Ya son millones las personas que se han visto afectadas por el uso y abuso de sus datos personales. El lucrativo negocio de la administración y gestión de bases de datos, está generando el empobrecimiento de miles de personas, que ven cómo diversos ámbitos de la sociedad les cierran las puertas por el sólo hecho de poseer –o haber poseído- deudas con el sistema bancario, comercial y hasta municipal.
Ciertamente, la existencia de registros de morosidades comerciales, constituye un elemento necesario para la seguridad mercantil en las relaciones entre clientes y proveedores de servicios o productos. El punto entonces, radica en crear una regulación que, por una parte, permita incrementar los niveles de seguridad en las transacciones mercantiles y, por otra, evite que dichos datos sean utilizados por terceros, ajenos a dichas operaciones, utilizándolos como un certificado de conducta y admisibilidad a determinadas funciones de la vida cotidiana.
Resulta común observar cómo “el Dicom” actúa como cerrojo de oportunidades laborales, dejando fuera a quienes allí figuran. De igual forma, muchos niños y jóvenes no pueden ser matriculados en algunos colegios particulares o centros de educación superior privado por la morosidad de sus apoderados. Ya son cientos los jóvenes, cuyos planteles de educación superior los enviaron a Dicom, y con ello los condenaron a la marginalidad laboral y crediticia. El estado, desde hace algunos años se ha sumado a este proceso de exclusión, exigiendo “Dicom” a postulantes a subsidios e incluso a ciertas funciones públicas.
Cada día hay cientos de chilenas y chilenos que no encuentran trabajo por estar en Dicom. Si queremos que los deudores paguen lo que deben, no parece justo, racional, lógico ni humano, que no se les dé la oportunidad de trabajar para conseguir los recursos necesarios para ello. El actual sistema los lleva al círculo vicioso de deuda por desempleo y desempleo por deuda, lo que constituye una verdadera condena social, que genera empobrecimiento, marginalidad y muchas veces incentiva la informalidad como forma de proveer de recursos a la familia.
Hoy pareciera más grave “tener Dicom” que tener antecedentes penales. De hecho, de conformidad a las normas vigentes, hoy un criminal que ha cumplido condena por un delito deleznable como la violación de un menor, podría borrar por una vez en su vida sus antecedentes criminales, y al momento de sacar su certificado dirá “Sin antecedentes”. Mientras que el deudor, por más que haya pagado su deuda monetaria, seguirá existiendo en el “histórico” que poseen bancos e instituciones financieras, y sus consecuencias lo acompañaran ad eternum. Es decir, nuestra sociedad aparentemente da mayor protección a la propiedad que a la vida y la integridad de las personas, reflejando con ello un desvalor profundo que debe llevarnos a reflexionar.
Chile avanza a paso firme hacia el desarrollo. El punto entonces es cómo somos capaces de que dicho proceso sea para todos nuestros compatriotas; para los que han tenido las oportunidades y también para aquellos que quisieron innovar, emprender o mejorar su condición de vida y se cayeron en el intento, ya sea por errores de administración o lisa y llanamente por imprevistos, como la enfermedad catastrófica de un familiar o la cesantía.
Debemos avanzar rápidamente en una regulación de este mercado, que consigne elementos como la eliminación de su acceso universal, a través de la consagración del principio de la finalidad del dato, normado en las principales legislaciones internacionales. Asimismo, la consolidación de información positiva y negativa de ciudadanos, para distinguir entre el deudor ocasional por imprevistos y el incumplidor consuetudinario. Y Finalmente, establecer la creación de la agencia de protección de datos personales, a fin de supervigilar el necesario equilibrio entre la transparencia de la información pública de los ciudadanos y el respeto por el buen uso de los datos personales de nuestros connacionales. Sólo así evitaremos sumar a más chilenos y chilenas al proceso de exclusión social, laboral y crediticio, que hoy impera en Chile y cuyas consecuencias podrían ser objeto de explosiones sociales en el corto plazo.
