Tiempos de «cosecha», agitación y desafíos

Durante su último año, este gobierno podrá consolidar y cosechar el resultado de las grandes reformas y políticas públicas que ha impulsado. Así, en 2009 veremos la ampliación de los beneficios de la reforma previsional a cerca de 200.000 personas, además se incrementará el monto de las pensiones básicas solidarias, lo que generará un impacto directo en la superación de las condiciones de pobreza del segmento adulto mayor. O, la implementación de 900 nuevas salas cunas que junto con darle oportunidades de formación y afecto a los más pequeños del país, consolidará su impacto en el incremento de la fuerza laboral femenina en el marcado del trabajo. Ello, por citar sólo algunos ejemplos.

También será un año en que enfrentaremos condiciones económicas internacionales complejas. Gracias al buen manejo macro, ello no nos golpeará en la magnitud que ha significado para otras economías, pero de todos modos tendrá algún impacto en el país, en particular en el aumento del desempleo. Por lo mismo, las prioridades de la inversión pública apuntarán a la infraestructura, y habrá una particular preocupación por apoyar a las pymes. A su vez, el eventual aumento del desempleo puede derivar en otros desafíos para el gobierno, generando impactos en los índices delictuales o, también, aumentando las movilizaciones sociales.

En lo político, evidentemente 2009 estará marcado por las elecciones presidenciales, y en particular a partir del segundo semestre ese tema tenderá a monopolizar el debate. Por lo mismo, creo que no será tiempo para lanzar nuevas iniciativas, pero sí para culminar aquellas que están en curso. Desde esa perspectiva, por ejemplo, se debería poder concretar y cerrar los proyectos ya acordados en seguridad ciudadana. Igualmente, espero que se pueda sacar adelante algo tan emblemático como la creación del Instituto de Derechos Humanos.

Un punto en que también se debe intentar avanzar de modo sustantivo son las reformas políticas. Creo que debiera ser factible lograr finalmente la aprobación de la inscripción automática y del voto de los chilenos en el exterior para mejorar los marcos regulatorios e incentivar la participacióin de los jóvenes en nuestros procesos electorales. En cualquier caso, todos estos temas servirán como una oportunidad para poner a prueba el liderazgo del candidato de la oposición al interior de su coalición, para ver si es capaz de materializar con todos los votos de su conglomerado las elocuentes promesas que ha vertido sobre este tipo de reformas.

Es indudable que el ambiente tenderá a politizarse y el debate se radicalizará, particularmente desde la oposición donde deberán definir si adhieren a la teoría del desalojo de Allamand, negando la sal y el agua al gobierno o se cumplen las promesas de cooperar por el bien de Chile impulsadas por Longueira. Veremos cual se impone.

Buena parte de la atención se centrará en el tema de las candidaturas. Si en la Concertación tenemos primarias, veremos a sus dos protagonistas recorriendo el país y planteando sus proyectos y propuestas, levantando a las bases concertacionistas y activando a nuestra fuerza electoral. Si en cambio se designa al abanderado por acuerdo político, los tiempos se adelantarán. En lo personal, como militante del PPD, yo esperaría que pudiéramos recuperar la antigua alianza progresista, pero más allá de eso destaco que las dos cartas que hoy aparecen compitiendo son figuras que acumulan una exitosa experiencia de gobierno y una probada capacidad de gobernabilidad.

De todas formas, sea cual sea el procedimiento y la figura elegida, lo claro es que el interés público estará centrado en las discusiones y enfrentamientos entre el o los candidatos de la derecha, y el de nuestra coalición. Así, el debate principal apuntará a las apuestas de futuro, más que a lo que hoy se está haciendo. Esa es una discusión que le compete a los postulantes antes que al gobierno, pero ello no significa que éste quede desplazado o sin accionar. Al contrario, mi experiencia me indica que es perfectamente compatible la «transición» entre una y otra administración, y el despliegue de un gobierno realizador, efectivamente capaz de gobernar hasta el último día.

Para enfrentar todos esos desafíos, la Presidenta está desarrollando una profunda evaluación de su equipo y no tengo dudas de que ella tiene perfectamente claro con quiénes trabaja y a quiénes necesitará para lograr lo que ha señalado en reiteradas oportunidades, las elecciones no pueden paralizar al país, se trabaja, se inaugura y se decide, hasta el último día.

EL VALOR DE LA PAZ SOCIAL

Con el advenimiento de la democracia a comienzos de la década del 90, el país comenzó a enfrentar quizás el desafío más complejo de su historia. Ser capaces de reconstruir las confianzas básicas entre los diversos actores sociales para dar conducción pacífica y productiva a nuestra nación.

La traumática experiencia previa que dividió a los chilenos, hacía prácticamente inviable las posibilidades de crear instancias de conversaciones sobre aspectos tan relevantes como la pacificación del país, la reconstrucción de la democracia como forma de gobierno y el respeto por la institucionalidad y al estado de derecho. Pero los esfuerzos de un sinnúmero de dirigentes políticos, sociales, empresariales y eclesiásticos permitieron darle rumbo al proceso democratizador.

Los años 90 estuvieron marcados por los esfuerzos colectivos por retomar el diálogo como forma de resolución de las divergencias y controversias en la sociedad nacional, proceso que a poco andar ganó adeptos que querían un Chile -aunque con legítimas divergencias- con unidad en temas básicos de gobernabilidad.

