Con alarma hemos recibido las nuevas cifras sobre victimización arrojadas por la Fundación Paz Ciudadana. En los últimos seis meses, cerca de 2 de cada 5 hogares fueron víctimas de un delito. Respecto de la medición anterior (dic-2010) la proporción de hogares victimizados aumenta en 4,9 puntos porcentuales (de 33,0% a 37,9%) lo que equivale a un aumento real de 14,8%. Al mismo tiempo, desde la medición de julio de 2010 se observa un alza de 36,5 a 37,9%. Esta situación revela la volatilidad de los indicadores y pone en duda la supuesta baja reflejada en la ENUSC 2010 que es elaborada por organismos del gobierno.
En términos de resultados es importante destacar que las nuevas cifras son plenamente coherentes con los indicadores de las tasas de denuncias registradas por las policías y la cantidad de ingresos registrados por el Ministerio Público. Todos los indicadores demuestran que en vez de mantener la tendencia a la baja de la victimización que se venía registrando desde 2007, lamentablemente hemos retrocedido comenzando una escalada ascendente en materia delictual.
Desde una perspectiva social, se observa con preocupación el crecimiento delictual en los hogares de mayor vulnerabilidad : el 39,3% de los delitos se concentra en hogares de sectores medios y bajos de la sociedad.
La región más afectada es la Metropolitana, donde se registra un 38,7% de los delitos, y dentro del Gran Santiago, la zona surponiente, (Maipú, Estación Central, Cerrillos, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, entre otros) es la más afectada, concentrando el 43% de la victimización y el 70,7% de la revictimización. Es decir: 4 de cada 10 hogares de dicho sector han sido víctima de un delito y 7 de cada 10 que ya lo ha sido, ha vuelto a sufrir la delincuencia por segunda o tercera vez. Ello consolida la desigualdad delictual y deja en total indefensión a estas familias que por experiencias tan cercanas como cotidianas saben que es altamente probable que la delincuencia los afecte nuevamente, con las consiguientes consecuencias emocionales para niños y adultos.
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La desigualdad del delito radica en que los victimarios optan por atacar viviendas de sectores medios y bajos a raíz de al menos dos elementos muy concretos: en primer lugar, son conscientes de que dichas familias abandonan el hogar durante una larga jornada laboral y carecen de recursos para adquirir medios de seguridad privada ; y en segundo término este sector concentra a numerosas parejas jóvenes, con capacidad de crédito y con hijos preadolescentes, lo cual les ha permitido adquirir « gadgets » electrónicos muy apetecidos por los delincuentes, debido a su fácil reducción en el mercado informal. Todo ello transforma a esos hogares en los preferidos de los delincuentes.
Una de las cifras entregadas por este estudio que debe encender las luces rojas de las autoridades lo constituye el alza en las cifras de revictimización, donde los hogares que declaran haber sufrido más de un delito pasan de 24,5% a un 24,9%. Si bien en términos aislados este aumento no es significativo, el indicador viene mostrando incrementos continuos desde junio de 2008 lo que consolida a la fecha, un alza de 6,1 puntos porcentuales, y lo que equivale a un incremento de un 32,4% en sólo 3 años. Y , ojo, porque estadísticamente hablando, esto se traduce en implican que si un hogar ha sido víctima de un delito, lo más probable es que vuelva a serlo dentro de los 6 meses siguientes, salvo que el vecino o vecina pueda adoptar medidas preventivas que sean visibles al delincuente y lo inhiban de ingresar nuevamente a su hogar.
La concentración de la revictimización en el segmento social medio y bajo constata desde otra perspectiva la profunda desigualdad de nuestra sociedad, esta vez en relación a la seguridad pública. En los sectores más afectados el delincuente observa que la falta de las llamadas medidas de prevención situacional, (como falta de iluminación, sitios eriazos desatendidos, o la nula presencia policial y que son de responsabilidad tanto de la Administración Central como del Municipio) constituyen factores que facilitan su actividad y que sus actos queden impunes. La carencia de recursos de los municipios más vulnerables los pone en una clara situación de desventaja para invertir en medidas de prevención situacional en sus entornos.
Tema aparte es la falta de proporcionalidad en la distribución policial en el territorio. lo que queda de manifiesro al observar que mientras en Maipú se dispone de 1 carabinero cada 2.200 habitantes, en el sector oriente de la capital el promedio alcanza 1 cada 1.100. Es por lo anterior que ya transcurridos varios años de implementación del plan cuadrante, la autoridad debiera revisar los resultados de dicha metodología y propender a reponer la policía de proximidad asignándoles unidades territoriales de menor extensión y aumentando su número en razón de la densidad poblacional e indicadores de vulnerabilidad social.
