar sujetas a los vaivenes de las coyunturas mediáticas; ayer fueron los femicidios, hoy la violencia en los estadios, mañana será… lo que el rating mande. Así no se hace política.

Un acuerdo por y para Chile

El acuerdo nacional de seguridad pública suscrito hace algunos días entre el Gobierno, Concertación y oposición, es fruto de un esfuerzo mancomunado de diversos actores, con visiones y matices diversos respecto de un tema de trascendencia social como lo es la seguridad pública.

Muchos son los analistas que hablan desde la academia, desde sus vivencias personales y desde la experiencia. Pero lo concreto es que las diversas visiones han logrado sentarse en la mesa y reivinicando el diálogo como forma de resolución de controversias, avcordar en avances sustantivos para brindar a Chile de mejores niveles de tranquilidad y paz social.

Destacable resulta el hecho de que en tan breve tiempo, se hayan podido compatibilizar las diversas aspiraciones de los integrantes del equipo de trabajo. Cada uno de ellos comprendió que la solución definitiva al problema no pasaba exclusivamente por lo que quedara inmerso dentro del acuerdo, sino que se iniciaba un proceso de intercambio de ideas, iniciativas y se era capaz de valorar inciiartivas independientemente de su origen.

Dentro d elos temas abordados, resulta imperativo hacer mención a algunos de ellos a find e que la ciudadanía conozca de primera fuente algunas de las iniciativas acordadas.
Un país que ´pretende no solo estabilizar el delito, sino disminuirlo de manera considerable, require de una institucionalidad acorde a los nuevos tuiempos,. Por ello es que este acuerdo contempla la cpnsaghración del mando único en materias de seguridad, devolviendo al Ministerio del Interior la tuición sobre Carabineros de Chile y la Policía de investigaciones, lo que se ejercerá con pleno respeto a los procesos propios de cada institución policial. De igual forma se institucionalizará como servicio público un importante programa de prevención del consumo de alcohol y drogas, a fin de dar adecuada cobertura a las nuevas necesidades de prevención y evitar que nuestros niños y jóvenes ingresen en las carreras del consumo de alcohol y drogas.
En materia de víctimas, es dable reconocer, que la Presidenta de la República ha marcado como sello de su gestión de gobierno, la “protección social” de los más desposeídos. Obviamente aquellos que han sido víctimas de delitos graves o violentos requiereen de una institucionalidad que les de adecuada protección social, sicológica y también jur´pidica, para superar el trauma que representa haber enfrentado una situación de victimización. Por ello, con este acuerdo se consagrará en la Constitución como obligación del estado la protección jurídica de las víctimas que no puedan costeárselas por sí mismas; junto con ello, le pediremos a expertos que en un plazo no superior a120 días nos señalen la mejor opción para atender a las víctimas, basados en experiencias nacionales e internacionales y; mientras se desarrolla dicho estudio se fortalecerá a las actuales unidades de víctimas y testigos del Ministerio público.

Por otra parte la aplicación de tecnología al control de medidas alternativas a la prisión preventiva, permitirá controlar de mejor forma a aquellos que –habiendo delinquido- han obtenido algún beneficio o gozan de libertad restringida. Así, abusadores de menores, agresores de violencia intrafamiliar se verán impedidos de deambular sin control y poniendo en riesgo a niños o mujeres, al estar permanentemente conectados a un sistema de control tecnológico a distancia.
En materia legislativa, se acuerda apoyar los proyectos que buscan sancionar el comercio ilegal, el que sanciona a los encapuchados en las manifestaciones públicas, el que sanciona el robo de cables que muchas veces deja a nuestros ciudadanos sin servicios básicos; el que obliga al registro de teléfonos móviles de prepago a fin de evitar su uso impune de parte de microtraficantes o delincuentes; y, respecto del proyecto enviado por la Presidenta Bachelet destinado a sancionar con mayor dureza la tenencia irregular de armas de fuego, hemos acordado avanzar en algunos aspectos tales como la sanción a aquellos que provean de armas de fuego a menores de edad, etc.

Medidas más o medidas menos, la nobleza obliga a reconocer el espíritu de cooperación de todos quienes participaron activamente de esta iniciativa. Agradezco de verdad la oportunidad de ser testigo presencial de que en el Chile del siglo XXI y en medio de una sociedad con amplios márgenes de individualismo, aquellos que creemos en el servicio público hayamos logrado deponer las legítimas diferencias en pos de Chile, su tranquilidad y la de nuestros hijos. Ese es el Chile que queremos, el de los acuerdos, el de los avances, el de los encuentros en beneficio de la sociedad toda, sin importancia de los orígenes, condiciones sociales o diferencias políticas…el de todos los habitantes de esta gran familia llamada Chile.

