Luz amarilla

Mi columna respecto a millonaria licitación de Gobierno

Luz amarilla es la que debemos encender ante las equívocas señales que el gobierno está enviando a las empresas de menor tamaño. Resulta paradójico que en el año del Bicentenario, se implemente el estatuto especial para estas empresas y, en paralelo, la autoridad realice acciones que afectan gravemente la competitividad de las mismas.

Recientemente a través del sistema de compras públicas, el Gobierno de Chile decidió licitar las asesorías comunicacionales y los servicios publicitarios de manera centralizada. Quizás el loable objetivo de incrementar los niveles de coordinación intergubernamental y reducir la discrecionalidad en estas materias, terminó dañando a la industria, la competencia y en especial a la pequeña y mediana empresa.

La industria de los servicios publicitarios se encuentra integrada por diversos actores. Creativos, diseñadores, productores e impresores, por nombrar algunos. Esto actúa como generador de múltiples empleos directos e indirectos, y facilita la competencia entre las diversas ofertas de servicios en cada uno de sus rubros o etapas.

El hecho de licitar la totalidad de los servicios publicitarios de manera centralizada, impidió que cada servicio pudiera ejercer libremente el derecho a licitar sus requerimientos publicitarios, y por tanto, ad hoc a las normas sobre compras públicas, optaran por aquellos que poseían know how o expertise en determinadas áreas de gestión.

Por regla general, las licitaciones centralizadas exitosas se refieren a “productos” y no a servicios, ya que mientras los primeros pueden estandarizarse en las diversas instancias de gestión; tratándose de “servicios”, las particularidades de cada sector de gobierno requieren de servicios o asesorías especializadas o, al menos, diferenciadas. Por su parte, la centralización de los servicios fomenta la concentración de la industria que los presta, facilita la integración vertical de la industria publicitaria, fomenta la subcontratación no susceptible de ser fiscalizada por el organismo contralor, perjudica a las empresas de menor tamaño y reduce el impacto en el empleo.

Desde el punto de vista de los montos, el proceso alcanzó las 5 millones de UF, es decir una cifra superior a los U$250 millones. Cifra que parece excesiva, si se considera el constante discurso oficial de la necesidad de financiar la reconstrucción. Pero más allá de dicha consideración, parece desconcertante que se pretenda distribuir tal cantidad de recursos en un reducido número de empresas.

Al observar las bases de licitación, me surge una preocupación estructural. Y es, si el gobierno exigió en las bases como requisito de postulación, un conjunto de condiciones que sin decirlo explícitamente, excluyó a las medianas y pequeñas empresas. Montos mínimos de facturación anual, galardones internacionales de las empresas y de sus integrantes, en fin, requisitos que según los entendidos del rubro, no cumplen más de media decena de grandes compañías del país.

El resultado de la licitación fue la consecuencia lógica de lo exigido. En un principio sólo 3 grandes empresas publicitarias se adjudicaron la millonaria propuesta. Luego, producto de un triple empate en el tercer lugar, la comisión decidió ampliar la adjudicación a 5 agencias publicitarias. La consecuencia práctica, cientos de pequeñas y medianas empresas quedaron fuera del proceso, y ahora deberán esperar la voluntad de estas agencias para subcontratar sus servicios en alguna de las etapas de desarrollo de las asesorías o servicios comunicacionales al gobierno. Dicho de otro modo, sólo 5 empresas publicitarias se adjudicaron las casi 5 millones de UF. Por decirlo menos, inconveniente.

En un país que avanza a pasos agigantados por la senda de la transparencia y donde existe una creciente conciencia de la necesidad de fomentar la competencia, en particular, a las empresas de menor tamaño; decisiones como la anterior desconciertan y siembran un manto de dudas sobre el rol del estado en la redistribución de recursos, en la generación de condiciones de competencia, sobre la verdadera intención de beneficiar a un sector, que por su naturaleza requiere de apoyos adicionales, o al menos de igualdad de condiciones para competir con grandes conglomerados nacionales e internacionales.

