INTELIGENCIA Y FARC

En días recientes la ciudadanía ha sido testigo de un acalorado debate público respecto de información originada por la inteligencia colombiana donde se habla de supuestas vinculaciones entre las fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y organizaciones chilenas lo que sin duda ha causado conmoción pública; por lo que resulta conveniente despejar algunos puntos de la discusión:

1- En relación al origen de la información: Resulta extremadamente complejo que autoridades de un gobierno se permitan hacer entrega de información de inteligencia a personas que no sólo no tienen ninguna representación oficial para intervenir en relaciones internacionales de un país o en materias propias de la seguridad nacional; sino que activos miembros de la oposición política y mas aún uno de ellos sólo ostenta la categoría de pre-candidato presidencial.

2- En relación al manejo de la información de parte de los políticos: Ciertamente constituye una actitud responsable de parte de los receptores de la información el entregarla al ente encargado de la persecución criminal a fin de investigar la veracidad de la misma. No obstante, su difusión parcial e interesada a través de diversas entrevistas y su posterior entrega a un medio de comunicación revela la incapacidad absoluta en el manejo prudente y discrecional de información relevante para la seguridad del país.

3- Respecto de las acciones de la ANI: Para escudar la “bendita imprudencia” de filtrar la información, se ha pretendido poner en sinónimo el hecho de no entregar la información al Ministerio Público y la pasividad del ente a cargo de la inteligencia nacional. Nada más alejado de la realidad. La autoridad colombiana al entregar dicha información a la ANI le pide “expresa reserva y manejo exclusivo para los fines de inteligencia”. Es decir, que realicen acciones indagatorias para buscar información que pudiere corroborar, o desmentir la entregada. Eso es justamente lo que se hace. Se indaga la veracidad de la información, se coteja con información histórica y proveniente de fuentes diversas.

4- Respecto al periodista Hugo Guzmán: Quizás es uno de los mayores pecados cometidos por los “filtradores”. Poner el nombre de una persona y vincularla públicamente con las FARC sin mediar pruebas de ello, resulta imperdonable. De manera gratuita se estigmatiza a una persona y se presiona políticamente para desemplearlo.

La derecha debería saber de estas vinculaciones lineales donde por la sola acción se presume un encadenamiento de hechos. Allamand y Piñera se reunieron con Pía Guzmán los días previos a la denuncia que ella hiciera en el caso Spiniak. Ese sólo hecho hizo a algunos presumir que ellos sabían de las denuncias que a posteriori realizaría la diputada. Pero entonces, ellos levantaron la voz diciendo que nada tenía que ver una cosa con la otra e invocaron el principio de inocencia y muchos otros que aparentemente olvidaron con el paso de los años.

En materias de seguridad e inteligencia, muchas veces la reserva de la información marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de operaciones relevantes. Por tanto resulta justo preguntar ¿por qué debiera saber Piñera y Espina si la ANI hizo algo con la información? Será que ellos creen que si no saben significa que nada se hace?
Se imagina usted si el Ministerio del Interior, las policías o el Ministerio Público se dedicara a entregar a los medios de comunicación la cantidad de información y denuncias recibidas (muchas veces infundadas), donde se “vincula” a gente conocida y ciudadanos honestos en actividades dudosas?

Bueno, eso no ocurrirá, porque los que gobernamos desde el año 1990, sabemos hacerlo, con responsabilidad y prudencia y esperamos que aquellos que al menos aspiran a ello tengan el tiempo suficiente para aprender que gobernar exige ciertas virtudes, dentro de las cuales la prudencia (que lamentablemente no se adquiere) cobra un rol fundamental. Dónde temas como la defensa de la seguridad nacional, la seguridad interior o las relaciones exteriores, deben ser abordados con prescindencia de ansiedades electorales, dónde prime la responsabilidad y el sentido de Estado (con mayúscula) y que jamás se intente enlodar a Chile haciendo alianzas espúreas con organismos extranjeros.

ARMAS, VIOENCIA Y DELINCUENCIA

Las sociedades que caminan por senderos de tranquilidad y buscan la paz como parte consustancial de su modelo de desarrollo requieren disminuir los niveles de violencia interna. Para lograr dicho objetivo se deben adoptar un conjunto de medidas englobadas en una estrategia constante y permanente de inclusión social, disminución de condiciones de riesgo, disminución de la segregación urbana, alternativas de educación, emprendimiento y empleabilidad y, por supuesto, incrementar de manera determinante los costos de causar violencia o realizar acciones delictuales.

