ACUERDO ANTIDELINCUENCIA

Desde hace algunos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ubicar a la seguridad pública dentro de los denominados “temas país”. A fin de lograr grandes acuerdos que posibiliten implementar normativas, planes y programas que conduzcan al logro de un objetivo transversal como lo es la seguridad de las personas y sus bienes.

Para ello, resulta fundamental poner determinadas condiciones básicas al debate sobre el tema. La seguridad pública no es sólo cuestión de sanciones, control y procedimientos judiciales. Por cierto estos aspectos son constitutivos de cualquier política pública de seguridad, pero no constituyen por sí solos la solución a un flagelo multicausal.

La experiencia internacional de países que han logrado disminuir considerablemente los niveles de victimización, nos señala que han desarrollado políticas integrales, donde la línea entre política social y de seguridad se torna cada vez más tenue e incluso se desdibuja. En efecto, aquellos países que han sido capaces de articular las políticas sociales en función de los social o situacionalmente segregados, excluidos o marginados; y de aquellos que conviven a diario con condiciones objetivas de riesgo social han visto disminuidas en un porcentaje considerable las causas de la violencia urbana y, muchas veces de la delincuencia asociada.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), constituye un avance a este respecto. En efecto, la capacidad de articular y coordinar a la institucionalidad pública para invertir territorialmente con objetivos intersectoriales -si bien es un proceso largo y complejo que rompe con la tradición histórica de la sectorialización de las políticas públicas- apunta justamente a hacer cada día más eficaz y eficiente el uso de los recursos públicos. Entonces, al hablar de los presupuestos asignados a seguridad, no es dable reducirlos a los recursos asignados a las policías y al Ministerio del interior; sino que se debe considerar los incrementos presupuestarios en el programa de reescolarización para jóvenes desertores o los programas de mediación escolar del Mineduc. El aumento de recursos para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de jóvenes consumidores de drogas que otorga el plan AUGE del Minsal. La recuperación situacional de los barrios a través del programa Quiero mi barrio del Minvu. Los programas de reinserción socio ocupacional de ex reos que aplican los Ministerios de Justicia y Trabajo y fundaciones privadas. Los importantes y crecientes programas de atención a las víctimas que han realizado las Unidades de Víctimas del Ministerio de Justicia y recientemente los centros de víctimas del Ministerio del Interior; etc.

Podríamos seguir sumando programas que hoy forman parte de la ENSP y, lo más importante, que comienzan a conversar entre sí en función del logro del objetivo planteado, prevenir socialmente, situacionalmente, controlar, rehabilitar, reinsertar o atender a las víctimas según corresponda.

En su diseño, participaron instituciones públicas de gobierno, pero de igual forma instituciones autónomas como el Ministerio Pública y el Poder Judicial. Entidades operativas como carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Instituciones con gran raigambre social como las iglesias católica y evangélica. Representantes de la soberanía popular como parlamentarios y alcaldes. Agupaciones de empresarios y por cierto el principal capital social, los vecinos, a través de la Federación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos. Es decir un amplio secrtor de la sociedad se puso de acuerdo en un instrumento que permita coordinar el avance de la política social y su influencia en las condiciones objetivas de seguridad. Los resultados serán de corto, mediano y largo plazo, ya que se trata de una política pública seria, responsable que intenta abordar el fenómeno en sus mas amplias dimensiones, ya que de lo contrario estaremos reduciendo el debate a un tema estrictamente procesalm, judicial o policial que ciertamente no permitirá superar los actuales indicadores de victimización.

Por lo anterior, es que nuevamente hacemos un llamado a todos los sectores para unirnos en torno a un tema de tanta relevancia como lo constituye la seguridad de las chilenas y chilenos, porque al igual que las relaciones exteriores del país, la defensa nacional, debemos ser capaces de integrar a la seguridad pública en la categoría de política de estado, ya que sólo así evitaremos recriminaciones recíprocas entre las derechas y las izquierdas y seremos capaces de enfrentar con altura de miras uno de los principales temas de preocupación ciudadana.