Por ello es que junto a representantes de “Mercado Transparente” y de algunas empresas de menor tamaño, recurrimos a la Fiscalía Nacional Económica, a fin de que inicie una investigación por conducta atentatoria contra la competencia. Nuestro objetivo es evitar que este proceso siente un precedente de cláusulas discriminatorias hacia las empresas de menor tamaño y se favorezca aún más la concentración económica en nuestro país, y todo ello al amparo del estado.

Todas las medidas que tiendan a optimizar el uso de recursos públicos serán bienvenidas, pero junto a ello debemos resguardar el derecho que asiste a miles de pequeñas y medianas empresas, para participar de manera transparente e igualitaria de los procesos de licitación de los servicios del estado de Chile. Sólo así predicaremos con el ejemplo y fortaleceremos a quienes constituyen la principal fuente de empleo de nuestro país: la Pyme.

CONFUSIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA

Confusión, es la palabra que mejor refleja lo expresado por el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en columna publicada en este diario. Dicha misiva se funda en diagnósticos errados y por tanto concluye de igual forma. Por ello he creído necesario realizar algunas precisiones para evitar la confusión de los lectores.

La autoridad señala que la última década fue mala en términos de victimización. Como sustento cita encuestas de la Fundación Paz Ciudadana de los años 2000-2004 obviando las encuestas posteriores que son justamente las que demuestran una disminución del delito. Luego, parece extraño que una autoridad de gobierno ignore la información del órgano oficial del estado de Chile y reconocido por la OCDE, el INE, según el cual, la victimización entre el año 2006 y 2009 se redujo en 4,7 puntos porcentuales.

Posteriormente hace mención a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y la ubica como el fruto de un gran acuerdo político de seguridad entre el gobierno y la oposición de entonces. Su lejanía con el tema lo conlleva una nueva “confusión” ya que la ENSP es un instrumento de gestión elaborado por el gobierno de Michelle Bachelet junto a Carabineros de Chile, PDI y Ministerio Público, lanzado en Noviembre de 2006; mientras que el acuerdo de seguridad pública gobierno–oposición es posterior, de Diciembre del año 2007.

Luego critica ciertas metas y programas lo cual es absolutamente legítimo. Todo instrumento de gestión es perfectible. El mérito de la ENSP radicó en ser la primera estrategia integral de trabajo con fijación de metas públicas y medibles, lo que permitió ordenar la oferta pública en seguridad y obtener resultados concretos.

El Plan Chile Seguro, se funda innegablemente en la ENSP. La integralidad del modelo, los ejes utilizados, la fijación de metas cuatrianuales, los sistemas de medición, entre otros aspectos, son similares. Esto refleja que el instrumento original apuntó en la dirección correcta y la actual autoridad transita por el mismo camino, con las debidas correcciones, mejoras y focalizaciones propias de los resultados de la Encuesta de Victimización 2009.

Respecto de la meta planteada por el “Plan Chile Seguro”, destaco el valor que tuvo el ministro de hacerla pública siguiendo lo inaugurado por el gobierno de Michelle Bachelet y sentando las bases para que, cualquiera sea la autoridad de turno, deba plantearse de cara al país el objetivo de su etapa de gestión. La cifra comprometida, 4.6 puntos de reducción en la victimización en 4 años constituye un importante desafío que creo podrá alcanzarse si lo escrito se transforma en realidad, llegando casi a igualar al período 2006-2009 que alcanzó 4.7 puntos porcentuales de disminución del delito.

Finalmente resulta relevante que la autoridad entienda que su misión es gobernar sin necesidad de perder tiempo en la descalificación de sus antecesores ya que ello implica denostar a miles de carabineros, detectives y fiscales que fueron parte activa y operativa de los logros alcanzados por el país y a los cuales debo un profundo agradecimiento y respeto. La convocatoria es a sumar esfuerzos, experiencias y capacidades por un objetivo mayor, la seguridad de nuestros compatriotas.