No cabe duda alguna que uno de los elementos que genera mayor sensación de inseguridad es el verse afectado por un hecho de violencia y, en particular por un hecho delictual. Si en él median además armas de fuego, la sensación de vulnerabilidad se incrementa de manera considerable. Por ello, es que como parte integrante de la Estrategia nacional de Seguridad pública, se ha considerado necesario incrementar los niveles de control e incautación de armas de fuego. En efecto, en lo que va corrido del año, las policías han incautado armas de fuego en un sinnúmero de operativos policiales. Labores de inteligencia, información cerrada y abierta y un apoyo determinante de los fiscales del ministerio público han permitido incrementar porcentualmente la incautación de armas de fuego. ¿De dónde provienen dichas armas? Algunas son legalmente inscritas por personas que no poseyendo antecedentes penales acceden a ellas por la flexibilidad de las normas vigentes y que con posterioridad deciden incursionar en actividad delictual. Otras que son hurtadas o robadas de los domicilios que son víctimas de un atraco; otras, que son extraviadas por sus titulares; otras que provienen de la fabricación artesanal. En todos los casos anteriores, se debe actuar con severidad. El objetivo debe ser unívoco, reducir el poder de fuego en manos de delincuentes o, que potencialmente pueda llegar a ellas. Por ello es que, junto con potenciar las funciones de control de armas en manos de los delincuentes a través de operaciones policiales, se requiere apuntar hacia la fuente u origen de las mismas. Así, el gobierno ha enviado un proyecto de ley destinado a regular con mayor restricción la tenencia de armas de fuego. Este proyecto se basa en una concepción del modelo de sociedad que se quiere construir. Por ello es que adhiere a la tesis de que mientras menor sea la cantidad de armas de fuego que circulan en manos de particulares, estaremos aportando a la disminución de los indicadores de violencia. Hay quienes en medio de los hechos de violencia, rasgan vestiduras contra la tenencia de armas, pero que a la hora de legislar, se vuelven defensores de la tenencia de armas de fuego. Invocan el mercado, la subsidiariedad del estado y un conjunto de frases ideológicamente gastadas que en nada apuntan a lo que el ciudadano quiere. Más seguridad, menos violencia. 

Resulta curioso observar que lo planteado por un centro de estudio en los debates legislativos sea plenamente coherente con lo que plantea la industria que vende armas en nuestro país. Sin duda se trate de una coincidencia desde la óptica del desarrollo de un mercado, pero que en nada se hace cargo del sufrimiento que los familiares enfrentan cuando un menor resulta fallecido por la mala manipulación de las armas de sus padres o el sufrimiento de los familiares de los policías que pierden la vida intentando disminuir hechos delictuales.

Desde el gobierno, defenderemos el derecho a disminuir las armas en manos de particulares, delincuentes y honestos. Respecto de los primeros con la mayor dureza que el ordenamiento jurídico y la persecución penal permite. Pero respecto de los segundos, regulando con mayor restricción la tenencia de armas en manos de particulares, porque cada vez que se roban un arma de fuego en un hogar, el ciudadano deslinda responsabilidad haciendo una mera denuncia; mientras que las policías arriesgan sus vidas persiguiendo dichos objetos bélicos.

La industria de las armas y los centros de estudio que sustentan la teoría de la liberalización del mercado de las armas, podrán seguir planteándole al país que las armas son sinónimo de paz, mientras que por el otro lado, estaremos el Gobierno, las iglesias católica y evangélicas y las policías abogando por un mundo sin armas para que todos podamos vivir en un mundo con menores niveles de violencia.

COBARDÍA PUERTAS ADENTRO

El delito comunmente denominado “femicidio” es una de las agresiones de mayor complejidad para su erradicación. En efecto, al ser la máxima expresión de la violencia intrafamiliar, este tipo de ilícitos se producen –por regla general- al interior de los hogares o “puertas adentro” razón por la cual, por mayor que sea la presencia policial en la comunidad, ésta aisladamente carecerá de efectividad toda vez que resultaría imposible para cualquier sistema, tener presencia policial activa por cada una de las casas donde potencialmente pueda darse esta deleznable situación de violencia.

Este cobarde ilícito genera profundas heridas en aquellos que la sufren, sea directa o indirectamente. De hecho, al consultar a los agresores, un porcentaje mayoritario de ellos declara haber sido sujeto de agresión en su infancia o adolescencia.

