El acuerdo nacional de seguridad pública suscrito hace algunos días entre el Gobierno, Concertación y oposición, es fruto de un esfuerzo mancomunado de diversos actores, con visiones y matices diversos respecto de un tema de trascendencia social como lo es la seguridad pública.
Muchos son los analistas que hablan desde la academia, desde sus vivencias personales y desde la experiencia. Pero lo concreto es que las diversas visiones han logrado sentarse en la mesa y reivinicando el diálogo como forma de resolución de controversias, avcordar en avances sustantivos para brindar a Chile de mejores niveles de tranquilidad y paz social.
Destacable resulta el hecho de que en tan breve tiempo, se hayan podido compatibilizar las diversas aspiraciones de los integrantes del equipo de trabajo. Cada uno de ellos comprendió que la solución definitiva al problema no pasaba exclusivamente por lo que quedara inmerso dentro del acuerdo, sino que se iniciaba un proceso de intercambio de ideas, iniciativas y se era capaz de valorar inciiartivas independientemente de su origen.
Dentro d elos temas abordados, resulta imperativo hacer mención a algunos de ellos a find e que la ciudadanía conozca de primera fuente algunas de las iniciativas acordadas.
Un país que ´pretende no solo estabilizar el delito, sino disminuirlo de manera considerable, require de una institucionalidad acorde a los nuevos tuiempos,. Por ello es que este acuerdo contempla la cpnsaghración del mando único en materias de seguridad, devolviendo al Ministerio del Interior la tuición sobre Carabineros de Chile y la Policía de investigaciones, lo que se ejercerá con pleno respeto a los procesos propios de cada institución policial. De igual forma se institucionalizará como servicio público un importante programa de prevención del consumo de alcohol y drogas, a fin de dar adecuada cobertura a las nuevas necesidades de prevención y evitar que nuestros niños y jóvenes ingresen en las carreras del consumo de alcohol y drogas.
En materia de víctimas, es dable reconocer, que la Presidenta de la República ha marcado como sello de su gestión de gobierno, la “protección social” de los más desposeídos. Obviamente aquellos que han sido víctimas de delitos graves o violentos requiereen de una institucionalidad que les de adecuada protección social, sicológica y también jur´pidica, para superar el trauma que representa haber enfrentado una situación de victimización. Por ello, con este acuerdo se consagrará en la Constitución como obligación del estado la protección jurídica de las víctimas que no puedan costeárselas por sí mismas; junto con ello, le pediremos a expertos que en un plazo no superior a120 días nos señalen la mejor opción para atender a las víctimas, basados en experiencias nacionales e internacionales y; mientras se desarrolla dicho estudio se fortalecerá a las actuales unidades de víctimas y testigos del Ministerio público.
Por otra parte la aplicación de tecnología al control de medidas alternativas a la prisión preventiva, permitirá controlar de mejor forma a aquellos que –habiendo delinquido- han obtenido algún beneficio o gozan de libertad restringida. Así, abusadores de menores, agresores de violencia intrafamiliar se verán impedidos de deambular sin control y poniendo en riesgo a niños o mujeres, al estar permanentemente conectados a un sistema de control tecnológico a distancia.
En materia legislativa, se acuerda apoyar los proyectos que buscan sancionar el comercio ilegal, el que sanciona a los encapuchados en las manifestaciones públicas, el que sanciona el robo de cables que muchas veces deja a nuestros ciudadanos sin servicios básicos; el que obliga al registro de teléfonos móviles de prepago a fin de evitar su uso impune de parte de microtraficantes o delincuentes; y, respecto del proyecto enviado por la Presidenta Bachelet destinado a sancionar con mayor dureza la tenencia irregular de armas de fuego, hemos acordado avanzar en algunos aspectos tales como la sanción a aquellos que provean de armas de fuego a menores de edad, etc.
Medidas más o medidas menos, la nobleza obliga a reconocer el espíritu de cooperación de todos quienes participaron activamente de esta iniciativa. Agradezco de verdad la oportunidad de ser testigo presencial de que en el Chile del siglo XXI y en medio de una sociedad con amplios márgenes de individualismo, aquellos que creemos en el servicio público hayamos logrado deponer las legítimas diferencias en pos de Chile, su tranquilidad y la de nuestros hijos. Ese es el Chile que queremos, el de los acuerdos, el de los avances, el de los encuentros en beneficio de la sociedad toda, sin importancia de los orígenes, condiciones sociales o diferencias políticas…el de todos los habitantes de esta gran familia llamada Chile.