ACUERDO ANTIDELINCUENCIA

Desde hace algunos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ubicar a la seguridad pública dentro de los denominados “temas país”. A fin de lograr grandes acuerdos que posibiliten implementar normativas, planes y programas que conduzcan al logro de un objetivo transversal como lo es la seguridad de las personas y sus bienes.

Para ello, resulta fundamental poner determinadas condiciones básicas al debate sobre el tema. La seguridad pública no es sólo cuestión de sanciones, control y procedimientos judiciales. Por cierto estos aspectos son constitutivos de cualquier política pública de seguridad, pero no constituyen por sí solos la solución a un flagelo multicausal.

La experiencia internacional de países que han logrado disminuir considerablemente los niveles de victimización, nos señala que han desarrollado políticas integrales, donde la línea entre política social y de seguridad se torna cada vez más tenue e incluso se desdibuja. En efecto, aquellos países que han sido capaces de articular las políticas sociales en función de los social o situacionalmente segregados, excluidos o marginados; y de aquellos que conviven a diario con condiciones objetivas de riesgo social han visto disminuidas en un porcentaje considerable las causas de la violencia urbana y, muchas veces de la delincuencia asociada.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), constituye un avance a este respecto. En efecto, la capacidad de articular y coordinar a la institucionalidad pública para invertir territorialmente con objetivos intersectoriales -si bien es un proceso largo y complejo que rompe con la tradición histórica de la sectorialización de las políticas públicas- apunta justamente a hacer cada día más eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos. Entonces, al hablar de los presupuestos asignados a seguridad, no es dable reducirlos a los recursos asignados a las policías y al Ministerio del interior; sino que se debe considerar los incrementos presupuestarios en el programa de reescolarización para jóvenes desertores o los programas de mediación escolar del Mineduc. El aumento de recursos para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de jóvenes consumidores de drogas que otorga el plan AUGE del Minsal. La recuperación situacional de los barrios a través del programa Quiero mi barrio del Minvu. Los programas de reinserción socio ocupacional de ex reos que aplican los Ministerios de Justicia y Trabajo y fundaciones privadas. Los importantes y crecientes programas de atención a las víctimas que han realizado las Unidades de Víctimas del Ministerio de Justicia y recientemente los centros de víctimas del Ministerio del Interior; etc.

Podríamos seguir sumando programas que hoy forman parte de la ENSP y, lo más importante, que comienzan a conversar entre sí en función del logro del objetivo planteado, prevenir socialmente, situacionalmente, controlar, rehabilitar, reinsertar o atender a las víctimas según corresponda.

En su diseño, participaron instituciones públicas de gobierno, pero de igual forma instituciones autónomas como el Ministerio Pública y el Poder Judicial. Entidades operativas como carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Instituciones con gran raigambre social como las iglesias católica y evangélica. Representantes de la soberanía popular como parlamentarios y alcaldes. Agupaciones de empresarios y por cierto el principal capital social, los vecinos, a través de la Federación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. Es decir un amplio secrtor de la sociedad se puso de acuerdo en un instrumento que permita coordinar el avance de la política social y su influencia en las condiciones objetivas de seguridad. Los resultados serán de corto, mediano y largo plazo, ya que se trata de una política pública seria, responsable que intenta abordar el fenómeno en sus mas amplias dimensiones, ya que de lo contrario estaremos reduciendo el debate a un tema estrictamente procesalm, judicial o policial que ciertamente no permitirá superar los actuales indicadores de victimización.

Por lo anterior, es que nuevamente hacemos un llamado a todos los sectores para unirnos en torno a un tema de tanta relevancia como lo constituye la seguridad de las chilenas y chilenos, porque al igual que las relaciones exteriores del país, la defensa nacional, debemos ser capaces de integrar a la seguridad pública en la categoría de política de estado, ya que sólo así evitaremos recriminaciones recíprocas entre las derechas y las izquierdas y seremos capaces de enfrentar con altura de miras uno de los principales temas de preocupación ciudadana.

PLANES REGIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA

Uno de los principales desafíos que, como gobierno, asumimos al momento de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era desarrollar un sistema que diera cuenta de la nueva realidad de violencia, delitos y temor que vive Chile y, a la vez, optimizara la repuesta pública al fenómeno en su integralidad.

