Uno de los principales desafíos que, como gobierno, asumimos al momento de diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era desarrollar un sistema que diera cuenta de la nueva realidad de violencia, delitos y temor que vive Chile y, a la vez, optimizara la repuesta pública al fenómeno en su integralidad.
Sobre la base de este enfoque es que se definió como uno de los seis ejes orientadores de la estrategia el de la “Institucionalidad”, donde se comprometió la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública, un Servicio para la Prevención del Consumo de Drogas y una estructura territorial a través de la cual la estrategia pudiera concretarse a lo largo del país. Esto último se ha concretado en lo que denominamos “Planes Regionales de Seguridad Pública”, instrumentos de gestión que expresan la voluntad del Estado por responder a la realidad delictual de cada región de manera más eficiente y con una coordinación adecuada de todas las instituciones involucradas.
No es posible aplicar las mismas soluciones en el norte de Chile, donde se concentra un tipo particular de delitos, diversos de los ocurridos en la zona centro, en las grandes ciudades, pequeñas localidades rurales o en el sur de nuestra nación. Asumir esta realidad diversa nos permite contar con una Estrategia Nacional de Seguridad Pública realista, que se haga cargo de las particularidades de cada región, provincia o comuna.
Pensando en ello y en un principio básico de la gestión pública moderna, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, constituye un instrumento de gestión, ordenador, eficiente y eficaz que de cara al país compromete la reducción del número de hogares victimizados por algún delito al menos en un 10%, lo que equivale a 150 mil hogares menos; y el número estimado de delitos de mayor connotación social, al menos en un 9%, equivalente a 250 mil delitos.
Desde noviembre del año pasado, cuando dimos a conocer públicamente la estrategia, las trece intendencias del país se abocaron a crear los Consejos Regionales de Seguridad Pública, órganos responsables de coordinar los planes, que contienen un diagnóstico delictivo de la zona, metas concretas y acciones que permitan alcanzarlas. Estas últimas, además, en línea con los ámbitos de trabajo prioritarios definidos por la Estrategia Nacional, Institucionalidad, Información, Prevención Social y Situacional, Rehabilitación, Control y Sanción y Asistencia a Víctimas. Todos aspectos centrales de una visión sistémica del fenómeno delictual, capaz de enfrentar de manera integral un fenómeno que atemoriza a la ciudadanía.
Respecto del diagnóstico, los Planes Regionales se sustentaron en la información entregada por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), lo que permitirá dirigir los esfuerzos a reducir la victimización real, superándose así, la tendencia de medir la criminalidad exclusivamente a partir de las estadísticas de denuncias, y por tanto, supeditar los avances en seguridad sólo al aumento o baja de éstas.
En cuanto a las metas en victimización, éstas por primera vez han comprometido a toda la región y no sólo a microespacios al interior de ellas como comunas o barrios. Si bien esto constituye un trabajo más difícil y ambicioso, permitirá verificar efectivamente el resultado de cada estrategia. Relacionado con lo anterior, los planes incorporaron, de manera inédita, compromisos concretos de Carabineros, que se traducen en objetivos y responsabilidades precisas.
Como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enfrenta con igual énfasis el control y la prevención, los Planes Regionales de Seguridad Pública también incluyeron acciones relacionadas con los factores sociales y situacionales que potencian la delincuencia.
La puesta en marcha de los Planes Regionales de Seguridad Pública viene a demostrar el compromiso real que tenemos como gobierno de enfrentar el fenómeno de la delincuencia con soluciones efectivas, permanentes en el tiempo, y no efectistas, que respondan sólo a intereses coyunturales. Así entendemos que debe ser una Política de Estado con visión de País.
El llamado final es a redoblar esfuerzos para materializar este inédito instrumento de gestión en una aplicación práctica que permita a cada ciudadano gozar de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Esta tarea no es sólo de los funcionarios de gobierno, aquí hay un compromiso de instituciones policiales, empresariales, legislativas, vecinales, eclesiásticas, en fin, de la sociedad en su conjunto, ya que somos muchos más los que queremos vivir con crecientes grados de tranquilidad y no podemos sesgar en el esfuerzo de aportar a un chile más seguro.
