Nuevamente hemos conocido estadísticas relativas a los delitos de mayor connotación social. Las nuevas cifras elaboradas por las policías (Carabineros e Investigaciones) y entregadas por el Intendente de la región metropolitana confirman lo que hemos venido advirtiendo desde hace algunos meses. Los delitos están aumentando (+13%) y con ello la inseguridad de las personas. Al observar los incrementos delictuales surge con preocupación que el alza se produce tanto en el espacio público con un incremento de 13% del robo por sorpresa; como en los hogares (Robo con fuerza en lugar habitado). A lo anterior hay que agregar un incremento en el robo de vehículos y atracos a cajeros automáticos.
Ciertamente lo que más debería ocupar a las autoridades encargadas de la seguridad es la integridad física de las personas tanto en el espacio público como en sus hogares. El incremento de las muertes a causa de las denominadas “balas locas” -que sólo durante el primer semestre les ha quitado la vida a 11 personas- debería ser materia de una ofensiva destinada a disminuir el poder de fuego (armas ilegales) en manos de particulares.
El reciente homicidio de un joven profesor en pleno centro de Santiago a manos de un grupo que intentaba robar un vehículo denota la creciente violencia asociada a los delitos contra la propiedad, donde para ellos la vida de un ciudadano puede ser el costo necesario para consumar un delito contra un vehículo. Los recientes atracos a viviendas con agresiones a las familias que las habitan o ataques sexuales sufridos por alguno de sus miembros, junto con causar profundos traumas en las víctimas, generan mayor alarma en la población y requieren de autoridades que por una parte utilicen el aparato del estado para ayudar en la superación de dichas experiencias (atención de víctimas) y, por la otra que puedan aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión antidelincuencia.
Durante la última discusión presupuestaria el Congreso Nacional otorgó al gobierno del Presidente Piñera el mayor presupuesto de la historia para el combate a la delincuencia. Además por una amplia mayoría transversal aprobamos el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública y por consiguiente el actual ministro del interior cuenta con más facultades que todos sus antecesores para coordinar la lucha contra el delito. Lamentablemente los resultados no acompañan los incrementos presupuestarios ni de facultades. Algo está fallando y se debe corregir.
Probablemente la autoridad equivoca el foco ya que el gobierno ha ingresado en la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a incrementar las penas para los que participen en robos de cajeros automáticos. Sin desconocer la importancia de dicho ilícito para la banca y el impacto en la alarma pública que genera, creo que los indicadores nos están señalando que son las personas en sus hogares y en sus desplazamientos en el espacio público los que deben ser objeto prioritario de preocupación y protección.
Por ello es que llamo a las actuales autoridades a redefinir sus prioridades, focalizar la protección en las personas, aumentar la eficacia y eficiencia en el combate al delito ya que de lo contrario los próximos indicadores seguirán evidenciando un incremento delictual y, con ello, mayor número de personas y familias habrán sido nuevas víctimas de esta condenable actividad.
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