En un reciente congreso convocado por el Ministerio del Medio ambiente se me pidió emitir opinión sobre la nueva institucionalidad jurisdiccional ambiental. Los tribunales ambientales. Junto con valorar la consolidación de un modelo institucional que distingue entre el rol de elaborar política pública; evaluar técnicamente proyectos; supervigilar el cumplimiento de la legislación; y la resolución de controversias o litigios; me permití advertir sobre la inconveniente participación del Senado en su integración y la excesiva competencia sobre normas de carácter técnico-político como el PPDA. Pero mi reflexión central radicó en que con la creación de los tribunales ambientales estábamos creando una institucionalidad jurisdiccional para resolver en sede judicial lo que la sede administrativa no era capaz de superar. Es decir partimos del supuesto que los proyectos se decidirán en sede jurisdiccional, lo que acarrea dilaciones, resta valor a la decisión administrativa y crea inseguridad jurídica.
El reciente fallo de la Excma. Corte Suprema sobre el proyecto “Central Castilla” es fiel reflejo de lo advertido. La incapacidad del sistema administrativo para resolver las falencias o divergencias surgidas en el marco de la tramitación administrativa medioambiental. Sin realizar juicio de valor sobre la sustentabilidad del proyecto, el hecho objetivo es que a pesar de que la administración técnico ambiental había aprobado el proyecto, la justicia revocó dicha autorización. Es decir, lo que la administración no fue capaz de observar en su largo camino y diversidad de instancias, la justicia lo sancionó de manera negativa. Quienes lucharon contra la termoeléctrica hoy están de fiesta porque el proyecto ha sido declarado judicialmente inviable. Pero me permito advertirles del riesgo evidente de nuestra institucionalidad ambiental al resolver –de manera creciente- por la vía judicial los proyectos sometidos a evaluación ambiental. ¿Qué pasaría si la institucionalidad ambiental administrativa rechazara un determinado proyecto y su titular recurriera a la justicia y fuere ésta la que le diera la autorización?
El camino de la vía judicial es definitivamente más larga que la vía del “telefonazo” que nos mostró el presidente de la república hace algún tiempo. Pero ambas tienen en común el debilitamiento del sistema de evaluación ambiental y la decisión de autoridad investida para ello.
El valor de la decisión administrativa hoy tiene menos peso que ayer. Lo que la Corte Suprema ha dicho es que más allá que todas las instancias administrativas consideren positiva (o negativamente) un determinado proyecto, la vía judicial es la que resuelve las divergencias, por tanto el estado de chile no podrá decir a un inversionista que si cumple con la norma ambiental, estudios y exigencias establecidas por al administración, su proyecto será aprobado. Hoy además habrá que relativizar la decisión de la autoridad pública en función de la resolución judicial. Situación que me parece riesgosa cualquiera sea la decisión sobre un futuro proyecto sometido a su consideración.
El tema no radica (solamente) en la (in)conveniencia de implementar tal o cual proyecto sino en la necesidad de contar con un sistema sólido que evite el creciente proceso de judicialización de los proyectos sometidos al sistema de evaluación y que de certezas a quienes pretenden invertir y a quienes se oponen al proyecto. Porque de lo contrario la creación de los tribunales ambientales habrá sido sólo la creación de una nueva instancia en el largo camino de evaluación de un proyecto.
¿Proceden las críticas de la ministra del medio ambiente a los fundamentos del fallo de la Corte Suprema? Ciertamente la autoridad –como cualquier ciudadano- es libre de emitir opinión. El tema radica que la autoridad pública –a diferencia de cualquier ciudadano- debe seguir normas estrictas de actuación, una de las cuales le prohíbe cuestionar el fundamento de las resoluciones judiciales, justamente lo que ha hecho la señora ministra. Lo peor es que según recientes informaciones, sus críticas habrían sido “visadas” por el primer mandatario. ¿cuál sería el objetivo político de ello? Aparecer solidarizando con el empresariado crítico con dicha decisión judicial. Pero más allá de el efecto buscado por la moneda, lo cierto es que no resulta creíble ya que quien inauguró el daño a la institucionalidad ambiental fue justamente el Presidente Sebastián Piñera con el “telefonazo” que botó a barrancones, hecho que el empresariado no olvidará.
Independiente del debate político resulta indispensable que se reponga la capacidad del sistema de evaluación para decidir sobre los proyectos sometidos a su evaluación y así poner término a la incertidumbre que hoy ronda en nuestro país.