Frente al aumento del delito y revictimización, el estudio de Paz Ciudadana muestra que consecuentemente también aumentó el miedo o alto temor, llegando a 13,9% y concentrándose, nuevamente, en el segmento más vulnerable de la población. Las cifras son elocuentes. Mientras el miedo se instala en el 18,6% de las familias de estratos bajos, éste indicador cae a 13,3% en los niveles medios y disminuye a 11,1% en los niveles altos. Esto podría estar reflejando un mayor impacto de los niveles de delito en los sectores mas vulnerables, pues Sin desmerecer el temor que por cierto también experimentan las familias de sectores altos, mientras estos pueden tomar medidas para salir a trabajar y estudiar sin dejar abandonada su residencia (debido al personal de servicio) o implementar medidas de autoprotección (como seguridad privada, alarmas, cercos eléctricos, etc) ; quien reside en un hogar de un sector vulnerable no cuenta con dichas alternativas, la presencia policial es escasa e inoportuna, y adicionalmente el delincuente frecuentemente habita en el mismo sector, aprovechando el delito de oportunidad o derechamente intimidando y amenazando a los vecinos.
En mi opinión y debido al incremento sostenido del fenómeno de la revictimización de hogares en nuestro país, la autoridad debe adoptar una política pública especializada en prevenir la revictimización en sectores vulnerables, que contemple tanto los aspectos directos como indirectos de dicho fenómeno:
En primer orden cuando un hogar resulta victimizado es fundamental distinguir si lo fue con sus habitantes en el interior o en momentos en que el lugar deshabitado. En los primeros casos, lo fundamental es la atención inmediata y apoyo sicológico posterior de la familia afectada diferenciando los requerimientos de niños y adultos, a fin de superar de manera adecuada el trauma emocional por la experiencia vivida.
Luego la autoridad central debiera coordinar esfuerzos con su contraparte local (municipio) a fin de realizar articuladamente acciones preventivas de entorno como mejoramiento de iluminación de calzadas, cierre de sitios eriazos, poda de árboles que impidan visibilidad, u otra medida de prevención situacional pertinente en el entorno del domicilio afectado. De igual forma la autoridad deberá orientar al vecino o vecina afectada para adoptar alguna medida adicional de seguridad que contribuya a resguardar su hogar. Para reducir la desigualdad en el acceso a este tipo de medidas, se debiese implementar un fondo especial de ayuda a la prevención de la revictimización en los hogares de escasos recursos y que permitan financiar estrategias que han aplicado con buenos resultados algunos municipios (alarmas comunitarias, botones de pánico, mejoramiento de cierres, entre otras).
Junto a lo anterior, la autoridad policial del lugar debiera adoptar rondas preventivas durante un adecuado período de tiempo con el objeto de incrementar objetivamente los niveles de seguridad y evitar una nueva victimización del hogar afectado. Ello también implicaría una medida concreta para apoyar la recuperación emocional de las víctimas al poder constatar concretamente que a partir de su caso los organismos públicos responsables de la seguridad, algo hicieron,
Conclusión:
Los datos de revictimización reflejan un aumento en la cantidad de delitos declarados por los hogares lo que podría estar indicando un aumento de la actividad delictual.
Podría ser simplista quedarnos con una conclusión política respecto de la incapacidad evidente de los encargados de implementar las políticas públicas a este respecto, por lo que he optado por dar una mirada más profunda del fenómeno que estamos viviendo como sociedad. No obstante, un aspecto complejo de las cifras reveladas es que este incremento de la delincuencia y la revictimización se produce en medio de un ciclo expansivo de la economía, lo que hace de nuestro país un caso anómalo en la región y en el mundo. En efecto, hoy Chile ostenta altos y sostenidos niveles de crecimiento, caída sostenida del desempleo y un supuesto incremento del poder adquisitivo de la población. Pero nuestro modelo económico muestra signos de agotamiento, pues este mismo sistema no está generando los mecanismos necesarios para la integración social. Es un tipo de crecimiento que produce importantes externalidades negativas para una gran masa poblacional en cuanto profundiza los niveles de inseguridad, creando crecientemente una sociedad de miedos e inseguridades: Inseguridad económica generada por abusos del sistema financiero, una precaria condición en el ejercicio de los derechos como consumidores; inseguridad de poder dar a la familia acceso a servicios básicos como la salud o la educación; e Inseguridad respecto de la protección de nuestra integridad física, sicológica y de nuestros bienes, sea en el espacio colectivo o en el hogar.
