EN RELACIÓN A "INSTRUCTIVO COMUNICACIONAL DE GOBIERNO"

A través de un medio de comunicación, hemos conocido la existencia de un “instructivo comunicacional” elaborado por la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno y distribuido a ministros, subsecretarios e intendentes de la actual administración. Ciertamente, la facultad, o más bien la necesidad de crear instructivos comunicacionales, resulta relevante para la correcta y armónica difusión de los mensajes que el gobierno pretende transmitir a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación. Mas allá de las opiniones respecto de la calidad del mismo, corresponde hacer un alto para evitar que pase desapercibida, una situación de extremo grave consignada en dicho documento. En efecto, en el texto referido señala:

“(…) Esto sin dejar de recordar (mencionar) a nuestros adversarios y nuestros inspiradores:

-Adversarios:

El terremoto y maremoto

Los delincuentes y nacotraficantes

Las irregularidades, los operadores políticos y la mala administración

Los que diseñaron e implementaron el Transantiago

La oposición que le negó US$1.000 millones a los damnificados. (…)”

Qué distinto es el mensaje público enarbolado por el Presidente Piñera y su Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Qué dicotomía existe entre lo que se instruye en este texto, con lo que el Ministro Larroulet transmite en el Congreso para pedir apoyo a los proyectos de ley. ¿Cuál es la línea de este gobierno? ¿Serán acaso dos almas al interior de este? Lamentablemente creo que no, ya que la distribución de este tipo de instructivos, deben ser previamente visados por la autoridad política. Si la Secom (autora del instructivo) depende de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, es ella quien debe responder por su redacción y distribución. Si se excusa en que lo desconocía, entonces debe responder por su incompetencia y falta de control de sus subordinados. Ahora, si la Secom está reportando directamente al gabinete presidencial, la situación es aún más compleja, ya que implica directamente al Presidente de la República y a su entorno más cercano, lo que revelaría una falta a la verdad entre lo que se cita en las “cadenas nacionales”, apelando a la unidad y la cooperación como nueva forma de gobernar, y la decisión de agredir a sus “adversarios”.

Finalmente cabe reflexionar respecto del concepto utilizado. Somos oposición, incluso adversarios políticos. Podemos pensar distinto y tener diferencias profundas - o no tanto- con la actual administración. Pero nada de lo anterior, da derecho a funcionarios de gobierno, a servidores públicos, a compañeros de vocación, a poner en la misma balanza a la oposición con delincuentes y narcotraficantes.

Tratar a la oposición al mismo nivel, refleja el profundo espíritu antidemocrático que impera en el subconsciente de quien redactó el documento. Refleja la incapacidad de aceptar las reglas del juego democrático y de rebatir con argumentos las posiciones divergentes. Conlleva una concepción autoritaria del ejercicio del poder, donde se instruye a descalificar a los interlocutores y no desvirtuar con el poder de las ideas. Implica la renuncia a la convicción y disuasión de los adversarios y supone su descalificación como forma de imponer sus visiones particulares. De igual forma, su distribución supone una “orden o instrucción” a la totalidad de las autoridades de gobierno. Dicha distribución debe tener respaldo de autoridades de primera línea, con lo cual se validan los conceptos vertidos en él y se transforma en un documento oficial (oficioso) del actual gobierno. Las mismas autoridades no serían operadores políticos sino destacados cuadros técnicos. ¿Qué hará entonces un destacado técnico con tal documento? Si lo lleva adelante, sufrirá su mutación hacia operador político, corriendo el riesgo de pasar a ser parte de los “adversarios” señalados en el instructivo.

No cabe duda, el documento es un documento político, elaborado con una intención política, buscando un efecto político, elaborado por un operador político, destinado a afectar a la oposición, pero creo que su publicación perjudica en primer orden a quien lo elaboró, por quedar de manifiesta su escasa capacidad comunicacional, su nula vocación democrática y su cuestionable respeto por la diversidad. Pero luego, desprestigia a las autoridades que permitieron por acción o por omisión su distribución, transformando en oficial un documento que refleja la inconsecuencia entre el decir y el actuar.