Sobre la base de este enfoque es que se definió como uno de los seis ejes orientadores de la estrategia el de la “Institucionalidad”, donde se comprometió la creación de una Subsecretaría de Seguridad Pública, un Servicio para la Prevención del Consumo de Drogas y una estructura territorial a través de la cual la estrategia pudiera concretarse a lo largo del país. Esto último se ha concretado en lo que denominamos “Planes Regionales de Seguridad Pública”, instrumentos de gestión que expresan la voluntad del Estado por responder a la realidad delictual de cada región de manera más eficiente y con una coordinación adecuada de todas las instituciones involucradas.
No es posible aplicar las mismas soluciones en el norte de Chile, donde se concentra un tipo particular de delitos, diversos de los ocurridos en la zona centro, en las grandes ciudades, pequeñas localidades rurales o en el sur de nuestra nación. Asumir esta realidad diversa nos permite contar con una Estrategia Nacional de Seguridad Pública realista, que se haga cargo de las particularidades de cada región, provincia o comuna.
Pensando en ello y en un principio básico de la gestión pública moderna, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, constituye un instrumento de gestión, ordenador, eficiente y eficaz que de cara al país compromete la reducción del número de hogares victimizados por algún delito al menos en un 10%, lo que equivale a 150 mil hogares menos; y el número estimado de delitos de mayor connotación social, al menos en un 9%, equivalente a 250 mil delitos.
Desde noviembre del año pasado, cuando dimos a conocer públicamente la estrategia, las trece intendencias del país se abocaron a crear los Consejos Regionales de Seguridad Pública, órganos responsables de coordinar los planes, que contienen un diagnóstico delictivo de la zona, metas concretas y acciones que permitan alcanzarlas. Estas últimas, además, en línea con los ámbitos de trabajo prioritarios definidos por la Estrategia Nacional, Institucionalidad, Información, Prevención Social y Situacional, Rehabilitación, Control y Sanción y Asistencia a Víctimas. Todos aspectos centrales de una visión sistémica del fenómeno delictual, capaz de enfrentar de manera integral un fenómeno que atemoriza a la ciudadanía.
Respecto del diagnóstico, los Planes Regionales se sustentaron en la información entregada por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), lo que permitirá dirigir los esfuerzos a reducir la victimización real, superándose así, la tendencia de medir la criminalidad exclusivamente a partir de las estadísticas de denuncias, y por tanto, supeditar los avances en seguridad sólo al aumento o baja de éstas.
En cuanto a las metas en victimización, éstas por primera vez han comprometido a toda la región y no sólo a microespacios al interior de ellas como comunas o barrios. Si bien esto constituye un trabajo más difícil y ambicioso, permitirá verificar efectivamente el resultado de cada estrategia. Relacionado con lo anterior, los planes incorporaron, de manera inédita, compromisos concretos de Carabineros, que se traducen en objetivos y responsabilidades precisas.
Como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enfrenta con igual énfasis el control y la prevención, los Planes Regionales de Seguridad Pública también incluyeron acciones relacionadas con los factores sociales y situacionales que potencian la delincuencia.
La puesta en marcha de los Planes Regionales de Seguridad Pública viene a demostrar el compromiso real que tenemos como gobierno de enfrentar el fenómeno de la delincuencia con soluciones efectivas, permanentes en el tiempo, y no efectistas, que respondan sólo a intereses coyunturales. Así entendemos que debe ser una Política de Estado con visión de País.
El llamado final es a redoblar esfuerzos para materializar este inédito instrumento de gestión en una aplicación práctica que permita a cada ciudadano gozar de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Esta tarea no es sólo de los funcionarios de gobierno, aquí hay un compromiso de instituciones policiales, empresariales, legislativas, vecinales, eclesiásticas, en fin, de la sociedad en su conjunto, ya que somos muchos más los que queremos vivir con crecientes grados de tranquilidad y no podemos sesgar en el esfuerzo de aportar a un chile más seguro.
