El Congreso nacional ha tratado de manera exhaustiva las diversas iniciativas destinadas a permitir que las municipalidades puedan determinar el cierre de pasajes y calles con el objeto de beneficiar las condiciones situacionales de seguridad barrial.
Ciertamente se trata de un proyecto complejo y controvertido. La controversia y complejidad radican en la colusión de un conjunto de derechos. El derecho a la libertad ambulatoria, el acceso universal a los bienes nacionales de uso público. Las facultades restrictivas sobre ellos de la autoridad edilicia. La seguridad ciudadana de los vecinos e incluso la libertad para ejercer actividades económicas de locatarios ubicados en lugares potencialmente limitados de acceso.
Mas allá de la colusión jurídica –que por lo demás a estas alturas del desarrollo del derecho es imposible no tenerlas al crear nuevas normas- en lo personal tengo profundas contradicciones que aún no logro resolver. Por una parte soy un convencido de la necesidad de concebir las ciudades y espacios públicos como punto de encuentro. Punto de encuentro de ciudadanos con otros ciudadanos y con el patrimonio cultural y arquitectónico de nuestras ciudades. En tal sentido, la limitación de accesos, los cercos, las restricciones urbanas atentan contra este fin y, ciertamente el proyecto en comento atenta contra esta concepción.
Cerrar pasajes y calles ciertamente no garantiza inmunidad delictual, pero es un hecho demostrable la disminución de la victimización en hogares cuyos accesos poseen mayores restricciones respecto de aquellos que no la tienen. De igual forma, el elemento subjetivo de la inseguridad, el temor, disminuye considerablemente en las familias que han logrado mayores resguardos de sus espacios inmediatos.
Mas allá de las disquisiciones teóricas que he planteado de manera superflua, creo que el debate –y por cierto las normas e instituciones- ha sido superado por la práctica. En efecto, hoy, en nuestras ciudades ha proliferado el cierre de calles y pasajes. Lamentablemente esta proliferación ha sido inorgánica, sin la regulación adecuada, sin la transparencia de los procesos de aprobación o rechazo y carente de objetividad. En muchos casos los cierros responden a presiones vecinales a la autoridad local o a la autotutela vecinal en desmedro de vecinos que promueven la vida en los espacios públicos. Así, el avance “privatizador” del espacio público va en aumento y, con él la ciudad pierde espacios de encuentro y reunión. Por ello es que se requiere una regulación adecuada para hacerse cargo de una situación real y actual que hoy afecta a los ciudadanos y a las ciudades y barrios. Terminar con esta proliferación desregulada de cierros de calles y pasajes que está restringiendo de manera desmesurada el acceso de ciudadanos a los espacios públicos.
El proyecto en comento avanza en tal sentido, estableciendo como responsable de estas autorizaciones a los Alcaldes. Esto no es menor, ya que termina con la posibilidad de autotutela o decisión vecinal autónoma e impone a una autoridad elegida y responsable política, jurídica y administrativamente a cargo del tema. Por de pronto sus resoluciones son susceptibles de ser recurridas ante el organismo contralor o ante el órgano jurisdiccional competente, lo que le da al ciudadano herramientas prácticas para reclamar su eventual disconformidad. Además al Alcalde se le exige el concurso del concejo municipal, (órgano colegiado elegido en votación popular por los vecinos); el apoyo de al menos 90% de los vecinos afectados; la autorización del cierro es por 5 años renovables; dicha resolución es revocable con al menos el 50% de los vecinos; y la autorización siempre debe adoptar medidas para garantizar el ejercicio de actividades económicas en caso que existan locales comerciales al interior de la calle o pasaje a cerrar.
Esta regulación avanza en el sentido correcto, toda vez que evita la proliferación inorgánica, la privatización del suelo y pone a una autoridad a cargo quien, en casos fundados, podrá autorizar los cierros bajo ciertas condiciones y previo informe de carabineros del sector y del cuerpo de bomberos local.
Las soluciones de la seguridad no pueden descansar exclusivamente en medidas punitivas ni tampoco en medidas situacionales. No es justo encomendar a la ciudad la solución de un problema complejo y multicausal como la delincuencia y la violencia. Estas y otras deben ser consignadas como elementos coadyuvantes y complementarios. No podemos seguir restringiendo los espacios públicos como forma de incrementar los niveles de seguridad. Pero resulta igualmente injusto dejar al vacío y al arbitrio de autoridades o vecinos poderosos la decisión inconsulta de cierros de calles y pasajes. Frente a la actual realidad es mejor contar con una regulación que restrinja, regule y desincentive los cierros que dejar un vacío no inocuo, sino uno discriminador, agresivo y destructor de barrios y ciudades.
