PRIMER PLAN ANTIDELINCUENCIA DEL GOBIERNO DE PIÑERA

Hace algunos días, el futuro Ministro del Interior hizo pública una serie de medidas destinadas a reducir la delincuencia en nuestro país. Al observar el compromiso personal de Rodrigo Hinzpeter con el tema, sólo cabe valorar el hecho que como autoridad ministerial asuma la conducción de tan relevante desafío para Chile.

Llegó la hora de ponerle contenido a los slogans espectaculares que observamos durante la campaña presidencial: “Vamos a derrotar la delincuencia” “Narcotraficantes, tienen sus días contados”. Hoy es tiempo de mirar con seriedad, prudencia y urgencia este relevante flagelo que afecta a las sociedades modernas.

Tal como se lo he manifestado directamente al futuro Ministro del Interior, creo necesario hacer pública mi disposición a colaborar con el nuevo gobierno en todas aquellas medidas que apunten a controlar la delincuencia, a reducir la impunidad, a incrementar los niveles de paz y tranquilidad; ya que, tal como lo señalé en reiteradas oportunidades, estamos frente a un tema de Estado que debe asumirse sin trincheras políticas ni sacando pequeños dividendos de un flagelo que afecta a miles de compatriotas sin distinciones de ninguna especie.

Dicho lo anterior, creo necesario observar desde mi experiencia práctica algunas de las medidas propuestas para el “Primer Plan antidelincuencia del Gobierno de Sebastián Piñera”.

Respecto del incremento de la dotación de las policías, me parece acertado y necesario continuar con la política de incrementos graduales que se implementó durante los últimos años. Este debería ser considerable en el caso de la PDI ya que posee un alto déficit de recursos humanos.

En materia de implementación del GPS como mecanismo de control de medidas alternativas reitero mi respaldo a dicha iniciativa que hoy discutimos en el Congreso nacional. Es más, hemos planteado con el Diputado Jorge Burgos, la necesidad de establecerla como medida cautelar para ciertos delitos y evitar así su comisión durante el juicio y antes de la condena.

Respecto de otorgar “tuición” a Alcaldes sobre las policías tengo diferencias estructurales. Los Alcaldes son entes políticos de administración local, fundamentales en el desarrollo comunal. Ciertamente se requiere contar con su participación, visión e incluso coordinación previa en materias de seguridad local y su relación con las policías debiera ser más fluida y complementaria. Pero cualquier “tuición” que estos posean sobre las instituciones policiales en la localidad que dirigen traerá como consecuencia la politización de las instituciones o, lo que es peor, de sus integrantes. Por otra parte si lo que hay detrás es la creación de “policías municipales”, mi oposición será total. La tendencia mundial es justamente la contraria, la unificación de policías estaduales o locales y el potenciamiento de fuerzas policiales con doctrina, formación y mando único. Por otra parte, hoy existen profundas desigualdades en el sistema de financiamiento municipal. Esta medida extendería dicha desigualdad a un ámbito relevante como lo constituye la seguridad. Así, los municipios que tengan recursos necesarios podrían costear sus “policías municipales” mientras que quienes no los tengan no podrán hacerlo en perjuicio de los habitantes más pobres y donde el delito es omnipresente.

Frente a la propuesta de crear una red de colaboradores de seguridad, de acuerdo al modelo colombiano, sólo me cabe advertir algunos puntos. La participación ciudadana es fundamental en el diseño, prevención e incluso en la información para el control del delito, pero ella debe fundarse en la confianza que las instituciones públicas logran consolidar con la ciudadanía. La experiencia internacional permite advertir un aumento en los niveles de violencia local cuando los vecinos son “conocidos informantes de la autoridad”. Las denuncias deben motivarse en reserva, con prudencia y chequeo previo de su veracidad, a fin de evitar el uso del sistema como mecanismo de solución de controversias vecinales o método de distracción de la función policial. El sistema debe ser muy expedito para que el denunciante conozca –en alguna etapa posterior- los resultados de su denuncia, ya que de lo contrario, se incrementará la sensación de impunidad, generando frustración e incrementando los niveles de desconfianza en la autoridad o el sistema. Un elemento clave lo constituye el secreto y la reserva en el manejo de la información ya que el “vecino denunciante” puede transformarse en un blanco inmediato de delincuentes habituales o narcotraficantes, incrementando su inseguridad. La existencia de vecinos colaboradores es una práctica muy antigua, eficaz y eficiente en la medida que se aplique un viejo aforisma de quienes hemos trabajado en seguridad, “Hay ciertas medidas de seguridad se implementan y no se anuncian”.