Pero no todos los sectores apoyaban este proceso. Hoy, a casi 20 años de entonces, corresponde recordar que en aquella época, existían en nuestro país grupos, células y movimientos que reivindicaban la violencia como forma de manifestación. Siglas que identificaban a diversos grupos u organizaciones aparecían por doquier tras cada asalto a entidades bancarias o atentados a autoridades o unidades policiales.

Como no recordar la muerte de un Senador de la república; o de funcionarios policiales que cumplían funciones de seguridad del intendente metropolitano o de ciudadanos anónimos en poblaciones del país. Todas igualmente condenables. Se trataba entonces de grupos subversivos descolgados de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Mientras los primeros habían gestado la lucha contra la dictadura; los segundos habían quedado al margen de los servicios de seguridad del régimen militar. Unos y otros atentaban contra chilenos y chilenas, causando temor en la población. Esta minoría intentaba poner en jaque el sistema a fin de lograr sus particulares objetivos; y, respecto de los cuales, se requería un acuerdo nacional que permitiera un accionar rápido y eficaz en pos de la paz social.

Los acuerdos dieron sus frutos. Una vez más Chile estuvo a la altura de las demandas de la sociedad por vivir en paz y tranquilidad. Los actores de la época fueron capaces de ir disminuyendo progresivamente la violencia política, al punto de aislar como sociedad a aquella minoría violenta, terminando con la desarticulación de quienes causaban el temor ciudadano.

Poco a poco, la democracia logró ir consolidando las condiciones de tranquilidad social, donde comenzó a coexistir el derecho de manifestarse con el derecho a la tranquilidad y el respeto al orden público. La ciudadanía, comenzó progresivamente a descubrir que le asistía el derecho de manifestarse en los espacios públicos con pleno respeto a la integridad física y a la propiedad pública y privada ajena.

Así, hacia comienzos de la segunda mitad de la década de los 90, Chile recibe el reconocimiento de la comunidad internacional, por su apertura al mundo y las envidiables condiciones de paz social. Inversiones extranjeras, convenciones internacionales, cumbres de jefes de Estado y Gobierno, disminución de las condiciones de riesgo internacional; solicitud de intercambio de experiencias en seguridad; son algunos de los indicadores que comienzan a incrementarse en virtud de un conjunto de factores, dentro de los cuales la paz y la tranquilidad jugaron un papel fundamental.

Hoy, gracias a muchos actores públicos y privados, conocidos y anónimos, nuestra democracia es más robusta. Nadie se cuestiona el régimen político, aunque exista alguno que añore un “desalojo”, las alternativas son dentro del régimen democrático (aunque pareciera una reflexión obvia, a comienzos de los 90 no resultaba tan evidente).

De igual forma, la ciudadanía se ha visto en un creciente proceso de empoderamiento social y político. Hoy, el ciudadano exige lo que antes sólo se atrevía a pedir. Reclama del sistema condiciones que antes no imaginaba. Vivienda, ya no sólo en su cobertura, sino con calidad, ubicación y condiciones de financiamiento. Salud, con cobertura, gratuidad, calidad y oportunidad. Educación, con calidad, infraestructura, tecnología, materiales y alimentación. Los trabajadores, exigen el mejoramiento de las condiciones laborales; un trato igualitario(O al menos similar) entre quienes cumplen funciones análogas en una misma empresa y pertenecen a entidades externas. Protección del medio ambiente por sobre las necesidades energéticas del país. Demandas de pueblos originarios, por contar con una política de reconocimiento e inclusión social de fondo y ya no meramente de asistencialidad.

En fin, la sociedad actual ha cambiado. El ciudadano es más exigente y muchas veces las demandas de los grupos organizados suponen ingresos fiscales similares al de los países del primer mundo. Pero mas allá de la pertinencia de las demandas, lo importante es cuidar las formas en que hoy estos grupos las están planteando. Así, al observar los últimos hechos de violencia surge la necesaria reflexión en orden a que el sistema político y social en su conjunto debe plantearse. Cómo somos capaces de hacernos cargo como sociedad de estos cambios y cómo diseñamos un sistema que sea capaz de dar oportuna respuesta a las demandas sociales y aislar a aquellos que hoy, en otra época y bajo otras motivaciones, vuelven a reivindicar la violencia como forma de expresión.

Es entonces cuando debemos plantearnos un desafío país. Lograr la coexistencia de los derechos de manifestación con los de preservación de la paz y la tranquilidad social. Este no será un desafío menor. Implicará orientar a los actuales dirigentes sociales en el sentido de exigir sus derechos con respeto al resto de los ciudadanos; a pedirle –como la ha señalado S.E. la Presidenta de la república- a la autoridad sectorial, sea local o nacional un contacto directo con la ciudadanía para palpar el sentir de la comunidad de manera oportuna; y, quizás lo de mayor relevancia sea educar a las futuras generaciones bajo los conceptos del respeto por la democracia y por sus habitantes. Los valores de la vida y la integridad de las personas, su rol como actores de la sociedad y el principio de la responsabilidad de los actos propios.

Chile ha caminado por la senda del diálogo y la razón durante casi 20 años. Hoy, que la sociedad ha cambiado, y se torna cada día más exigente y demandante, se requiere renovar el compromiso nacional con el camino de la paz y la tranquilidad en virtud del cual podremos seguir profundizando el proceso democratizador y modernizador que tantos frutos le ha dado a Chile y sus habitantes.