Es una buena noticia para Chile recibir el Plan Nacional Antidelincuencia que, luego de 6 meses al mando del país, anunció el Presidente de la República. Celebro la audacia que ha tenido el actual gobierno para seguir el modelo implementado por la Presidenta Michelle Bachelet, en orden a anunciar, y de manera pública, una meta medible y cuantificable. Un compromiso de resultado en el quehacer antidelictual.
La elaboración de instrumentos de gestión con metas colectivas para diversas instituciones, constituye un elemento ordenador del sector público, más aún si se asume que la disminución del flagelo delictual requiere una política integral, cuya implementación exige trabajo intersectorial y una fina coordinación interinstitucional con otros órganos del Estado.
Las actuales autoridades se han fijado como meta una reducción de la victimización desde 33,6% a 29%; es decir una disminución real de 4.6 puntos porcentuales para su período de gobierno. En términos cuantitativos, el compromiso es muy similar al resultado obtenido por el gobierno anterior (2006-2009), donde se logró una reducción de 4.7 puntos porcentuales, bajando de 38,4% a 33,6% el número de hogares victimizados.
Al observar con mayor detención el texto del plan de seguridad, es dable destacar la implementación del plan de “escuelas abiertas” como mecanismo de apoyo a familias de padres y madres trabajadoras, y así contar con infraestructura segura para que los jóvenes se desarrollen. Esto se ha implementado en comunas como Peñalolén con buenos resultados, no obstante, los que aún no sabemos es si son por el compromiso y capacidad de gestión de sus autoridades locales o porque el modelo en sí mismo es exitoso. En consecuencia, se trata de un plan piloto, cuya masificación debería depender de un estudio de resultados.
La inclusión parcial de los municipios en los desafíos de seguridad, me parece un tema complejo y preocupante. Esto, porque conforme a la ley vigente, carecen de facultades -tanto de personal como de recursos- para ello. Así, la mutación de los Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal a fondos concursables, no parece acertada, toda vez que volverá a la lógica de financiar iniciativas sociales muy necesarias y bien inspiradas, pero muchas de ellas carentes de impacto directo en la disminución de la victimización local.
La mencionada estrategia de seguridad enumera un conjunto de programas, algunos de continuidad -como “24 horas” y “Plan Cuadrante”- y otros con nombres nuevos, como “Barrio en Paz”. Todos deberían ser implementados en comunas seleccionadas de acuerdo a indicadores objetivos y conocidos, para evitar suspicacias en las localidades beneficiadas por dichos programas, en desmedro de otras con iguales necesidades y legítimas aspiraciones. Por de pronto, estos sólo podrán ser evaluados al final de su implementación, por su impacto local en la reducción de la victimización, para lo cual se requerirá la elaboración de un sistema de medición que desagregue a nivel comunal la incidencia delictual.
En materia de control se hace mucho énfasis en “trancar la puerta giratoria” de los delincuentes y se plantean modificaciones legislativas para limitar aún más el derecho constitucional de la libertad provisional. ¿Cómo se puede entender ese desafío, si la autoridad de justicia señala que en Chile existe un número desproporcionado de personas privadas de libertad? Al observar el incremento de la población penal, se puede advertir un crecimiento brutal a partir de 2003, con un hacinamiento indigno que ha sido criticado por la actual autoridad. Es contradictorio que el plan nada comprometa en construcción de cárceles; salvo que alguien considere dicha medida como ajena, la política de seguridad parece una omisión digna de corregir para poder concretar estos anuncios y ser consecuentes con la necesidad de dignificar la privación de libertad.
El instrumento de gestión utilizado para enfrentar la delincuencia es similar a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada en 2006, los ejes del plan son equivalentes, la agenda legislativa recoge mucho de lo planteado con anterioridad por parlamentarios de la Concertación, y las metas propuestas son porcentualmente similares. Entonces, ¿por qué insistir en señalar que se “cambiará la mano” con los delincuentes? Si se trata de resultados concretos, entonces veamos: entre el 2003 y el 2009 la victimización cayó en 9,4 puntos porcentuales y la población penal aumentó a una tasa promedio de 6,9% anual. ¿Para qué hacer cambios tan profundos si lo que se propone es reducir en igual porcentaje los delitos?
Reconocer los avances, profundizar las estrategias, mejorar la implementación de políticas y trazar un camino común, son constitutivos de política de Estado, lo que difiere con el permanente intento de refundarlo todo y descalificar lo hecho por otros. Me quedo con el llamado del Presidente a entender la seguridad como tema de Estado y espero que sus autoridades hagan eco en la práctica de dicha frase que tan bien le haría al país, para lograr los avances a los que todos aspiramos: mejorar las condiciones de paz y tranquilidad en nuestra sociedad.