En efecto, el ser agredido al interior del hogar genera la destrucción de parámetros básicos del desarrollo emocional. Así, para un menor, el sujeto al cual debe aferrarse como modelo conductual se encuentra en la figura de sus progenitores. Al observar actitudes de agresividad proveniente de ellos, el menor sufre un quiebre en su percepción natural de seguridad humana. Su instinto de sobrevivencia le ordena ir en contra de lo que su naturaleza originaria le indicaba, aferrarse a la figura paterna o materna como elemento de protección. 

De igual forma, para cualquier persona, el hogar constituye un refugio frente a las adversidades, sean de origen natural o provocadas. En efecto, frente a una catástrofe natural, muchas veces se intenta –de manera casi irracional- llegar al hogar. Frente a la victimización delictual en el espacio público, de igual forma se busca llegar al hogar. Pero ¿qué ocurre cuando el lugar donde naturalmente debiéramos sentirnos protegidos, resulta ser la cuna de la inseguridad? ¿Dónde recurre el agredido? Quién lo acoge, adonde regresa después de una denuncia? Es decir, los pilares fundamentales de seguridad (Padres y hogar) se han quebrantado; y en muchos casos para siempre, con el consiguiente trastorno emocional y sus casi predecibles consecuencias futuras.

Así entonces, este tipo de ilícitos sólo tenderá a disminuir con medidas de fondo que apunten al mismo tiempo a: disminuir las condiciones de riesgo para agredir o amenazar; la prevención educativa; , la socialización de la necesidad que asiste a los vecinos para denunciar este tipo de hechos; la oportuna asistencia a quienes denuncian agresiones o amenazas al interior del hogar; una eficiente labor de protección de la víctima; la efectiva persecución criminal respecto de sus hechores; el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares o sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales correspondientes; y la necesaria rehabilitación de los agresores condenados a fin de disminuir o quizás evitar la reincidencia. 

Es por ello entonces, que los anuncios realizados por el Ministro(s) de justicia en orden a crear un programa destinado a rehabilitar a los agresores serán un verdadero aporte a la política pública impulsada por el Sernam en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que busca incrementar los niveles de seguridad de nuestra comunidad y particularmente de nuestras familias y niños.

Finalmente, creo necesario hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad para sumarse a una gran cruzada para disminuir la agresividad intrafamiliar, a fin de dar a nuestros niños niveles de educación acordes con la sociedad que queremos basada en el respeto y la solución pacífica de nuestras controversias, en definitiva a tener un Chile más seguro para nuestros hijos.

EL VALOR DE LA PAZ SOCIAL

Con el advenimiento de la democracia a comienzos de la década del 90, el país comenzó a enfrentar quizás el desafío más complejo de su historia. Ser capaces de reconstruir las confianzas básicas entre los diversos actores sociales para dar conducción pacífica y productiva a nuestra nación.
La traumática experiencia previa que dividió a los chilenos, hacía prácticamente inviable las posibilidades de crear instancias de conversaciones sobre aspectos tan relevantes como la pacificación del país, la reconstrucción de la democracia como forma de gobierno y el respeto por la institucionalidad y al estado de derecho.
Pero los esfuerzos de un sinnúmero de dirigentes políticos, sociales, empresariales y eclesiásticos permitieron darle rumbo al proceso democratizador.

Los años 90 estuvieron marcados por los esfuerzos colectivos por retomar el diálogo como forma de resolución de las divergencias y controversias en la sociedad nacional, proceso que a poco andar ganó adeptos que querían un Chile -aunque con legítimas divergencias- con unidad en temas básicos de gobernabilidad.