Por último nada se dijo sobre el sistema de evaluación que se utilizará para medir la eficacia de dichas medidas. El futuro gobierno deberá entregar en Abril los resultados de la ENUSC 2009 y dicho guarismo será el punto de partida para evaluar cuantitativamente los resultados de este plan y otras medidas que puedan complementarlo.

Los indicadores del INE son claros y públicos:

Tasa de victimización de hogares en Chile:

2003 43.0

2005 38,3

2006 38,4

2007 34,8

2008 35,3

Es de esperar que junto a otras medidas preventivas de fondo constituyan la consolidación de una política de estado en esta materia, donde la disminución de desigualdades como mecanismo de inserción social y desincentivo del uso de drogas como mecanismo de incorporación al delito sean piedras fundantes de un descenso sostenido de la victimización y, con ello un incremento en la paz social de todos los chilenos. Para ello, siempre contarán con mi trabajo.

GABINETE DE PIÑERA I

Recientemente el presidente electo ha anunciado a su gabinete ministerial. Hay quienes se han impresionado por los nombres escogidos y han hecho crìticas inmediatas a la incorporación de alguno de sus integrantes. ¿Por què se les podría criticar? Por ser empresarios o estar vinculados a dicho mundo? Es acaso un delito o una simple falta dicha situación? Ciertamente no.

Ademàs què novedad ha de existir, si las chilenas y chilenos eligieron como Presidente de la Repùblica a un empresario, inversionista, especulador, agente de negocios o como se le quiera llamar; y resulta de toda lògica que escoja a sus colaboradores de entre sus habituales compañeros de funciones, empleados o conocidos del mundo privado.

Por lo anterior es que creo que se debe dejar que el Presidente electo designe soberanamente a sus colaboradores sin cuestionar a priori a su equipo ministerial ni criticar su origen laboral.

Otra cosa muy distinta y que creo fundamental, es poner una voz de alerta preventiva sobre una situación que pudiera ser compleja de no resolverse a tiempo. Los eventuales conflictos de interés que pudieren afectar a algunos de sus miembros al ejercer sus funciones.

Que hará el ministro de salud cuando deba resolver situaciones relacionadas con la salud privada? ¿Què acción adoptarà el nuevo ministro de educación si debe decidir respecto de la acreditación de la universidad de la cual era parte de su directorio? ¿Que posición tomarà la Ministra del Trabajo frente a denuncias de abusos laborales en Lan? ¿Que corresponderìa que hiciera el canciller frente a un eventual conflicto comercial internacional de una de las empresas de la cual era director? ¿Serìa correcto y prudente que el Presidente de la Repùblica firmara una indicación sobre televisión digital mientras no se deshaga de manera definitiva de su canal de televisión? En fin, sin siquiera poner en duda la probidad de dichas personas, ciertamente estas situaciones pueden ponerlos en posiciones muy complejas y sus funciones pueden exigir decisiones que serìan inapropiadas de adoptar considerando sus vinculaciones directas, lo que puede producir situaciones de tensión que ciertamente sería mejor evitar.

Un buen amigo, me hacìa referencia al artículo 12 de la Ley de Bases Generales de la Administraciòn del Estado, en particular al deber de abstención que tienen las autoridades y funcionarios cuando existe un interés en el asunto que debe ser sometido a su decisión. Una mirada màs profunda sería recomendable a fin de no encontrarnos con sorpresas al poco andar.

No obstante lo anterior. Hoy màs que nunca cobra relevancia un proyecto de ley que se encuentra en la comisión de constitución de la Càmara de Diputados y sobre el cual la alianza se ha negado sistemáticamente a apoyar. El Fideicomiso ciego, que tiene por objetivo, justamente buscar una solución jurídica a un problema de hecho como lo son los conflictos de interés entre la actividad pública y los negocios en el sector privado.

Màs allà de la situación coyuntural, Chile debe ponerse pantalones largos en esta materia y crear un sistema de reciprocidad entre la transparencia del sector público y la transparencia que debe imperar en la relaciòn negocios y política o actividad pùblica.

Aunque parezca difícil debemos ser capaces de hacer abstracción de los gobernantes de turno y dar pronta, adecuada y feliz solución a estas situaciones de hecho que sòlo contribuyen a incrementar el manto de dudas que pesa sobre la actividad pública y, en particular respecto de quienes la ejercen.