Muchos son los analistas que hablan desde la academia, desde sus vivencias personales y desde la experiencia. Pero lo concreto es que las diversas visiones han logrado sentarse en la mesa y reivinicando el diálogo como forma de resolución de controversias, avcordar en avances sustantivos para brindar a Chile de mejores niveles de tranquilidad y paz social.
Destacable resulta el hecho de que en tan breve tiempo, se hayan podido compatibilizar las diversas aspiraciones de los integrantes del equipo de trabajo. Cada uno de ellos comprendió que la solución definitiva al problema no pasaba exclusivamente por lo que quedara inmerso dentro del acuerdo, sino que se iniciaba un proceso de intercambio de ideas, iniciativas y se era capaz de valorar inciiartivas independientemente de su origen.
Dentro d elos temas abordados, resulta imperativo hacer mención a algunos de ellos a find e que la ciudadanía conozca de primera fuente algunas de las iniciativas acordadas.
Un país que ´pretende no solo estabilizar el delito, sino disminuirlo de manera considerable, require de una institucionalidad acorde a los nuevos tuiempos,. Por ello es que este acuerdo contempla la cpnsaghración del mando único en materias de seguridad, devolviendo al Ministerio del Interior la tuición sobre Carabineros de Chile y la Policía de investigaciones, lo que se ejercerá con pleno respeto a los procesos propios de cada institución policial. De igual forma se institucionalizará como servicio público un importante programa de prevención del consumo de alcohol y drogas, a fin de dar adecuada cobertura a las nuevas necesidades de prevención y evitar que nuestros niños y jóvenes ingresen en las carreras del consumo de alcohol y drogas.
En materia de víctimas, es dable reconocer, que la Presidenta de la República ha marcado como sello de su gestión de gobierno, la “protección social” de los más desposeídos. Obviamente aquellos que han sido víctimas de delitos graves o violentos requiereen de una institucionalidad que les de adecuada protección social, sicológica y también jur´pidica, para superar el trauma que representa haber enfrentado una situación de victimización. Por ello, con este acuerdo se consagrará en la Constitución como obligación del estado la protección jurídica de las víctimas que no puedan costeárselas por sí mismas; junto con ello, le pediremos a expertos que en un plazo no superior a120 días nos señalen la mejor opción para atender a las víctimas, basados en experiencias nacionales e internacionales y; mientras se desarrolla dicho estudio se fortalecerá a las actuales unidades de víctimas y testigos del Ministerio público.
Por otra parte la aplicación de tecnología al control de medidas alternativas a la prisión preventiva, permitirá controlar de mejor forma a aquellos que –habiendo delinquido- han obtenido algún beneficio o gozan de libertad restringida. Así, abusadores de menores, agresores de violencia intrafamiliar se verán impedidos de deambular sin control y poniendo en riesgo a niños o mujeres, al estar permanentemente conectados a un sistema de control tecnológico a distancia.
En materia legislativa, se acuerda apoyar los proyectos que buscan sancionar el comercio ilegal, el que sanciona a los encapuchados en las manifestaciones públicas, el que sanciona el robo de cables que muchas veces deja a nuestros ciudadanos sin servicios básicos; el que obliga al registro de teléfonos móviles de prepago a fin de evitar su uso impune de parte de microtraficantes o delincuentes; y, respecto del proyecto enviado por la Presidenta Bachelet destinado a sancionar con mayor dureza la tenencia irregular de armas de fuego, hemos acordado avanzar en algunos aspectos tales como la sanción a aquellos que provean de armas de fuego a menores de edad, etc.
Medidas más o medidas menos, la nobleza obliga a reconocer el espíritu de cooperación de todos quienes participaron activamente de esta iniciativa. Agradezco de verdad la oportunidad de ser testigo presencial de que en el Chile del siglo XXI y en medio de una sociedad con amplios márgenes de individualismo, aquellos que creemos en el servicio público hayamos logrado deponer las legítimas diferencias en pos de Chile, su tranquilidad y la de nuestros hijos. Ese es el Chile que queremos, el de los acuerdos, el de los avances, el de los encuentros en beneficio de la sociedad toda, sin importancia de los orígenes, condiciones sociales o diferencias políticas…el de todos los habitantes de esta gran familia llamada Chile.