Pero no todos los sectores apoyaban este proceso. Hoy, a casi 20 años de entonces, corresponde recordar que en aquella época, existían en nuestro país grupos, células y movimientos que reivindicaban la violencia como forma de manifestación. Siglas que identificaban a diversos grupos u organizaciones aparecían por doquier tras cada asalto a entidades bancarias o atentados a autoridades o unidades policiales. Como no recordar la muerte de un Senador de la república; o de funcionarios policiales que cumplían funciones de seguridad del intendente metropolitano o de ciudadanos anónimos en poblaciones del país. Todas igualmente condenables. Se trataba entonces de grupos subversivos descolgados de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Mientras los primeros habían gestado la lucha contra la dictadura; los segundos habían quedado al margen de los servicios de seguridad del régimen militar. Unos y otros atentaban contra chilenos y chilenas, causando temor en la población. Esta minoría intentaba poner en jaque el sistema a fin de lograr sus particulares objetivos; y, respecto de los cuales, se requería un acuerdo nacional que permitiera un accionar rápido y eficaz en pos de la paz social.
Los acuerdos dieron sus frutos. Una vez más Chile estuvo a la altura de las demandas de la sociedad por vivir en paz y tranquilidad. Los actores de la época fueron capaces de ir disminuyendo progresivamente la violencia política, al punto de aislar como sociedad a aquella minoría violenta, terminando con la desarticulación de quienes causaban el temor ciudadano.
Poco a poco, la democracia logró ir consolidando las condiciones de tranquilidad social, donde comenzó a coexistir el derecho de manifestarse con el derecho a la tranquilidad y el respeto al orden público. La ciudadanía, comenzó progresivamente a descubrir que le asistía el derecho de manifestarse en los espacios públicos con pleno respeto a la integridad física y a la propiedad pública y privada ajena. Así, hacia comienzos de la segunda mitad de la década de los 90, Chile recibe el reconocimiento de la comunidad internacional, por su apertura al mundo y las envidiables condiciones de paz social. Inversiones extranjeras, convenciones internacionales, cumbres de jefes de Estado y Gobierno, disminución de las condiciones de riesgo internacional; solicitud de intercambio de experiencias en seguridad; son algunos de los indicadores que comienzan a incrementarse en virtud de un conjunto de factores, dentro de los cuales la paz y la tranquilidad jugaron un papel fundamental.

Hoy, gracias a muchos actores públicos y privados, conocidos y anónimos, nuestra democracia es más robusta. Nadie se cuestiona el régimen político, aunque exista alguno que añore un “desalojo”, las alternativas son dentro del régimen democrático (aunque pareciera una reflexión obvia, a comienzos de los 90 no resultaba tan evidente). De igual forma, la ciudadanía se ha visto en un creciente proceso de empoderamiento social y político. Hoy, el ciudadano exige lo que antes sólo se atrevía a pedir. Reclama del sistema condiciones que antes no imaginaba. Vivienda, ya no sólo en su cobertura, sino con calidad, ubicación y condiciones de financiamiento. Salud, con cobertura, gratuidad, calidad y oportunidad. Educación, con calidad, infraestructura, tecnología, materiales y alimentación. Los trabajadores, exigen el mejoramiento de las condiciones laborales; un trato igualitario (O al menos similar) entre quienes cumplen funciones análogas en una misma empresa y pertenecen a entidades externas. Protección del medio ambiente por sobre las necesidades energéticas del país. Demandas de pueblos originarios, por contar con una política de reconocimiento e inclusión social de fondo y ya no meramente de asistencialidad. En fin, la sociedad actual ha cambiado. El ciudadano es más exigente y muchas veces las demandas de los grupos organizados suponen ingresos fiscales similares al de los países del primer mundo. Pero mas allá de la pertinencia de las demandas, lo importante es cuidar las formas en que hoy estos grupos las están planteando. Así, al observar los últimos hechos de violencia surge la necesaria reflexión en orden a que el sistema político y social en su conjunto debe plantearse. Cómo somos capaces de hacernos cargo como sociedad de estos cambios y cómo diseñamos un sistema que sea capaz de dar oportuna respuesta a las demandas sociales y aislar a aquellos que hoy, en otra época y bajo otras motivaciones, vuelven a reivindicar la violencia como forma de expresión. Es entonces cuando debemos plantearnos un desafío país. Lograr la coexistencia de los derechos de manifestación con los de preservación de la paz y la tranquilidad social. Este no será un desafío menor. Implicará orientar a los actuales dirigentes sociales en el sentido de exigir sus derechos con respeto al resto de los ciudadanos; a pedirle –como la ha señalado S.E. la Presidenta de la república- a la autoridad sectorial, sea local o nacional un contacto directo con la ciudadanía para palpar el sentir de la comunidad de manera oportuna; y, quizás lo de mayor relevancia sea educar a las futuras generaciones bajo los conceptos del respeto por la democracia y por sus habitantes. Los valores de la vida y la integridad de las personas, su rol como actores de la sociedad y el principio de la responsabilidad de los actos propios.

Chile ha caminado por la senda del diálogo y la razón durante casi 20 años. Hoy, que la sociedad ha cambiado, y se torna cada día más exigente y demandante, se requiere renovar el compromiso nacional con el camino de la paz y la tranquilidad en virtud del cual podremos seguir profundizando el proceso democratizador y modernizador que tantos frutos le ha dado a Chile y sus habitantes.