Se genera así una dinámica marcada por el miedo y su consecuencia más visible es sin duda la pérdida de capital social, es decir, de la capacidad que tenemos todos y todas de cooperar para generar mayores niveles de bienestar y paz social. Esto está provocando un círculo vicioso que termina en mayor repliegue y desconfianza social donde predomina el individualismo por sobre lo colectivo, lo social y lo público; la competencia por sobre la cooperación. La teoría de las ventanas rotas -que tanto citan los expertos-, ya nos advertía sobre esta paradoja: No es la delincuencia la que genera la inseguridad; son los mayores niveles de inseguridad –y agregaría desigualdad- los que generan delincuencia.
El tejido social está dañado porque para una gran parte de la población los costos de este modelo parecen ser más altos que sus beneficios. Se requiere entonces de manera urgente, de un proyecto país que nos permita salir progresivamente de este círculo vicioso y lograr que estas cifras macroeconómicas que tanto orgullo nos provocan en la comunidad global, tengan un correlato interno de igualdad, y protección para los sectores más vulnerables, sea por vía de ingresos directos o por focalización de la política social destinada a apoyar a quienes este sistema de mercado no acoge.
Urge entender que la delincuencia no es una causa sino una consecuencia, un síntoma. El sistema penal, por esencia reactivo, no puede ser la única respuesta a estos problemas. No basta tampoco con replicar programas aislados o intentar refundarlo todo en cada cambio de administración ya que las políticas de seguridad requieren para su éxito de estabilidad en el tiempo y evaluación permanente. Debemos ser capaces de « socializar » las políticas de seguridad en el sentido de ampliar y masificar la batería de herramientas de prevención. Educación, empleabilidad, oportunidades de emprendimiento. En fin, diseñar, aplicar y replicar y dar mayor cobertura a, modelos de intervención social que otorguen reales oportunidades a quienes hoy dada sus actuales condiciones de vida y referentes cercanos arecen de esperanzas para su futuro o el de sus hijos. Anualmente 100.000 jóvenes en edad escolar se encuentran fuera de la educación formal constituyendo además de un problema social, un elemento que incrementa el riesgo social de esos niños y jóvenes. En una edad en que por definición los y las jóvenes operan desde un enfoque aspiracional, un argumento de muchos de ellos es que la educación que reciben no les garantizará luego el acceso a una mejor fuente laboral que la que pueden encontrar siendo adolescentes. En cambio, tener una remuneración propia tempranamete les permite además de aportar al sustento familiar, acceder a una serie de bienes de consumo que sienten apoyan la conformación de su propia identidad y un mejor posicionameinto en su entorno social.
Este es el momento para dar un salto, es necesario tomar conciencia de que la inseguridad en nuestro país es un tema transversal que involucra todas las aristas de la política pública. Se requiere de un proyecto que transforme el crecimiento en una palanca para el desarrollo; pero que a su vez se tomen las medidas para que cuando el crecimiento disminuya o se detenga, la inversión social se encuentre garantizada. Se trata de que como conductores de las políticas públicas generemos un proyecto que no se refugie ni tema a las miradas ortodoxas e ideológicas. Es factible construir un proyecto que otorgue certezas y tranquilidad a los ciudadanos, donde frente a los abusos financieros exista una institucionalidad que proteja al más débil, que frente a la inseguridad o ausencia de servicios básicos exista un sistema que corrija dichas falencias y garantice a las familias acceso a la vivienda, educación y salud de calidad; o que frente a la inseguridad y hechos de delincuencia exista un sistema previsto que contemple el castigo proporcional a los hechores pero a su vez que ayude a evitar nuevas experiencias negativas.
Necesitamos un proyecto país que la ciudadanía pide literalmente a gritos y que expresa en cada manifestación o en cada encuesta. Un proyecto que corrija las enormes desigualdades que provoca el juego del libre mercado si corre por sí solo.
Para ello es necesario dejar de lado la idea de que el Estado y el Mercado son por esencia opuestos y que se mandan solos. Somos las personas, quienes debemos establecer cómo complementarlos y se establezca entre ellos un carácter sinérgico: el buen funcionamiento de los mercados y la libertad de emprendimiento requieren del buen funcionamiento del aparato estatal como encargado de equilibrar relaciones de poder, velar por prevenir y terminar con los abusos y de implementar medidas eficaces y eficientes en pos de un mejoramiento de la calidad de vida de quienes por diversas razones se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Una sociedad más justa, menos desigual y más integradora, ciertamente es una sociedad con menos inseguridad, y ciertamente con más certezas, menos miedos y con mejores niveles de paz social. Es posible, pero requerimos para ello estar dispuestos a mirar la realidad desde diferentes ópticas, generar empatía para efectivamente entender esos puntos de vista diversos y poder dialogar en serio, para poder tomar decisiones que marquen tanto un rumbo como las estrategias para avanzar por él.
Felipe Harboe Bascuñan