Sobre la base de este enfoque es que se definió como uno de los seis ejes orientadores de la estrategia el de la “Institucionalidad”, donde se comprometió la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública, un Servicio para la Prevención del Consumo de Drogas y una estructura territorial a través de la cual la estrategia pudiera concretarse a lo largo del país. Esto último se ha concretado en lo que denominamos “Planes Regionales de Seguridad Pública”, instrumentos de gestión que expresan la voluntad del Estado por responder a la realidad delictual de cada región de manera más eficiente y con una coordinación adecuada de todas las instituciones involucradas.

No es posible aplicar las mismas soluciones en el norte de Chile, donde se concentra un tipo particular de delitos, diversos de los ocurridos en la zona centro, en las grandes ciudades, pequeñas localidades rurales o en el sur de nuestra nación. Asumir esta realidad diversa nos permite contar con una Estrategia Nacional de Seguridad Pública realista, que se haga cargo de las particularidades de cada región, provincia o comuna.

Pensando en ello y en un principio básico de la gestión pública moderna, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, constituye un instrumento de gestión, ordenador, eficiente y eficaz que de cara al país compromete la reducción del número de hogares victimizados por algún delito al menos en un 10%, lo que equivale a 150 mil hogares menos; y el número estimado de delitos de mayor connotación social, al menos en un 9%, equivalente a 250 mil delitos.

Desde noviembre del año pasado, cuando dimos a conocer públicamente la estrategia, las trece intendencias del país se abocaron a crear los Consejos Regionales de Seguridad Pública, órganos responsables de coordinar los planes, que contienen un diagnóstico delictivo de la zona, metas concretas y acciones que permitan alcanzarlas. Estas últimas, además, en línea con los ámbitos de trabajo prioritarios definidos por la Estrategia Nacional, Institucionalidad, Información, Prevención Social y Situacional, Rehabilitación, Control y Sanción y Asistencia a Víctimas. Todos aspectos centrales de una visión sistémica del fenómeno delictual, capaz de enfrentar de manera integral un fenómeno que atemoriza a la ciudadanía.

Respecto del diagnóstico, los Planes Regionales se sustentaron en la información entregada por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), lo que permitirá dirigir los esfuerzos a reducir la victimización real, superándose así, la tendencia de medir la criminalidad exclusivamente a partir de las estadísticas de denuncias, y por tanto, supeditar los avances en seguridad sólo al aumento o baja de éstas.

En cuanto a las metas en victimización, éstas por primera vez han comprometido a toda la región y no sólo a microespacios al interior de ellas como comunas o barrios. Si bien esto constituye un trabajo más difícil y ambicioso, permitirá verificar efectivamente el resultado de cada estrategia. Relacionado con lo anterior, los planes incorporaron, de manera inédita, compromisos concretos de Carabineros, que se traducen en objetivos y responsabilidades precisas.

Como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enfrenta con igual énfasis el control y la prevención, los Planes Regionales de Seguridad Pública también incluyeron acciones relacionadas con los factores sociales y situacionales que potencian la delincuencia.

La puesta en marcha de los Planes Regionales de Seguridad Pública viene a demostrar el compromiso real que tenemos como gobierno de enfrentar el fenómeno de la delincuencia con soluciones efectivas, permanentes en el tiempo, y no efectistas, que respondan sólo a intereses coyunturales. Así entendemos que debe ser una Política de Estado con visión de País.

El llamado final es a redoblar esfuerzos para materializar este inédito instrumento de gestión en una aplicación práctica que permita a cada ciudadano gozar de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Esta tarea no es sólo de los funcionarios de gobierno, aquí hay un compromiso de instituciones policiales, empresariales, legislativas, vecinales, eclesiásticas, en fin, de la sociedad en su conjunto, ya que somos muchos más los que queremos vivir con crecientes grados de tranquilidad y no podemos sesgar en el esfuerzo de aportar a un chile más seguro.

CENTROS DE VÍCTIMAS

La reciente inauguración del primer Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos, marca el inicio del proceso de concreción de una política de estado en el trato a las víctimas de la delincuencia. En efecto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lanzada en Noviembre del año pasado por S.E. la Presidenta de la República, contempla dentro de sus ejes estratégicos la adopción de políticas eficaces para dar debida orientación y protección a aquellas personas o familias que han sido víctimas de delitos violentos.

Lo que se ha materializado es la consolidación de una red nacional de apoyo, orientación y reparación de las víctimas, con la participación de un número importante de instituciones, dentro de las cuales destacan el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Sernam, entre otros. Cada una de estas instituciones posee reconocidas capacidades profesionales y vasta experiencia en el tratamiento de las víctimas según sus propias especialidades o tiempos de intervención.