En los países subdesarrollados o en vìas de desarrollo, la focalización de los recursos públicos que la autoridad haga impacta de manera direta en los màs desposeídos, por ello es que los deseos iniciales es que a este equipo le vaya bien. No obstante, como parlamentario de oposición me debo a los ciudadanos, no sòlo a aquellos de mi distrito sino a todos los que por diversas circunstancias requieren de un apoyo para mejorar su calidad de vida y, en tal condición defenderè aquellos proyectos que beneficien a los que tienen menos y disminuyan la desigualdad. Si en el transcurso de la gestión algunos de estos integrantes se aparta del objetivo de disminuir la desigualdad será debidamente representado de manera directa y respetuosa como corresponde a una democracia que abraza el bicentenario y a una generación que ya no sòlo mira el futuro, sino que trabaja en la construcción de un futuro mejor.

REVOLUCIÒN DIGITAL Y DEMOCRACIA

Chile ha cambiado. Las chilenas y chilenos no somos los mismos que hace una década. Un quinquenio o un par de años. Los avances sociales, económicos, en libertades y tecnològicos han ido cambiando nuestra fisonomía social y, con ello nuestras características básicas.

El nacimiento de la imprenta permitió poner por escrito lo que muchos pensaban o declamaban sin mayor impacto. La verdad ya no era lo que dictaba el patrón, había màs opiniones y oportunidades para conocerlas. Con la impresión de la palabra nació la sociedad de la razón y, desde allì avanzamos a la sociedad democràtica. Los ciudadanos pudieron iniciar un proceso de conocimiento de la diversidad y de un conjunto de derechos que anteriormente ignoraban de su existencia. Pudieron comparar procesos e ideas y, con ello, incrementar su capacidad de discernir sobre su realidad y sus gobernantes.

Hoy, nuestra generación y, en particular quienes nos están sucediendo tenemos el privilegio de ser protagonistas de la historia. De una nueva revolución que, al igual que la imprenta, està cambiando de manera definitiva el curso de la historia y de nuestros pueblos. Si la imprenta permitió poner por escrito y difundir entre los ciudadanos de una determinada localidad diversas ideas o discusiones y con ello surgieron cuestionamientos al “sistema”; la revolución digital definitivamente mutarà los destinos del mundo en mucho menor tiempo, dada su instantaneidad, democracia y amplitud de oferta. La revolución digital esta permitiendo que los ciudadanos de hoy conozcan de primera fuente y en tiempo real los hechos que acaecen al otro lado del mundo. Es susceptible comparar estilos de gobierno, procesos sociales, evolución en los derechos, e incluso, buscar solidaridad internacional a fenómenos locales. Es decir, el surgimiento de internet como carretera de la información està transformando la forma de vivir y de relacionarnos en una comunidad. Conceptos como chat, comunidad global, live streaming, mail, twitter y muchos otros están en el léxico habitual de la nueva sociedad digital de nuestro país. Los medios de comunicación han debido evolucionar con rapidez a fin de salvar su existencia y permanecer vigentes ante ciudadanos globales, conectados e informados; que en tiempo real pueden informarse por la red sin esperar la impresión de noticias o acontecimientos. El sector productivo utiliza la red como forma de promoción de negocios y penetración de nuevos mercados. Los proveedores de servicios que hoy no están en la red prácticamente quedan marginados de nuevas oportunidades.

De igual forma, la política no puede, ni debe quedar fuera de este proceso. La revolución digital le ofrece, en momentos de profundo cuestionamiento global, una salida amigable y una reconexiòn con la ciudadanía. Asì, las tecnologías disponibles permiten acercar la actividad política a los ciudadanos/electores a fin de mantener comunicación permanente que permita la interrelación ya no sòlo como oferta de servicio, sino como mecanismo de ida y vuelta de información, ideas, proyectos, planes y programas. Mecanismo de legitimación de la actividad pública, en particular en la relación entre representantes populares y representados. Hoy es posible conocer en tiempo real la asistencia y votación e representantes populares. Es posible crear sistema de consulta de opinión de determinados proyectos ex ante su discusión en el parlamento. Resulta viable crear livestreaming periódicos para intercambiar opiniones o abrir puertas a propuestas ciudadanas. Es decir, hoy la democracia puede ser fortalecida y profundizada gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, debemos ser capaces de hacerlo y, de promoverlo no solo como moda, o para mejorar la imagen de la actividad; sino como mecanismo de accountability de la actividad pública.

Es de esperar que el nuevo gobierno continúe y acelere el proceso de fortalecimiento de la conectividad y avance sustancialmente en la adecuada regulación del mercado de internet a fin de crear estándares básicos de calidad del servicio. Propender a la implementación de nuevas inversiones pùblicas y privadas que mejoren la conectividad para no quedarnos al margen de esta carretera global de comunicaciones. Consagrar la neutralidad de la red y velar por la existencia de verdadera competencia en este mercado que, tal como señalè anteriormente, ya no constituye un servicio tecnològico adicional, sino que se ha transformado en una necesidad para profundizar el desarrollo y nuestra democracia.