Hoy, la concreción de la red, permitirá derivaciones entre las diversas instituciones a fin de incrementar la oferta pública para la orientación, tratamiento y reparación de las víctimas de la delincuencia.

Cada región contará con un centro de atención cuya infraestructura y equipamiento poseen características comunes que hacen de dicho espacio un punto de encuentro y acogida a personas que han sido afectadas en su seguridad personal y que arrastran un drama humano y trauma familiar que requiere ser recibido en un entorno acogedor, con utilización de avanzadas técnicas para tratar los traumas infantiles, colectivos e individuales; donde un selecto grupo de profesionales, siquiatras infantiles y adultos, sicólogos, orientadores, asistentes sociales y abogados estarán prestos a recibir las derivaciones institucionales o atender a aquellas víctimas que voluntariamente accedan a este servicio del estado.

La infraestructura considerada implica que al año 2010 debemos contar con la instalación de al menos 1 de estos centros en cada una de las regiones del país (incluídas las nuevas regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota) y 4 en la región metropolitana a fin de dar adecuada cobertura a la demanda ciudadana.

Cada centro contará con un sistema de registro de atenciones, derivaciones, seguimiento y evaluaciones de calidad de atención de parte de los usuarios, a fin de mejorar día a día en un servicio tan esencial como la atención de víctimas.

 La iniciativa que se instala responde a la concepción integral del fenómeno delictual que enmarca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde la institucionalidad, información, prevención, control, sanción, rehabilitación y tratamiento de víctimas constituyen los ejes de acción en los cuales se están produciendo avances cualitativos y cuantitativos importantes gracias al compromiso de más de 8 ministerios, gobiernos regionales, Carabineros de Chile, Policía de investigaciones, Ministerio Público, municipios, iglesias, organizaciones empresariales y de trabajadores, organizaciones comunitarias, centros de estudio y parlamentarios, quienes con su dedicación y trabajo están aportando de manera decidida en la Política de estado que brindará mejores niveles de paz y tranquilidad a nuestro país.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Durante los últimos días, la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ha puesto en conocimiento de la ciudadanía el resultado de los estudios técnicos relativo a la totalidad de las denuncias registradas por delitos de mayor connotación social en el país durante el año 2006. Dicha publicación se refiere a un registro de las denuncias que los ciudadanos realizan ante las policías o el Ministerio público por los delitos consignados en tal clasificación. En consecuencia, no se trata de encuestas, entrevistas o estudios subjetivos o proyecciones del gobierno como se ha pretendido señalar; sino que de un REGISTRO que las policías realizan de las denuncias que reciben de parte de los ciudadanos por un determinado tipo de delitos.

Respecto de la categorización de los delitos de mayor connotación social, es dable recordar que ésta no responde a criterios antojadizos, sesgados o variables en el tiempo. Sino que a un acuerdo transversal entre los diversos centros de estudio, policías y gobierno hacia el año 1997, donde se estableció una categoría de delitos (DMCS) como forma de medición de la evolución delictual del país.

Con el correr del tiempo, si bien dicha categorización se ha mantenido estable, los sistemas de medición de la realidad delictual en el mundo han ido evolucionando de forma tal que se reconoce a las encuestas de victimización como el instrumento de mayor seriedad para lograr dicho objetivo, relegando a la evolución de denuncias a un segmento útil para focalizar el accionar policial y preventivo. Así, como se señalara en su oportunidad, el incremento en la tasa de denuncias, no necesariamente refleja un incremento de la delincuencia y viceversa, razón por la cual, a la hora de realizar análisis debe conservarse la mesura y consecuencia y utilizar dicho mecanismo como un buen antecedente para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el combate a la delincuencia, tanto desde la perspectiva de la prevención como del control y sanción.

Por su parte, es dable hacer presente que las encuestas de victimización requieren de algunos elementos para dotar de antecedentes dignos de proyecciones y análisis. Así, si la muestra es presencial sin duda posee mayor valor respecto de las consultas telefónicas,; de igual forma el período de muestra de campo resulta relevante, mientras mayor es el espacio muestral, mayor es la información que se permite recabar y, por tanto su representatividad. 

La interpretación que se haga de los datos recogidos debe ser mesurada, objetiva y carente de intencionalidades políticas. Así, por ejemplo, afirmar que el sólo hecho de tener un alza en la victimización durante un período marca una “tendencia” al alza delictual, carece de seriedad tanto como afirmar que el incremento de un sólo indicador inflacionario implicaría caer en recesión económica.